Auto 2007-00443 de mayo 20 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref. 38.616

Rad.: 190012331000200700443-01

Consejero Ponente (e):

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Fanny Aragón Montilla y otros

Demandado: Mindefensa - Ejército Nacional

Naturaleza: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil diez.

Procede el despacho a pronunciarse sobre la admisión o inadmisión del recurso de apelación.

I. Antecedentes

1. El 21 de agosto de 2007, la señora Fanny Aragón Montilla, en representación de sus hijos menores Juan David Jiménez Aragón y Valeria Jiménez Aragón, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el Ministerio de Defensa - Ejército Nacional (fls. 24-36, cdno. 1).

2. Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 16 de marzo de 2010, condenó a la Nación por los perjuicios ocasionados a los actores (fls. 149 a 162, cdno. ppal.).

3. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación el 24 de marzo de 2010, el cual fue concedido ante esta corporación mediante auto del 5 de abril de 2009 (fls. 163 y 166, cdno. ppal.)

Previo a resolver, el despacho estima necesario hacer las siguientes,

II. Consideraciones

1. Las modificaciones que introdujo la Ley 954 de 2005 y la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos.

Previo a establecer si en virtud de la cuantía del proceso el mismo puede acceder, o no, a la segunda instancia, el despacho estima conveniente llevar a cabo una consideración acerca de las modificaciones que introdujo la Ley 954 de 2005, la cual readecuó las competencias previstas en la Ley 446 de 1998 y la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos.

En este orden de ideas, esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el señalamiento de la cuantía tiene por objeto determinar la competencia del juez y el procedimiento a seguir, aspectos que han de quedar definidos desde el comienzo de la controversia y que no pueden variar por apreciaciones posteriores del juez o de las partes.

Al respecto, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones” (se resalta).

Por su parte, el artículo 137 numeral 6º del Código Contencioso Administrativo, prevé:

“ART. 137—Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

(...).

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia” (se resalta).

Sucede que, con la finalidad de establecer la cuantía del proceso y, por ende, decidir sobre la procedibilidad del recurso de apelación, el juez debe tener en cuenta las pretensiones contenidas en la demanda, así como la estimación razonada de su cuantía(1).

De otro lado, el artículo 31 de la Constitución Política consagra el principio de la doble instancia, según el cual las sentencias judiciales son susceptibles de apelación o consulta salvo las excepciones que señale la ley; sin embargo, dicho principio no tiene carácter absoluto, tal como lo destacó la Corte Constitucional en la Sentencia C-153 de 1995, al señalar que su aplicación depende de la regulación que para tal efecto establezca el legislador. Al respecto, esa corporación sostuvo:

“El principio de la doble instancia, soportado en el mecanismo de impugnación a través de la apelación y en la institución de la consulta, no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial sea susceptible de ser apelada o consultada, pues su aplicación práctica queda supeditada a las regulaciones que expida el legislador dentro de su competencia discrecional, pero sin rebasar el límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe con el principio de igualdad”.

Ahora bien, en relación con la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis(2), esta Sección del Consejo de Estado ha establecido que si bien es cierto la jurisdicción y competencia del juez se determinan con fundamento en la situación de hecho existente en el tiempo de la demanda, también lo es que este principio no es absoluto, cuando de aplicar leyes procesales nuevas se trata, a propósito de lo cual se ha precisado reiteradamente que:

“El asunto era de dos instancias —como se dijo— cuando se inició (D. 528/64, art. 32, lit. f), ord. 2º). El nuevo código lo hizo de única (CCA, art. 131, num. 10) y su aplicación es inmediata. Habría tenido segunda instancia si la apelación se hubiera producido antes de la vigencia del nuevo código (se destaca).

“En materia procesal no existe derecho adquirido a un determinado procedimiento, ni a un número prefijado de instancias. El proceso iniciado como de dos, puede volverse de única o viceversa. Solo por excepción se quiebra el principio” (se destaca).

“Y aunque el profesor Hernando Morales coincide con el pensamiento del señor consejero Valencia en cuanto afirma en su obra “Curso de Derecho Procesal Civil” (parte general, pág. 182, ed. ABC, 1985) que “las leyes sobre jurisdicción y competencia no versan sobre sustanciación y ritualidad de los juicios ni tienen el carácter de instrumentales, sino que a la vez que estructuran el proceso son garantías constitucionales”, sí agrega otras apreciaciones que refuerzan la posición de la Sala. Así, “por eso (las leyes sobre jurisdicción y competencia, se entiende), son de aplicación inmediata a los procesos en curso, salvo que digan otra cosa, con base en el artículo 18 de la Ley 153 de 1887 (Giraldo Zuluaga T. m. p. 22), sin que se aplique a ellas la perpetuatio jurisdictionis (se destaca).

“Por tanto, si por ley varía el juez competente, deben enviarse a quien en lo sucesivo lo fuere, los procesos en curso, pues se trata de competencia, que es de orden público”(3) (negrillas del original).

