Auto 2007-00318/52675 de mayo 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Rad.: 080012331000200700318 01 (52675)

Demandantes: Transportes Monterrey Ltda.

Demandados: Distrito de Barranquilla

Asunto: Acción de reparación directa (Decreto 01 de 1984)

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil diecisiete.

Procede el despacho a pronunciarse sobre el recurso de apelación formulado por la parte demandante en contra del auto proferido el 17 de junio de 2014, a través del cual el Tribunal Administrativo del Atlántico - Subsección de Descongestión negó la solicitud de amparo de pobreza presentada por la parte demandante Transportes Monterrey Ltda. (fls: 249 a 252, cdno. ppl. 2).

Antecedentes.

1.1. Mediante escrito presentado ante el :Tribunal Administrativo del Atlántico el 7 de mayo de 2007, la empresa; Transporte Monterrey Ltda., actuando por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y de Metrotránsito S.A., con el propósito de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes producto de las supuestas omisiones administrativas relacionadas con el incumplimiento de la inspección, control y vigilancia en la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, a través de vehículos no homologados para ello (fls. 1 a 18, cdno. ppl. 1).

1.2. La demanda correspondió por reparto al despacho del magistrado Ángel Hernández Cano, quien mediante auto del 8 de agosto de 2008 la admitió y ordenó notificar personalmente a las entidades demandadas (fl. 101 cdno.1 ppl).

1.3. Vencido el término de fijación en lista, el 30 de noviembre de 2012 se abrió a pruebas el proceso y se dispuso, entre otros aspectos, decretar la prueba pericial solicitada por la parte demandante. Al respecto indicó (fl. 135 cdno. 1 ppl):

• Prueba Pericial.

La parte demandante solicitó la práctica de un peritaje técnico, para determinar los perjuicios económicos ocasionados por la prestación irregular del servicio público de transporte de personas a través de motocicletas, para lo cual nómbrese a Ernesto Almansa Rubiano, perito contador, quien se puede ubicar en la carrera 66 # 79-21 Barranquilla- Atlántico.

1.4. El 26 de agosto de 2013 se rindió el dictamen pericial decretado (fls. 1 a 29 cdno. 2), del cual se dio traslado a las partes por el término de tres (3) días (fl. 189 cdno. ppl).

1.5. Posteriormente, el 13 de enero de 2014, el auxiliar de la justicia que rindió el dictamen pericial solicitó que se fijaran sus honorarios, los cuales fueron determinados por el a quo en auto del 24 de enero de 2014, por la suma de nueve millones ochocientos veinticinco mil pesos ($9.825.000), cuyo pago estaría a cargo de la parte demandante (fls. 219-220 cdo. ppl).

1.6. En consideración a lo anterior, el 20 de febrero de 2014, el apoderado judicial de la parte demandante solicitó el beneficio del amparo de pobreza consagrado en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se encuentra en capacidad para sufragar los emolumentos del proceso, manifestación que hizo bajo la gravedad del juramento (fls. 232 a 233 cdno. ppl).

2. Providencia Impugnada.

Mediante auto del 17 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico - Subsección de Descongestión negó la solicitud de amparo de pobreza bajo las siguientes consideraciones: i) que la petición era extemporánea, toda vez que el amparo de pobreza únicamente podía solicitarse al momento de presentación de la demanda en escrito separado y no en la etapa de pruebas, justo después de la realización del peritazgo, y ii) porque no se aportaron las pruebas necesarias para demostrar que la situación económica de la empresa Transportes Monterrey Ltda. estuviera mal, circunstancia que no se pudo definir a través de los documentos aportados al proceso, tal como lo requirió la parte demandante (fls. 249 a 252, cdno. ppl).

3. El Recurso de Apelación.

Estando dentro del término legal, el 24 de junio de 2014, la apoderada judicial de la parte demandante presentó debidamente sustentado recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la providencia que negó la solicitud de amparo de pobreza. El recurrente basó su argumento en que es suficiente el dictamen pericial ordenado por el despacho dentro del proceso para determinar la precaria situación económica por la que atraviesa la empresa Transportes Monterrey Ltda. (fls. 253 a 254, cdno. ppl).

