Auto 2006-02042 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN TERCERA

Proceso número:25000232600020060204201 (40.380)

Asunto: Reparación directa

Actor: North Pole Investments INC.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

Descriptores: Aprehensión de aeronave, ausencia de daño, falta de legitimación en la causa por activa, prueba de la propiedad de aeronaves, inoponibilidad de contratos privados al Estado.

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales de la acción

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A.(12). La Sala se pronunciará, entonces, sobre los puntos contenidos en el recurso, acorde con lo dispuesto por el artículo 357 del C.P.C.

Finalmente, se advierte que la acción se impetró en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A., por lo cual no operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción(13).

2. Cuestión previa. Legitimación en la causa por activa

En distintas oportunidades esta Corporación ha hecho referencia a la legitimación en la causa, indicando que “consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones”(14).

También se ha indicado la diferencia entre la legitimación sustancial —material— y la procesal —de hecho—, en aras de determinar la relación de quienes comparecen a la jurisdicción con la causa petendi, esto es, con el daño, más allá de su comparecencia formal al proceso(15):

…la legitimación en la causa se constituye en un presupuesto procesal de la acción, entendida esta última como el mecanismo procesal que se activa en procura de obtener respuesta del aparato jurisdiccional, que debe cumplir determinados requisitos legales, entre ellos la acreditación de la calidad con quien (sic) comparece al proceso y la de su contradictor, por lo que debe verificarse en forma previa al fondo del asunto y como presupuesto de ello, de modo tal que en asuencia (sic) de esta no resulta viable resolver de mérito sobre las pretensiones planteadas.

En efecto, el cumplimiento de ese presupuesto impone un primer análisis del juez, fundado en la aptitud de las partes para llegar a una decisión de mérito de la litis, pues aunque siempre habrá legitimación de hecho, en razón de ser el demandante quien reclama el derecho y el demandado de quien lo reclama, no en todos los eventos es quien acciona el titular del derecho pretendido, ni a quien se demanda el llamado a satisfacerlo. Ese juicio sobre el legítimo interés de las partes no compromete la decisión del juzgador en relación con la pretensión, sino que le permite establecer si quien la incoa tiene la aptitud sustantiva para hacerlo y si ello es así frente a quien funge como su contraparte.

En estos términos, se tiene que la legitimación sustancial en la causa atañe a determinar qué sujetos jurídicos se encuentran habilitados para promover un proceso y perseguir la satisfacción de las pretensiones por parte de otro que, jurídicamente, se encontraría obligado a cumplir con una prestación o estaría autorizado a oponerse a la misma, partiendo del daño como fuente de la obligación, esto es, quien lo sufrió y se encuentra habilitado para reclamar y quien lo causó y tendría que repararlo. Comprobada esta relación jurídica, es procedente pronunciarse sobre el fondo de la pretensión y su oposición.

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado(16):

La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”..

En consecuencia, la legitimación en la causa se entiende como la “posición sustancial” que tiene el sujeto procesal “en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exoneran de las segundas”(17). La legitimación en la causa, entonces, permite reconocer al sujeto autorizado para intervenir en el proceso, formulando u oponiéndose a las pretensiones, debiendo comprobarse que se le causó un daño por la parte citada al proceso.

Pues bien, descendiendo al caso de autos, se encuentra que la sociedad North Pole Investments Inc. se presentó a este asunto alegando la calidad de propietaria de la aeronave marca Beechcraft, modelo B300, número de serie de fabricación FL-98, número de matrícula N8302N, que fue aprehendida el 29 de diciembre de 2003 por la DIAN(18), cuando se encontraba en el taller de Tresa Ltda., ubicado en la autopista norte, kilómetro 16, vía al aeropuerto Guaymaral.

La sociedad importadora, Servicios Aéreos del Chocó Ltda., adujo en distintas oportunidades dentro del trámite ante la DIAN que la demandante -North Pole Investments Inc.- era la propietaria de la aeronave incautada; así mismo, la DIAN tuvo a la actora en los mismos términos o como interesada(19), de manera que se encuentra probada su legitimación procesal, en tanto se halla relación e interés sobre el aerodino.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación sustancial, en tratándose de un bien sujeto a registro, conocido es que el artículo 1427 del Código de Comercio, relativo a las formalidades que rigen actos o contratos de aeronaves, consagra que “los actos o contratos que afecten el dominio o que tengan por objeto la constitución de derechos reales sobre naves mayores o sobre aeronaves se perfeccionan por escritura pública. La respectiva escritura sólo se inscribirá en la capitanía del puerto de matrícula o en el registro aeronáutico nacional, según el caso. /La tradición se efectuará mediante dicha inscripción acompañada de la entrega material. /Las embarcaciones menores se sujetarán a lo dispuesto en el reglamento”.

