Auto 2008-00098 de mayo 22 de 2008

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00098

Consejero ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción de nulidad

Actor: Jorge Ignacio Cifuentes Reyes

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil ocho.

El ciudadano Jorge Ignacio Cifuentes Reyes, obrando en su propio nombre, en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de los artículos 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 57 del Decreto 3366 de 21 de noviembre de 2003, “Por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se determinan unos procedimientos”, expedido por el Gobierno Nacional.

I. La admisión de la demanda

Como la demanda y sus anexos se ajustan a las previsiones de los artículos 137 a 142 del Código Contencioso Administrativo, es del caso admitirla, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

II. La solicitud de suspensión provisional

En capítulo especial de la demanda, el actor solicitó la medida precautoria del acto acusado aduciendo, en esencia, lo siguiente:

1. Estima que el acto acusado vulnera el parágrafo del artículo 46 de Ley 336 de 1996, por cuanto allí se dispone que para la aplicación de las multas a las empresas de transporte terrestre, los rangos deben oscilar entre uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual es desconocido por aquel, al establecer unos límites a los rangos de las multas, por medio de un decreto reglamentario.

Agrega que en un asunto similar, la Sección Primera del Consejo de Estado, (Exp. 2003-0086. Sent., mayo 3/2007. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Planeta(sic)) sostuvo que no es posible que un decreto reglamentario establezca rangos determinados para las sanciones pecuniarias según la falta que se cometa, pues estos límites ya están establecidos en la ley.

2. Manifiesta que los rangos contenidos en el acto acusado, vulneran el inciso segundo del artículo 29 de la Constitución Política, en la medida en que desconocen el principio de legalidad, por cuanto, a su juicio, nadie puede ser juzgado sino por las leyes preexistentes al acto que se le imputa, lo que implica que el establecimiento de una sanción es una función que le corresponde exclusivamente al legislador, y no a la rama ejecutiva del poder público.

III. Consideraciones de la Sala

El parágrafo del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, es del siguiente tenor:

“PAR.—Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada modo de transporte:

a) Transporte terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes.

Los rangos contenidos en los artículos del decreto acusado, por medio del cual se establece el régimen de sanciones por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor, restringen el límite de la sanción, de la siguiente forma:

“ART. 12.—Serán sancionadas las empresas de transporte público colectivo de pasajeros y mixto del radio de acción metropolitano, municipal o distrital, con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 13.—Serán sancionadas las empresas de transporte público colectivo de pasajeros y mixto del radio de acción metropolitano, municipal o distrital, con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 14.—Serán sancionadas las empresas de transporte público colectivo de pasajeros y mixto del radio de acción metropolitano, municipal o distrital, con multa de once (11) a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 16.—Serán sancionados los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos de transporte público colectivo de pasajeros y mixto del radio de acción metropolitano, distrital, o municipal, con multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 18.—Serán sancionadas las empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, del radio de acción metropolitano, municipal o distrital, con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes por las siguientes infracciones:

ART. 19.—Serán sancionadas las empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, del radio de acción metropolitano, municipal o distrital, con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 20.—Serán sancionadas las empresas de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, del radio de acción metropolitano, municipal o distrital, con multa de once (11) a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 22.—Serán sancionados los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos taxi, con multa de uno (1) y tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 24.—Serán sancionadas las empresas de transporte público de pasajeros y mixto por carretera con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 25.—Serán sancionadas las empresas de transporte público de pasajeros y mixto por carretera, con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurra en las siguientes infracciones:

ART. 26.—Serán sancionados con multa de once (11) a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes las empresas de transporte público de pasajeros y mixto por carretera, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 28.—Serán sancionados los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos de transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera, con multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 30.—Serán sancionados con multa de (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes las empresas de transporte terrestre automotor especial, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 31.—Serán sancionados con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes las empresas de transporte terrestre automotor especial, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 32.—Serán sancionados con multa de once (11) a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes las empresas de transporte terrestre automotor especial, que incurran en las siguientes infracciones

ART. 34.Serán sancionados los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos de transporte público especial con multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 36.—Serán sancionados con multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes los propietarios de vehículos particulares de transporte escolar, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 39.—Serán sancionadas con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes, las empresas de transporte público terrestre automotor de carga, que no suministren la información que legalmente le haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad solicitante.

ART. 40.—Serán sancionados con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes las empresas de transporte terrestre automotor de carga, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 41.—Serán sancionadas con multa de once (11) a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes las empresas de transporte terrestre automotor de carga, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 42.—Serán sancionados los propietarios, tenedores o poseedores de vehículos de transporte público de carga, con multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en las siguientes infracciones:

ART. 43.—Serán sancionados con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes los remitentes de la carga, que contraten la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, con empresas de transporte no habilitadas, o lo hagan directamente con el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público o de servicio particular, salvo lo establecido en el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988.

ART. 44.—Serán sancionados los remitentes de la carga, las empresas de transporte, los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos de transporte público terrestre automotor de carga, con multa de seis (6) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando se pacte el servicio por debajo de las condiciones económicas mínimas establecidas por la autoridad competente, cuando estas se encuentren reguladas

ART. 57.—Incumplimiento. Cuando el sujeto de sanción no haya dado cumplimiento a la amonestación escrita dentro de los 30 días siguientes de la ejecutoria del acto administrativo que la impuso, será sancionado con cinco (5 ) salarios mínimos mensuales legales vigentes...” (negrilla y subrayado fuera de texto).

Es cierto, conforme lo advierte el actor, que esta Sección en sentencia de 3 de mayo de 2007, magistrado ponente Rafael E. Ostau de Lafont Planeta(sic), Expediente 2003-0086, declaró la nulidad de los artículos 13, 14 y 20 del Decreto Reglamentario 176 de 2001, por cuanto no es viable jurídicamente que un decreto reglamentario pueda establecer rangos para las sanciones pecuniarias, dado que estos ya están establecidos en la ley.

En el caso objeto de estudio se presenta la misma situación, pues el decreto acusado, establece unos límites inferiores a los rangos previamente establecidos en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, vulnerándolo de manera directa y manifiesta.

Comoquiera que de la simple confrontación del acto acusado y de la norma invocada como vulnerada se observa la manifiesta violación de esta, la Sala decretará la medida precautoria impetrada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. Admítese la demanda presentada por el ciudadano Jorge Ignacio Cifuentes Reyes. En consecuencia, se dispone:

a) Notifíquese personalmente al señor Ministro de Transporte. Entréguesele copia de la demanda y sus anexos.

b) Notifíquese personalmente al señor Procurador Primero Delegado de lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado.

c) Fíjese el proceso en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada o los intervinientes puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de pruebas.

d) Solicítese a la secretaría general del ministerio, el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado, dentro del término de los ocho (8) días siguientes al de recepción del correspondiente oficio.

e) De conformidad con lo ordenado en el numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el Decreto 2867 de 1989, deposite el actor la suma de once mil pesos ($ 11.000) moneda corriente, dentro de los diez (10) días siguientes al del regreso del expediente a la secretaría, en la cuenta de ahorros del Banco Agrario de Colombia 4-0070-000664-4.

2. Tiénese como demandante al ciudadano Jorge Ignacio Cifuentes Reyes.

3. Tiénese como demandada a la Nación-Ministerio de Transporte.

4. DECRÉTASE la suspensión provisional de los efectos de los artículos del acto administrativo acusado, señalados ab initio de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de mayo de 2008.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón. Ausente con excusa.