A partir de lo expuesto, se concluye que tanto el principio de la doble instancia como el de la perpetuatio jurisdictionis no son absolutos, cuando se trata de la aplicación de leyes procesales, en cuanto que estas son de aplicación inmediata en los procesos en curso, dado que se trata de normas de orden público.

Ahora, si bien al momento de presentación de la demanda algunos asuntos eran de doble instancia, no es menos cierto que con la Ley 954 de 2005, se readecuaron temporalmente las competencias establecidas en la Ley 446 de 1998 mientras entraban en funcionamiento los juzgados administrativos; de esta manera se estableció:

“ART. 1º—Readecuación temporal de las competencias previstas en la Ley 446 de 1998, quedará así;

“PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

“Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9º del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia”.

Los tribunales administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40.

Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los tribunales administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los jueces administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los tribunales administrativos.

El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38.

Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley” (resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 7º de la Ley 954 determinó que dicha normatividad comenzaría a regir a partir de la fecha de su promulgación, en los términos pertinentes del inciso 1º del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, el cual dispone lo siguiente:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso-administrativa. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principio a surtirse la notificación” (resaltado fuera del texto).

Por lo tanto, en cada caso concreto será necesario precisar la fecha en la cual se interpuso el recurso de apelación, para efectos de establecer si tienen aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 954 de 2005.

De conformidad con lo anterior, a partir del 28 de abril de 2005, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 954 y hasta el momento en el cual entraron a funcionar los juzgados administrativos, esto es el 1º de agosto de 2006(4), los tribunales administrativos conocieron, en única instancia, de los asuntos contractuales, siempre que su cuantía fuese inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de presentación de la demanda, los cuales, al año 2007 (año en que se presentó la demanda) equivalían a $ 216.850.000, dado que el salario mínimo para esa época era de $ 433.000.

De este modo, para que un proceso iniciado en al año 2007 en ejercicio de la acción de reparación directa, cuyo recurso de apelación hubiere sido interpuesto bajo la vigencia de la Ley 954 de 2005, pudiere acceder a la segunda instancia, se requiere que la cuantía del mismo exceda de $ 216.850.000, de conformidad con lo señalado anteriormente.

Así pues, una vez entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, adquirieron plena aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la Ley 446 de 1998, en virtud de las cuales para que el Consejo de Estado pueda conocer, en segunda instancia, de un proceso contractual, se requerirá que su cuantía exceda de 500 smlmv.

Ahora bien, el inciso 3º del aludido artículo 164 de la Ley 446 de 1998, también previó lo siguiente:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso administrativa (...).

Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los tribunales y que quedaron de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia (...)” (negrilla fuera del texto).

En consecuencia, si al momento de la entrada en operación de los juzgados administrativos, es decir el 1º de agosto de 2006, el proceso se encontraba a despacho para dictar sentencia, el tribunal mantenía su competencia para fallarlo, en única instancia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 954.

2. El caso en concreto.

Establecido lo anterior, procederá el despacho a determinar el alcance y contenido de las pretensiones de la demanda con el fin de establecer si la pretensión de mayor cuantía supera los 500 smlmv y, por tanto, considerar si el presente asunto accede, o no, a la segunda instancia ante el Consejo de Estado.

En este sentido se observa que en la demanda se introdujeron las siguientes:

“Pretensiones

“Primera: Declarar administrativamente responsable a la Nación Colombiana-Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la muerte de Juan Pablo Jiménez Valderrama (qepd), adscrito a la seccional DAS-Cauca, con fecha de ingreso al departamento el día 31 de octubre de 2002, quien desempeñaba el cargo de detective grado 208-06, perdió la vida el 16 de septiembre de 2006, se identificó con cédula de ciudadanía 7.062.550 de Villa Nueva, Casanare, ocurrida en el municipio de Balboa (Cauca), vereda San Antonio, como consecuencia de los disparos recibidos del sargento Luis Ernesto Rodríguez Yela, adscrito al Ejército Nacional.

Segunda: Condenar a Nación Colombiana-Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), a pagar por intermedio de su apoderada a cada uno de los demandantes, el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de oro fino según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

1. Para Fanny Aragón Montilla, mil (1000) gramos de oro en su condición de compañera permanente.

2. Para Juan David Jiménez Aragón, quinientos (500) gramos de oro, en su condición de hijo de la víctima.

3. Para Valeria Jiménez Aragón, quinientos (500) gramos de oro, en su condición de hijo de la víctima.

Tercera: Condenar a Nación Colombiana-Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), a pagar por intermedio de su apoderada a favor de Fanny Aragón Montilla, los perjuicios materiales sufridos con motivo de la muerte de su compañero permanente, teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación:

1. El salario legal al año 2006, o sea la suma de un millón doscientos cuarenta y un mil doscientos diez pesos m/cte. ($ 1.241.210) más un veinticinco (25%) de las prestaciones sociales.

