Auto 2008-00081 de noviembre 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 85001233100020080008101

Número interno: 18470

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: B.P. Exploration Company Colombia Limited - Ecopetrol contra el municipio de Aguazul - Casanare

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Corresponde a la Sala determinar si era procedente que el a quo aceptara, en las providencias apeladas, el desistimiento presentado por las sociedades demandantes, con fundamento en el artículo 77 de la Ley 1328 de 2009 y si procedía la acumulación de los procesos 2008-00084 y 2008-00081.

1. Del desistimiento parcial de las pretensiones presentado por Ecopetrol S.A. y B.P.

Tanto Ecopetrol S.A. como B.P. manifestaron su intención de desistir parcialmente de las pretensiones de las demandas que dieron origen a los procesos 2008-00084 y 2008-00081, respectivamente, con fundamento en lo previsto en el artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, que establece:

“ART. 77.—Normalización de cartera. Con el fin de rehabilitar la población campesina beneficiaria de reforma agraria y a las asociaciones de usuarios de distritos de riego y sus asociados, ante el sector financiero e incrementar la colocación de créditos destinados a la población dedicada a actividades agropecuarias, autorizase al Incoder o a la entidad que adquiera o administre la cartera, para que efectúe la reestructuración de los créditos (de tierras, producción, maquinaria agrícola, contribución por valorización y recuperación de inversión de los distritos y usuarios de riego) que le adeuden los beneficiarios y usuarios del Incoder o de las entidades liquidadas del sector cuyas funciones asumió dicho instituto.

La anterior autorización incluye la remisión total o parcial de los intereses causados y estímulos al prepago (con rebajas de capital), de conformidad con el reglamento que establezca para tales efectos la administración del Incoder o la entidad que adquiera o administre la cartera; así como la redención total o parcial de los intereses causados y capitalizados que adeuden estos usuarios en el marco de los programas de crédito de producción concedidos a usuarios de reforma agraria y garantizados por los antiguos Incora o Incoder.

Los contribuyentes y responsables de los impuestos territoriales que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre obligaciones tributarias anteriores a 31 de diciembre de 2008, con respecto a las cuales no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, con las entidades territoriales, hasta un veinte por ciento (20%) del mayor impuesto discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto en discusión.

Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción, se podrá conciliar hasta un veinte por ciento (20%) el valor de la misma, para lo cual se deberá pagar el ochenta por ciento (80%) del valor de la sanción y su actualización, según el caso.

Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en única instancia o en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, se podrá conciliar solo el valor total de las sanciones e intereses, siempre que el contribuyente o responsable pague el ciento por ciento (100%) del mayor impuesto en discusión.

Para el efecto, bastará con una comunicación escrita en la cual se manifieste que se normaliza la deuda y se desiste de las discusiones sobre la misma, anexando copia del recibo de pago y/o acuerdo de pago y del desistimiento del proceso correspondiente, el cual no requerirá de actuación adicional para su aceptación por parte de las autoridades judiciales.

PAR.—En aquellos procesos en los cuales no se haya aprobado el acuerdo conciliatorio por la jurisdicción contenciosa administrativa bajo la vigencia de la ley 1111 de 2006 darán aplicación al presente artículo” (se resalta).

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-333 del 12 de mayo de 2010, declaró inexequibles los apartes resaltados y, en uso de las facultades para determinar el efecto temporal de sus decisiones, dispuso que dicha declaratoria tendría efectos retroactivos, es decir, a partir de la fecha de promulgación de la Ley 1328 de 2009. En consecuencia, la norma que fundamentaba la solicitud formulada por cada una de las actoras desapareció del ordenamiento jurídico.

En ese contexto, la Sala reitera el análisis realizado en casos similares(5) para concluir que la declaratoria de inexequibilidad implica el retiro del ordenamiento legal de los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y del parágrafo del artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, razón por la cual no pueden aplicarse ni servir de fundamento para desistir de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Ahora bien, la declaratoria de inexequibilidad afecta las providencias por medio de las cuales el Tribunal de Casanare aceptó el desistimiento, pues se profirieron con fundamento en una norma que desapareció del ordenamiento jurídico, desde la fecha de su promulgación y, en consecuencia, deben ser revocadas para que los procesos continúen el trámite correspondiente.

2. De la acumulación de los procesos 2008-00084 (Ecopetrol S.A.) y 2008-00081 (B.P.).

El apoderado de las sociedades demandantes solicitó la acumulación de los procesos de la referencia con fundamento en el numeral 1º del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil.