4. Trámite Procesal.

A través de auto del 29 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico - Subsección de Descongestión dispuso no reponer la decisión y, en su lugar, concedió en el efecto devolutivo(1) el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 17 de junio de 2014, mediante el cual se negó la solicitud de amparo de pobreza (fls. 255 a 256, cdno. ppl).

Por reparto del 4 de noviembre de 2014, el conocimiento del recurso le correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación (fl. 262, cdno. ppl). Posteriormente, mediante auto del 6 de marzo de 2015 se admitió el recurso de apelación presentado por el demandante y se puso a disposición de la parte contraria por el término de tres (3) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código Contencioso Administrativo (fl. 264, cdno. ppl).

5. Competencia.

Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón a que la apelación se dirige contra un auto que negó un amparo de pobreza, esto de conformidad con el artículo 162(2) del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), aplicable a este proceso por remisión expresa del artículo 267(3) del Código Contencioso Administrativo.

6. Problemas Jurídicos.

Corresponde al despacho resolver los problemas jurídicos que se plantean a continuación:

i) Determinar si de conformidad con los artículos 160 y 161 de Código de Procedimiento Civil, la solicitud de amparo dé pobreza únicamente podía ser presentada junto con la demanda o, si por el contrario, no se-encontraba fijado ese límite temporal en la ley.

ii) Definir si se requiere de prueba para que las personas jurídicas puedan acceder al beneficio del amparo de pobreza y, en caso afirmativo, determinar si el dictamen pericial rendido dentro del proceso constituye prueba idónea es la prueba idónea para demostrar la precaria situación económica de la empresa Transportes Monterrey Ltda., por la cual se solicita el amparo.

7. Consideraciones.

Estima el despacho que debe confirmarse el auto proferido el 17 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la solicitud de amparo de pobreza formulada por la parte demandante, por los motivos que se exponen a continuación:

7.1. Sobre la solicitud de amparo de pobreza y su oportunidad.

7.1.1. El amparo de pobreza se encuentra previsto en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente:

“ART. 160.—Se concederá amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso.

7.1.2. De acuerdo con el contenido de la norma antes transcrita, advierte el despacho que la figura del amparo de pobreza se encuentra instituida con el fin de asegurar o garantizar el acceso a la administración de justicia respecto a aquellas personas que no se encuentran en la posibilidad de solventar los gastos derivados de un proceso, ya sea porque se afectan o disminuyen sus ingresos básicos de subsistencia, o porque podrían verse afectados .en similar sentido las personas que se encuentran a cargo de quien se encuentra en el deber de solventar los gastos.

7.1.3. En este sentido, el amparo de pobreza constituye un derecho de naturaleza procesal cuya finalidad principal es la de garantizar la igualdad entre las partes inmersas en una controversia judicial, pues el hecho de no poseer los medios económicos para solventar o asumir los gastos propios de un proceso judicial, en nada puede afectar el derecho fundamental de toda persona a acceder a la administración de justicia con el fin de obtener una decisión sobre un caso concreto, ni puede servir de base para romper el equilibrio que debe existir entre las partes involucradas en un litigio.

7.1.4. Además, no puede pasarse por alto que los efectos derivados del otorgamiento de un amparo de promesa son básicamente económicos, ya que de accederse a una petición de esta índole la parte beneficiada no tendrá que pagar ninguno de los gastos derivados del proceso —costas, honorarios, entre otros— y tampoco estará en la obligación de contratar a un apoderado judicial, evento este último que operará siempre y cuando la parte solicitante no haya designado a uno por su cuenta.

7.1.5. Ahora, en lo que tiene que ver con la oportunidad, competencia y requisitos de la solicitud de amparo de pobreza, el artículo 161 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente:

“ART. 161.—El amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso.

