Auto 2008-00006 de noviembre 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Radicación número: 73001-33-31-004-2008-00006-01(AP)REV

Actor: María Fernanda Payan Isaza

Demandado: Alcalde de Ibagué

Bogotá, D.C., cuatro de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado conocer de la solicitud de revisión eventual, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 0117 de 12 de octubre de 2010 de la Sala Plena de esta corporación que adicionó un parágrafo al artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 58/03) en el sentido de establecer que todas las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación conocerán de las solicitudes de revisión eventual(1).

2. Marco legal del mecanismo de revisión eventual.

La Ley 1285 de 2009, por la cual se reforma la Ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia, en su artículo 11, en relación con el mecanismo eventual de revisión, dispone:

“ART. 11.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:

“ART. 36A.—Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.

“Inciso condicionalmente exequible” En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.

“Inciso 2º del proyecto de ley, inexequible”.

La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los tribunales administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella.

(…).” (resaltado fuera de texto).

El aparte de la norma transcrita establece claramente que el objeto de la revisión eventual de las providencias que ponen fin a un proceso de acción popular es la unificación de la jurisprudencia con miras a garantizar los principios de igualdad, seguridad, estabilidad jurídica, confianza legítima, buena fe, unidad del derecho y publicidad de la actividad judicial para lograr una adecuada administración de justicia y la vigencia de un orden justo(2). De tal manera que pueda aplicarse en igualdad de condiciones en casos cuyos supuestos fácticos y jurídicos sean los mismos.

En tales condiciones, si la finalidad del mecanismo de revisión eventual es la unificación de la jurisprudencia, no es posible utilizarlo como un nuevo recurso o una instancia adicional dentro del trámite de las acciones populares o de grupo. Lo que, en consecuencia, descarta que puedan exponerse en la solicitud razones de inconformidad con la providencia o replantear el tema de fondo ya discutido y definido en las instancias respectivas.

Por consiguiente, para la procedencia de este mecanismo de revisión eventual, será necesario que con la solicitud pueda establecerse que existen providencias de los tribunales administrativos o de esta corporación con posiciones encontradas o con interpretaciones diferentes o que no exista una posición unificada y uniforme del órgano de cierre o que el tema no haya sido desarrollado por la jurisprudencia. Además deben examinarse la importancia y trascendencia de los puntos que se discuten en la providencia que se pretende sea revisada(3).

Así pues, precisada la finalidad como aspecto de fondo que hace procedente el mecanismo señalado en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, se advierte que esta normativa también establece aspectos formales que permiten avocar su estudio, como son los de oportunidad, objeto, legitimación y sustentación que deben verificarse, así:

(1). La solicitud debe presentarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia cuya revisión se pretende.

Debe presentarla una de las partes [o ambas] o el Ministerio Público.

La providencia objeto de eventual revisión debe ser dictada por un Tribunal Administrativo y determinar la finalización o el archivo del proceso de acción popular(4).

Si bien la norma no exige sustentación, es importante que la solicitud contenga los puntos de la providencia que, a juicio del peticionario, merecen ser revisados y explique por qué son contrarios o diferentes al precedente judicial. La explicación dada por el peticionario no limita la actuación del Consejo de Estado, pues al momento de hacer el análisis de la providencia puede encontrar otros puntos en los cuales sea necesario e importante unificar la jurisprudencia(5).

En este punto debe precisarse que la sustentación exigida al peticionario debe ser tenida sólo como una motivación o impulso necesario para estudiar la solicitud de revisión.

3. Caso concreto.

La actora popular solicita la revisión de la sentencia de 6 de agosto de 2009, dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de unificar jurisprudencia pues considera que en casos similares esta corporación ha protegido los derechos colectivos.

Al respecto, advierte la Sala que la señora María Fernanda Payán Isaza, como actora popular, es quien formula la solicitud de revisión eventual, y, por tanto, se cumple el requisito de legitimación. Además, la sentencia fue proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en segunda instancia, es decir que con ella se puso fin al proceso.

En cuanto al requisito de oportunidad, debe tenerse en cuenta que la sentencia cuya revisión se pide se notificó por edicto fijado el 13 de agosto de 2009 y desfijado el 18 siguiente, es decir que el término de ocho (8) días que otorga la norma empezó a correr el 19 de agosto y venció el 28 de agosto de 2009. La actora popular radicó la solicitud ante el Tribunal Administrativo del Tolima el 25 de agosto de 2009, es decir, en tiempo.

En relación con el requisito de sustentación, se observa que la actora popular para fundamentar la revisión se contrae a indicar que se ha desconocido el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en cuanto a la protección del derecho colectivo al goce del espacio público.

Al respecto, encuentra la Sala que en este caso procede la revisión para unificar jurisprudencia, tal como lo solicita la actora, pues se observa que el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que no es procedente a través del ejercicio de la acción popular y con el fin de proteger derechos colectivos, ordenar la ejecución de obras públicas que demanden una inversión considerable, sin tener en cuenta la disponibilidad presupuestal del ente territorial accionado, así como los planes y programas de desarrollo, los compromisos en materia de gasto, los gastos prioritarios en materia de inversión, entre otros compromisos.

En la sentencia cuya revisión se solicita se indica que el juez que conoce de la acción popular debe verificar que los derechos invocados estén vulnerados o en situación de peligro y tener en cuenta la realidad presupuestal y financiera. Tal criterio lo fundamentó en una sentencia de 5 de diciembre de 2002, dictada por la Sección Tercera de esta corporación en una acción popular(6).

Por su parte, la señora Payán Isaza en la solicitud de revisión cita varias sentencias del Consejo de Estado en las que se ha sostenido que la ausencia de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos(7).

En consecuencia, es necesario unificar la jurisprudencia de la corporación y determinar si el amparo de los derechos colectivos debe condicionarse a la disponibilidad presupuestal, en aquellos casos en los que aparece demostrada la vulneración y su protección real y efectiva implique la ejecución de obras.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. SELECCIONAR para revisión la sentencia de 6 de agosto de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada la presente providencia devuélvase el expediente al despacho para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

 

(1) Esta adición se dio en aplicación del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 (inc. 3º).

(2) Auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 14 de julio de 2009, Exp. AG-2007-00244-01, Actor: Gladys Alvarado Acosta y Otros, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Sobre estos aspectos se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de 14 de julio de 2009, ibídem, donde se mencionaron los supuestos en que a título enunciativo, procede el mecanismo de revisión eventual.

(4) De este requisito se infiere que las providencias dictadas por los juzgados administrativos no son objeto de revisión, pues se entiende que respetan el precedente jurisprudencial vertical de los tribunales administrativos como superiores funcionales.

(5) En este punto ver auto de 14 de julio de 2009, ib.

(6) AP-2002-00096, M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

(7) Sentencias de 25 de octubre de 2001, AP-2000-00512 M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y de 21 de febrero de 2008; AP- 2002-01722, M.P. Dra. Martha Sofía Sanz Tobón.