Auto 2007-00969 de febrero 18 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-25-000-2007-00969-02 (1151-09)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Demandante: Luz Marina Cancino de Reyes

Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Auto interlocutorio - Apelación

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil diez.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 28 de febrero de 2008 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se rechazó la demanda presentada por Luz Marina Cancino de Reyes contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Antecedentes

Luz Marina Cancino de Reyes, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y por intermedio de apoderado, solicita que se efectúen las siguientes declaraciones:

— Que ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la petición elevada ante la entidad demandada el 18 de mayo de 2001, en la cual solicitó se revisara y autorizara el reajuste del valor de la prima técnica a un 50% de la asignación básica mensual y como consecuencia de lo anterior, se decrete la nulidad del acto administrativo presunto.

— La nulidad de los oficios de 10 de agosto de 2001 y 4 de febrero de 2002 por los cuales emiten respuesta al radicado de fecha 18 de mayo de 2001.

— La nulidad del oficio del 12 de marzo de 2007 proferido por la secretaría general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se dio respuesta de fondo a la solicitud del 7 de diciembre de 2006, relacionada con la petición del 18 de mayo de 2001 y reiterada el 4 de julio de 2006.

A título de restablecimiento solicita se condene a la demandada a reconocerle y pagarle desde el 18 de mayo de 2001 la inclusión del reajuste del 10% de la prima técnica por formación avanzada y experiencia, establecida en los decretos 1661 de 1991, 1335 de 1999 y 1336 de 2003.

La providencia del tribunal

Por auto del 28 de febrero de 2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección “A”, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad para cada uno de los oficios demandados, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º, artículo 136 e inciso 3º del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo.

Encontró el tribunal que, contrario a lo que se afirma en las pretensiones, no se configuró el silencio administrativo por cuanto la entidad demandada respondió las primeras solicitudes a través de los oficios del 10 de agosto de 2001 y 4 de febrero de 2002. En el año 2006 solicita nuevamente el reconocimiento del derecho, el cual fue negado por oficio de fecha 12 de marzo de 2007 y la demanda fue instaurada el 13 de agosto de 2007.

El recurso de apelación

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, argumentando que dentro de los hechos de la demanda se indicó que el 12 de junio de 2007 solicitó conciliación extrajudicial, la cual se llevaría a cabo el día 13 de agosto de 2007, quedando suspendido el término de caducidad de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

Señala que aporta con el escrito de apelación copia de la solicitud de conciliación y del acta de audiencia que finalmente se llevó a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda en donde las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio.

Adicionalmente, sostiene que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en tratándose de prestaciones periódicas, no opera la caducidad de la acción y, por tanto, los actos correspondientes pueden demandarse en cualquier tiempo, razón de más para que la demanda sea admitida.

Consideraciones

El tribunal se fundamenta para proceder al rechazo de la demanda presentada el 13 de agosto de 2007 en la caducidad de la acción y que en el caso de autos no se configuró el silencio administrativo porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respondió a todas las peticiones formuladas por la actora para el reajuste de su prima técnica.

Encuentra la Sala que la primera solicitud, formulada el 18 de mayo de 2001, fue respondida el 10 de agosto del mismo año señalando que “(...) no es posible atender de manera favorable su solicitud, pues no se pueden asumir compromisos sin el amparo presupuestal correspondiente” (fls. 3 y 4, cdno. ppal.). Posteriormente, se remite una nueva solicitud con fecha 4 de julio de 2006, la cual fue atendida mediante memorando del 5 de diciembre de dicha anualidad (fl. 28, cdno. ppal.).

El 7 de diciembre de 2006 la actora da alcance a la comunicación del 5 de diciembre de 2006 para que el comité de primas técnicas reconsidere su decisión y acoja la solicitud formulada desde el 18 de mayo de 2001. A través de memorando del 12 de marzo de 2007 (fls. 7 y 8, cdno. ppal.) la secretaria general de la entidad le informa, en conclusión, lo siguiente:

“Revisada su hoja de vida se observa que usted no posee título de estudios de formación avanzada, requisito indispensable para cualquier estudio que sobre asignación o incremento de prima técnica se pretenda realizar a la fecha, en vigencia del decreto citado.

No obstante, si usted considera que acredita los requisitos para el reajuste de la prima técnica, de manera atenta me permito solicitarle nos informe dicha situación”.

De acuerdo con lo anterior, le asiste razón al tribunal al decir que se trata de comunicaciones independientes respecto de las cuales opera la caducidad de los cuatro (4) meses en forma autónoma para cada una de ellas sin que aquí se evidencie, como equivocadamente sostiene el recurrente, un acto administrativo complejo. Así mismo, la Sala comparte el argumento que el acto que reconoce una prestación periódica puede demandarse en cualquier tiempo, pero no sucede lo mismo con el acto que niegue el reconocimiento de la misma.

Sin embargo, si bien en principio, habría operado la caducidad de la acción respecto de todas las comunicaciones proferidas por la administración por cuanto la demanda se presentó hasta el 13 de agosto de 2007, el tribunal no consideró el hecho 33 del escrito de demanda que dice:

33. Me permito manifestar al honorable tribunal, que el día 13 de agosto de 2007 se llevará a cabo la diligencia de conciliación extrajudicial de lo aquí pedido, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, solicitada el 12 de julio de 2007 por la parte que represento.

El artículo 21 de la Ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones, señala:

“ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

En ese orden, si bien la parte demandante no anexó con el escrito de la demanda la solicitud de conciliación debidamente radicada que demostrara de esta manera que se había interrumpido el término de caducidad para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sí expuso dicha situación dentro de los hechos, ante lo cual, el tribunal no debió rechazar la demanda sino dar aplicación al artículo 21 de la Ley 640 atrás transcrito o, en su defecto, inadmitirla solicitando a la actora allegar la prueba sobre la solicitud de conciliación. Dicha prueba fue anexada con el recurso de apelación y reposa a folios 88 a 95 del cuaderno principal junto con el acta de conciliación prejudicial 70-2007, que se levantó el día 31 de agosto de 2007 ante la Procuraduría Séptima Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 88-100, cdno. ppal.).

En consecuencia, se revocará el auto apelado del 28 de febrero de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto la caducidad de la acción en relación con la comunicación del 12 de marzo de 2007 quedó suspendida por efectos de la presentación de la solicitud de conciliación el 12 de julio de 2007, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y en su lugar, se ordenará al tribunal admitir la demanda presentada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto del 28 de febrero de 2008 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “A”, por el cual se rechazó la demanda presentada por la señora Luz Marina Cancino de Reyes por caducidad de la acción y, en su lugar,

ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitir la demanda presentada contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Devuélvase el expediente al tribunal para que continúe con el trámite que corresponda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Magistrados: Víctor Hernando Alvarado Ardila—Gerardo Arenas Monsalve—Bertha Lucía Ramírez de Páez.