El solicitante deberá afirmar bajo juramento, que se considera prestado por la presentación de la solicitud, que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado.

Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que concurra al proceso y actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente, la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando éste acepte el encargo (resaltado fuera de texto).

7.1.6. En lo que respecta a la oportunidad para solicitar el amparo de pobreza, de la norma antes citada se advierte que dicho derecho puede ser solicitado i) por la parte demandante al momento de presentar la demanda mediante escrito separado, o ii) por cualquiera de las partes en el transcurso del proceso, previsión esta última que es apenas razonable si se tiene en cuenta que podría ser por circunstancias acaecidas con posterioridad a la presentación de la demanda que se genere la necesidad de pedir el amparo.

7.1.7. Así las cosas, comoquiera que el inciso, primero del artículo 161 del Código de Procedimiento Civil permite a las partes que formulen el amparo de pobreza en cualquier etapa del proceso, pues no fija límite alguno al señalar que durante el transcurso del mismo puede realizarse, se impone concluir que no fue acertado el argumento del a quo al señalar que había lugar a negar la petición de la sociedad Transportes Monterrey Ltda. por extemporánea, ya que no era cierto que solamente podía hacer esa petición al momento de presentación de la demanda.

7.1.8. Por lo anterior, debido a que la petición de amparo de pobreza formulada por la sociedad Transportes Monterrey Ltda. no se encontraba sujeta a un límite o etapa procesal, procederá el despacho a analizar si era posible que una persona jurídica accediera a ese derecho y, en caso afirmativo, se estudiará si la solicitud cumplía con todos los requisitos para su otorgamiento.

7.2. El amparo de pobreza frente a personas jurídicas.

7.2.1. A pesar de que el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil no establece distinción alguna respecto de la titularidad del amparo de pobreza, pues únicamente se refiere a las personas en sentido general y no excluye a las personas jurídicas de manera expresa, de la redacción y contenido de la norma pareciera que se trata de un beneficio o derecho reservado a las personas naturales, esto por cuanto, en principio, solamente podrían predicarse necesidades básicas de este tipo de personas y porque es a estas a las que corresponde la obligación de dar alimentos. No obstante lo anterior, en virtud del derecho a la igualdad, esta Corporación ha admitido la procedencia del amparo de pobreza frente a personas jurídicas cuya situación económica no les permite cumplir con las cargas económicas del proceso, circunstancia que debe estar demostrada siquiera sumariamente y con los documentos idóneos para este tipo de personas(4).

7.2.2. Al respecto, la Sección Cuarta de esta Corporación en auto del 5 de mayo de 2011(5) se pronunció respecto a las dificultades económicas que debía padecer una persona jurídica para que fuera procedente el amparo de pobreza y a la prueba idónea de esa situación en los siguientes términos:

Esas dificultades económicas, en todo caso, deben ser graves al punto que, de cumplirse la carga procesal pecuniaria, se afectaría o se pondría en grave riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto es, los simples apuros económicos no son razón suficiente para conceder el beneficio del amparo de pobreza a las personas jurídicas, pues sólo las situaciones de extrema gravedad económica debidamente acreditadas hacen procedente dicho beneficio a favor de ellas.

De ahí que a la persona jurídica le corresponda probar, por medio de los estados financieros actualizados, que se encuentra en una crítica situación económica y que, por ende, no puede cumplir con las cargas procesales pecuniarias, porque se vería afectada de manera grave la sostenibilidad financiera de la compañía. Al juez, por su parte, le compete examinar las pruebas con las que se pretenda demostrar la difícil condición económica de la empresa y determinar si existe una situación de extrema necesidad, que le impida a la persona jurídica cumplir con las cargas procesales monetarias.

