Auto 2007-00143 de junio 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 1100131030272007-00143-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil trece.

Discutido y aprobado en Sala de diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En razón del carácter extraordinario y dispositivo del recurso de casación, el libelo presentado para sustentarlo debe ajustarse a las formalidades previstas en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil y 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Entre esas exigencias, es dable mencionar la contenida en el numeral 3º que alude a la a “la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera se señalaran las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.

2. En la demanda objeto de estudio se formularon dos cargos, ambos con sustento en la causal primera de casación. Examen especial debe hacerse frente al segundo de ellos por medio del cual se denuncia la violación directa de los artículos 1750 y 1954 del Código Civil, por falta de aplicación.

La sustentación se hace de la manera que pasa a compendiarse:

El fallo opugnado omitió evaluar las circunstancias de tiempo y lugar en que se suscribió la compraventa de los derechos de posesión del predio Los Arrayanes, ubicado en la vereda Rubiales Serranía de Planas del municipio de Puerto Gaitán (Meta), las que fueron determinantes para concertar dicha negociación. En efecto:

a) Es de público conocimiento que para la época en que se ajustó dicha convención (25 de noviembre de 2002), el conflicto armado en el país era crítico, pues, los grupos insurgentes avanzaban hacía varias regiones, especialmente a la oriental asentándose en el Meta, Casanare y sus alrededores, conforme dan cuenta los estudios realizados por Camilo Castilla Echandía y la Revista Semana, titulados, en su orden, “Evolución Reciente de la Geografía del Conflicto Armado Colombiano” y “La explotación de Puerto Gaitán”.

Los actos de violencia cometidos por la subversión en la vereda Rubiales de Puerto Gaitán constituyen hechos notorios y, por tanto, no requerían ser discutidos ni probados en el proceso, según lo preceptuado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y las definiciones de la doctrina transcritas.

Empero, no basta con tener conocimiento de aquellos, puesto que es necesario su registro, publicación o información a través de un medio que ostente el carácter de público, condición cumplida en este evento con el documento trasuntado, en el que los jueces de justicia y paz refieren los delitos cometidos por las agrupaciones al margen de la ley en Puerto Gaitán, lugar donde está situado el inmueble materia del contrato discutido.

La violencia desatada en la vereda Rubiales estaba ligada a “la política diaria, social y desconocida”, al punto que los aludidos grupos filtraron las petroleras para financiar la guerra y forzaron el desplazamiento de la población.

El conflicto armado en Colombia ha obligado al Gobierno a implementar mecanismos de protección para la población vulnerable, tales como la expedición de las leyes de Justicia y Paz y la de Restitución de Tierras, adelantar diálogos de paz y establecer zonas de despeje, suscribir tratados internacionales para la protección de los derechos humanos de los desplazados, incluidos en el bloque de constitucionalidad.

El Estado social de derecho se caracteriza por ser garantista y proteccionista frente a la problemática encarada en el ámbito patrio, de ahí que la Constitución Política en el numeral 4º del artículo 189 le impone al Presidente de la República (en su condición de Jefe de Estado, de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa) conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Y, en cumplimiento de esa obligación, el titular de la época, declaró el Estado de Conmoción Interior mediante el Decreto 1837 de 11 de agosto de 2002, prorrogado en dos oportunidades por noventa días, a través de los Decretos 2555 de la citada anualidad y 245 del siguiente año.

Dentro de ese Estado de Excepción fue expedida la Ley Estatutaria “201 de 1959” (sic), mediante la cual dictaron medidas tendientes a impedir el aprovechamiento económico de la violencia, normatividad que en su artículo 1º señala: “en caso de perturbación del orden público que haya dado lugar a la declaratoria del estado de sitio por conmoción interior, se tendrá como fuerza que vicia el consentimiento cualquier aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga en la celebración de un acto o contrato que se traduzca en condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en circunstancias de libertad jurídica no se hubiere celebrado. Queda en estos términos aclarado el sentido y alcance del artículo 1513 del Código Civil en cuanto al consentimiento viciado por un estado de violencia generalizada” .

A su vez, en el segundo canon dispone: “en caso de declaratoria del estado de sitio por conmoción interior, y para los efectos de la rescisión de actos o contratos viciados por la fuerza, se entiende que la violencia cesa el día en que se declare restablecido el orden público. No obstante lo anterior, la acción puede iniciarse antes de ese evento, si así lo prefiere el demandante”.

