Auto 2007-00379 de febrero 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 05001 23 31 000 2007 00379 01

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actoras: Gloria Elena Mira Arbeláez y otra

Demandado: Municipio de Medellín

Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de dos mil diecisiete.

Se deciden los recursos de apelación oportunamente interpuestos por los apoderados judiciales de las partes demandante y demandada, en contra del auto de 29 de julio de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 403 a 408), por medio del cual se resolvió el incidente de liquidación de perjuicios materiales, formulado por las demandantes y derivado de la sentencia de 28 de mayo de 2012 (fls. 307 a 326), en la que se ordenó reconocer el valor indemnizatorio, a título de lucro cesante, por la pérdida de la utilidad económica que percibían las ciudadanas Gloria Elena y Ana Cristina Mira Arbeláez, producto de dos locales que funcionaban en el bien inmueble objeto de la expropiación por vía administrativa, adelantada por la entidad territorial demandada, y que motivó el proceso que nos ocupa.

I. Antecedentes

Las ciudadanas Gloria Elena y Ana Cristina Mira Arbeláez, obrando a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones 1441 de 2 de octubre de 2006 “Por la cual se dispone la expropiación por vía administrativa de un bien inmueble”, y 1554 de 30 de octubre de 2006 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Alcaldía de Medellín. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se condenara a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales que se llegaren a demostrar dentro del proceso, especificando en el libelo, el rubro de lucro cesante “representado en el valor de la utilidad esperada que se deriva del menor valor recibido por el inmueble expropiado”.

Una vez agotadas las etapas del proceso judicial, propias de la acción contenciosa impetrada(1), el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 28 de mayo de 2012, decidió:

“Ordenar reconocer el valor indemnizatorio a título de lucro cesante por la pérdida de la utilidad económica que percibían los dos locales que existían en el bien inmueble expropiado, a las demandantes Ana Cristina Mira Arbeláez y Gloria Elena Mira Arbeláez, en consecuencia se Condena In Genere (sic) a la entidad demandada” (negrilla dentro del texto original)

El a quo emitió tal decisión luego de considerar que:

“En lo concerniente a la tasación de los demás perjuicios reclamados por las actoras en su calidad de anteriores propietarios del inmueble expropiado, la Sala observa que la circunstancia particular de que no se haya adoptado una metodología para la valoración de aquellos daños y perjuicios ajenos a la expropiación de un inmueble por vía administrativa, no puede servir de pretexto a la administración para desconocer la obligación de indemnizar en forma justa y plena los perjuicios patrimoniales accesorios causados a los propietarios, pues ello equivaldría a desconocer el verdadero alcance de lo dispuesto en los artículos 34 y 58 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 17 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y el artículo 21.2 del Pacto de derechos económicos y sociales o Pacto de San José de Costa Rica.

Aunque es cierto que el interés particular debe ceder ante el interés general, no puede pretenderse que los administrados puedan ser constreñidos a soportar sacrificios especiales en su nombre, pues ello entrañaría un desconocimiento del principio de igualdad en la distribución de las cargas públicas.

En ese orden de ideas, todos aquellos daños que logren demostrarse y que hayan tenido origen en la decisión de privar a un particular del derecho de dominio, deben ser plenamente indemnizados, siempre y cuando exista un nexo de causalidad entre el daño inferido y la determinación administrativa mediante la cual se ordena la expropiación.

De la lectura del avalúo oficial, visible a folio 150, así como de los testimonios obrantes a folios del expediente, se desprende que como lo señaló la parte actora en los fundamentos fácticos de la demanda, en el inmueble expropiado funcionaba efectivamente un local comercial en el primer piso, establecimiento denominado droguería la Botica Junín, y en el segundo piso del inmueble operaba el restaurante Balcón del Poblado.

(…)

Así, en el caso sub lite, las pruebas allegadas al proceso, analizadas en su conjunto, no tienen la fuerza de convicción suficiente para demostrar en forma fehaciente el valor de los cánones, en razón de que los contratos aportados se encuentran en copia simple, razón por lo cual esta Sala estima que se requieren evidencias complementarias, para dar certeza sobre el monto de los mismos.

A pesar de lo anterior, la Sala observa como el auxiliar de la justicia en el dictamen pericial antes analizado, emitió su concepto sobre el monto del lucro cesante, tomando como referencia la información contenida en el avalúo contratado por la parte actora y enunciado en el escrito de demanda, sin detenerse a examinar de fondo los documentos que servían de base a tal afirmación.

