Auto 2007-00584 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 45102

Radicado: 250002326000200700584 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Barracuda Group Ltda.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de controversias contractuales

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

5. Esta corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que supera la cuantía exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998(1).

6. Por otra parte se advierte que el auto que niega pruebas es susceptible del recurso de apelación, de conformidad con el numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, toda vez que en el caso concreto el referido recurso se interpuso con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la decisión respectiva debe ser adoptada por este despacho de acuerdo con lo señalado por el artículo 61 ibídem.

II. Problema jurídico

7. Le corresponde al despacho determinar si es procedente la solicitud probatoria realizada por la parte demandante de que se practique interrogatorio de parte al señor brigadier general Jorge Alberto Segura Manonegra, como representante administrativo de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional, teniendo en cuenta que la parte demandada es una entidad pública.

III. Análisis del despacho

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a la parte demandante acreditar el fundamento fáctico de las normas a cuyos efectos jurídicos pretende acogerse, con el fin de sustentar las pretensiones de la demanda en el proceso respectivo(2).

9. De otra parte, según el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede rechazar in limine las pruebas “legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”. Con fundamento en esta norma, para proferirse la decisión de decreto de pruebas el juez debe determinar si éstas son conducentes, pertinentes y útiles(3).

10. Cabe advertir que por regla general las partes cuentan con libertad para probar los hechos que alegan mediante cualquier medio que dé fe de la veracidad de los mismos. Sin embargo, en algunas ocasiones, para privilegiar derechos o intereses superiores, la ley prohíbe el uso de algunos de ellos dentro de determinados procesos judiciales.

11. Es así como el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil(4), para salvaguardar la presunción de legalidad de la actuación del Estado, prohíbe que ciertas entidades confiesen los hechos que le son imputados, a través de sus representantes. En ese sentido, comoquiera que el fin de la declaración de parte es provocar la confesión, la mencionada norma proscribe el uso de dicho mecanismo, y en su lugar prevé la posibilidad de que, por solicitud de parte o de oficio, se ordene a la entidad que rinda informe bajo juramento de los hechos concernientes al sub examine, con el único fin de permitir al juzgador aclarar y delimitar los hechos del asunto bajo estudio. Sobre este punto ha dicho el Consejo de Estado:

Octavo. Acierta el a quo cuando, en la providencia que se revisa, no accede a ordenar el interrogatorio del señor Alcalde del municipio de Bucaramanga ni del señor director de tránsito de la misma ciudad, pues es evidente que el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil enseña que los representantes administrativos de las entidades oficiales carecen de aptitud legal para confesar, lo cual hace improcedente su citación a interrogatorio de parte. Se confirmará, pues, este extremo de la providencia que se revisa. Ello no obstante, anota la Sala que en virtud de sus poderes oficiosos, puede el ponente, si lo considera de utilidad para el esclarecimiento de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de los demandantes, ordenar que dichos funcionarios rindan el informe escrito bajo juramento, previsto en el inciso final del artículo 199 del estatuto procesal civil(5).

12. Así las cosas, comoquiera que la entidad que se solicita comparezca a través de su representante administrativo para rendir declaración de parte es la Nación, no es procedente el decreto (sic) dicho medio probatorio, por tratarse una prueba legalmente prohibida en los términos del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil.

13. Adicionalmente, considera el despacho que acertó el a quo en decretar que se practique testimonio del brigadier general Jorge Alberto Segura Manonegra, comoquiera que así se le permite al actor probar aquellos hechos de los que sólo tiene conocimiento el citado, (sic) importar que sea mediante un medio probatorio diferente al inicialmente solicitado, de modo que se garantiza su derecho a acceder a la administración de justicia. En cualquier caso, si no lo considera pertinente, bien puede desistir de la prueba reseñada, siempre que (sic) se haya practicado, a menos de que el a quo, de oficio, dispone continuar con ella.

14. En vista de lo anterior, el alegato presentado por la Sociedad Barracuda Group. S.A. al interponer el recurso de apelación, referen(sic) a que el brigadier general Jorge Alberto Segura Manonegra, como director de la Dirección de Ingenieros del Ejército Nacional, es uno de los representantes legales de dicha entidad, por haber sido delegado para ello, no resulta suficiente para enervar la providencia proferida por el a quo, toda vez que, de cualquier manera, por tratarse de una entidad pública no es procedente la práctica de la declaración de par(sic) independientemente de que su representante administrativo sea o no el aludido por el actor.

15. En conclusión, conforme con lo señalado en los párrafos precedentes, se procederá a confirmar el auto proferido por el tribunal de instancia —aunque por los motivos expuestos en la presente providencia—, habida cuenta de la improcedencia de los argumentos aducidos por el apelante.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 1º de junio de 2012, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.

TERCERO(sic): En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para que continúe el trámite del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La cuantía del proceso se estima en la suma de $ 1.275.000.000 —la cual corresponde a la sumatoria de todas las pretensiones, de conformidad con lo establecido por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010—, y la cuantía exigida por el numeral 5º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, para que un proceso de controversias contractuales iniciado en el año 2007 estuviera a cargo en primera instancia de los tribunales administrativos es $ 216.8500000, cifra que resulta de multiplicar por 500 el valor del salario mínimo mensual legal vigente para dicho año.

(2) Así lo ha entendido la Sala en los siguientes términos: “Es sabido que el “tema de prueba”, en todo proceso judicial, lo constituyen los hechos que se deben probar, porque son los supuestos fácticos de las normas jurídicas que invocan las partes en su favor. La utilización de esta noción jurídico procesal permite al juez determinar los hechos que se deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar hechos ajenos a la controversia. En este orden de ideas, se deben probar tanto los hechos que sirven de sustento a las pretensiones como aquellos en que se fundan las excepciones (...)”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 10 de octubre de 2006, expediente 11001-03-(sic)000-2006-00449-00(PI), actor: José Antonio Quintero James, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

(3) “Entendiendo por conducente, la aptitud legal o jurídica de la prueba puede convencer al juez sobre el hecho a que se refiere; pertinente, la relación de fa(sic) entre los hechos que se pretenden demostrar; y útil, cuando desde el punto de vista procesal, presta algún servicio, por ser necesaria o por lo menos ayudar a obtener la convicción del juez respecto de los hechos que interesan al proceso”. Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas judiciales. Octava Edición, Ed. ABC Bogotá, 1984, pág. 114 y siguientes.

(4) “No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la Nación, los departamentos, las intendencias, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimiento públicos. // Tampoco podrá provocarse confesión mediante interrogatorio de dichos representantes, ni de las personas que lleven la representación administrativa de tales entidades. // Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, (sic) los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir el informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma (sic) se impondrá al responsable una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales”.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 22 de marzo de 1988, expediente 52(sic)(265), C.P. Antonio José de Irrisarri Restrepo.