Auto 2006-00625 de abril 23 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-31-03-001-2006-00625-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil trece.

(Aprobado en sesión de 20 de marzo de 2013)

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con el canon 348 ibídem, el medio de impugnación objeto de estudio, salvo excepción legal, procede, entre otros, contra los autos que profiera la Sala de Casación Civil, y tiene como finalidad que se vuelva sobre su contenido, confrontándolo con los reproches que se le hagan y en caso de encontrarlo desacertado, lo revoque, modifique, o adicione, en la forma que válidamente corresponda.

2. Al examinar el proveído atacado, se verifica que se halla ajustado a derecho, por lo que habrá de mantenerse incólume, de conformidad con lo que a continuación se expone:

El recurso extraordinario de casación, según lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala, en esencia comporta un juicio de legalidad al fallo censurado y en esa medida las equivocaciones denunciadas por su proponente, constituyen el sendero que la Corte debe recorrer para determinar si lo decidido guarda o no conformidad con el ordenamiento iure.

Por razón del principio dispositivo que caracteriza al citado medio impugnaticio, la competencia de esta corporación se halla restringida a lo estrictamente propuesto por el recurrente, sin que sea dable involucrar el examen de otros aspectos y menos la totalidad de los que conformaron el debate sostenido por las partes, como si se tratara de una tercera instancia, inexistente en nuestro sistema jurídico.

El primer inciso del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil exige que todos los cargos propuestos en casación, sin importar la clase de motivo en que se apoyen, se formulen “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”, lo cual implica que la demanda debe ser fácilmente perceptible, y que cada censura, a su vez, sea “exacta, rigurosa, que contenga los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento” (sent., sep. 15/94).

Por eso, en casación, los cargos deben formularse con tal “claridad y precisión” que permitan establecer sin dificultad, en dónde radica el dislate endilgado al tribunal y de qué manera se produjo, sin que sea admisible trasladarle a la Corte la responsabilidad de definir o desentrañar los alcances del reproche.

La Sala ha sostenido que “la casación no es una instancia más del proceso, criterio que encuentra su íntima razón de ser en la propia esencia del recurso. En efecto, si este tiene como objeto el enjuiciamiento de la sentencia del tribunal, o, excepcionalmente, la del Juzgado del Circuito, a fin de dilucidar si se profirió con sujeción a la ley, resulta claro que su planteamiento no puede ser igual al de los recursos ordinarios del proceso, en particular al de la apelación, en el cual, como se sabe, lo que se le pide al ad quem es que revea la cuestión que ha sido decidida por el a quo. En la casación, en cambio, el debate litigioso queda relegado a un segundo plano puesto que por delante se halla la tarea de elucidar si en la sentencia se ha incurrido en alguno de los errores in procedendo o in iudicando constitutivos de las causales que dan lugar [a ella] (...). Así, pues, el recurrente en casación no dispone de la misma amplitud panorámica de la que goza en las instancias del proceso. Ni, la Corte, por su parte, se encuentra investida de la misma competencia, en cuanto al pleito se refiere, atribuida a los juzgadores de segundo grado; tiene que ajustarse al derrotero que le indique el recurrente, sin que por su propia iniciativa le sea dable rebasarlo” (providencia, dic. 7/2012, Exp. 2006-00470-01).

Lo anterior pone de presente que al impugnante le corresponde señalar en cada cargo, como mínimo, el motivo previsto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil sobre el que funda su ataque y, adicionalmente, exponer los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros endilgados, exigencia que por tanto repele generalizaciones, reproches abstractos o anomalías ajenas a las establecidas en la aludida disposición.

3. El primer cargo planteado por el impugnante lo sustenta en que “la sentencia atenta contra los derechos y garantías constitucionales”, e invoca el artículo 29 constitucional, pero sin precisar el motivo de casación que estructura el yerro del ad quem, falencia esta, entre otras, que condujo a la Sala a inadmitirlo.

Como en la reposición se esgrime que por tratarse de una “nulidad constitucional” no se requiere la indicación echada de menos, se impone señalar que tal aseveración no es acertada, puesto que ello equivaldría a delegarle a la Corte que adelante las pesquisas respectivas encaminadas a ubicar los argumentos del casacionista en alguna de las cinco posibilidades que el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil ofrece para atacar una sentencia en “casación”, labor esta que contraviene el principio dispositivo que caracteriza tal censura, al igual que los requisitos de “claridad y precisión” exigidos para “todas las causales”, por el canon 374 ibídem.

Ahora bien, si se interpretara que la queja se ubica en el numeral quinto del presente recurso extraordinario, ha de recordarse que esta apunta a corregir el error de procedimiento dimanante de haberse “incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”. Por ello, resulta improcedente proponerla cuando las irregularidades denunciadas como determinantes de la invalidez del proceso no existen, no tipifican ninguna de las allí previstas o si han sido saneadas.

