Auto 2008-00101 de diciembre 13 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 23001-23-31-000-2008-00101-02(39481)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Diva María Cabrales Solano

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia

Referencia: Incidente de impedimento

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diez.

Corresponde a la Sala decidir el impedimento manifestado por los consejeros de Estado integrantes de la Sección Segunda de esta corporación con fundamento en la causal primera del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

Antecedentes

Mediante demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Córdoba la señora Diva Cabrales Solano, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial, pidió que se inaplique el Decreto 4040 de 2004 que creó una bonificación por gestión judicial equivalente al 70% de lo que devenguen los magistrados de las altas cortes, se declare la nulidad del oficio DEAJ07 - 16642, de noviembre 7 de 2007, mediante el cual el director ejecutivo de la Rama Judicial negó a los magistrados de ese tribunal la petición en relación con el pago de su sueldo mensual y que, en consecuencia, se le reconozca la bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998 y se condene a la demandada a hacer las reliquidaciones, actualizaciones y pagos correspondientes a partir de septiembre de 2002.

El trámite de primera instancia concluyó con sentencia del 22 de enero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Conjueces, en la cual inaplicó el Decreto 4040 de 2004, declaró la nulidad del oficio demandado con respecto a la demandante así como el derecho a que se le reconozca y pague la bonificación por compensación con carácter permanente establecida en el Decreto 610 de 1998 y condenó a la demandada.

La señora apoderada de esta última impugnó la decisión anterior a través del recurso de apelación, el cual fue concedido mediante auto de 8 de abril de 2010 y remitido a esta corporación para su conocimiento.

Encontrándose el proceso en esta instancia para proveer sobre el recurso de apelación interpuesto, los consejeros que integran la Sección Segunda de esta corporación declararon impedida dicha sección para conocer del asunto por estar incursos en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, considerando que lo que persigue “el demandante es ser cobijado por la bonificación establecida en el Decreto 610 de 1998, la cual beneficia a magistrados del tribunal y magistrados que están bajo la dependencia de cada consejero” y que, además, son situaciones que los han cobijado en el pasado cuando desempeñaron estos cargos en la Rama Judicial.

Consideraciones

Los impedimentos están instituidos en la legislación colombiana como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, para ello, la ley procesal estableció, de manera taxativa, unas causales de impedimento y recusación cuya configuración, en relación con quien deba decidir un asunto, determina su separación para conocer del mismo.

Por manera que, en garantía de la imparcialidad en la administración de justicia, es necesario analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas en los artículos 150 del Código de Procedimiento Civil y 160 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso, los consejeros Víctor Hernando Alvarado Ardila, Gerardo Arenas Monsalve, Gustavo Gómez Aranguren, Bertha Lucía Ramírez de Páez, Alfonso Vargas Rincón y Luis Rafael Vergara Quintero, integrantes de la Sección Segunda de esta corporación manifiestan su impedimento con fundamento en lo dispuesto en la causal 1º del artículo 150 Código de Procedimiento Civil, que prevé:

“ART. 150.—Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso”.

Revisado el expediente, advierte la Sala que en la demanda se alude al Decreto 610 del 26 de marzo de 1998, mediante el cual se fijó para los magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; para los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura; para los abogados auxiliares del Consejo de Estado; para los fiscales y jefes de unidad ante el Tribunal Nacional; para los fiscales del Tribunal Superior Militar, para los fiscales ante Tribunal de Distrito, y para los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, una bonificación por compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguales al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

De acuerdo con el mismo decreto, para la vigencia fiscal siguiente el ajuste igualará al setenta por ciento (70%) y a partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal será del (80%) de lo que devenguen anualmente por todo concepto los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Según el artículo tercero del citado decreto, esa bonificación se pagará mensualmente y tendrá efectos fiscales desde el 1º de enero de 1999.

Como el decreto que la demandante considera que debe aplicarse a su caso contiene disposiciones en materia salarial que rigen también para los abogados o magistrados auxiliares del Consejo de Estado y como lo ha considerado esta corporación “(…) se advierte que a los magistrados auxiliares que están bajo su dependencia, les asiste la misma expectativa por el derecho que reclama el actor”(1), la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por los consejeros integrantes de la Sección Segunda de esta corporación, por lo que se les separará del conocimiento del presente asunto.

Así mismo, se señala que como en la misma causal estarían incursos los demás consejeros de esta corporación, incluidos los suscritos integrantes de esta Sala, se ordenará el sorteo de conjueces para que continúen conociendo del presente asunto(2).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. DECLARAR fundado el impedimento manifestado por los consejeros Víctor Hernando Alvarado Ardila, Gerardo Arenas Monsalve, Gustavo Gómez Aranguren, Bertha Lucía Ramírez de Páez, Alfonso Vargas Rincón y Luis Rafael Vergara Quintero, integrantes de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para seguir conociendo del presente asunto, por estar incursos en la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia separarlos del conocimiento del asunto.

2. ORDÉNASE el sorteo de conjueces para que continúen conociendo del presente asunto.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—Gladys Agudelo Ordóñez (E)—Hernán Andrade Rincón—Stella Conto Díaz del Castillo—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero—Danilo Rojas Betancourth—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(1) Providencia del 24 de abril de 2008, radicado 25000-23-27-000-2007-02300-02(AC).

(2) En el mismo sentido se pronunció esta sección, en auto del 21 de octubre de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, Rad. 27001-23-31-000-1999-00344-01 (37.225), caso similar en que el demandante pretende el reconocimiento de la bonificación por compensación fijada por el Decreto 610 de 1998.