(…)

Al analizar las pruebas arrimadas al expediente, se puede deducir la naturaleza del daño, esto es, la pérdida de utilidad económica que percibían las accionantes del bien inmueble expropiado, y a que no fue tenida en cuenta debidamente en el avalúo oficial, en tanto solo se indemnizó el daño emergente, omitiéndose así la indemnización reparatoria que correspondía, al no incluir el lucro cesante.

Sin embargo, como ya se indicó, el monto del daño por concepto de lucro cesante no fue probado debidamente por las accionantes, de forma tal que procede la condena in genere o en abstracto, precisamente invocando los principios de equidad y acceso real a la administración de justicia, razón por la cual, la parte demandante acreditó la propiedad del inmueble expropiado y que el mismo era objeto de explotación económica, pero sin embargo, no logró certificar de manera idónea el valor de la utilidad percibida por dicha explotación, en tanto se aportaron unos contratos de arrendamiento en copia simple, a los cuales no se les dio valor probatorio, con base en lo anterior, la parte actora podrá promover el correspondiente incidente, de conformidad con los artículos 135 a 137 del C.P.C.

Para el reconocimiento del lucro cesante consolidado, se tendrá en cuenta la fecha en que se inicia el daño, es decir la fecha de la expropiación, parámetro a tener en cuenta al ser promovido el incidente”.

Ejecutoriada la providencia que resolvió la litis(2), y dentro de la oportunidad legal establecida(3), el apoderado de las demandantes, mediante memorial visible de folios 329 a 333 (cdno. 2), interpuso incidente de liquidación de perjuicios materiales, con el fin de establecer la cuantía del rubro reconocido en dicho proveído, la cual fijó de la siguiente manera:

Quinientos noventa y tres millones cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos dieciséis pesos ($ 593.473.616), por concepto de lucro cesante, dejado de percibir en razón a la expropiación sufrida por mis mandantes y en atención al contrato de arrendamiento para local comercial suscrito entre mis poderdantes y Drogueria Dropopular S.A. (…) que funcionaba en el bien inmueble expropiado,

(…)

Cincuenta y cinco millones trescientos noventa y seis mil trescientos treinta y nueve pesos ($ 55.396.339) por concepto de lucro cesante, dejado de percibir en razón a la expropiación sufrida por mis mandantes y en atención al contrato de arrendamiento para local comercial suscrito entre mis poderdantes y Balcón del Poblado Restaurante, que funcionaba en el segundo piso del bien inmueble expropiado”.

En auto de 14 de enero de 2013 (fl. 355), el despacho sustanciador procedió a correr traslado del incidente de liquidación de perjuicios, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante escrito obrante a folios 360 a 363, la apoderada de la entidad territorial incidentada descorrió el traslado oponiéndose a la liquidación presentada por el incidentante, argumentando, en síntesis, que con los documentos allegados no era factible determinar la cuantía del valor indemnizatorio por la pérdida de utilidad económica.

Adujo también en su escrito que:

“El tribunal señala como fecha de inicio “del daño” la fecha de expropiación.

Además que no es cierto que la expropiación genere un daño ilícito, tampoco señala el Tribunal que los perjuicios por “pérdida de la utilidad económica” se tuvieran que tasar hasta la fecha en que se presentara la liquidación de perjuicios.

Lo anterior ocurre, toda vez que con el producto del precio indemnizatorio el demandante podía haber adquirido otros inmuebles los cuales perfectamente podría haber dado en arriendo, o darles otra destinación que igualmente le permitiera haber obtenido rentabilidad.

Eventualmente, se podría establecer una “pérdida de utilidad económica” por el período razonable en que el expropiado pueda adquirir con el valor indemnizatorio un nuevo inmueble y que empezara a generar ingresos o rentabilidad, por ejemplo por concepto de arriendo, pero no es factible determinar que está perdida se mantiene durante todo el tiempo que dure el proceso y hasta el momento de la liquidación de la condena, a pesar de que el expropiado obtuvo oportunamente el valor indemnizatorio, que en el caso que nos ocupa ocurrió en el mes de diciembre del año 2006”.

Mediante proveído de 29 de julio de 2013 (fls. 403 a 408), el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el incidente de liquidación de perjuicios, fijando en la suma de cuarenta y un millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos tres pesos con cincuenta y seis centavos ($ 41.189.603.56), el valor de los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante derivados de la sentencia proferida el 28 de mayo de 2012. Para el efecto manifestó lo siguiente:

“Sometido a análisis y valoración el material probatorio que reposa en el incidente objeto de liquidación, se encuentra que la existencia del contrato de arrendamiento del local comercial ubicado en el primer piso del inmueble expropiado a las señoras Ana Cristina y Gloria Elena Mira Arbeláez, suscrito por la sociedad Droguería Popular S.A., y en el cual funcionaba el establecimiento de comercio denominado Botica Junín, fue plenamente acreditado, así como la cuantía del canon que las demandantes percibían por dicho arrendamiento. A esta falladora no que (sic) le queda duda alguna sobre la cuantía mensual del perjuicio que sufrieron los demandantes con la expropiación del primer piso del inmueble de su propiedad.

