Auto 2008-00102 de julio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 63001-23-31-000-2008-00102-01 (41940)

Consejero Ponente:

Jaime Enrique Rodríguez Navas

Actor: Paola Andrea Díaz Betancur, María Magnolia Betancur Amaya, Aura Rosa Ortiz de Díaz, Aurelia Amaya de Betancur, Héctor, María Aisne y Luzmila Díaz

Demandado: Municipio de Armenia

Referencia: Reparación directa - prelación de fallo

Bogotá, D.C., doce de julio de dos mil diecisiete.

Antecedentes

La demanda de reparación directa fue presentada, a través de apoderado, el 1º de julio de 2008 ante el Tribunal Administrativo del Quindío (fl. 1 a 36), con el fin de que se declare patrimonialmente responsable al municipio de Armenia por la muerte del señor José Bagneris Díaz Ortiz y, en consecuencia se condene a indemnizar a su cónyuge por perjuicios morales, a la vida de relación y lucro cesante, a la hija por los perjuicios morales y la vida de relación y a la madre, hermanos y suegra por los perjuicios morales sufridos.

El tribunal admitió el medio de control, mediante auto del 26 de agosto de 2008 (fl. 182 a 183); abrió el proceso a pruebas con auto de 30 de marzo de 2009 (fl. 205 a 207); el 15 de septiembre de la misma anualidad, corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión (fl. 234); y el 31 de marzo de 2011, dictó sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones (fl. 260 a 280).

Inconforme con la decisión, la parte demandante y demandada interpusieron recursos de apelación (fl. 282 a 289), en consecuencia se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 (fl. 302 a 305), que se declaró fallida y se concedieron los recursos de apelación presentados, ordenando la remisión del proceso a esta Corporación, a través de proveído de 21 de junio de 2011 (fl. 320 a 321).

Esta colegiatura, admitió la alzada, por medio de auto de 21 de septiembre de 2011 (fl. 331) y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, a través de proveído de 19 de octubre del mismo año (fl. 333).

Finalmente, la defensora del pueblo regional de Quindío, presentó solicitud de prelación, mediante escrito del 16 de febrero de 2017, a petición de la parte demandante (fl. 336 a 337).

Consideraciones

La solicitud de prelación se basó en la edad de los accionantes, se argumentó que dos de los actores fallecieron esperando el fallo y la mayoría de los restantes son adultos mayores que temen que les ocurra lo mismo.

En principio, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispone que «Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse», mientras que el artículo 16 de la Ley 1285 del 2009 contempla unas excepciones a esta regla general, que permiten alterar el orden cronológico de turno:

ART. 16.—Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la regla general mas no absoluta es de resolver los asuntos sometidos a la justicia en el orden estricto de los procesos, pues el legislador puede establecer excepciones, siempre y cuando sean justificadas y razonables. Y explica que la autoridad judicial debe revisar cada caso en particular con el fin de determinar si se enmarca o no en las excepciones legales que permiten que los procesos sean fallados preferentemente, y justificar el cambio de orden para fallo(1).

Asimismo, la mencionada Corte ha establecido unos criterios que permiten identificar cuando la mora judicial justificada pone en grave riesgo los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia y por tanto justifica que el turno de fallo de un proceso sea adelantado, estos son(2):

a) La calidad de sujeto de especial protección que la Constitución reconozca a un individuo.

b) Que la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado.

c) Relación directa entre las condiciones particulares del afectado y la resolución que espera de la administración de justicia.

En relación con los sujetos de especial protección la jurisprudencia constitucional ha señalado que son en general quienes estén en situación de debilidad manifiesta, como las madres cabezas de familia, los niños, la población desplazada, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad(3) y afirmó que el amparo reforzado a estos sujetos tiene como fundamento el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, en el que el Constituyente reconoció la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos(4).

Por último, a juicio de la alta Corte, la especial protección significa el deber de adoptar decisiones para corregir los efectos perjudiciales de la desigualdad y de esa forma garantizar el pleno ejercicio de sus libertades y derechos(5).

Así las cosas, la Sala considera que la solicitud de prelación formulada en el presente proceso no está llamada a prosperar pues la razón expuesta como fundamento de la solicitud no se ajusta a las causales previstas en la ley, como tampoco cumple con los citados criterios jurisprudenciales que justifican la alteración del orden regular para fallo. Pues, si bien la mayoría de los actores son sujetos de especial protección constitucional dado que los señores María Magnolia Betancur Amaya (cónyuge supérstite), Héctor, María Aisne y Luzmila Díaz (hermanos) son adultos mayores y, a su vez se evidencia que la mora judicial en este caso superará los términos razonables de fallo, ya que en la actualidad la Subsección se encuentra resolviendo los procesos que ingresaron para fallo en el año 2008 y éste entró para decidir la alzada el 16 de noviembre de 2011, lo que implica que tardará un par de años en ser resuelto; no existe relación directa entre las condiciones particulares de los actores y la decisión que esta corporación adopte entorno a la indemnización reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Lo anterior, puesto que según los testimonios que obran como prueba en el proceso, no todos los actores dependían económicamente del señor José Bagneris Díaz Ortiz, solo su cónyuge y suegra, quienes vivían con él, ya que su hija, quien de todas formas no es adulto mayor, antes de su fallecimiento se había casado y por tanto se había ido de la casa y, su madre y hermanos tampoco vivían con él, pues no eran conocidos por los vecinos, es decir, que el núcleo familiar por el cual el señor Díaz Ortiz velaba estaba conformado solo por su esposa y suegra.

No obstante, la suegra falleció y, de acuerdo con el certificado expedido por el Instituto de Seguro Social, seccional Quindío (fl. 255, cdno. pbas.) su cónyuge es beneficiaria de la pensión de sobreviviente por su fallecimiento, de modo que se puede concluir que ésta no se encuentra en situación de necesidad, y por tanto la resolución de esta corporación no repercutirá significativamente en su condición de vida, como lo exige la jurisprudencia.

En este sentido, es menester estarse a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y, en consecuencia, la decisión será proferida cuando corresponda su turno dentro de los procesos que ingresaron para fallo en el 2011.

Por último, en vista de que mediante memorial visible a folio 290 del cuaderno principal del expediente, quien se halla habilitado legalmente para ello, confirió poder en nombre de la parte demandada, se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de dicho mandato, entendiéndose revocado el poder anteriormente otorgado a la abogada Lina María Giraldo Álvarez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del 267 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, esta Sala

RESUELVE:

1. Niéguese la solicitud de prelación de fallo incoada por la parte actora de conformidad con lo expuesto.

2. Reconózcase al abogado Julio César Espinoza Vidal, identificado con cédula de ciudadanía 94.225.442, abogado titulado portador de la tarjeta profesional 96.890 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandada, el municipio de Armenia, en los términos del poder otorgado (fl. 290, c.p.).

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio GamboaGuillermo Sánchez Luque—Jaime Enrique Rodríguez Navas.

1 Corte Constitucional, Sentencia C-713 del 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

2 Corte Constitucional, Sentencia T-945A del 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

3 Corte Constitucional, Sentencia T-495 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

4 Corte Constitucional, Sentencia T-282 de 2008, M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo

5 Corte Constitucional, Sentencia T-874 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería.