Auto 2008-00105 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 85001233100020080010502

Número interno: 19977

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez

Actor: B.P. Exploration Company Colombia Limited contra la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía contra el numeral 3º del auto del 17 de enero de 2013, en el que el Tribunal Administrativo de Casanare se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante al aceptar el desistimiento de la demanda de la referencia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala determinar si en el asunto de la referencia había lugar a condenar en costas a B.P. Exploration como consecuencia del desistimiento de la demanda.

En primer lugar, es necesario precisar que el desistimiento es una de las formas anormales de terminación del proceso. Es un acto jurídico de disposición que consiste en la manifestación de la voluntad del demandante “de terminar o de renunciar a la demanda, o a esta y a la pretensión, según el caso, por lo cual generalmente debe ser expreso.

El desistimiento es una consecuencia del principio dispositivo que inspira el proceso civil, pues si se requiere acción de parte para iniciarlo, basta la voluntad de la misma para terminarlo en cualquier momento”(3)

Esta figura está regulada en los artículo 342 a 345 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso contencioso administrativo por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

El artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, establece, entre otras cosas, que el demandante puede desistir de la demanda siempre que no se haya proferido sentencia y que el auto que acepte el desistimiento produce los mismos efectos que esta.

De otra parte, según el artículo 344 del mismo estatuto procesal las partes pueden desistir de los recursos interpuestos, de los incidentes, de las excepciones y, en general, de los demás actos procesales que hubieren promovido.

El artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, señala que el desistimiento debe presentarse personalmente en la forma indicada para la demanda y en caso de que este sea aceptado, deberá condenarse en costas a quien desistió, salvo que las partes convengan otra cosa o que se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo hubiese concedido.

Pues bien, las normas arriba citadas deben interpretarse a la luz de los artículos 392 [9] del Código de Procedimiento Civil y 171 del Código Contencioso Administrativo, normas según las cuales las costas proceden cuando estén causadas y probadas y, para que el juez las imponga debe analizar la conducta asumida por las partes.

Precisamente, en ese sentido esta Sala ha reiterado(4), que la imposición de las costas no es una consecuencia automática del desistimiento, pues para imponerlas el juez debe analizar la conducta asumida por las partes y determinar si estas se probaron y causaron.

La condena en costas es una figura que surge del proceso propiamente dicho y hace relación con los gastos en los que se debe incurrir para obtener una declaración o ejecución judicial de un derecho(5).

Las costas deben ser sufragadas por aquel que fue vencido en el proceso y, comprende además de las expensas necesarias, las agencias en derecho, es decir el pago de honorarios del abogado de la parte que obtuvo un pronunciamiento judicial favorable a sus intereses(6).

Pues bien, es claro que cuando la parte demandante desiste totalmente de las pretensiones de la demanda, como resultado de su aceptación no hay una parte vencida a pesar de que sí existe sentencia, pues el auto que acepta el desistimiento tiene los mismos efectos que aquella.

Para estudiar el caso concreto, como ya se resaltó, se seguirá el criterio de la Sala según el cual las costas no son una consecuencia automática del desistimiento y, se pasará a analizar si están causadas y probadas en este proceso, además de examinar la conducta asumida por las partes en el mismo.

En este caso, B.P. Exploration manifestó su interés de desistir de las pretensiones de la demanda pues había pagado el valor correspondiente a las transferencias del sector eléctrico, liquidadas en los actos administrativos demandados y, que había seguido pagando dicha contribución por los periodos posteriores atendiendo el criterio fijado por la jurisprudencia de esta corporación.

Corporinoquia afirmó que como consecuencia del desistimiento se debía condenar en costas a B.P. Exploration, pues así lo establece el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y que en este caso no se podía aplicar el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo porque existe norma especial que regula la materia.

La Sala advierte que en este proceso no se encuentran probadas ni causadas las costas que Corporinoquia pide que se impongan a B.P. Exploration y, del comportamiento asumido por la demandante tampoco se deduce la procedencia de las mismas.

Por el contrario, el desistimiento presentado por B.P. Exploration y las razones que le sirven de fundamento, dan cuenta de que la sociedad demandante acata la jurisprudencia de esta corporación y, en consecuencia, pagó la contribución por transferencia del sector eléctrico que discutía en los actos administrativos objeto de este proceso.

De acuerdo con los argumentos que anteceden, y teniendo en cuenta el comportamiento asumido por B.P. Exploration, esta Sala no encuentra razones para imponer condena en costas a la parte demandante como consecuencia del desistimiento de las pretensiones de la demanda.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto apelado, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare el 17 de enero de 2013.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(3) Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil. Parte general. Novena edición. Editorial ABC. Bogotá. 1985. pág. 458.

(4) Auto de 18 de julio de 2013. Exp. 85001233100020080008302, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(5) Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil. Parte general. Novena edición. Editorial ABC. Bogotá. 1985, pág. 529.

(6) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 1. Dupré Editores. Bogotá, D.C., 2012, pág. 1059.