Sin embargo, no puede sostenerse lo mismo frente a la modalidad de explotación económica del local comercial ubicado en el segundo piso de la edificación, pues para el efecto solo se cuenta con dos declaraciones.

(…)

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que justamente, la carga de acreditar la cuantía del perjuicio sufrido por el concepto de lucro cesante, recaía sobre las demandantes (art. 177 del Código de Procedimiento Civil), la suscrita solo reconocerá por el mencionado concepto, lo dejado de percibir por la terminación del contrato de arrendamiento del local comercial donde funcionaba la droguería Botica Junín, pues como se precisó con antelación, no solo se demostró en forma clara y detallada la existencia del contrato, sino también el valor del canon de arrendamiento.

Ahora, con el fin de establecer el monto de indemnización a reconocer a las demandantes por el concepto ya precisado, el despacho retomará los parámetros establecidos para el efecto por el tribunal de cierre de esta jurisdicción, al analizar un tema similar al que ahora ocupa la atención, así:

‘De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que en este caso, en el que no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de manera justa y plena los detrimentos patrimoniales accesorios causados a los propietarios de una expropiación por vía administrativa, el juez debe dar aplicación al artículo 8º de la Ley 153 de 1887, según el cual ‘cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho’.

En dicho sentido, la Sala considera, como lo consideró el a quo, que la norma aplicable para resolver este asunto se encuentra contenida en el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, que establece:

‘ART. 21.—Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial:

(…)

6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses’.

En este orden de ideas, y en aplicación de la norma transcrita, se tiene que si el canon de arrendamiento del inmueble expropiado era de $ 300.000 mensuales, bien obró el a quo en condenar al municipio de Medellín a pagar a la parte actora como indemnización por lucro cesante la suma de $ 1.800.000, que debidamente indexada arrojó un total de $ 2.618.888 y, como consecuencia de ello a declarar la nulidad parcial de los actos acusados, en cuanto en la indemnización reconocida por la administración no se tuvo en cuenta el perjuicio material, en su modalidad de lucro cesante sufrido por dicha parte’.

Así entonces, los valores y parámetros que se tendrán en cuenta para efectuar la liquidación del perjuicio causado a las demandantes serán: el valor del canon de arrendamiento y un lapso de seis meses siguientes a la terminación del contrato de arrendamiento, con motivo de la expropiación del inmueble”.

II. Fundamentos de los recursos

En escrito obrante a folios 409 a 410, el apoderado judicial de las demandantes interpuso recurso de apelación en contra del auto de 30 de abril de 2014, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

“El honorable tribunal al decidir el “incidente condena in genere/liquidación de perjuicios”, del proceso de la referencia, basa su fundamentación, para la liquidación del Lucro Cesante, en lo establecido en el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998,

(…)

No tiene ninguna relación con el caso que nos ocupó en la demanda de la referencia, pues el artículo 37 de la ley 9 de 1989, se refiere a los perjuicios sufridos por la afectación de una propiedad, por causa de una obra pública, es decir cuando el bien es afectado su movilidad por la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria.

Lo anterior, hace que el basamento jurídico para la decisión de la cuantificación del perjuicio, sea inaplicable al caso de la expropiación a que se sometió el bien de las demandante (sic) y tendrá que concedérsele el derecho reclamado por mis poderdantes, con el verdadero lucro cesante tasado en el incidente”.

Por su parte, la apoderada judicial de la entidad territorial demandada puntualiza su inconformidad, en los siguientes aspectos:

“Con el escrito de la demanda se presentó copia simple del contrato de arrendamiento con la Droguería Popular S.A. con fecha 9 de marzo de 1996, igualmente no se aportó copia del contrato del local en donde al parecer funcionaba un restaurante, motivo por el cual el tribunal en la sentencia en donde decidió condenar in genere resto mérito probatorio a estos documentos.

El tribunal en esa oportunidad hace un amplio análisis con respecto al valor de la copia simple del contrato de arrendamiento, concluyendo que las pruebas allegadas al proceso no tienen fuerza de convicción suficiente para demostrar en forma fehaciente el valor de los cánones, en razón a que los aportados se encuentran en copia simple, razón por lo cual la Sala estimó que se requerían evidencias complementarias para dar certeza sobre el monto de los mismos.

