Auto 2006-01227 de julio 19 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente (E):

Dra. Gladys Agudelo Ordóñez

Rad.: 63001-23-31-000-2006-01227-01(37592)

Actor: Publicom Ltda.

Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y Consorcio Remanentes Telecom en Liquidación

Ref.: Acción contractual

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido el 27 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró oficiosamente la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, por considerar que la jurisdicción competente para conocer del asunto de la referencia es la ordinaria.

I. Antecedentes

1. El 5 de diciembre de 2006, la sociedad Publicom Ltda., mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción contractual, contra Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y Consorcio Remanentes Telecom en Liquidación, con el fin de que se declarara la nulidad del acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato GRA-0011-95 del 6 de octubre de 1995.

Como consecuencia de la anterior declaración solicitó que se les condenara a pagar, los montos o valores que constituían las participaciones y demás emolumentos dejados de percibir como retribución mensual por el desarrollo del contrato o en su defecto la suma de $ 250’000.000.

2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso que conforme a la resolución del 17 de enero de 1995, proferida por la vicepresidencia de telefonía local y rural, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, decidió transformar el centro de atención al público - CAP de la oficina de La Tebaida, Quindío, en agencia comercial de servicio de atención inmediata - SAI, por lo tanto, el 6 de octubre de 1995, suscribió con la sociedad demandante el contrato GRA-0011-95, cuyo objeto fue la regulación de los derechos y las obligaciones recíprocas para la atención de los servicios que presta Telecom a través de la modalidad C.T. —Centro de Telecomunicaciones— desde un SAI —Servicio de atención indirecta—.

El 6 de agosto de 2007, las partes firmaron un acta de terminación del contrato mencionado, sin embargo, la sociedad demandante manifestó que fue engañada y forzada a suscribirla.

3. El Tribunal Administrativo del Quindío, en auto de 6 de agosto de 2007, admitió la demanda y ordenó la notificación a las partes (fls. 780 y 781, cdno. 2).

4. En auto del 27 de julio de 2009, el a quo, declaró oficiosamente la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, pues consideró que la jurisdicción competente para resolver el presente asunto era la ordinaria. Señaló que la jurisdicción contenciosa administrativa solo conoce de las controversias contractuales de entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de carácter público y comoquiera que en el asunto sub lite las partes son entidades particulares, la jurisdicción competente para conocer del proceso es la ordinaria.

5. El apoderado de la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior providencia. Señaló que la jurisdicción contencioso administrativa debía conocer el asunto toda vez que el contrato que originó el litigio se celebró para comercializar servicios públicos domiciliarios y contenía cláusulas exorbitantes, adicionalmente, al momento de suscribirlo, una de las partes era entidad estatal.

II. Consideraciones

La Sala tiene competencia funcional para conocer del asunto, porque se trata de un auto interlocutorio, proferido en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa (CCA, arts. 129 y 181, num. 6º).

En relación con el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998 y por la Ley 1107 de 2006, consagra lo siguiente:

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

A su vez, el artículo 2º de la Ley 1107 de 2006, establece:

“Derógase el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.

“PAR.—Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001”.

De lo anterior, se colige, que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo consiste en juzgar las controversias y litigios originados en las actividades de las entidades públicas, y si bien es cierto que actualmente la demandada es una entidad de carácter privado, al momento de suscribir el contrato cuya terminación se pretende anular en el asunto sub examine, era una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, creada y organizada de acuerdo con las leyes 6ª de 1943 y 83 de 1945 y los decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de 1954, 1635 de 1960 y 3267 de 1963 y reestructurada mediante Decreto 2123 de 1992(1). En consecuencia, la competente para resolver el litigio es la jurisdicción contenciosa administrativa y no la ordinaria.

Adicionalmente, se insiste que el criterio que define cuáles controversias son competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es predominantemente el orgánico, de allí que solo es necesario determinar si una entidad tiene el carácter de estatal para establecer el juez competente(2).

Ahora bien, aunado a lo anterior, tenemos que una de las entidades demandadas es el Consorcio Remanentes Telecom en Liquidación(3), conformado por la Fiduciaria Popular, Fidupopular S.A., y la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Fiduagraria S.A., esta última, sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural(4).

