Auto 2008-00066 de septiembre 23 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000232700020080006601 (17847)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Manufacturas Terminadas S.A., Mantesa, contra la DIAN

Asunto: recurso ordinario de súplica

Bogotá, veintitrés de septiembre de 2010.

Decide la Sala el recurso ordinario de súplica interpuesto por la parte demandante contra el auto del 25 de noviembre de 2009, proferido por el despacho conductor del proceso, a cargo del doctor William Giraldo Giraldo, que declaró la nulidad del proceso, por falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ordenó remitir el proceso a los juzgados administrativos de Bogotá.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la sociedad Manufacturas Terminadas S.A., mediante apoderado, demandó las resoluciones 310642007000032 y 310662007000032 ambas de 2007, en las que la administración de grandes contribuyentes de la DIAN de Bogotá modificó la liquidación privada del impuesto de renta del año gravable 2003.

Mediante sentencia del 8 de mayo de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda. La parte demandante apeló la sentencia y con auto del 13 de julio de 2009 el tribunal concedió el recurso para ante esta corporación.

Auto suplicado

Mediante auto del 25 de noviembre de 2009, el despacho declaró la nulidad del proceso, porque, por cuantía, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca carecía de competencia funcional para tramitarlo. En consecuencia, ordenó remitir el proceso a los juzgados administrativos de Bogotá.

En el auto recurrido se concluyó que la cuantía del proceso era de $ 8.479.000, suma que estaba determinada por la diferencia entre el valor liquidado por la actora y el determinado por la administración de impuestos.

Que incluso ese valor fue señalado por la actora para efectos de que se fijara la caución en caso de que las pretensiones no prosperaran.

Señaló que, de conformidad con los artículos 131, 132, 1334, 134A, 134B y 1340 del Código Contencioso Administrativo, la competencia para conocer del presente proceso, en primera instancia, correspondía a los juzgados administrativos, habida cuenta de que para la fecha de presentación de la demanda (mar. 12/2008) la cuantía no superaba los 300 salarios para que el proceso lo conociera, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Recurso de súplica

La parte demandante presentó recurso de súplica contra el auto que decretó la nulidad y pidió que se revocara.

Aclaró que en la demanda se proponían “dos escenarios con contenido económico”. Que, en el primero, se planteaba disminuir $ 8.479.000 del saldo a favor declarado para el año gravable 2003. Que, en el segundo “escenario”, se proponía disminuir el exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria susceptible de ser amortizada, en una suma de $ 317.880.000.

Dijo que, conforme con la jurisprudencia de esta Sección, en asuntos tributarios la cuantía se determina por el valor del interés jurídico reclamable. Que, sin embargo, existían “controversias que, aunque cuantificables, tienen un mayor impacto económico que no necesariamente se observa en un valor a pagar o menor saldo a favor”.

Que, al igual, en materia de deducciones esta Sección ha determinado que la cuantía está determinada por el valor del rechazo de estas, aunque no siempre se afecte el valor del impuesto a pagar.

Que, en el caso concreto, con ocasión del rechazo parcial de las deducciones que tomó la parte actora, se disminuyó la base de tributación que pasó de ser presuntiva a ser de renta líquida, con lo que se disminuyó el exceso de renta presuntiva sobre el de renta ordinaria susceptible de ser amortizado por la compañía demandante.

Adujo, por otro lado, que la determinación de la caución en procesos tributarios tenía por objeto “asegurar el efectivo pago de un recargo a favor del Estado”. Que en la demanda presentada la mención de $ 8.479.000 solo tenía por objeto que ese valor que se tuviera en cuenta al momento de fijar la caución, pero que no servía para determinar la cuantía del proceso.

Consideraciones

La Sala confirmará el auto apelado por las razones que pasan a exponerse.

1. Generalidades. De la forma de determinar la cuantía en asuntos tributarios.

Previo a resolver el caso concreto, la Sala debe precisar lo siguiente:

De conformidad con el artículo 134E del Código Contencioso Administrativo, en asuntos tributarios la cuantía se determina por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones o sanciones, al tiempo de la demanda, sin incluir los intereses o perjuicios, que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda. El artículo 134E es del siguiente tenor:

“ART. 134E.—Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda. Sin embargo, en asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Para los efectos aquí contemplados, se aplicarán las reglas de los numerales 1º y 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil (...)” (se destaca).

La citada norma no dispuso que la cuantía se determine por el mayor valor a pagar por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones, porque dependiendo del caso concreto, la liquidación oficial puede tener un efecto económico presente y determinado; o un efecto económico presente y neutro, y futuro y determinable, así:

a) Las liquidaciones oficiales con efecto económico presente y determinado

La liquidación oficial conlleva un efecto económico presente y determinado cuando liquide un mayor impuesto a pagar o un menor saldo a favor del contribuyente. El efecto económico es presente, porque inmediatamente la liquidación oficial adquiere ejecutoria, surte efectos económicos para el contribuyente y para el Estado. Y tiene un efecto determinado, porque en la liquidación oficial el valor en discusión es evidente, palpable, concreto.

En ese contexto, si la liquidación oficial arroja un mayor valor a pagar, la liquidación oficial presta mérito ejecutivo para que el Estado pueda cobrar ese mayor valor a pagar. Por el contrario, si la liquidación oficial arroja un menor saldo a favor, el derecho que tiene el contribuyente para compensar, imputar o solicitar en devolución, se concreta al valor liquidado oficialmente como saldo a favor.