Vale decir que la acumulación de procesos es un mecanismo que tiene por finalidad lograr la economía procesal cuando varios procesos se pueden decidir en una misma sentencia, dada la relación de conexidad que existe entre ellos.

Este mecanismo está contemplado en el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84) que remite al artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

“ART. 157.—Procedencia de la acumulación. Podrán acumularse dos o más procesos especiales de igual procedimiento o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la misma instancia:

1. Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.

2. Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones propuestas se fundamenten en los mismos hechos, salvo que aquéllas tengan el carácter de previas.

3. Cuando existan varios procesos de ejecución en los cuales se persiga exclusivamente la misma cosa hipotecada o dada en prenda.

4. Cuando en los procesos de que trata el numeral anterior, todos los acreedores que hayan concurrido convengan en que se acumulen a un ejecutivo quirografario que contra el mismo deudor se adelante por otros acreedores”.

Del análisis de la norma transcrita, de la cual son aplicables particularmente los numerales 1º y 2º, se infiere lo siguiente:

1. Que los procesos se tramiten por igual procedimiento. En este caso, tanto el proceso de Ecopetrol S.A. (2008-00084) como el de B.P. (2008-00081) se tramitan por el procedimiento ordinario establecido en los artículos 207 y siguientes del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84) y tuvieron origen en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del mismo código.

2. Que la acumulación sea solicitada por una de las partes. La solicitud de acumulación fue formulada por el apoderado de cada una de las demandantes en los procesos mencionados, esto es, por los apoderados de Ecopetrol S.A. y de B.P. (fls. 414 a 417).

3. Que se encuentren en la misma instancia. Ambos procesos cursan su trámite en el Tribunal Administrativo de Casanare en primera instancia.

4. Que el demandado sea el mismo en los procesos cuya acumulación se pretende. El municipio de Aguazul - Casanare es el demandado en los procesos mencionados.

5. Que las excepciones propuestas por el demandado se fundamenten en los mismos hechos. En este caso, solo en uno de los procesos (2008-00084) se formuló la excepción de caducidad de la acción, la que debe resolverse en la correspondiente sentencia.

6. Que las pretensiones de cada una de las demandas se hubieran podido acumular en una sola. De las pretensiones de las dos demandas se puede establecer que cada una busca la nulidad de actos administrativos de contenido particular y concreto; así, en el proceso de B.P. 2008-00081 se ataca la Resolución 334 del 6 de agosto de 2008, mientras que en el proceso de Ecopetrol 2008-00084 se ataca la Resolución 283 del 14 de julio de 2008.

De lo anterior se desprende con claridad que en cada proceso se pretende la nulidad de actos administrativos distintos, que a pesar de tener el mismo fundamento jurídico y el mismo objeto, esto es, establecer el valor que cada una de las sociedades demandantes debe pagar al municipio de Aguazul por concepto de las transferencias del sector eléctrico, corresponden a situaciones que no son idénticas y a derechos litigiosos respecto de los cuales cada empresa puede disponer de forma independiente.

Es por eso que, encontrándose el expediente de la referencia en esta instancia, la sociedad B.P. desistió de todas las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 2008-00081, desistimiento que no se presentó en el proceso de Ecopetrol 2008-00084.

Del análisis precedente se concluye con claridad que la acumulación de los procesos se torna improcedente e inocua y por esta razón se revocará la providencia del Tribunal Administrativo del Casanare que la ordenó, para que cada uno de los procesos continúe su trámite de forma independiente.

En consecuencia, se revocarán los autos del 4 de enero de 2010 y 25 de febrero del mismo año, que lo corrigió, en cuanto aceptaron el desistimiento parcial de las pretensiones en el proceso 2008-00084 (Ecopetrol S.A.). Así mismo se revocará el auto del 22 de abril de 2010, en cuanto aceptó el desistimiento parcial de las pretensiones en el proceso 2008-00081 (B.P.) y ordenó la acumulación a este, del proceso 2008-00084 y se ordenará que cada uno de los procesos continúe su trámite en consonancia con las consideraciones precedentes.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto del 4 de enero de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 2008-00084.

2. REVÓCASE el auto del 22 de abril de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare dentro del proceso 2008-00081.

3. ORDÉNASE que los procesos 2008-00081 y 2008-00084 continúen el trámite correspondiente en forma independiente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(5) Autos de: 9 de agosto de 2010, Expediente: 17093; 21 de julio de 2011, Expediente: 18436 y, de 14 de febrero de 2012, Expediente: 17388, entre otros.