7.2.3. Conforme a lo anterior, puede concluirse que el beneficio procesal del amparo de pobreza no se predica de manera exclusiva respecto de las personas naturales, sino que también resulta aplicable a las personas jurídicas que se encuentren en situaciones de extrema gravedad financiera y económica, aspectos estos que en el caso de las sociedades legalmente constituidas únicamente pueden ser constatados o verificados con los documentos que den total confianza sobre la situación financiera actual de la empresa —estados financieros actualizados, libros de contabilidad, certificaciones emanadas de los encargados del área de contabilidad de la empresa debidamente soportados, entre otros—, carga probatoria que este despacho comparte y considera razonable en razón a que no toda afirmación o documento tiene la vocación de reflejar el estado económico de una persona jurídica.

7.2.4. Además, otro motivo por el que se estima razonable la exigencia de documentos específicos en el caso de las peticiones de amparo de pobreza elevadas por personas jurídicas, tiene que ver con las obligaciones que les impone la legislación comercial a quienes se dedican a actividades comerciales, ya que el artículo 48 del Código de Comercio(6) es claro al indicar que corresponde a los comerciantes llevar su contabilidad y plasmar en ella sus estados financieros en general.

7.2.5. Así las cosas, se puede concluir que si bien las personas jurídicas pueden solicitar amparo de pobreza cuando su situación financiera se encuentre en grave estado, no basta con que afirmen esa situación para que tenga que accederse a los beneficios derivados de la figura que se solicita aplicar, pues resulta necesario que se demuestre siquiera sumariamente con los documentos idóneos —libros de contabilidad y estados financieros actualizados, entre otros— que, en efecto, no se cuentan con los recursos necesarios para solventar los diversos gastos generados en el proceso.

7.2.6. Debido a que ya se encuentra sustentado el deber de la persona jurídica de probar su situación de gravedad económica a efectos de que se acceda al amparo de pobreza, procederá el despacho a estudiar el caso concreto con el fin de determinar si existen pruebas idóneas que demuestren la supuesta situación económica precaria de la empresa Transportes Monterrey Ltda.

7.3. Análisis del caso concreto.

7.3.1. Adujo la empresa Transportes Monterrey Ltda. que se encontraba en imposibilidad de asumir los honorarios reconocidos al auxiliar de la justicia Rafael Alberto Ramírez García, quien, elaboró un dictamen pericial solicitado por esa parte y se le fijaron $9.825.000 como honorarios, porque supuestamente no se encontraba en capacidad económica de sufragar ese gasto derivado del proceso. A su vez, agregó que la precaria situación económica de la empresa podía ser verificada con el mismo dictamen pericial aportado al proceso, en el que, a sentir de la parte solicitante, se reflejan las pérdidas sufridas con ocasión de la proliferación del fenómeno de transporte informal de mototaxismo, aspecto que por demás es el objeto del presente litigio.

7.3.2. Contrario a lo manifestado por la empresa Transportes Monterrey Ltda., estima el despacho que no se encuentra demostrada de manera idónea la supuesta precariedad económica alegada, ya que, por una parte, no se adjuntaron los libros de contabilidad o estados financieros actualizados que corroboraran lo manifestado en la petición de amparo de pobreza y, por otra parte, porque el dictamen pericial aportado al proceso constituye una prueba del objeto del litigio y con su valoración anticipada podría verse comprometida la imparcialidad; del juzgador, así como el asunto de fondo.

7.3.3. De otro lado, aún si se llegara a tener en cuenta el dictamen pericial aportado al proceso por el auxiliar de la justicia Rafael Alberto Ramírez García, el mismo tampoco tendría vocación para demostrar la situación económica actual de la empresa Transportes Monterrey Ltda., toda vez que este se limitó a determinar la presunta disminución de ingresos generada con ocasión del transporte informal de mototaxis en la ciudad de Barranquilla, cuestión esta que además de tener que ver con el fondo del asunto, no refleja como tal la presunta situación económica grave de la peticionaria, pues el hecho de tener bajas en los ingresos no significa per se que no cuenta con los ingresos suficientes para solventar los gastos derivados del proceso de la referencia.

