Auto 2007-00304 de febrero 4 de 2008

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. T. 13001-22-13-000-2007-00304-01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil ocho.

Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia del 21 de junio de 2005, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil denegó el amparo solicitado por la sociedad Hermanos Arabia Torres S.A. frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena.

El reclamo constitucional y su fundamento

1. La accionante demandó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por el juzgado acusado al proferir las providencias del 18 de mayo y del 4 de septiembre de 2007, mediante las cuales negó la terminación del proceso por pago total de la obligación solicitada por el apoderado judicial de la entidad demandante dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por BBVA Colombia contra Juan Pablo De la Espriella y Victoria Diazgranados de de La Espriella.

2. Sustentó su reclamo constitucional en que el juzgado accionado dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por BBVA Colombia contra Juan Pablo de La Espriella y Victoria Diazgranados de de La Espriella, mediante auto de 28 de marzo de 2007, a solicitud del actor autorizó el registro de la Escritura Pública contentiva de la venta del inmueble objeto de garantía a favor de la sociedad accionante, quien a su vez canceló la obligación cuyo recaudo allí se pretendía.

3. Agregó que luego de registrada la correspondiente Escritura de venta, el apoderado judicial del banco demandante solicitó la terminación del proceso por parte total de la obligación, y consecuencialmente, el desembargo del bien cautelado, petición que fue negada por el juzgado mediante auto de 18 de mayo de 2007, argumentando estar pendiente un incidente de desembargo promovido por un tercero que alega posesión sobre el inmueble, decisión contra la cual se formularon los recursos de ley, y por auto del 4 de septiembre de 2007, el juzgado dispuso su revocatoria parcial, en el sentido de desembargar el bien trabado, pero sin acceder a dar por terminado el proceso porque debía tramitarse el incidente de desembargo formulado por el tercero.

4. Adujo el accionante que el juzgado accionado con las decisiones adoptadas incurrió en una vía de hecho al interpretar erróneamente la ley, violando así el debido proceso y el derecho a la defensa de la accionante, solicitando que se le ordene revocar o declarar la nulidad de las aludidas providencias, para proceder en su lugar a dar por terminado el proceso cancelando el secuestro del bien trabado en el mismo.

La respuesta del accionado

El juzgado accionado manifestó que para la fecha en que se presentó la solicitud de terminación del proceso por el banco demandante coadyuvada por uno de los demandados, ya se había practicado la diligencia de secuestro del inmueble objeto de garantía hipotecaria, habiéndose formulado el incidente de desembargo por el tercero poseedor en los términos previstos en el art. 687 del C. de P.C., norma que al ser de derecho pública resulta de obligatorio cumplimiento, y para dar trámite y decidir el incidente, el proceso debe permanecer activo, toda vez que ordenar su terminación vulnera el derecho del tercero.

La sentencia impugnada

El juzgador de primer grado negó el amparo solicitado, pues si se aceptara la terminación del proceso se burlaría la oposición que aduciendo posesión formuló el tercero, motivo por el cual estima que no se aprecia un actuar caprichoso o arbitrario del juez accionado para tornar procedente la tutela.

La impugnación

El accionante sustentó su inconformidad con el fallo impugnado con similares argumentos a los expuestos en su escrito de tutela, agregando que el secuestro depende del embargo y por tanto debe correr la suerte de éste y que no tiene razón de ser seguir teniendo vigente una acción que culminó con el pago de la obligación, pues para la tutela de los derechos del tercero opositor existen las respectivas acciones posesorias.

Consideraciones

Examinado el proceso que el juzgado remitió a esta instancia, observa la Sala que el ejecutante solicitó al juez de primera instancia que decretara la terminación del proceso por pago total de la obligación, petición que no fue acogida por ese despacho judicial mediante providencia del 18 de mayo de 2007, contra la cual tanto la demandada como la aquí accionante –quien adquiriera el inmueble objeto de garantía hipotecaria- interpusieron el recurso de reposición, logrando sólo su revocatoria parcial en el sentido de acceder al desembargo de dicho bien, pues la decisión de no dar por terminado el proceso en razón de que se encontraba en trámite un incidente de desembargo formulado por un tercero, se mantuvo incólume.

Para la Corte, lo cierto es que la decisión del 18 de mayo del 2007, reiterada en la providencia del 4 de septiembre del mismo año, en cuanto a la negativa de terminar el proceso por pago total de la obligación a instancia del ejecutante, vulnera los derechos fundamentales invocados por la sociedad accionante, pues so pretexto de proteger los derechos del tercero poseedor que formuló el incidente de desembargo respecto del inmueble cautelado, inobservó el tenor del articulo 537 del C. de P.C., según el cual la terminación del proceso por pago total de la obligación procede a solicitud del ejecutante o de su apoderado con facultad de recibir, sin que su procedencia se encuentre sujeta a condición distinta.

