Auto 2008-00040 de agosto 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 47288-3103-001-2008-00040-01

Bogotá, D.C., veintiuno de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Para dar inicio es preciso recordar que la concesión del recurso extraordinario de casación supone la reflexión mesurada, por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial que agota las instancias del proceso, sobre la concurrencia de las exigencias que el legislador contempló en los artículos 366 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, entre las que se destaca, para los efectos de lo que ahora se decide, la determinación concreta del interés económico del recurrente para acceder a esta vía excepcional.

Según establece el citado artículo 366, solo se puede acudir en casación cuando la decisión desfavorable sea o exceda al equivalente a cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales al momento de proferirse el fallo de segundo grado.

2. Conforme las previsiones del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, el respectivo tribunal puede decretar la práctica de un dictamen pericial mediante el cual se justiprecie el interés para recurrir cuando este no aparezca determinado en el proceso, situación en la cual deberá tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 236 a 241 ibídem, que regulan lo atinente a la elaboración, trámite y valoración de la prueba pericial.

Debe ponerse de presente, entonces, que la primera de las normas citadas consagra el deber a cargo del juzgador de segunda instancia, de determinar los puntos que han de ser objeto del dictamen, toda vez que ese medio probatorio constituye la base que soporta la certeza del fallador sobre si está o no acreditado el cumplimiento del requisito aludido, esto es, el interés económico mínimo que exige la normatividad procesal. En este sentido resulta inadecuada la referencia genérica orientada a que el auxiliar de la justicia designado “justiprecie el interés para recurrir”, sin delimitar el objeto de la experticia, pues es precisamente ese derrotero el que permitirá valorar si es claro, preciso y detallado, el dictamen una vez este sea rendido.

Ha de tenerse en cuenta, además, que en la prueba pericial se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados para determinar el monto del perjuicio sufrido por el recurrente, con ocasión de la sentencia de segunda instancia objeto de la censura, sin que sea de la incumbencia ni del resorte del auxiliar de la justicia efectuar raciocinios jurídicos.

3. Examinada con detenimiento la demanda que dio origen al proceso se observa que lo pretendido es el reconocimiento, en favor de todos los integrantes de la parte activa, del derecho de dominio sobre un predio rural único, pero a pesar de ello la perito procedió a dictaminar el valor individual de los lotes menores que al parecer los actores explotan, situación que la condujo a concluir que solo el señor Jaime Pallares Mejía tiene interés suficiente para recurrir en casación, ya que “por tratarse de litisconsorcio facultativo o voluntario, acrece su derecho a recurrir en casación sin que se afecte la unidad procesal, de conformidad con la existencia del derecho que puedan alegar otros o la totalidad de los demandantes” (fls. 117 y 144).

Esta apreciación excede los linderos propios de la experticia, puesto que es al juzgador a quien corresponde estimar si una determinada relación litisconsorcial debe catalogarse de necesaria o de voluntaria, en tanto que la misión de los peritos consiste, puntualmente, en auxiliar al fallador en un específico campo del saber, el que se le haya encomendado, y no le compete, por ende, pronunciarse sobre puntos de derecho.

Por lo anterior, aunque el ad quem se apoyó en el dictamen elaborado por el perito para conceder el recurso extraordinario, lo cierto es que dicho juzgador no hizo explícito que hubiese realizado una ponderación razonada de ese medio de persuasión conforme con las normas ya citadas.

4. En adición, se observa que la auxiliar de la justicia designada incurrió en una serie de imprecisiones que fueron soslayadas por el tribunal, a saber: (i) se discriminó el valor de la hectárea sembrada pero no se tuvo en cuenta para la estimación final del interés para recurrir; (ii) se determinó que este se calculaba con base en el valor del salario mínimo legal vigente al momento del dictamen, cuando debió tenerse en cuenta el de la fecha en que se profirió la sentencia que se acusa en casación; y, (iii) se allegó como anexo del dictamen el informe de un ingeniero agrónomo, quien le otorgó a cada lote un precio muy superior al señalado en el peritaje, al punto de totalizar el valor del inmueble en $ 1.810.000.000, sin que dicha contradicción hubiera sido motivo de aclaración (fl. 152, cdno. 4).

5. Como corolario de lo discurrido, surge que el tribunal se precipitó a la hora de conceder el recurso de casación al no auscultar con mayor detenimiento el contenido de la prueba pericial practicada, deficiencia que compele a que se declare prematuramente concedido el recurso para que el ad quem, en armonía con las directrices aquí fijadas, aborde nuevamente el análisis que le compete.

Decisión

En mérito de lo expuesto, se DECLARA PREMATURAMENTE CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 3 de noviembre de 2011 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario que al inicio de este pronunciamiento se dejó identificado.

Devuélvase el expediente al citado tribunal para lo de su cargo. Ofíciese.

Notifíquese y cúmplase».