Por lo anterior, comoquiera que una de las entidades demandadas es una entidad pública, en virtud del fuero de atracción(5), la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer del proceso de la referencia, y por tal razón, el auto proferido por el tribunal se revocará(6).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Revócase el auto de 27 de julio de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el que se declaró la nulidad por falta de jurisdicción.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el proceso al tribunal de origen para que siga conociendo del asunto.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—Gladys Agudelo Ordóñez—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero.

(1) Conforme a lo señalado en el Decreto 1615 del 12 de junio de 2003, se suprimió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, y se ordenó su liquidación.

(2) “... la Ley 1.107 de 2006, señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias originadas en litigios donde sean parte las “entidades públicas”. Con este nuevo enfoque, ahora, el criterio que define quién es sujeto de control, por parte de esta jurisdicción, es el “orgánico”, no el “material”, es decir, que ya no importará determinar si una entidad ejerce o no función administrativa, sino si es estatal o no.

“De esta manera, se simplificarán, en buena medida, los conflictos de jurisdicción, recurrentes entre la justicia ordinaria y la contencioso administrativa, que se reflejará en mayor seguridad jurídica para las partes procesales, así como para la propia administración de justicia.” Auto proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 8 de febrero de 2007, expediente 30.903.

(3) Consorcio creado mediante el Decreto 4781 de 30 de diciembre de 2005 “Por el cual se aclara, modifica y adiciona el Decreto 1615 de 2003”.

“ART. 3º—Modifícanse los numerales 12.1, 12.2 y 12.4 y adiciónanse los numerales 12.28 y 12.29 al artículo 12 del Decreto 1615 de 2003, los cuales quedarán así:

“(...).

“12.29. Celebrar un contrato de fiducia mercantil para la constitución del PAR, cuya finalidad será la administración, enajenación y saneamiento de los activos no afectos al servicio, la administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio y el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente decreto o que de conformidad con la ley corresponden a las sociedades fiduciarias”.

(4) Conforme a la información publicada en la página web www.fiduagraria.gov.co/invitaciones2005/inv022005/t%C3%A9rminos%20id%2002005%20(planta%20telefonica).pdf. Información que tiene plena validez y que constituye un medio probatorio eficaz en razón a que está a disposición del público en general como documento electrónico. Al respecto ver la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de agosto de 2009, expediente 16.428, en la que se señaló: “En efecto, la información a que se ha hecho referencia puede considerarse como válida para el asunto que ocupa la Sala, en cuanto ha sido obtenida de un medio judicial idóneo, en razón a las siguientes consideraciones: i) porque la normativa vigente permite considerar y consultar la información institucional publicada en mensajes de datos vía internet; ii) porque la información se halla almacenada en un mensaje de datos que se ha comunicado a través de la página web de la respectiva entidad; ii) porque la misma es lo suficientemente clara frente al estudio que se adelanta; iii) porque la publicación la realiza, de manera oficial, la propia entidad de carácter público a través de un mensaje de datos que se estima confiable, primero por la forma en que se ha generado —esto es desde la misma entidad—, segundo por la forma en que se ha archivado o comunicado el mensaje —a través de la página institucional—, y, tercero por la forma en que se conserva su contenido, toda vez que tratándose de una página institucional de una entidad pública la información incluida en la misma emana de la respectiva entidad y solo puede ser modificada directamente por ella, al tiempo que puede ser consultada por cualquier persona sin que su contenido sea alterado”.

(5) “... al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y contra otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 1º de marzo de 2006, expediente 21.700.

“En virtud del fuero de atracción es perfectamente viable que en los eventos en que exista concurrencia de responsabilidad entre una entidad pública, sometida a la jurisdicción contenciosa, y una privada, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, el proceso se adelanta ante aquella jurisdicción, la cual tendrá competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos entidades o de una sola de ellas, sin tener en cuenta su jurisdicción propia”. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 12 de septiembre de 1997, Expediente 11.224.

(6) En el mismo sentido se pronunció la Sala en las providencias de 25 de noviembre de 2009, Expediente 37.444, actor: Comunicamos Ltda., C.P. Enrique Gil Botero y Expediente 37.593, actor: Saicom Ltda., C.P. Ruth Stella Correa Palacio.