Dicho esto, se tiene que, como lo ha sostenido y reiterado esta corporación, “para probar la calidad de propietario de una aeronave es obligatorio demostrar la inscripción de la escritura pública de compraventa, o de cualquier contrato que afecte el dominio, en el registro aeronáutico nacional —siendo este el modo de adquirir el dominio de estos bienes, acompañado de la entrega del bien— y, por expresa disposición legal, no puede suplirse con ningún otro medio probatorio”(20).

En el caso de autos, la sociedad demandante pretendió probar su calidad de propietaria mediante el contrato de compraventa del 1° de abril de 2003, suscrito con la sociedad Trenwick Managing Agents Limited y Xchanging Claims Services (antes Lloyd´S Claims Office Non Marine And Aviation Limited), siendo esta vendedora, el cual se halla en idioma inglés, sin traducción oficial y sin registro en el folio de matrícula correspondiente, pues de acuerdo con la Aerocivil, ello no se solicitó(21).

Se deduce de lo anterior que, de un lado, el contrato no es susceptible de ser tenido como prueba, pues en los términos del artículo 260 del Código de Procedimiento Civil “para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente” y, aun cuando ello fuera viable, lo cierto es que la solemnidad probatoria en cuanto al derecho de propiedad de bienes como las aeronaves, exige el registro del contrato, lo que trae efectos de publicidad y oponibilidad a terceros, como es el caso del Estado.

Quiere decir esto que el pacto celebrado por la sociedad demandante en calidad de compradora del aerodino no le es oponible a la administración, de manera que no es viable tenerla como su propietaria.

Ahora bien, conviene reseñar que la aeronave ingresó al territorio nacional el 15 de noviembre de 1995(22), su importadora fue la sociedad Servicio Aéreo del Chocó Ltda. y la DIAN autorizó la importación temporal a largo plazo en modalidad de leasing(23), mediante la Resolución 05220 del 13 de septiembre de 1995(24), por el término de diez años, constituyendo, de igual modo, la correspondiente póliza prevista por la ley(25). Así, entonces, ante las autoridades colombianas, la sociedad que aparecía como tenedora, en virtud del contrato de leasing, era Servicio Aéreo del Chocó Ltda., debiendo cumplir con las obligaciones que como importadora y tenedora estaban a su cargo, de conformidad con el Decreto 2685 de 199, que en su artículo 3º consagra:

De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente Decreto.

Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Fue por este motivo que una vez la DIAN resolvió lo concerniente a la vigencia del régimen de importación, mediante la resolución 06-064-131-637-1000-00 del 30 de septiembre de 2004, la aeronave se entregó a su legítima tenedora e interesada, es decir, a la sociedad Servicio Aéreo del Chocó Ltda., circunstancia a la que no se opuso la acá demandante(26):

Artículo primero: Declárase vigente el régimen de importación temporal a largo plazo, al amparo de un contrato de leasing, autorizado mediante la declaración de importación No. No. (sic) 0317703050042-2 de noviembre 15 de 1995 y la Resolución 05220 del 13 de septiembre de 1995, emanada del Despacho del entonces Administrador Especial de Aduanas de Bogotá y el Jefe de la División Operativa, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo segundo: Ordénase la entrega para que continúe su régimen de importación temporal a largo plazo, al amparo de un contrato de leasing, de la aeronave marca Beechcraf, modelo B300 serial FL98, matrícula N8302N, turbo hélice modelo motores PTA 6A-60A, serie PCE95721, PCE 95719, con tren de aterrizaje, 5 llantas, con panel de instrumentos sin equipo de comunicación, hélices, silletería ni tapicería, estado: B, unidad medida: nar, cant: 1. Valor total aduanero de: cinco mil trescientos cincuenta y seis millones de pesos M/CTE. ($5.356.000.000), aprehendida mediante acta 0834-501 del 08-01-04, a la sociedad Servicio Aéreo del Chocó Ltda., identificada con NIT No. 800.230.547-5 en calidad de importador, ingresada al depósito Talleres Tresa Ltda., ubicado en el kilómetro 16, autopista norte, aeropuerto Guaymaral, mediante DIIAM 26031100005 del 30/01/2004, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

Por todo lo anterior, concluye la Sala que North Pole Investments Inc. no acreditó la calidad con la que compareció a este asunto, como tampoco la de poseedora de la aeronave y, de suyo, su legitimación en la causa por activa en los términos antes reseñados, dando cumplimiento, además, a lo previsto en el artículo 177 del C. de P.C.(27).

Ello, en cuanto no se acreditó que, en efecto, por causa de la aprehensión de la aeronave por parte de la DIAN se le haya causado un daño, bien fuera como propietaria o en calidad de poseedora del bien, circunstancia que debía probar para procederse al estudio de su pretensión, en los términos del artículo 90 constitucional, que en su primer inciso consagra:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Ninguna probanza allegó la actora de los daños que, por causa de la aprehensión, se le causaron y cuya reparación se buscaba. Para tal debía arrimar fin las pruebas idóneas al efecto, por las que se evidenciara el desmedro económico derivado de la aprehensión, siendo insuficiente la sola afirmación de haberlos padecido.

