Sentencia 2008-00079 de noviembre 19 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 05001-33-31-004-2008-00079-01(AP)REV

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Omar Osvaldo Villa Monsalve

Demandado: Municipio de Medellín y otros

Bogotá, D.C., diecinueve de noviembre de dos mil nueve.

Se decide la procedencia de la solicitud de eventual revisión efectuada por el actor respecto de la sentencia de 21 de abril de 2009, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la proferida el 19 de diciembre de 2008 por el Juzgado Noveno (9º) Administrativo del Circuito de Medellín, que en el trámite de una acción popular desestimó las pretensiones.

I. Antecedentes

1. La demanda y sus pretensiones.

El 13 de marzo de 2009 el ciudadano Omar Osvaldo Villa Monsalve ejerció acción popular en contra del municipio de Medellín y Gasexpress para reclamar protección a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al espacio público, mediante la adecuación de la publicidad exterior visual a lo dispuesto en el Decreto 971 de 2004. Solicitó igualmente el reconocimiento del incentivo.

1.1. Hechos.

El aviso de identificación ubicado en la fachada de la Gasexpress ocupa un área mayor al 20 por ciento de la misma y tiene un área mayor a ocho (8) metros cuadrados, dimensiones por las cuales se considera publicidad exterior.

El Decreto 971 de 2004 prohíbe dicha instalación para la fachada de una edificación.

2. Contestación.

2.1. El municipio demandado propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” con fundamento en que fue Gasexpress quien ubicó el aviso publicitario y la de “improcedencia de la acción” por considerar que como lo pretendido es el acatamiento del Decreto 971 de 2004 se debió ejercer la acción de cumplimiento.

Solicitó que se declare el “agotamiento de la jurisdicción” porque el actor ha presentado varias acciones populares por el mismo asunto ante diferentes despachos judiciales.

Agregó que no está demostrada la afectación de los derechos colectivos alegados y que ha adelantado actuaciones eficaces tendientes al cumplimiento de las normas aplicables al caso.

2.2. La empresa Gasexpress no contestó la demanda.

II. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2008 el juez cuarto administrativo del circuito de Medellín declaró que no hubo vulneración de los derechos colectivos alegados por cuanto el hecho fue superado y además, porque el material probatorio aportado es insuficiente para determinar si el aviso incumplía lo dispuesto en el Decreto 971 de 2004.

III. Recurso de apelación

El actor replicó que el hecho se superó y cesó la amenaza al derecho colectivo con ocasión al ejercicio de la acción popular.

IV. Sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 21 de abril de 2009 el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó el fallo apelado con fundamento en que no basta con indicar que determinados hechos violan derechos e intereses colectivos sino que el demandante debe asumir la carga procesal de demostrar los fundamentos fácticos de la acción, impuesta en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998.

V. Solicitud de revisión

El actor solicitó la revisión de la sentencia de segunda instancia con fundamento en que existió un error en la valoración probatoria.

Agregó que el retiro de la publicidad exterior con posterioridad a la interposición de la acción popular debe entenderse como un allanamiento a las pretensiones.

VI. Consideraciones

6.1. Generales de la revisión.

El artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 dispone que el Consejo de Estado, a través de sus secciones en su condición de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.

En Sentencia C-713 de 2008, la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo primero del artículo 11 del proyecto de ley estatutaria 023 de 2006/Senado y 286 de 2007/Cámara, reformatoria de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de Administración de Justicia) y advirtió que la revisión eventual es una competencia adicional del Consejo de Estado, que recae contra sentencias o providencias que pongan fin a un proceso, proferidas por los tribunales administrativos, para unificar la jurisprudencia, y que no impide la interposición de la acción de tutela.

6.2. Jurisdicción.

Esta jurisdicción es competente para resolver sobre las solicitudes de revisión de las providencias judiciales proferidas en procesos iniciados en ejercicio de las acciones populares.

6.3. Competencia de la Sala.

Esta Sección es competente para conocer la solicitud en estudio de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 55 de 2003, porque está referida a una acción popular cuyo conocimiento no está atribuido a la Sección Tercera de esta corporación.

6.4. Requisitos de procedibilidad.

Esta corporación(1) ha señalado que de acuerdo con la Ley 1285 de 2009 y la citada Sentencia C-713 de 2008 de la Corte Constitucional, los requisitos para que proceda la revisión de las providencias de las acciones populares ante esta corporación son los siguientes:

a) La solicitud de revisión debe ser formulada por las partes o por el Ministerio Público; b) debe tratarse de sentencias o providencias que pongan fin al proceso; c) la petición deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia; d) que la sentencia que haya sido dictada únicamente por los tribunales administrativos y e) que la petición esté debidamente sustentada.

Como que (sic) en el presente caso se cumplen los requisitos de procedibilidad se procederá a examinar si es del caso a acceder o denegar la revisión solicitada.

6.5. Caso concreto.

El actor solicita la revisión de la sentencia de 21 de abril de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia con fundamento en que esa corporación valoró inadecuadamente el material probatorio por él aportado y en que el retiro de la publicidad por parte de Gasexpress debía entenderse como que se (sic) un allanamiento a las pretensiones.

Para resolver, se considera:

La sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no solo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un simple acto formal sino el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Si se dicta una sentencia que adolece de vicios o errores de derecho se viola el debido proceso, pues tal circunstancia se traduce, directa o inmediatamente, en un agravio no solo para la persona afectada, sino también para los demás sujetos procesales, y para la sociedad en general, pues el sentimiento de inconformidad no se circunscribe a quien directamente resulta damnificado, sino a la comunidad toda, que, perdida la confianza en la protección real de los derechos, se sentirá expuesta a la arbitrariedad.

El solicitante cuestiona la aplicación de la figura del “hecho superado” por cuanto se crea una nueva forma de terminación anormal del proceso que tiene implicación procesal con relación a la posibilidad del pago de perjuicios y también sobre el incentivo, sobre cuya legalidad conviene orientar y unificar la jurisprudencia.

En consecuencia, se seleccionará para revisión la sentencia del 21 de abril de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

RESUELVE:

SELECCIONAR PARA REVISIÓN la sentencia del 21 de abril de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 19 de noviembre de 2009.

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso—Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, Presidente—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Auto de 14 de julio de 2009, Expediente 2007-00244 (IJ); actora: Gladys Álvarado Acosta. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.