Los demandantes pretendieron superar las observaciones del tribunal presentado copia del original del contrato en el incidente que nos ocupa y certificados que pretendían demostrar la existencia de ambos contratos y los cánones que, al parecer, se percibían al momento de la expropiación del inmueble en comento.

(…)

Por lo anterior, el tribunal debió restar merito probatorio a los documentos y certificados aportados por el apoderado en el escrito de solicitud de liquidación de la condena tendientes a demostrar la existencia del contrato de arrendamiento, toda vez que no era la oportunidad.

(…)

Además, con este documento nada se prueba en el caso de que no haberse expropiado el inmueble, efectivamente las demandantes hubieran continuado arrendando el local a la misma empresa y por el canon señalado por la parte demandante. El contrato no está suscrito a término indefinido.

(…)

Los anteriores razonamientos deben impedir otorgar plena credibilidad a los medios de prueba antes mencionados y, por el contrario, llevan a concluir que la existencia de los contratos de arrendamiento y el daño causado a título de lucro cesante derivado de su terminación, no fueron debidamente probados.

(…)

El tribunal, para decidir el valor de los perjuicios, decidió hacer extensiva la aplicación del numeral 6º del Decreto 1420 de 1998, del Presidente de la República, relacionada con la compensación que se debe reconocer a los propietarios de los inmuebles por las limitaciones que genera una afectación por obra pública.

(…)

En primer lugar tenemos que tener muy claro que es una afectación por obra pública y los motivos por los cuales el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998 determina el pago de las compensaciones al propietario de un inmueble afectado por obra pública y cuyos ingresos provenientes de una actividad productiva, se encuentran limitados por causa de esta decisión administrativa.

Acorde con lo dispuesto en la Ley 9ª de 1989 artículo 37,

(…)

Esta disposición se complementa con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 388 de 1997 titulado “compensación de cargas” que exige a las entidades públicas que impongan la afectación que dispongan de la apropiación presupuestal correspondiente al pago de la compensación debida a su propietario por los “perjuicios sufridos durante el tiempo de afectación, cuya tasación será realizada por peritos inscritos en lonjas o asociaciones correspondiente”.

Es decir, el avalúo al que se refiere el artículo 37 de la Ley 9ª de 1997, y por ende el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, no es por la adquisición del inmueble sino por los perjuicios que sufra el propietario del predio por la limitación que soporta al no poder acceder a una licencia urbanística, con motivo de la futura ejecución de una obra pública en su predio.

(…)

En el caso concreto que el particular sea propietario de un inmueble “destinado a actividades productivas”, el artículo 21, numeral 6º del Decreto 1420 de 1998, presenta una particular forma de compensación, por la afectación, pero también establece los límites de la misma. En este caso, solo si presenta una limitación a la “generación de ingresos provenientes de estas actividades productivas”, podrá solicitar una compensación “por las rentas que dejaren de percibir” y el tiempo máximo de este reconocimiento es por seis meses.

Esta es la gran diferencia, en la expropiación el particular propietario recibe el valor comercial del inmueble como precio indemnizatorio, en el caso de las afectaciones por obra pública el artículo 21 del Decreto 1420 reconoce es la compensación la limitación que se genera, independientemente si se adquiere o no el bien inmueble.

Cuando se presenta una expropiación, el propietario del inmueble tiene el derecho a recibir el valor comercial del inmueble y de aquellos perjuicios que efectivamente pueda probar.

Si el valor del inmueble reconocido es justo, entregado oportunamente y de contado, como ocurre en el caso que nos ocupa, la suma de dinero obtenida es susceptible de seguir produciendo rentas.

Nada impide a quien recibe el precio indemnizatorio que destine esta suma de dinero a cualquiera de las opciones que ofrece el mercado en Colombia y que le produzca una renta, por ejemplo adquisición de CDT, ganado, acciones, colocación de dinero en un banco que le reconozca el interés bancario, entre muchas otras opciones.

Incluso, el particular expropiado puede adquirir un inmueble con características similares al que entregó a la administración y percibir cánones por arrendamiento del mismo. Mientras adquiere el nuevo inmueble puede poner a rentar el dinero en cualquiera de las opciones antes mencionadas.

En el caso que nos ocupa no se presenta prueba alguna que demuestre que después de expropiado el inmueble y haber obtenido el valor justo de la indemnización, las propietarias de los inmuebles fueron perjudicadas con la medida (…).