Y en el artículo 9º establece: “Quedan en los anteriores términos aclarados los artículos 1543 y 1750 del Código Civil, aclarado y modificado el artículo 976 del mismo código, reformada la regla 2ª del artículo 152 del judicial, adicionado el título XXVIII, Capítulo I del Libro II del mismo código, y modificado el artículo 1º de la Ley 200 de 193”.

Los preceptos antes reproducidos evidencian que el ad quem incurrió en una violación directa del derecho, en cuanto omitió aplicar las normas pertinentes vigentes, las que son de carácter nacional y no requerían aportarse ni probarse.

b) Los vendedores Restrepo Maillani fueron víctimas de los grupos al margen de la ley (Farc y Autodefensas) que operaban en la mencionada vereda Rubiales, que amenazaron a Jorge Obed para que abandonara el inmueble, lo que lo llevó a enajenarlo por la irrisoria suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000). Además, incidió en esa decisión la crisis económica que afrontó por culpa de las empresas Tethys Petrolium Company Limited y Soluciones Técnicas Internacionales S.A., a quienes prestó los servicios de suministro de alimentación y alojamiento.

c) El Tribunal desconoció los incisos 1º y 2º del artículo 1750 del Código Civil, según los cuales el plazo para demandar la rescisión es de cuatro (4) años, término que en caso de violencia se contabiliza desde el día en que ella hubiere cesado; por consiguiente, en el caso en litigio no corría desde la fecha de celebración del contrato, sino a partir de la época en que se restablezca el orden público, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 2º de la Ley 201 de 1959 (sic).

Y es que es un hecho notorio que la violencia aún no ha cesado; por tanto, no ha operado la prescripción.

d) Cualquier acto jurídico de carácter civil que se haya realizado en condiciones precarias de seguridad y bajo amenazas contra la vida y la dignidad humana efectuada por grupos al margen de la ley es ineficaz, en razón a que no es jurídico enriquecerse a costa de las causas de indefensión en que se coloca al vendedor.

3. Dicho cargo no se aviene a los requerimientos que debe reunir para su admisión, por cuanto constituye un argumento novedoso que no tiene cabida en esta especie de impugnación extraordinaria, toda vez que en las instancias no se hizo alusión al mismo y sólo surge a la luz de manera súbita, cuando pudo ser planteado dentro del proceso al incoar la demanda o en las oportunidades para alegar, sin que así ocurriera.

Y es que con el recurso de casación se enjuicia la legalidad de la sentencia, de ahí que se juzga con base en los aspectos fácticos y probatorios que sirvieron para estructurarla, esto es, los debatidos en el litigio, mas no con unos distintos.

Por ello, acoger una recriminación fundada en hechos nuevos, como aquí acontece, comporta una clara violación del derecho de defensa del contradictor, en cuanto se sorprendería con situaciones que no pudo controvertir, ni pedir pruebas para desvirtuarlas.

En punto de esa deficiencia, la Corte ha sostenido:“ (…) ‘el ataque soportado en una indebida apreciación probatoria, bien sea por motivos fácticos o de jure, no alegados en instancia, constituye un medio nuevo en el que no puede basarse ni erigirse exitosamente el recurso extraordinario’ (…) y que ‘los referidos planteamientos resultan novedosos y, en consecuencia, inadmisibles en casación, habida cuenta que admitirlos en el mentado recurso comportaría la violación del derecho de defensa, llamado a impedir que una parte sorprenda a la otra con argumentos fácticos que no fueron ventilados en el trámite del asunto y, por tanto, ésta no tuvo la oportunidad de controvertir, amén que implicaría enjuiciar la sentencia con sustento en situaciones que nunca fueron sometidas a consideración del juzgador’ …” ( Auto de 10 de septiembre de 2012, exp. 2009 00629 01).

4. Esta deficiencia impone como secuela la no aceptación de la acusación.

5. En atención a que la recriminación inicial si satisface los requisitos de ley, se aceptará a trámite y se pondrá en conocimiento de la parte opositora, de conformidad con el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

RESUELVE:

1. Rechazar el cargo segundo propuesto en la demanda de casación contentiva de la sustentación del recurso de casación interpuesto por Jorge Obed Restrepo Maillane frente a la sentencia de segundo grado proferida en el asunto de la referencia.

2. Admitir el cargo primero formulado al fallo aquí opugnado.

3. Correr traslado a la parte opositora por el término de quince días.

Notifíquese».