Auto 2006-01489 de febrero 15 de 2007 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE EXEQUÁTUR

Requisitos del traductor de sentencias en idioma extranjero.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil siete.

Ref.: Expediente 11001 0203 000 2006 01489 00

Se pronuncia la Corte respecto del recurso de reposición aducido por el representante del Ministerio Público, frente al auto de 21 de septiembre del año próximo pasado, mediante el cual se admitió la demanda de exequátur.

El recurso de reposición

En esencia, la impugnación está dirigida a la revocatoria del auto reseñado, con el consecuente rechazo de la demanda presentada. Sucintamente, los siguientes son los reparos esbozados por el censor y sus respectivos fundamentos: 1) Falta de la constancia sobre la ejecutoria del fallo extranjero, razón por la cual la sentencia allegada no está legalmente notificada y ejecutoriada (fl. 33); 2) Ausencia de la traducción del fallo foráneo en los términos previstos en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta, según el censor, que esta norma exige para que se puedan valorar los documentos en idioma diferente al castellano, que su traducción se produzca por parte de un traductor o intérprete del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno oficial o por quien sea designado por el juez, exigencia que no fue cumplida en autos; y, 3) Falta de traducción de los sellos de apostilla incorporados en los documentos allegados, por cuanto que los mismos no fueron traducidos en los términos reseñados en precedencia.

Consideraciones

A propósito de los eventuales efectos de las sentencias extranjeras en el país, el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, viabiliza tal hipótesis, empero la ha supeditado al cumplimiento de un mínimo de requisitos, regularmente formales, así como al agotamiento de precisas actuaciones judiciales, reservadas por excelencia a la Corte Suprema de Justicia. Respecto de varias de dichas exigencias, su cumplimiento está asignado, en algunas oportunidades, a la parte interesada (nums. 3º y 5º ídem); otras, devienen de la naturaleza del mismo fallo a avalar (nums. 1º y 4º ib.); otros eventos, reflejan la protección de la soberanía o prevalecía del orden público.

En el mismo sentido, concurre, igualmente, la regla del artículo 695 ejusdem, conforme a la cual la ausencia de los requisitos enlistados en los numerales 1º y 3º conducen al rechazo del escrito de demanda.

Y como ya se esbozó, la impugnación alude al incumplimiento del numeral 3º del artículo 694 de la ley de procedimientos civiles, cuyo contenido reivindica el Ministerio Público para reclamar el rechazo de la demanda, pues según su valoración, el promotor de la homologación no adujo la sentencia extranjera con la constancia de ejecutoria, como tampoco la allegó debidamente autenticada y legalizada.

El reproche esgrimido comporta, ineludiblemente, la valoración de aspectos tales como: la atestación respecto de la ejecutoria de las decisiones judiciales o administrativas foráneas; la legalización de documentos extranjeros, sean estos privados o públicos; y dado el caso, la traducción del original al castellano “en legal forma”, acompañada de la respectiva copia. Por último, concluir si las deficiencias denunciadas conducen al rechazo de la demanda o una eventual inadmisión, asuntos que se evaluarán en ese mismo orden.

1. En lo relacionado con el primero de los reseñados aspectos, esto es, el relativo a la ausencia de la constancia de ejecutoria del fallo extranjero, aparece, sin ninguna duda, que no le asiste la razón al recurrente, pues para desechar su inconformidad basta con revisar el folio 13 (traducción al castellano) en donde se lee: “sentencia firme desde el 27-4-1999”, luego tal exigencia sí aparece cumplida.

2. En lo que hace a la segunda de las exigencias, o sea, la aportación de la correspondiente sentencia extranjera debidamente autenticada y legalizada, en los términos a que se contraen los artículos 694.3, 695 y 259 del Código de Procedimiento Civil, es preciso comenzar por rememorar que de antaño, aunque de manera incipiente, se establecieron pautas rectoras sobre la aducción de documentos provenientes del extranjero a un proceso determinado. Así, en la Ley 105 de 1931, se encuentran las siguientes reglas:

“ART. 657.—Los instrumentos públicos y los documentos privados extendidos en país extranjero de que se quiere hacer uso en Colombia, deben estar autenticados por el respectivo agente consular o diplomático de la República, o en su defecto por el de una Nación amiga, lo cual hace presumir que se conforman con la ley del lugar de su otorgamiento”.

“ART. 658.—Los instrumentos de cualquier clase extendidos en el extranjero con intervención de agentes diplomáticos y consulares de Colombia, y las copias autorizadas por los mismos, solo requieren la autenticación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia”.

La anterior consagración normativa incorporada a instancias de la Ley 105 o Código Judicial, no difiere, en lo esencial, con lo consagrado en la Ley 103 de 1923 (antigua ley de enjuiciamiento), derogada por la Ley 105. En esa misma línea se adoptó el artículo 259 del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil que derogó la Ley 105). Allí, en el aparte reservado a asuntos probatorios, sección tercera, título XIII, capítulo VIII, artículo 259, se estableció:

“Documentos otorgados en el extranjero. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el respectivo agente consular de la República, y en su defecto por el de una Nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del agente consultar se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo.

