Auto 2007-00425 de septiembre 2 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 080012331000200700425 01

Ref.: 18143

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP

Autoridades departamentales

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Apelación interlocutorios

Auto

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil diez.

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante, contra el auto de 4 de agosto de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que decretó la perención del proceso en la acción de la referencia.

Antecedentes

La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP (Corelca), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Gobernación del Departamento del Atlántico, con el objeto de que se declare la nulidad de la liquidación oficial de revisión 7-0039-0145E y de la resolución recurso de reconsideración 5-0254-0145E, de 2007, actos administrativos proferidos por la subsecretaría de rentas de la secretaría de hacienda de la mencionada entidad territorial, por medio de los que se modificó las liquidaciones privadas del impuesto de estampillas departamental ciudadela universitaria y pro desarrollo departamental, correspondientes a los periodos gravables octubre a diciembre de 2004.

El Tribunal Administrativo del Atlántico por auto de junio 25 de 2007 admitió la demanda, y entre otras cosas, ordenó a la parte actora consignar la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) en la cuenta de ahorros de depósitos judiciales del Banco Agrario, para efectos de gastos del proceso.

Posteriormente, dicha autoridad judicial mediante auto de agosto 4 de 2008, en consideración a que ha transcurrido más de un año desde la orden impartida a la parte actora en el auto admisorio de la demanda, de consignar una suma de dinero para gastos del proceso, sin que la misma fuera cumplida, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo decretó la perención del proceso.

El recurso de apelación

La parte demandante formuló, oportunamente, contra la decisión que decretó la perención del proceso recurso de apelación. Sobre el particular puntualizó que en el presente asunto no es posible aplicar la consecuencia jurídica determinada en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que Corelca es una entidad descentralizada.

Como fundamento de la anterior afirmación señaló que Corelca “... nunca ha dejado de ser una entidad del orden nacional regida por la Ley 71 (sic), debido entre otras cosas a que los actos jurídicos de las sociedades en que el aporte estatal sea igual o superior al 90% del capital social será de las empresas industriales y comerciales del Estado lo que impide que la demandante sea sujeto de perención... (sic)”.

Adicionalmente, adujo que la misma autoridad judicial en sentencia de marzo 5 de 2008, magistrado ponente Cristóbal Christiansen, sostuvo que Corelca como entidad descentralizada del orden nacional, era sujeto pasivo de unos impuestos.

Consideraciones

En materia contenciosa administrativa la figura procesal de la perención del proceso se encuentra expresamente regulada en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, norma que dispuso:

“ART. 148.—Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere.

Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente.

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá intentarse una vez más.

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada.

El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo” (destaca la Sala).

De la norma en cita se colige que para que proceda el decreto de la perención del proceso se requiere que el proceso permanezca en secretaría inactivo por más de seis meses, término que se contabiliza desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al agente del Ministerio Público, y que dicha inactividad no obedezca a causa de la suspensión del proceso decretada por el juez, sino por el incumplimiento de las cargas procesales que le conciernen al demandante, adicionalmente dicha norma dispuso que la perención del proceso no procede cuando se trate de una acción de simple nulidad o en el evento que la parte demandante sea la Nación, una entidad territorial o una entidad descentralizada.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la figura procesal objeto del presente estudio, se tiene que la misma es una forma anormal de terminación del proceso, que conlleva a su extinción como consecuencia de la parálisis injustificada del mismo por causa del incumplimiento de las cargas procesales impuestas tanto por el juez como por el ordenamiento jurídico a la parte demandante, lo que se traduce en una sanción para la parte actora incumplida, pues se presume que su conducta es contraria a los postulados o principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones judiciales que propenden por una pronta y cumplida administración de justicia.

Descendiendo al fondo del presente asunto se tiene que la parte recurrente afirmó que Corelca es una entidad descentralizada del orden nacional. Sobre el particular se observa que a folio 14 del expediente obra certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora, en el que consta que la misma es una empresa de servicios públicos mixta, la cual es definida por el numeral 6º del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, como aquella cuyos aportes de capital de la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas son iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%).

En torno a la estructura y organización de la administración pública, particularmente, respecto del sector descentralizado por servicios, la Ley 489 dispuso:

“ART. 38.—Integración de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. La rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

(...).

2. Del sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público.

PAR. 1º—Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.

PAR. 2º—Además de lo previsto en el literal c) del numeral 1º del presente artículo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de constitución se indicará el ministerio o departamento administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos”.

“ART. 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la presente ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos.

Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.

(...)” (destaca la Sala).

Respecto de la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos mixtas, la Corte Constitucional en Sentencia C-736 de 2007 precisó que si bien aquellas, conforme lo establece el artículo 365 de la Constitución Política, y dada su naturaleza (prestación de servicios públicos) y régimen jurídico especial, no pueden ser consideradas como sociedades de economía mixta, las mismas, acorde con una interpretación armónica de los artículos 38 y 68 de la Ley 489, deben ser consideradas como entidades descentralizadas por servicios, pues si bien el artículo 38 en cita no les otorga dicha categoría, de la redacción del artículo 68 ibídem se entiende que dicha norma incluye, de manera implícita, a las empresas de servicios públicos mixtas como entidades descentralizadas.

De acuerdo con las consideraciones hasta aquí efectuadas y teniendo en cuenta que Corelca efectivamente es una entidad perteneciente al sector descentralizado por servicios del orden nacional, conforme con el inciso 4º de la artículo 148 del Código Contencioso Administrativo se advierte que en el presente asunto era improcedente el decreto de la perención del proceso.

En ese orden de ideas la Sala revocará el auto de 4 de agosto de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio del que se había decidido decretar la perención del proceso de la referencia.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto de 4 de agosto de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia, ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico continuar con el trámite de la acción de la referencia.

3. RECONÓCESE personería para actuar a la abogada Jeannette Bibiana García Poveda, como apoderada judicial de la parte actora en los términos del poder conferido, que obra en el expediente.

Cópiese y notifíquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, presidenta—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.