Auto 2007-00095 de julio 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 68001-23-31-000-2007-00095-01 (51.208)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Aidee Lucena Godoy y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros.

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D. C., treinta de julio de dos mil catorce.

A folios 339 a 343 del cuaderno principal, es visible la sustentación al recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada Nación - Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia proferida el 18 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión.

Como se observa que se encuentran reunidos todos los requisitos legales que trata el artículo 67 de la Ley 1395 de julio 12 de 2010 y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011(1) el despacho procederá a admitir el recurso.

Por otro lado, visto el memorial que antecede, se tiene que la jefe de la oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS en proceso de supresión y el apoderado de la citada entidad solicitan que se acepte la sucesión procesal de la primera a favor de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

Para resolver se,

CONSIDERA:

La sucesión procesal está regulada en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 60, disposición que fue derogada por el artículo 68 del Código General del Proceso.

Dicha norma contempla en su tenor literal:

“ART. 68.—Sucesión procesal.

Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente” (resaltado fuera de texto).

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado por el artículo antes citado se tiene que al configurarse la extinción, fusión o escisión de una persona jurídica dentro de un proceso en el que obre como parte, quien lo suceda en el derecho debatido tendrá la facultad de vincularse y ocupar su lugar en la relación jurídico procesal, dejando claridad en que será cobijado por los efectos de la sentencia a pesar de no concurrir al proceso.

Así las cosas, es pertinente traer a colación la jurisprudencia de la corporación en lo referente al tema objeto de estudio. En sentencia del 27 de julio de 2005, la Subsección “A” de esta Sección profirió sentencia en la que precisó:

“Entonces en la sucesión procesal, opera la sustitución completa de una de las partes, en tanto que la simple modificación de estas a través de su aumento o reducción no puede asimilarse a la figura en estudio, y como es natural sus efectos no pueden ser los mismos. La sucesión procesal es una figura de carácter netamente procesal que no está llamada, como tal, a afectar la relación jurídica material en litigio y que cualquier convenio efectuado en tal sentido, no puede tener cabida en el proceso.

La doctrina, por su parte ha señalado que la sucesión procesal tiene lugar cuando acaece el reemplazo de una de las partes por otra que ocupa su posición procesal, produciéndose un cambio de las personas que la integran y que puede afectar tanto al demandado, como al demandante e incluso al tercero interviniente y que otorga a quien ingresa los mismos derechos, cargas y obligaciones radicados en el sucesor.

Cabe destacar dentro de las distintas situaciones que pueden dar lugar a la modificación subjetiva del proceso, por alteración de una de sus partes, dos situaciones: la primera atinente a la extinción de la persona jurídica y la segunda situación, a la cesión del derecho litigioso aceptada por la parte contraria.

En cuanto al primer hecho (extinción de la persona jurídica) es necesario precisar que ella opera cuando en el curso del proceso la persona jurídica que actúa como parte demandada o demandante, es suprimida, liquidada o disuelta: en estos dos últimos eventos se ha estimado que la verdadera sucesión ocurre al finalizar la disolución o liquidación, cuando una nueva viene a suceder a dicha persona jurídica, a la cual le son trasladados, por virtud de la ley, los bienes, derechos y obligaciones, o cuando “(…) a la sociedad limitada vienen a sucederla el socio o socios que asuman los derechos o las obligaciones que son materia del proceso, igual a como sucede en el supuesto anterior del adjudicatario y legatario”.

Pero mientras eso sucede, la entidad que en el curso de un proceso judicial es objeto de disolución o liquidación da paso a una nueva persona, conformada por la entidad seguida de la sigla En Liquidación, cuyo representante ya no será su gerente sino el Liquidador y cuya existencia está limitada exclusivamente a los actos dirigidos específicamente a la cancelación del pasivo de la misma”(2).

Efectivamente, desarrollando el contenido de la anterior jurisprudencia, se concluye que la sucesión procesal es una figura que se configura al acontecer la sustitución de una persona jurídica por otra dentro de un proceso, y que es una situación eminentemente procesal, la cual no procede a efectuar alteración alguna en la relación jurídico material.