Como ha expresado el Consejo de Estado, en el caso de las expropiaciones es necesario que los daños que han de ser reparados sean ciertos, no pueden ser hipotéticos o contingentes, debe haber certeza en su existencia. (…)

Señalar que siempre que se expropia un inmueble se generan perjuicios equivalentes a seis (6) meses del valor de los cánones de arriendo, no deja de ser una mera suposición, carente de sustento probatorio alguno”.

III. Consideraciones

En el caso sub examine corresponde al despacho(4) desatar los recursos de apelación interpuestos, en torno a dos aspectos, a saber: i) la demostración y certeza del daño en el incidente de liquidación de perjuicios y el objeto de los medios de prueba aportados y solicitados en el incidente de liquidación de perjuicios y, ii) la forma de cuantificar el lucro cesante para inmuebles expropiados destinados a actividades productivas.

3.1. La demostración y certeza del daño en el incidente de liquidación de perjuicios y el objeto de los medios de prueba aportados y solicitados en el incidente de liquidación de perjuicios.

Frente a este aspecto, la apoderada judicial de la entidad territorial demandada sostuvo que no debió otorgarse plena credibilidad a los medios de prueba documentales aportados, esto es, a los contratos de arrendamiento de los locales comerciales, por cuanto en el proceso que culminó con la condena in genere y en que se ordenó la liquidación incidental, el tribunal de primera instancia sostuvo que los documentos aportados al proceso en copia simple, no tenían la fuerza de convicción suficiente para demostrar el valor de los cánones, concluyendo que el daño causado a título de lucro cesante derivado de la terminación de los contratos de arrendamiento no fue debidamente probado.

Al respecto, encuentra el despacho que no están llamados a prosperar los cargos expuestos por la apoderada judicial de la entidad demandada, toda vez que en la etapa de liquidación incidental de los perjuicios, reconocidos y ordenados fijar por el a quo, mediante providencia que hizo tránsito a cosa juzgada, el objeto de la actuación giró en torno a la tasación del mismo, no siendo procedente analizar la demostración y certeza del daño en esta instancia, pues la decisión existente al respecto ya ha sido adoptada y se encuentra ejecutoriada.

En este sentido, no siendo procedente su estudio en dicha oportunidad ni en esta, queda claro entonces que la finalidad del incidente y las actuaciones, medios de prueba y demás, tienen por fin obtener la liquidación de los perjuicios que ya han sido reconocidos en la instancia correspondiente, sin que haya lugar a controvertir su causa o fundamento.

Ahora bien y en lo atinente a la solicitud de la apoderada judicial del ente territorial demandado en el sentido de que se deben desestimar las pruebas documentales aportadas en el incidente de liquidación de perjuicios y con las que, a su juicio, la parte demandante busca “mejorar la prueba de su derecho”, resalta el despacho que a la luz de la Constitución Política, el negar las pretensiones en un proceso judicial en el cual los documentos han sido aportados por las partes en copia simple y han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar de modo injustificado el principio de prevalencia del derecho sustancial, así como el acceso a la administración de justicia, razón por la que debe reconocerse el valor de la prueba que ha obrado en el proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue tachada como falsa ni desconocida por la parte contra la que se aducen. En relación con este punto, la Sala Plena de la Sección Tercera, de esta corporación, se pronunció de la siguiente manera:

“En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.). […] Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes.

De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza”(5).

En este contexto, para este despacho erró el a quo al no dar valor a las copias simples que soportaban el contrato de arrendamiento en la sentencia que dio origen al incidente de liquidación de perjuicios, esto es, desconoció el alcance de las normas procesales y los principios constitucionales en los que prima la materialización de los derechos sustanciales.

3.2. La forma de cuantificar el lucro cesante para los inmuebles expropiados destinados a actividades productivas.

Para la actora el proveído recurrido hace una cuantificación del lucro cesante basándose en una norma inaplicable al caso de la expropiación, por cuanto el Decreto 1420 de 1998, en su artículo 21, numeral 6º(6), se refiere a la forma de cuantificar los perjuicios sufridos por la afectación de una propiedad como consecuencia de una obra pública.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en la providencia recurrida, determinó fijar los perjuicios materiales a título de lucro cesante, aplicando por analogía para la tasación del rubro, el artículo 21, numeral 6º, del Decreto 1420 de 1998, por cuanto, a su juicio, no existe norma expresa sobre la forma de indemnizar de manera justa y plena los detrimentos patrimoniales causados a los propietarios de los inmuebles expropiados por vía administrativa, de acuerdo a lo expuesto por esta Corporación en providencia de 26 de julio de 2012(7).

