Auto 2007-00146 de marzo 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Proceso: 410012331000200700146 02

Rad.: 49161

Consejero Ponente:

Dr. Hernan Andrade Rincón

Actor: Azarías Castro Sánchez

Demandado: municipio de Aipe

Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Cuestión previa.

Comoquiera que la demanda se instauró el día 18 de mayo de 2007, el presente asunto se regirá por las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil a que hubiere lugar, de conformidad con el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

Valga mencionar que este despacho viene aplicando de forma reiterada las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil para todos aquellos casos que hayan iniciado antes del 1º de enero del año 2014(11).

2. Nulidad procesal.

Encontrándose el presente proceso para disponer el traslado para alegar de conclusión y resolver sobre unas peticiones elevadas por la parte demandante encaminadas a que se dispongan actuaciones para que se acate una medida cautelar que se decretó dentro de este asunto y al parecer no se ha cumplido por parte de la entidad demandada, el despacho, como ya lo anticipó, encuentra que en este proceso se presenta una causal de nulidad insanable de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual se declarará de oficio.

Pues bien, la norma referida dispone que el proceso es nulo en todo o en parte cuando el juez carece de competencia y, según lo que dispone el inciso octavo del artículo 144 ibídem, no podrá sanearse la nulidad proveniente de falta de competencia funcional. Además, según el artículo 145, en cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insanables que observe.

De conformidad con lo anterior, una vez observada dicha nulidad, es obligación del juez decretarla, por lo cual el despacho procederá en ese sentido, con funcionamiento en lo siguiente:

La demandada que dio origen al asunto sub judice fue interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Aipe, con el fin de que se declarara nula la Resolución 181 de abril 17 de 2007, a través de la cual el municipio de Aipe revocó directamente el acto administrativo proferido el 1º de diciembre de 2006, acto que dispuso: “Ordenar a Ecopetrol S.A. suspender los permisos de trabajos de exploración y explotación que adelante en el predio Santa Helena, hasta tanto cancele el pago de perjuicios judicialmente avaluados”.

De acuerdo con los hechos narrados en la demanda y lo que observa el despacho en las pruebas obrantes en el encuadernamiento, el asunto del que trata el presente proceso es de carácter minero, pues se debate si con la expedición del acto administrativo mediante el cual se revocó uno que había ordenado suspender trabajos de exploración y/ explotación minera por parte de ECOPETROL S.A. en un predio de propiedad del demandante, se lesionó algún derecho amparado legalmente.

De igual manera se encuentra que la parte demandada —municipio de Aipe— es una entidad territorial.

Ahora bien, sobre la competencia para conocer los procesos sobre los cuales sea objeto de debate un asunto minero, el Código Contencioso Administrativo prevé lo siguiente:

“ART. 128.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

(…).

6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales”.

La norma transcrita establece que los procesos sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada serán conocidos por el Consejo de Estado en única instancia, salvo tres excepciones que seguirán las reglas generales de competencia, a saber: l) las controversias contractuales, II) de reparación directa y III) las de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros, contribuciones y regalías.

En el mismo sentido se pronunció esta corporación, dentro de un asunto de reparación directa, mediante auto proferido el 22 de agosto de 2014(12):

“(…) cuando se ejerce la acción de reparación directa en relación con asuntos que versen sobre temas mineros en los cuales sea parte la Nación, deberán observarse las reglas generales de asignación de competencia, puesto que la misma disposición legal excluye, de manera expresa, de esa competencia, las acciones de reparación directa.

(…) cuando se trata de las acciones de reparación directa cuya competencia, por regla general, se asigna en razón de la cuantía del proceso, el competente para conocer sobre dichas acciones y que traten sobre asuntos mineros, serán también en primera instancia los juzgados a los tribunales administrativos según el costo y, no el Consejo de Estado en única instancia”(13).

Dado que el presente asunto fue ejercido a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que no versa sobre impuestos mineros, contribuciones ni regalías, pero sí sobre un asunto minero y que, además, la parte demandada es una entidad territorial, el Consejo de Estado es el competente para conocer de este proceso en única instancia, sin tener en cuenta el factor cuantía ni territorial y no, como se ha venido tramitando, en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Huila y en segunda por esta corporación.

En consecuencia, se declarará la nulidad en todo lo actuado en el presente asunto a partir del auto admisorio de la demanda proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 7 de junio de 2007, teniendo en cuenta que, para todos los efectos, las pruebas practicadas en el proceso conservarán su validez y tendrán eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirlas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior, una vez quede en firme la presente providencia, se ordenará a la secretaría de la Sección Tercera, proceda hacer el respectivo reparto entre los despachos que componen la Sección, para conocer el asunto de la referencia y decidir lo que corresponda en cuanto a la admisión de la demanda.

Igualmente se ordenará al Tribunal Administrativo del Huila que se abstenga de efectuar cualquier actuación tendiente a resolver cuestiones que le atañen a este proceso comoquiera que de conformidad con las consideraciones expuestas, el mencionado tribunal no tiene competencia para conocer del asunto de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE

1. DECLÁRESE LA NULIDAD de todo lo actuado en este proceso a partir del auto de 7 de junio de 2007, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Huila admitió la demanda, de acuerdo con las motivaciones expuestas.

2. ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Huila que se abstenga de efectuar cualquier actuación tendiente a resolver cuestiones que le atañen a este proceso.

3. Por Secretaria de la Sección Tercera, INFORMÉSE el contenido de la presente decisión a las partes y al Tribunal Administrativo del Huila y SEÑÁLESE que, para todos los efectos, las pruebas practicadas en el proceso conservarán su validez y tendrán eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirlas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

4. En firme esta decisión, por Secretaria de la Sección Tercera, SOMÉTASE el presente asunto al respectivo reparto.

Notifíquese y cúmplase».

11 Con excepción del auto proferido el 22 de agosto de 2014, dentro del proceso 110010326000200500023 00 (29974)

12 Proceso 110010326000200500023 00 (29974).

13 Ver también la sentencia proferida el 11 de julio de 2012 por la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso 27001233100019980444-01 (23546), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.