Los documentos públicos extendidos en el extranjero ante agentes consulares de Colombia y las copias autorizadas por ellos, así como los privados reconocidos en el exterior, deberán ser autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Luego, con pequeñas modificaciones de tipo técnico y metodológicas, el Decreto 2289 de 1989 (actual CPC), reprodujo en norma similar la consagración reseñada, la que, aun frente a las diferentes reformas del procedimiento civil (D. 2651/91; L. 446/98 y L. 794/2003), se ha mantenido incólume.

En el año 1998 a través de la Ley 455, se aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación diplomática o a través de cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan.

3. Ahora, relativamente al otro de los temas a examinar, o sea, el relacionado con las exigencias establecidas por la normatividad para la traducción al castellano de un documento que aparezca redactado en otro al idioma, y que tenga como objeto ser incorporado a un proceso, su regulación está a cargo del actual artículo 260 Código de Procedimiento Civil, precepto respecto del cual la Corte, en reiterados pronunciamientos ha dicho que “cuando la ley habla de intérprete oficial, se refiere, no a quien pueda tener esa calidad en otro país, sino a quien sea reconocido como tal por la autoridad correspondiente en Colombia” (auto jul. 14/2000, exp. 0121; ratificado en auto mayo 21/2003, exp. 00089).

Con miras a establecer qué ha de entenderse por tal, sea oportuno reseñar que en la Ley 105 de 1931, relativa a la organización judicial y procedimiento civil, aparece el siguiente registro normativo:

Título XV

Ejecución de las resoluciones

Capítulo II

Sentencias de los tribunales extranjeros.

“ART. 558.—La solicitud para que se declare si debe o no cumplirse una sentencia de tribunal extranjero, se presenta a la Corte Suprema, salvo que, conforme a los respectivos tratados, deba conocer del asunto otro juez.

Si la sentencia no está en castellano, el peticionario debe exhibir con ella una traducción obtenida en forma legal” —se hace notar—.

No obstante, dicha codificación no aludía a la manera de obtener, “de forma legal”, la traducción requerida, aunque sí evidenciaba el compromiso que recaía en el interesado de presentar la traducción. Sin embargo, el artículo 707 de dicho estatuto, refiriéndose a la forma de proceder a efectos de realizar la traducción del documento que obra en proceso y cuando ya está en curso el mismo, prescribía:

“ART. 707.—En la forma indicada en los artículos anteriores, cuando sea el caso, se nombran intérpretes mayores de catorce años, conocedores del castellano y del idioma de los litigantes o testigos, o de aquel en que se haya escrito el documento que deba traducirse.

En los lugares donde haya intérpretes oficiales se prefieren estos, y donde no, se nombran dos, a menos que apenas se consiga uno, caso en el cual se hace constar tal circunstancia para la validez de la diligencia”.

Posteriormente, en el año de 1951, se adoptaron por decisión gubernamental, normas alusivas a los intérpretes oficiales para lo cual se expidió el Decreto 382 de 1951, con registros normativos como los siguientes:

“ART. 1º—Establécese el cargo de intérpretes oficiales, con arreglo a las disposiciones del presente decreto.

ART. 2º—Los intérpretes oficiales tendrán como función principal traducir de cualquier idioma al castellano o viceversa, todos los documentos cuya traducción y autenticación sean solicitadas por el público para que presten mérito oficial ante las autoridades, y servir de intérpretes orales en los casos señalados por la ley.

ART. 4º—Podrán ser intérpretes oficiales las personas nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia, mayores de 21 años, de reconocida buena conducta y antecedentes, calidades estas que deberán ser acreditadas ante el Ministerio de Justicia, y cuya idoneidad en el dominio de los idiomas para los cuales se les expida la respectiva licencia, deberá ser comprobada ante el Ministerio de Educación Nacional, mediante las pruebas de examen que por dicho ministerio se establezcan al respecto.

ART. 7º—Los intérpretes oficiales deberán autorizar con su firma, reconocida ante juez o notario, las traducciones de todos los instrumentos cuya versión y autenticación se solicite al Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en el artículo 658 del Código Judicial. (…) Vigente desde febrero 19 de 1951”.

Pero, a pesar de la anterior disposición, el Código de Procedimiento Civil de 1970, en su artículo 260 y a propósito del tema, aludió a las traducciones que debían efectuar traductores del Ministerio de Relaciones Exteriores o los expertos designados por el juez, ya de oficio ora a petición de parte, sin introducir ninguna referencia a los traductores o intérpretes oficiales.