Para resolver sobre dicho punto, el despacho estima oportuno traer a colación las consideraciones expuestas en la sentencia proferida por esta Sección el 14 de mayo de 2009, dentro del expediente con radicado 05001 23 31 000 2005 03509 01, ponencia del Consejero de Estado Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, que respecto del carácter justo y pleno que deben tener las indemnizaciones expropiatorias, dispone:

“El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4º, modificado por el Acto Legislativo 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio”.

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización”.

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del llamado ‘bloque de constitucionalidad’, prevé igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que este deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral.

En esa misma línea de pensamiento, el destacado administrativista argentino Manuel María Díez, señala que “[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que se irrogue al propietario, sin que este se empobrezca ni enriquezca, en la medida que tal resultado pueda razonablemente alcanzarse”.

En sintonía con la anterior apreciación, el profesor Rafael Bielsa comenta que “La reparación integral debe ser justa y razonable” y continúa diciendo, “(…) ‘el justiprecio’ es el que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego, nominalmente, sino realmente, efectivamente”.

Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un bien del dominio privado, comporta necesariamente la obligación de indemnizar el daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado por el constituyente.

Así las cosas, toda indemnización que se torne írrita o injusta ocasiona un menoscabo o desmedro económico al patrimonio de la persona afectada con la expropiación, a quien le asiste el derecho subjetivo de ser indemnizada conforme a la garantía constitucional ya mencionada. En caso contrario, el asunto podrá ser objeto de acción contencioso-administrativa, puesto que esta es procedente respecto del precio, cuando el expropiado considere incumplido el mandato de que la indemnización sea justa y plena.

Lo anteriormente expuesto explica el por qué el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en el cual se regula el proceso contencioso administrativo especial de expropiación por vía administrativa, establecen textualmente lo siguiente en el inciso 1º y el numeral 6º:

‘ART. 71.—Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares:

(…)

6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio.

Como bien se puede observar, los dispositivos legales que se acaban de indicar, permiten a los propietarios afectados demandar ante la justicia administrativa el pago de los daños derivados de una expropiación por vía administrativa, cuando quiera que el precio indemnizatorio reconocido por la administración a título de indemnización no alcance a proporcionar una reparación justa y plena, esto es, cuando la suma decretada no sea suficiente para cubrir el valor comercial del inmueble y los demás daños irrogados (ablatio dominii), con lo cual se quiere evitar una ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas.

Por otra parte, no sobra precisar que para poder obtener la reparación de los daños accesorios que hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación”.

En el mismo sentido, y específicamente en relación con el carácter reparatorio y pleno de la indemnización producto de una expropiación administrativa, la Corte Constitucional en Sentencia C-153 de 1994, con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, sostuvo lo siguiente:

“Así las cosas, la indemnización no es compensatoria, esto es, ella no es un presupuesto o una condición de la indemnización que genera una compensación a cargo del Estado y a favor del expropiado, por el enriquecimiento patrimonial del primero. Si así fuera, la indemnización se fijaría con base en el valor objetivo del bien y no, como ordena la Constitución —inciso 4º del artículo 58—, ‘consultando los intereses de la comunidad y del afectado’. De aceptarse la tesis del carácter compensatorio de la indemnización se tendría que concluir que la expropiación es una simple conversión de valores: los bienes expropiados se reemplazan por su equivalente en dinero y no comprendería por tanto los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. La indemnización en tal caso no sería entonces justa, como lo ordena el artículo 21 numeral segundo del Pacto de San José.

Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. (…)

Ahora bien, resulta claro que el propio Código de Procedimiento Civil reconoce el carácter reparatorio y no simplemente compensatorio de la indemnización en los casos de expropiación. En efecto, el artículo 459 del ordenamiento procesal establece que en aquellos casos en que el superior ‘revoque la sentencia que decretó la expropiación, ordenará que el inferior ponga de nuevo al demandado en posesión o tenencia de los bienes, si la entrega de estos se hubiere efectuado, y condenará al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega’. Así, el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, interpretado conforme al mandato constitucional del artículo 58 y las normas procesales reguladoras de la expropiación, muestra que la indemnización debe comprender todos los perjuicios ocasionados al propietario”.

En esa línea, cabe resaltar también la jurisprudencia uniforme de la Sección Primera del Consejo de Estado, sobre el resarcimiento integral, así como el carácter justo y pleno que deben tener las indemnizaciones consecuencia de una expropiación administrativa, y que permite concluir que los daños y perjuicios que se originan como consecuencia del acto administrativo mediante el cual se decreta la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular, presuponen indiscutiblemente la obligación de indemnizar de manera integral al administrado, a fin de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual se le somete. En efecto, la persona que se ve afectada por la expropiación de un inmueble no debe asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, pues es una garantía superior reparar el daño que se le ocasiona, con una indemnización completa.