De otra parte, se advierte una errónea interpretación en la aplicación que hace el funcionario acusado del numeral 1º del art. 687 del C. de P. C., pues estima que conforme a este precepto el levantamiento del embargo y secuestro procede si se pide por quien solicitó tal medida siempre y cuando no haya litisconsortes o terceristas, pues si los hubiere debe pedirse por aquél y por éstos, considerando que el tercero poseedor que formuló el incidente de desembargo respecto del bien cautelado califica como tercerista, interpretación esta de la norma que igualmente resulta equivocada, pues la intervención del tercero a que la misma alude hace relación es a otros ejecutantes que por ejemplo han acumulado sus demandas a la ejecución inicial para obtener la cancelación de un crédito que tienen a su favor.

En efecto, el juzgador accionado, concluyó que al encontrarse en curso un incidente de desembargo formulado por un tercero respecto del secuestro practicado sobre el inmueble trabado en litis, no resultaba posible acceder a la terminación del proceso por pago total de la obligación, toda vez que para despachar dicho trámite accesorio se tornaba imperioso que el proceso se encontrara activo, pues de no ser así, se vulneraría el derecho del referido tercero.

No obstante, parece olvidar el funcionario acusado que los derechos que aducen los terceros poseedores son susceptibles de dilucidarse dentro de los procesos posesorios previstos por la normatividad civil con tal propósito, no siendo el incidente de desembargo ni el único ni el más expedito escenario para la definición de los mismos, y si bien resulta ser cierta la existencia del incidente de desembargo formulada por el señor Fernando Gómez Vélez respecto del inmueble cautelado, no lo es menos que la misma no puede erigirse en justificación válida ni legal para abstenerse de dar aplicación al precepto contenido en el articulo 537 del C. de P.C., pues si la acreencia que motivó la iniciación del proceso ya se encuentra solucionada, sin lugar a dubitaciones, lo que procede es la terminación del proceso con el consiguiente levantamiento de las medidas cautelares –embargo y secuestro- practicadas sobre el bien, en aras de preservar el status quo de éste, es decir volver las cosas al estado en que se encontraban antes de su consumación.

Y es que sobre el juez recae el deber de orientar la actividad procesal y de hacer concretos los derechos subjetivos y fundamentales de las personas, pues esa es la finalidad del proceso. Luego el juzgador accionado no podía, como ya se advirtiera, so pretexto de dar trámite al aludido trámite accesorio, ignorar que el fin del proceso ejecutivo ya se había cumplido y dejar sub júdice la situación del inmueble.

La Sala sobre la interpretación restrictiva de la norma, ha precisado que “ ...si la función primordial del juez es la de velar por los derechos de las partes en el proceso, no se encuentra justificación alguna para que éste acuda a rigurosos tecnicismos y restrictivas interpretaciones del ordenamiento que le impidan adoptar las medidas pertinentes para que aquéllos no sean conculcados. Al respecto no puede olvidarse que las normas procesales no predeterminan integralmente la actividad el juez, razón por la cual, existe un amplio espacio que debe ser cubierto con los principios rectores del procedimiento, con miras a que el proceso agote cabalmente sus fines”. (sent. de 22 de septiembre de 2004, exp. T. 01009-00)

Así las cosas, procede conceder el amparo constitucional solicitado, no sin hacer claridad que éste en manera alguna implica que el juez accionado deba disponer la entrega del inmueble a favor de la sociedad accionante, ya que tal situación es una controversia que debe ser solucionada entre el tradente y el adquirente del mismo, pues si bien su venta fue autorizada dentro del proceso, ella no se efectuó por ministerio de la ley, razón por la cual al levantarse el secuestro del inmueble, éste debe volver a la persona que lo tenía al momento de practicarse dicha diligencia.

En consecuencia se dispondrá que el juzgado accionado en el término de cinco (5) dias contados a partir del recibo del expediente, proceda a resolver nuevamente sobre la solicitud de terminación del proceso formulada mediante escrito de 14 de mayo de 2.007, por el apoderado de la parte demandante y coadyuvada por el apoderado de la demandada compareciente, haciendo abstracción de los argumentos que ha esgrimido para no acceder a la misma y teniendo en cuenta lo aquí expuesto.

De conformidad con lo discurrido la Corte revocará el fallo impugnado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede y en, su lugar

RESUELVE:

1. Conceder la protección del derecho fundamental al debido proceso de la accionante.

2. Ordenar, en consecuencia, que, en el término de cinco (5) dias, contados partir del recibo del expediente, proceda a resolver nuevamente sobre la solicitud de terminación del proceso formulada mediante escrito de 14 de mayo de 2.007, por el apoderado de la parte demandante y coadyuvada por el apoderado de la demandada compareciente, haciendo abstracción de los argumentos que ha esgrimido para no acceder a la misma y teniendo en cuenta lo aquí expuesto.

3 . Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, enviando copia del fallo y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Consejeros Ponentes: Arturo Solarte RodríguezJaime Alberto Arrubla PaucarRuth Marina Diaz RuedaPedro Octavio Munar CadenaWilliam Namén VargasCesar Julio Valencia CopeteEdgardo Villamil Portilla.