2. La vida probable del demandante y la edad de 25 años de la víctima, según las tablas de supervivencia aprobadas por la superintendencia bancaria.

3. Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre la fecha de presentación de la demanda y el fallo de instancia y el auto que liquide los perjuicios materiales.

4. La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura” (negrillas propias del texto, fls. 24 y 25, cdno. 1).

En el capítulo concerniente a la estimación razonada de la cuantía, la parte actora señaló:

Cuantía:

“Indudablemente la pretensión mayor, obedece a la relativa a los daños y perjuicios de orden moral, los que equivalen a ochocientos millones de pesos m/cte. ($ 800.000.000), que para la fecha de esta demanda cuestan aproximadamente mil doscientos millones de pesos m/cte.(1.200.000.000).

En cuanto a los perjuicios materiales los estimo a la fecha de la presentación de la demanda en más de treinta millones de pesos m/cte. ($ 30.000.000), porque la víctima ganaba un millón doscientos cuarenta y un mil doscientos diez pesos m/cte. ($ 1.241.210), y han transcurrido más de once (11) meses desde la ocurrencia de los hechos” (negrillas propias del texto, fl. 35 cdno. 1).

De conformidad con lo anterior, en aplicación del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la cuantía se fija por el monto de la pretensión mayor al momento de presentación de la demanda, cuando allí se acumulen varias pretensiones. Por consiguiente, en las acciones de esta naturaleza no resulta procedente la sumatoria de diferentes clases de perjuicios con el fin de determinar la cuantía del proceso, dado que las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización, por ejemplo, de perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral o grave alteración a las condiciones de existencia), entre otras, constituyen pretensiones autónomas frente a cada demandante, las cuales devienen de una fuente distinta y, por lo tanto, su sumatoria, con el fin de establecer la cuantía, resulta inadecuada.

Ahora bien, aún cuando la parte actora estimó la cuantía con fundamento en lo solicitado por perjuicios morales, lo cierto es que interpretando de manera íntegra la demanda, analizadas sus pretensiones y teniendo en cuenta que la cuantía —al tenor del Código de Procedimiento Civil, artículo 20— se fija por la pretensión mayor, la Sala advierte que el recurrente solicitó por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Fanny Aragón Montilla, aquello dejado de percibir por la supresión que venía recibiendo de la víctima, razón por la cual la Sala, con fundamento en los criterios propuestos por los demandantes en los documentos aportados como anexos de la demanda y aplicando las fórmulas aceptadas por esta corporación, procedió a calcular este perjuicio, operación que arroja como resultado la suma aproximada de $ 125.154.683.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se concluye que la pretensión mayor de la demanda está determinada por la pretensión de $ 125.154.683, por concepto de perjuicios materiales —en la modalidad de lucro cesante— a favor de la esposa, suma que al ser solicitada de manera global a favor de la señora Fanny Aragón Montilla, será tenida en cuenta como la cuantía del proceso.

Para la fecha en la cual fue presentado el recurso de apelación —24 de marzo de 2010(5)— la ley vigente aplicable en el presente asunto era la Ley 446 de 1998, teniendo en cuenta que el recurso de apelación fue interpuesto con posterioridad a su entrada en vigencia, esto es el 1º de agosto de 2006(6), la cual establece que solo si la cuantía del proceso es superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentación de la demanda, el competente para conocer del asunto en primera instancia será el respectivo tribunal administrativo y en segunda instancia el Consejo de Estado.

La vigencia de esta norma legal, para la fecha en la cual se interpuso el recurso que aquí se examina, impone concluir acerca de la incompetencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación, toda vez que el monto de la pretensión mayor de la demanda fue —según se indicó— la solicitud de $ 125.154.683, cantidad que resulta inferior a los 500 smlmv, razón por la cual esta corporación carece de competencia para conocer de este asunto en segunda instancia.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. INADMÍTESE el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 16 de marzo de 2010.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez.

(1) Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, autos proferidos el 2 de febrero de 2002, dentro de los expedientes 18252 y 18786.

(2) Aunque el recurrente no lo mencionó en el escrito de sustentación del recurso, este principio está íntimamente relacionado con el de la doble instancia.

(3) Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 31701. Auto noviembre 24 de 2005. Magistrado Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(4) Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3409 del 9 de mayo de 2006 “Por el cual se dictan medidas tenientes (sic) a poner en operación los juzgados administrativos”:

“ART. 2º—Entrada en operación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero de Acuerdo 3345 de 2006 y de las diligencias y gestiones de índole administrativo que deben adelantarse para un adecuado funcionamiento de los nuevos despachos, así como en desarrollo de lo establecido por el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446, modificado por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, establecer como fecha de entrada en operación de los juzgados administrativos el día 1º de agosto del año 2006”.

(5) Ley 446 de 1998, artículo 164: “En los procesos iniciados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación” (destaca el despacho).

(6) Fecha en la cual entraron en funcionamiento los juzgados administrativos.