Por otra parte, la valoración de los daños causados a las personas o a las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, atiende a los principios de reparación integral y equidad. Lo anterior conlleva a que la indemnización corresponda a todos los perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales que con el daño se hubieren causado; siendo este el objeto y el fin de las garantías constitucionales y legales que demarcan la línea divisoria entre el enriquecimiento y el menoscabo.

Ahora bien, el carácter resarcible del daño depende, fundamentalmente, de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente, no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede generar una indemnización. Ello no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que, a pesar de no haberse consolidado todavía, no ofrecen duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta completamente indiferente que aquel, bien se haya presentado como un hecho existente en plano ontológico, o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual.

Los anteriores argumentos llevan a señalar que los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio, deben ser acreditados en el proceso, por quien reclama su resarcimiento, sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que aunque no se han producido todavía, exista certeza en torno a su ocurrencia(8).

Precisado lo anterior, encuentra el despacho que toda indemnización judicial consecuencia de una expropiación, debe atender, exclusivamente, a la evaluación que hace el juzgador de las circunstancias propias de cada caso y a los intereses en tensión, con miras a la integralidad del resarcimiento; partiendo exclusivamente de elementos probatorios que demuestren efectivamente que la cuantía de los daños materiales supera el monto estimado en sede administrativa, caso en el cual, deberá incrementarse el quantum de la indemnización hasta lo probado.

Las reglas antes expuestas, aplicadas al caso concreto, permiten concluir que las incidentantes tenían la carga de probar en la etapa de liquidación de perjuicios, el valor representativo del lucro cesante, fruto de su propia interpretación y hacer una explicación clara, precisa y detallada de los fundamentos que lo soportan, para situar al fallador en condiciones de poder valorar la objetividad, la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas.

En este contexto, considera el despacho que no le asiste razón al a quo al señalar que hay ausencia de reglas legales o jurisprudenciales para establecer la forma de indemnizar de manera justa y plena los detrimentos patrimoniales causados a los propietarios de un inmueble objeto de expropiación por vía administrativa; por lo que no se debía acudir a la analogía para aplicar la regla establecida en el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, dada la existencia del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y ante la presencia de jurisprudencia uniforme respecto de la procedencia y necesidad del reconocimiento de la indemnización justa e integral en casos de expropiación de inmuebles.

Ahora bien, en cuanto a la fijación del lucro cesante, debe partir el juzgador únicamente de las circunstancias propias del caso, esto es, de lo probado dentro del respectivo proceso.

En el sub lite, en atención al acervo probatorio allegado al proceso y de acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior, con el fin de establecer el monto de indemnización a reconocer a las demandantes, los valores que se tendrán en cuenta para efectuar la liquidación del perjuicio material a título de lucro cesante, son: i) el monto del canon actualizado, teniendo como referencias el contrato de arrendamiento del local comercial (fl. 334) y el certificado suscrito por el representante legal de la arrendataria en que hace constar el valor actual del canon (fl. 335); y ii) el lapso comprendido entre la entrega del inmueble con motivo de la expropiación, esto es, el 14 de diciembre de 2006, según consta en el “Acta de entrega anticipada”, suscrita por los representantes legales de las señoras Ana Cristina y Gloria Elena Mira Arbeláez y los funcionarios representantes de la alcaldía de Medellín (fl. 60), y el 8 de marzo de 2007, fecha de terminación del contrato.

En este orden de ideas, el despacho revocará el inciso primero de la decisión recurrida, en cuanto fijó el rubro en la suma de cuarenta y un millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos tres pesos con cincuenta y seis centavos ($ 41.189.603.56)(9); y, en su lugar, se reconocerá como comprensivos del mencionado rubro, los cánones dejados de percibir por la terminación del contrato de arrendamiento del local comercial donde funcionaba la droguería Junin (hoy Dropopular S.A.), que fue lo único que se logró demostrar en forma clara con el contrato de arrendamiento aportado y demás medios de prueba.

Ahora bien, frente al local comercial ubicado en el segundo piso, donde funcionaba el establecimiento de comercio Balcón del Poblado, encuentra el despacho acertada la valoración del a quo, toda vez que los medios de prueba practicados(10) no brindan claridad sobre la modalidad de explotación económica del bien ni la actividad desarrollada en dicho inmueble, así como respecto de la época en que se desarrolló la actividad económica en el establecimiento ni la suscripción del contrato de arrendamiento; aunado ello a que no obra prueba en el expediente de consignaciones efectuadas en vigencia del contrato y por concepto del canon de arrendamiento del local comercial donde funcionaba dicho restaurante ni certificado de registro de la actividad comercial ante la respectiva Cámara de Comercio.