En el caso sub examine, la jefe de la oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en proceso de supresión, y el apoderado de la citada entidad, solicitan la aceptación de la sucesión procesal de la primera a favor de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

La Ley 1444 de 2011 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración pública. El artículo 18 ibídem dispuso lo siguiente:

“ART. 18.—Facultades extraordinarias. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para:

a) Crear, escindir, fusionar y suprimir así como determinar la denominación, número, estructura orgánica y orden de precedencia de los departamentos administrativos;

b) Determinar los objetivos y la estructura orgánica de los ministerios creados por disposición de la presente ley, así como la integración de los sectores administrativos respectivos;

c) Modificar los objetivos y estructura orgánica de los ministerios reorganizados por disposición de la presente ley, así como la integración de los sectores administrativos respectivos;

d) Reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado;

e) Crear escindir y cambiar la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u organismos de la rama ejecutiva del orden nacional;

f) Señalar, modificar y determinar los objetivos y la estructura orgánica de las entidades u organismos resultantes de las creaciones, fusiones o escisiones y los de aquellas entidades u organismos a los cuales se trasladen las funciones de las suprimidas, escindidas, fusionadas o transformadas, y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado;

g) Crear las entidades u organismos que se requieran para desarrollar los objetivos que cumplían las entidades u organismos que se supriman, escindan, fusionen o transformen, cuando a ello haya lugar;

h) Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades públicas nacionales descentralizadas;

i) Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley.

j) Crear los empleos en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación que se requieran para asumir las funciones y cargas de trabajo que reciba como consecuencia de la supresión o reestructuración del DAS. En los empleos que se creen se incorporarán los servidores públicos que cumplan estas funciones y cargas de trabajo en la entidad reestructurada o suprimida, de acuerdo con las necesidades del servicio. Igualmente se realizarán los traslados de recursos a los cuales haya lugar.

PAR. 1º—Las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República en el presente artículo para renovar y modificar la estructura de la administración pública nacional serán ejercidas con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público, hacer coherente la organización y funcionamiento de la administración pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos.

PAR. 2º—El Presidente de la República determinará la planta de personal necesaria para el funcionamiento de las entidades creadas, escindidas, suprimidas, fusionadas o reestructuradas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley.

PAR. 3º—Esta ley garantiza la protección integral de los derechos laborales de las personas vinculadas a las distintas entidades del Estado reestructuradas, liquidadas, escindidas, fusionadas o suprimidas. Si fuese estrictamente necesaria la supresión de cargos, los afectados serán reubicados o reincorporados, de conformidad con las leyes vigentes”.

En virtud de lo anterior, el Presidente de la República expidió el Decreto 4057 del 31 de octubre de 2011, mediante el cual dispuso la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En el artículo 3º del anterior ordenamiento contempló el traslado de las funciones del DAS a las entidades receptoras establecidas en dicha norma, en la que se estableció:

“ART. 3º—Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el capítulo I, numerales 10, 11, 12 y 14 del artículo 2º, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, así:

(…).

3.2. La función comprendida en el numeral 11 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004 de policía judicial para investigaciones de carácter criminal, y las demás que se desprendan de la misma, se traslada a la Fiscalía General de la Nación en armonía con lo dispuesto en el artículo 251 de la Constitución Política”.

Así mismo, el numeral anteriormente citado contiene en su tenor literal:

“11. Ejercer funciones de policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para investigaciones de carácter criminal, relacionadas con la naturaleza y finalidad institucionales”.

El Decreto 1180 del 27 de junio de 2011, proferido por el Presidente de la República prorrogó el plazo establecido en el artículo 1º del Decreto 4057 de 2011 para la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en su artículo 1º en el que prescribió:

“ART. 1º—Prórroga. Prorrogar hasta el 11 de julio de 2014, el plazo dispuesto para la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto-Ley 4057 de 2011 prorrogado por el artículo 1º del Decreto 2404 de 2013”.

Así pues, se tiene que hasta el 11 de julio de 2014 el DAS en supresión continuaba ejerciendo la defensa judicial de los procesos hasta su cierre, y a partir de la fecha antes citada se hace menester dar aplicación a la figura de la sucesión procesal.

Revisado el expediente, se tiene que la situación fáctica del presente proceso consistió en la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora Aidee Lucena Godoy, comprendida entre el 22 de abril de 2004 hasta el 1º de septiembre de 2005.

El numeral 11 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004 dispuso como función del DAS ejercer funciones de policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para investigaciones de carácter criminal, relacionadas con la naturaleza y finalidad de la institución. Como los hechos de la demanda se desprenden de dicha función, se cumple con el requisito prescrito en el inciso segundo del artículo 3º del Decreto 4057 de 2011. En este orden de ideas, se procederá a aceptar la solicitud de sucesión procesal elevada por los memorialistas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en proceso de supresión, a favor de la Nación - Fiscalía General de la Nación.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, el despacho:

RESUELVE:

1. Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Nación - Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia proferida el 18 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión.

2. Aceptar la solicitud de sucesión procesal elevada por los memorialistas en cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en proceso de supresión a favor de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por las razones señaladas en la parte considerativa de esta providencia.

3. Notificar personalmente al Ministerio Público y por estado a las otras partes (inc. 3º art. 212 CCA, modificado por el art. 67 de la L. 1395/2010).

Notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(1) ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior —resalta el despacho—.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A” 27 de julio de 2005, Radicado 25000-23-26-000-2002-00110-01, C. P. María Elena Giraldo Gómez.