En consecuencia, la cuantía siempre corresponderá a la diferencia entre el resultado de la operación aritmética de la declaración privada y el resultado de la operación aritmética de la liquidación oficial, resultado que contiene el monto discutido por impuestos y sanciones. Y en el caso de no existir liquidación privada, la cuantía corresponderá al valor liquidado oficialmente.

b) Las liquidaciones oficiales con efecto económico presente y neutro, y futuro determinable

Ahora bien, la liquidación oficial conlleva un efecto económico presente y neutro, y futuro y determinable, cuando el valor discutido por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones, en la liquidación oficial, es el resultado de la operación aritmética que propone la autoridad tributaria y que discrepa de la operación aritmética que hace el contribuyente, pero que, en todo caso, es igual al valor que por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones declaró el contribuyente en su liquidación privada. Tal sería el caso, por ejemplo, en el que se debata la inclusión de activos o la procedencia de costos y deducciones, pero no se altera el monto del impuesto que declara el contribuyente, porque se termina declarando por renta presuntiva.

En esos casos, el efecto económico de la liquidación oficial es presente y neutro, porque, inmediatamente la liquidación oficial adquiere ejecutoria, surte efectos económicos para el contribuyente, pero no para el Estado, habida cuenta de que el valor determinado oficialmente es igual al declarado por el contribuyente.

Sin embargo, esa misma liquidación oficial también tiene un efecto futuro y determinable, porque los conceptos o glosas que la autoridad tributaria decidió desconocer en la liquidación oficial tendrán repercusiones a futuro que se reflejarán en los impuestos, tasas, contribuciones y sanciones, en la medida en que se presenten los denuncios tributarios subsiguientes al que fue objeto de las glosas.

En ese contexto, habida cuenta de que “Para efectos de determinar la cuantía del negocio debe tenerse en cuenta el acto [demandado] en sí mismo y no los actos subsiguientes que de él se derivan”, conforme acertadamente lo dijo la sala en auto del 16 de marzo de 2001(1), para aquellos eventos en los que la liquidación oficial tiene efecto económico presente y neutro, pero, a su vez, futuro y determinable, el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones será el impuesto, la tasa, la contribución o la sanción prevista en la liquidación oficial, independientemente de que ese valor coincida con los de la declaración privada, en atención al efecto presente y neutro de la liquidación oficial.

No es pertinente, para efectos de determinar la cuantía, tener en cuenta el efecto económico futuro y determinable que se puede derivar de las liquidaciones oficiales, porque ese efecto, conforme se precisó, se verá reflejado en las declaraciones tributarias subsiguientes a la que es objeto de glosa o en las liquidaciones oficiales que se formulen sobre esas declaraciones.

Además, como los efectos de la liquidación pueden ser determinables pero a futuro, no es procedente interpretar que la cuantía corresponde a valores distintos a los impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. En otras palabras, el valor de la suma discutida, para efectos de determinar la cuantía en asuntos de carácter tributario no corresponde al valor de las glosas que proponga la autoridad tributaria, porque así no lo dispuso el artículo 134E del estatuto tributario.

2. El caso concreto.

En ese contexto, la Sala examinará el caso particular.

Una vez analizado el expediente la Sala concluye que la liquidación oficial tuvo un efecto presente y determinado.

Tuvo un efecto presente porque lo cierto es que a la sociedad actora se le rechazaron las deducciones, relacionadas con los intereses pagados a las entidades financieras como consecuencia de préstamos contratados para pagar el pasivo de la sociedad matriz (Pizano), por valor de $ 326.350.000. Esa suma, en todo caso, sí afectó el impuesto a pagar a cargo del contribuyente, pues lo aumentó de $ 111.438.000 a $ 114.223.000. Asimismo, la liquidación oficial propuesta por la administración calculó un saldo a favor del contribuyente menor al declarado, pues lo disminuyó de $ 407.903.000 a $ 399.424.000.

En consecuencia, la diferencia entre estos dos valores, que equivale a $ 8.479.000, es el valor en discusión, pues es la suma que eventualmente la demandante podría compensar, imputar o pedir en devolución.

Ahora bien, el demandante tanto en el recurso como en la demanda dijo que la cuantía era de $ 326.350.000, que correspondía al valor de las deducciones rechazadas por la administración y como sustento de esa afirmación citó autos en los que esta Sección adoptó ese criterio(2).

En esta oportunidad, se hace imperioso modificar esa tesis, pues, como se vio, en casos como el examinado, el efecto económico que se puede derivar de la liquidación oficial es presente y determinado.

En ese orden, es forzoso concluir que la cuantía del proceso está determinada por la diferencia de la liquidación privada del impuesto de renta del año 2003 con la liquidación oficial. Esto es, la cuantía es de $ 8.479.000, que es la diferencia entre los saldos a favor de $ 407.903.000 y $ 399.424.000.

Esa suma (los $ 8.479.000), al momento de presentación de la demanda (mar. 12/2008), no superaba los 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, necesarios para que el asunto lo conociera el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia. Por ende, lo procedente era declarar la nulidad de todo lo actuado, por falta de competencia funcional, y ordenar la remisión a los juzgados administrativos, como acertadamente se concluyó en el auto suplicado.

Lo anterior impone confirmar el auto suplicado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto del 25 de noviembre de 2009, por las razones expuestas.

Notifíquese.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—Mauricio Alfredo Plazas Vega.

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 16 de marzo de 2001. Expediente 10317, magistrado ponente Delio Gómez.

(2) Se refirió a los autos del 23 de abril de 2006, Expediente 15740, magistrado ponente Héctor Romero Diaz, y del 19 de junio de 2000, Expediente 10482, magistrado ponente Delio Gómez Leyva.