En consecuencia, solo se le reconocerá por el concepto de perjuicio material(11), la sumatoria de los cánones de arrendamiento del local comercial donde funcionaba la Botica Junin (hoy Dropopular S.A.), arrendamientos dejados de percibir entre el catorce (14) de diciembre de 2006 (entrega del bien inmueble) y el ocho (8) de marzo de 2007 (terminación del contrato de arrendamiento), y que corresponde a la suma de trece millones cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y nueve pesos ($ 13,498,669) (12).

Las sumas dejadas de percibir se actualizarán desde la fecha en que se causaron los rubros inicialmente reconocidos por el a quo hasta la de esta providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:

A2007.0037901-1
 

En donde el valor presente de R se determina multiplicando el valor histórico – Vh (lo dejado de percibir por las demandantes por concepto de la expropiación), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en el mes anterior a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente a la fecha en que se hizo la entrega del bien inmueble, valor que actualizado de conformidad con la formula indicada resulta,

A2007.0037901-2
 

Total perjuicios materiales por lucro cesante: diecinueve millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con trece centavos ($ 19.882.344.13).

En mérito de lo expuesto, el consejero ponente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

1. REVOCAR el numeral primero del auto apelado y, en su lugar, FIJAR como lucro cesante la suma de diecinueve millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con trece centavos ($ 19,882,344,13), de acuerdo con la parte motiva de este proveído.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Roberto Augusto Serrato Valdés.

1 Acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

2 Providencia que cobro ejecutoria a partir de 12 de julio de 2012.

3 Conforme al artículo 137 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 172 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

4 Código de Procedimiento Civil. ART. 357.—“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente”. Disposición aplicable para la fecha de interposición de los recursos de apelación.

5 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera; Sala Plena; Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013); Rad.: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022); Actor: Rubén Dario Silva Alzate; Demandado: Nacion – Fiscalia General de la Nación.

6 “ART 21.—Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial: 1. La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo. 2. La destinación económica del inmueble. 3. Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de copropiedad. 4. Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada uno de ellos. 5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obra de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su valor comercial. 6. Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, los inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses. 7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comparables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con 8 los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido. 8. La estratificación socioeconómica del bien”.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno (E), Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), rad.: 05001-23-31-000-2003-00977-01, Actora: Ángela Virginia Osuna Sierra, Demandado: municipio de Medellin.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil catorce (2014), rad.: 63001-23-31-000-2007-00014-01, Actora: María Eugenia Acosta de Farfán, Demandado: municipio de Armenia.

9 Suma determinada por el a quo en consideración a “la fecha de celebración del contrato y de renovación automática, para establecer el incremento anual del canon de arrendamiento en el porcentaje pactado, los cánones de arrendamiento correspondientes a cancelar en los meses de diciembre de 2006 a febrero de 2007 (que cubrirían el uso y el goce del inmueble hasta el 8 de marzo de 2007) se liquidaran a razón de $ 4.820.953 mensuales; y para determinar el valor del canon de arrendamiento de los meses de marzo a mayo de 2007, se aplicará un incremento del 20%, acorde con lo pactado por las partes. El 20% de $ 4.820.953, es $ 964.190.60. Entonces. $ 4.820.953 más $ 964.190,60 = $ 5.785.143,60”.
La sumatoria de los cánones de arrendamiento por los seis meses, corresponde a treinta y un millones ochocientos dieciocho mil doscientos ochenta y nueve pesos con ochenta centavos m.l. ($ 31.818.289.80). (…) Valor que actualizado asciende a la suma de Cuarenta y un millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos tres pesos con cincuenta y seis centavos ($ 41.189.603.56)” (fl.407 Cdno. 2)

10 Acta 1929 Declaración extrajuicio para fines extrapocesales del señor Libardo Mira Cuartas. Notaria Sexta del Círculo de Medellín (fl. 347); Acta número 1917 Declaración Juramentada del señor Javier De Jesús González Puerta (fl.348); Testimonio del señor Javier de Jesús González Puerta (fl. 401) y testimonio del señor Libardo Mira Cuartas (fl. 402).

11 Circunstancia que se presenta por cuanto no se puede acudir a la analogía para aplicar la regla establecida en el numeral 6º del artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, dada la existencia del artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Además, el juez únicamente debe reconocer los perjuicios acreditados dentro del proceso.

12 Suma determinada en consideración al valor del canon de arrendamiento y a los días dejados de percibir, esto es, $ 4.820.953 y dos (2) meses y veinticuatro (24) días, respectivamente (fl. 335. Cdno. incidente de liquidación).