Así las cosas, debía la actora probar debidamente que sufrió un daño, bien fuera como propietaria o como poseedora del aerodino, que este fue antijurídico y que, además, era imputable a la administración, pero ello no tuvo lugar, de manera que se impone la confirmación de la sentencia proferida por el a quo.

3. Costas

No hay lugar a la imposición de costas, toda vez que de las actuaciones del proceso no se colige la existencia de temeridad o mala fe en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 14 de octubre de 2010, por los motivos expuestos en esta providencia.

Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Folios 2 al 15 c. ppal. 1. Presentada el 2 de octubre de 2006.

2 1. En el Régimen de Importación: (…)
1.4 Cuando el transportador o el Agente de Carga Internacional no informe por escrito a las autoridades aduaneras dentro de la oportunidad prevista en el artículo 98 del presente decreto, acerca de los sobrantes detectados en el número de bultos o sobre el exceso en el peso en la mercancía a granel respecto de lo consignado en el Manifiesto de Carga, o en sus adiciones, modificaciones o explicaciones, o cuando se encuentre mercancía que carezca de documento de transporte o amparada en documentos de transporte no relacionados en el Manifiesto de Carga, o en los documentos que lo adicionen, modifiquen o expliquen.

3 “En cualquier estado del proceso, cuando la autoridad aduanera establezca la legal introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional o cuando se desvirtúe la causal que generó la aprehensión, el funcionario competente ordenará, mediante acto motivado que decida de fondo, la entrega de la misma y procederá a su devolución”.

4 Folios 97 al 118 c. ppal. 1.

5 Folios 183 al 188 c. ppal. 1.

6 Folios 202 al 204 c. ppal. 1.

7 Folios 207 al 216 del cuaderno principal 2.

8 Folios 370 al 374 ibídem. 4 de noviembre de 2009.

9 Folios 218 al 224 c. ppal. 2. Presentada el 4 de noviembre de 2010.

10 Folios 233 al 239 c. ppal. 2.

11 Folios 240 al 244 c. ppal. 2.

12 Para la fecha de presentación de la demanda, esto es, 2 de octubre de 2006, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $204´000.000, de conformidad con lo previsto en la Ley 446 de 1998, artículo 40, numeral 6º. Para el caso presente, la pretensión principal asciende a $4.876´699.200, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

13 Para el caso concreto, el hecho dañoso cesó el 30 de septiembre de 2004, cuando mediante resolución 3817 la DIAN declaró vigente el régimen de importación de la aeronave y ordenó su entrega y la demanda se interpuso el 2 de octubre de 2006, es decir, con anterioridad a que se cumplieran dos años contados a partir del hecho que se acusa como dañoso, si se tiene en cuenta que el 2 de octubre fue el día hábil siguiente, pues el 30 de septiembre correspondió a un sábado.

14 Consejo de Estado, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, rad. 68001-23-15-000-1995-01120-01 (22159), c.p. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

15 Sentencia del 14 de diciembre de 2016, rad. 44001-23-31-000-2009-00002-01(40732), c.p. Ramiro Pazos Guerrero.

16 Sentencia del 23 de octubre de 1990. Expediente No. 6054.

17 Sentencia de 23 de abril de 2008, Exp. 16271.

18 Folio 40 c. ppal. 1, folio 53 c. 3. Acta de aprehensión y documento de ingreso, inventario y avalúo de mercancías aprehendidas.

19 Folios 76 al 92 c. ppal. 1. Resolución 06-064-131-637-1000-00 del 30 de septiembre de 2004, por la cual se declara vigente el régimen de importación temporal a largo plazo de una aeronave al amparo de un contrato de leasing y se ordena su entrega para que continúe su régimen de importación.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2015, exp. 33.962, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón, fallo reiterado de manera reciente a través de sentencia de abril 27 de 2016, exp. 34.895.

21 Folios 143 al 151 c. ppal. 1. Copia del contrato y de la respuesta de la Aeronáutica Civil, atinente a la inscripción del contrato en el folio de matrícula correspondiente.

22 Folio 145 c. 5. Declaración de importación.

23 Folios 121 al 165 c. 3. Documento denominado “contrato de arrendamiento de aeronave”, celebrado entre First Security Bank Of Utah, National Association y Servicio Aéreo del Chocó Ltda., el 23 de junio de 1995, en cuya cláusula 8 se prevé que el título legal sobre la aeronave estaría a cargo de la arrendadora.

24 Folios 78 al 81 c. 3.

25 Folios 146 al 147 c. 5.

26 Folios 76 al 92 c. ppal. 1.

27 “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.