Solo hasta el año de 1989, a través del Decreto 2289, (CPC) se incorporó formalmente la expresión “interprete oficial” aunque, a diferencia del texto anterior (D. 2400/70), se autorizó que en las dos primeras hipótesis de la norma, o sea, cuando la traducción se producía a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o a través de un intérprete oficial, se podían presentar directamente por el interesado.

La nueva redacción no introdujo criterios diferentes a los prohijados en el Decreto 382 de 1951, luego, a no dudarlo, a dicha normatividad hay que remitirse para precisar el alcance de aquella alocución. Bajo esa perspectiva, tiénese que intérpretes o traductores oficiales son, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de dicho estatuto, aquellas personas “... nacionales o extranjeras, domiciliadas en Colombia, mayores de (...) años, de reconocida buena conducta y antecedentes, calidades estas que deberán ser acreditadas ante el Ministerio de Justicia y cuya idoneidad en el dominio de los idiomas..., deberá ser comprobada ante el Ministerio de Educación Nacional, mediante las pruebas de examen que por dicho ministerio se establezcan al respecto”.

Así mismo, por mandato del artículo 5º del precitado decreto, al Ministerio de Justicia se le asignó la facultad de expedir la respectiva licencia a los intérpretes que reunieran las calidades exigidas, función que efectivamente venía cumpliendo en los términos dispuestos hasta el año de 1997, cuando por resolución 2201 de 22 de julio, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de facultades conferidas por el Decreto Presidencial 2126 de 1992, varió el procedimiento y el ente encargado de los registros, pues en su artículo 11 dispuso:

“... Los traductores e intérpretes oficiales deberán presentar para su inscripción y posterior reconocimiento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, área de gestión de legalizaciones (...)”.

No obstante, a instancia de la Ley 962 de 2005 alusiva a racionalización de trámites y procedimientos administrativos, sobrevinieron nuevos cambios, habida cuenta que en su artículo 33 dispuso:

“Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Modifíquese el artículo 4º del Decreto 382 de 1951, el cual quedará así:

“ART. 4º—Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete oficial. Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de traductor e intérprete oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el Icfes o la entidad que tenga a cargo tal reconocimiento.

El documento que expidan las universidades en que conste la aprobación del examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio, constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial.

PAR.—Las licencias expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán vigentes”.

Tiénese, entonces, que como consecuencia de la modificación introducida al artículo 4º del Decreto 382 de 1951, hoy en día, cualquier persona, incluyendo extranjeros, pues la norma no discrimina entre nacionales o foráneos, previa acreditación de su idoneidad, la que logran mediante la presentación del respectivo examen ante una universidad que cuente con la aprobación del correspondiente programa de idiomas, puede desempeñarse como traductor, siempre y cuando, claro está, como ya se esbozó, se registre ante el Ministerio de Relaciones Exteriores como así lo disponen el Decreto 2126 de 1992 y la Resolución 2201 de 22 de julio de 1997, ya memorados, mediante los cuales se reestructuró dicho ente y se fijaron procedimientos para la legalización de documentos expedidos en Colombia hacia el exterior y de documentos extranjeros con destino a surtir efectos en Colombia.

Colígese de todo lo expuesto que la calidad de “traductor o intérprete oficial” a que alude el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, bien puede ser ostentada, se reitera, tanto por un nacional como por un extranjero, en todo caso y previamente a obtener tal calificación, debe acreditar su idoneidad y registrarse ante el ministerio citado.

Descendiendo al caso involucrado en la censura, en el expediente aparecen adosados documentos que contienen la sentencia extranjera objeto de exequátur, escrito público que cuenta con la constancia de haber sido traducida por un “intérprete oficial”, empero, además de ser traductor oficial pero alemán, no se acreditó por el interesado que dicha persona estuviera licenciada o autorizada por la autoridad nacional respectiva en los términos ya reseñados.

La anterior apreciación igualmente puede inferirse de los sellos de apostilla, que como anexos aparecen a folios 10 y 18 vto., pues los mismos no se encuentran traducidos en la forma y términos aludidos en precedencia, lo que conduce a aceptar el reparo efectuado por el Ministerio Público en ese punto en particular.

Por todo lo anterior, debe accederse a la revocatoria para en su lugar, disponer el rechazo de la demanda, como así lo consagra el artículo 695 ejusdem.

Decisión

En mérito de lo expuesto, se RESUELVE:

1. Revocar el auto de fecha 21 de septiembre de 2006, mediante el cual se admitió la demanda de exequátur.

2. Disponer, en su lugar y dado que no se cumplen las exigencias demandadas por la normatividad procesal civil, el rechazo del respectivo libelo.

La secretaría hará entrega al interesado de los documentos respectivos sin necesidad de desglose. Se dejarán las constancias del caso.

3. Ordenar la notificación de esta providencia a la procuraduría delegada para asuntos civiles. Igualmente se hará entrega a la misma de una copia.

Notifíquese.

Magistrado: Pedro Octavio Munar Cadena.

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