7.3.4. De igual forma, no puede obviar el despacho que la petición de amparo de pobreza se presentó precisamente cuando se fijaron los honorarios del auxiliar de la justicia que elaboró el dictamen aducido, y que si hubiera sido cierto que la parte demandante se encontraba en una grave situación económica a causa del mototaxismo informal, circunstancia que se presentó antes de la demanda porque dio lugar a ella, lo más razonable es que se manifestara esa supuesta afectación económica grave desde el inicio del proceso y no cuando se fijó un gasto derivado del mismo, de ahí que tampoco sea creíble para el despacho la afectación grave alegada en la petición de amparo.

7.3.5. En este sentido, comoquiera que no se encontró demostrada siquiera sumariamente la supuesta afectación económica de la empresa Transportes Monterrey Ltda. que le impedía asumir los gastos derivados del presente proceso, el despacho confirmará la decisión adoptada el 17 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por la cual se negó el amparo de pobreza solicitado.

7.3.6. De igual forma, además de confirmar la decisión apelada, el despacho procederá a imponer a la empresa Transportes Monterrey Ltda. la multa de un salario mínimo mensual vigente para la fecha en que se presentó la petición de amparo(7) ($616.000), de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil y por ser evidente que no se demostraron supuestas afectaciones económicas graves de la peticionaria.

7.3.7. Ahora, debido a que en constancia obrante en folio 266 del cuaderno principal se expresa que los procesos que habían sido asignados al magistrado de descongestión Welfren de Jesús Mendoza Osorio pasaron al despacho del magistrado César Torres Ormaza, se dispondrá la remisión de este asunto a este último o a quien le correspondió el conocimiento de los procesos que venía tramitando el magistrado ponente de la decisión materia del recurso.

En mérito de lo expuesto, el despacho,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Subsección dé Descongestión el 17 de junio de 2014, mediante la cual se negó la solicitud de amparo de pobreza presentada por la parte demandante, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Imponer a la empresa Transportes Monterrey Ltda. la multa de seiscientos dieciséis mil pesos m/cte ($616.000), la cual deberá ser pagada a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura en la cuenta que dicha entidad disponga para tal fin, esto de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior, una vez ejecutoriada esta providencia, se dispondrá igualmente a través de la Secretaría de la Sección remitir copia auténtica de esta decisión al Consejo Superior de la Judicatura para que tenga conocimiento de la multa impuesta y, si es el caso, adelante el cobro correspondiente.

3. Una vez ejecutoriada esta providencia y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, despacho del magistrado César Torres Ormaza o a quien le haya correspondido el conocimiento de los procesos que venía tramitando el magistrado ponente de la decisión materia del recurso.

Notifíquese y Cúmplase

Magistrado: Ramiro Pazos Guerrero.

1. A pesar de que el recurso fue concedido en el efecto devolutivo, mediante Oficio 0644-14 del 15 de agosto de 2014 fue remitido a esta Corporación todo el expediente, compuesto por 3 cuadernos con 316 folios y 4 libros empastados del dictamen pericial (Dl. 258 cdno. ppl)

2. “ART. 162.—Trámite. Cuando se presente junto con la demanda, la solicitud de amparo se resolverá en el auto admisorio de aquélla.// En la providencia en que se deniegue el amparo, se impondrá al solicitante una multa de un salario mínimo mensual.// El auto que niega el amparo es apelable, e inapelable el que lo conceda”. (Se resalta)

3. “ART. 267.—En los aspectos no contemplados en éste código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

4. Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 5 de mayo de 2011, Exp., 18169, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

5. Ibídem

6. “ART. 48.—Conformidad de libros y papeles del comerciante a las normas comerciales— medios para el asiento de operaciones. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y “estados financieros en general”, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la micro filmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo será permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. (resaltado fuera de texto)

7. La solicitud de amparo de pobreza fue presentada el 20 de febrero del año 2014, tal y como consta en fofo 231 del cuaderno 1.