En tales condiciones, si el reproche se ubicara en la aludida causal, lo cierto es que no se desarrolló en el sentido de precisar la nulidad que esos hechos configuran. Así mismo, cabría indicar que incurre en el defecto formal de entremezclamiento, puesto que a pesar del reproche por invalidez, también ataca la actividad probatoria desplegada por el ad quem referida a las facultades que tiene el juzgador en esa materia, a los criterios jurisprudenciales que tratan del “error de derecho en la apreciación y valoración” de documentos y sus efectos, como también a las potestades y límites que ostenta el sentenciador para practicar, de manera oficiosa, tales medios persuasivos.

Y, si pretendiera encajar en el primer motivo previsto en el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil dado que la inconformidad percibida deviene del decreto oficioso de pruebas, no reuniría las exigencias para su admisión, porque además de no apoyarse expresamente en dicha “causal”, omitió especificar la norma probatoria, al igual que la de derecho sustancial quebrantada, sin que el hecho de haber referido el artículo 29 constitucional subsane ese vació, puesto que tal canon, si bien “sienta algunos principios y derechos fundamentales, de por sí sustanciales, su carácter totalizador, su generalidad, sobre todo en lo que indican sus dos primeros párrafos (...) supone un necesario desarrollo legal que permita calificar de legal o ilegal un proceso, si en él se ha dado cumplimiento a las ritualidades previamente descritas en la ley” (auto, mayo 20/2011, Exp. 2003-14142-01), y el asunto tampoco corresponde a aquellos eventos específicamente previstos, relacionados con la ilicitud de la prueba.

4. En lo atinente al segundo reclamo basado en que supuestamente no se examinó la demanda en el ámbito meramente formal, sino que se entró a calificar de fondo el mérito de los cargos, se advierte que carece de justificación, porque a partir de lo consagrado en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil y del reiterado criterio que la Corte ha expuesto sobre sus alcances, al analizar el libelo se detectó, que no controvirtió la base fundamental del fallo impugnado.

Así pues, el argumento toral de este consistió en que debía concederle efectos a las sentencias que declararon la nulidad de las autorizaciones de la junta directiva de la sociedad demandante para promover la acción de responsabilidad contra su exgerente, providencias que fueron incorporadas mediante el “decreto de prueba de oficio” y con las cuales dedujo el decaimiento de aquella, frente al que no reparó en el escrito sustentatorio de la censura extraordinaria.

Así mismo, desconoce la regla técnica, que gobierna el agravio recto de la ley sustancial, según la cual, esta clase de reparo “se da independientemente de todo yerro en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración de la convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio’ [pues] (...) ‘el ataque por este camino presupone que la censura acepta de manera plena y en su integridad la valoración probatoria realizada por el ad quem, y de la cual no se puede separar ni un ápice (...)” (sent., jul. 28/2009).

En este caso, tendiente a la sustentación del cargo, el casacionista dirigió su discurso a descalificar la facultad oficiosa de que se valió el ad quem para incorporar válidamente las decisiones que anularon las autorizaciones de la junta directiva orientadas a que la empresa demandante impetrara la acción de responsabilidad contra el convocado, toda vez que según lo expone, a este no le es dable “suplir la omisión de la parte pasiva (...) y si lo llega a hacer tiene como límite los hechos que ya están probados en la litis y que la excepción tenga como propósito quebrantar la pretensión (...)”, agregando que aquí, el demandado no formuló la defensa que el sentenciador reconoció de oficio.

Tampoco admite la conclusión del tribunal relacionada con el “decaimiento de la acción”, que en su sentir se produjo por virtud de haberse anulado judicialmente la autorización que la junta directiva le extendió a la empresa actora para promover el juicio, pues el impugnante rebate tal conclusión indicando que ese no es un concepto del derecho procesal, sino propio del administrativo.

Para el ad quem, la mencionada aquiescencia que debía obtener la sociedad accionante del órgano directivo, constituye “un presupuesto para [la] presentación [de la acción] y además, para su adelantamiento (...)”, requisito que al no hallarlo presente, lo condujo a declarar “probada de oficio la excepción de falta del presupuesto de la acción instaurada, contemplado en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995”, en tanto que para el censor, no solo ese, sino los demás “presupuestos procesales de la acción (...), de la demanda (...), del procedimiento (...) materiales de la pretensión o sentencia de fondo (...), [y] de la sentencia condenatoria”, están satisfechos.

5. Lo sintetizado corrobora, que aún sin tener en cuenta los demás reparos señalados en el auto impugnado, el escrito con el que se pretendió sustentar el recurso extraordinario carece de los requisitos formales que impedían su admisión y como el recurso horizontal formulado dejó indemnes los puntuales razonamientos que la Sala expuso en el proveído cuestionado, se despachará en forma adversa el embate planteado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Negar la reposición del auto proferido el 13 de febrero del año en curso, mediante la cual la Corte inadmitió la demanda de casación presentada por la empresa Melani Alvarado Ramírez Ltda. frente a la sentencia de 31 de julio de 2012 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario por ella instaurado contra Luis Hernando Melani Castro.

Notifíquese».