AUTO 2008-00120/47292 DE MARZO 14 DE 2016

 

Auto 2008-00120/47292 de marzo 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Consejera Ponente:

Rad.: 25000-23-26-000-2008-00120-01(47292)

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Ref.: Auto que declara nulidad procesal - acción de controversias contractuales

Actor: Innovación Tecnológica Limitada

Demandado: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Temas: Cláusula compromisoria - Nulidad en procesos iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciséis.

Encontrándose el asunto para fallo, el Despacho advierte la configuración de dos causales de nulidad procesal insaneables, como son la falta de jurisdicción y de competencia funcional, contempladas en los numerales 1º y 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ante la existencia de cláusula compromisoria pactada en el Contrato 11-2006-DG, suscrito el 25 de septiembre 2006, aplicable a las diferencias con ocasión de la ejecución de ese negocio jurídico, asunto materia de la controversia en este proceso(1).

Lo anterior en atención a que tratándose del contrato estatal no cabe la renuncia tácita a la jurisdicción competente, de acuerdo con la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expuesta en la providencia de 18 de abril de 2013, expediente 17.859, con ponencia del señor Consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera.

En apoyo de la aplicación de las referidas causales de nulidad, dentro del presente proceso judicial, se observa que la jurisdicción arbitral ha sido determinada por las partes contratantes en este caso y que ella presenta importantes diferencias respecto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otros aspectos, por razón de la voluntariedad en que se funda la habilitación de los árbitros y la transitoriedad o temporalidad de su potestad para administrar justicia(2), de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política, a cuyo tenor:

“ART. 116, C.P.—La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura(3), la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

“El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

“Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. (La negrilla no es del texto).

El Despacho debe acogerse a la jurisprudencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado, según la cual, frente al contrato estatal no cabe la renuncia tácita de la cláusula compromisoria, teniendo en cuenta, además, que no puede derogar ni desconocer la jurisdicción arbitral que las partes designaron como competente para conocer de la controversia que se ventila en el presente litigio.

Con el propósito de fundar la decisión se realiza un recuento de los antecedentes y de los soportes que dan lugar a ella:

I. Antecedentes 

1. La demanda.

Mediante demanda presentada el 12 de marzo de 2008(4), corregida el 14 de mayo de 2008, la sociedad Innovación Tecnológica Ltda. (en adelante INNOVATEK), en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, solicitó declaraciones y condenas contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de obtener la declaración de nulidad y el restablecimiento del derecho correspondiente, en relación con las resoluciones mediante las cuales la entidad contratante declaró la ocurrencia del siniestro en el Contrato 11-2006-DG y dispuso hacer efectiva la Garantía Única de cumplimiento expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA (en adelante se denominará CONFIANZA)

2. Los hechos.

En el escrito de demanda y su correspondiente corrección, la parte actora narró los siguientes hechos:

2.1. El 25 de septiembre de 2006, INNOVATEK y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses celebraron el Contrato 11-2006-DG, cuyo objeto consistió en la “Adquisición de (1) ICP masas con ablación láser, por un precio unitario de $1.049’800.000”.

2.2. El contrato se garantizó con la póliza única de seguro de cumplimiento 1GU019852, otorgada por CONFIANZA el 27 de septiembre de 2006, sobre la cual se expidió el certificado modificatorio 1G035511 el 28 de febrero de 2007.

2.3. Las partes celebraron cuatro acuerdos adicionales a través de los cuales se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2007.

2.4. El 19 de febrero de 2007 la contratista entregó a satisfacción el equipo en cuestión y el 30 de marzo de 2007 llevó a cabo la prueba de instalación(5). No obstante, según expresó la parte demandante, pese a haber dado cumplimiento al contrato, la entidad contratante expidió la Resolución 591 del 23 de agosto de 2007, mediante la cual declaró la ocurrencia del siniestro por el incumplimiento de las obligaciones aseguradas y decidió hacer efectiva la garantía constituida mediante la póliza de cumplimiento 1-GU019852 y su certificado modificatorio GU35511, por el valor total de $629’880.000.

2.5. Frente al acto administrativo en mención, INNOVATEK y CONFIANZA interpusieron sendos recursos de reposición. Como resultado de ello, la entidad contratante expidió la Resolución 883 de 2 de noviembre de 2007 y modificó parcialmente la Resolución 591 de 23 de agosto de 2007, específicamente su numeral 2º, en relación con el valor correspondiente a la efectividad de la garantía, el cual se fijó en la suma de $377’928.000, que estimó exigible en los amparos de cumplimiento y calidad y funcionamiento del equipo(6).

3. Actuación procesal.

3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por auto de 16 de julio de 2008(7).

3.2. INNOVATEK contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones(8).

3.3. Mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2010, CONFIANZA formuló demanda de intervención adhesiva y fue admitida como parte coadyuvante en el proceso, por auto de 26 de mayo de 2010(9).

3.4. La sentencia impugnada.

El Tribunal a quo profirió sentencia el 7 de febrero de 2013, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda(10).

3.5. El recurso de apelación.

INNOVATEK interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Como consecuencia, solicitó que se revocara y, en efecto, se accediera a las pretensiones de la demanda(11).

II. Consideraciones

En este estado, el Despacho considera imperativo examinar la cláusula compromisoria contenida en el Contrato 11-2006-DG suscrito el 25 de septiembre 2006, en contexto con las controversias que se plantean en la demanda, habida cuenta que de existir un acuerdo que obligue a las partes a someter el respectivo litigio a la justicia arbitral, no es procedente seguir conociendo de la litis; por el contrario, se advierte que bajo tal supuesto debe anularse la actuación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, toda vez que la competente para conocer de las diferencias es la justicia arbitral.

1. Jurisdicción competente.

El asunto en cuyo seno se generó la controversia planteada en el presente proceso lo constituye la impugnación de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses declaró la ocurrencia del siniestro del Contrato 11-2006-DG suscrito el 26 de septiembre de 2006 y la exigibilidad de la póliza de cumplimiento 1-GU01985 y de su certificado modificatorio.

2. El caso concreto.

En primer lugar, se observa que el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, vigente para el momento en que se celebró el contrato, dispuso:

“ART. 70.—De la cláusula compromisoria(12). En los contratos estatales(13) podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, determinación o liquidación.

“El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro.

“La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramiento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.

“Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo”.

La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en torno a la naturaleza vinculante de la cláusula compromisoria mediante la cual las partes de un contrato estatal decidan incorporarla, con el objeto de atribuir a la justicia arbitral, jurisdicción y competencia para que sean los árbitros así habilitados los que diriman los conflictos delimitados en el pacto respectivo, cláusula que —de acuerdo con la normativa del Decreto 1818 de 1998— de modo alguno puede ser desconocida por las partes del contrato estatal mediante la figura de la renuncia tácita.

Al respecto, la Sala reflexionó:

“Continuar aceptando la tesis de la renuncia tácita a la aplicación de la cláusula compromisoria, por el hecho de que la parte demandada no formule la excepción correspondiente, equivaldría a dejar al arbitrio de cada parte la escogencia de la jurisdicción que va a decidir el conflicto entre ella presentado, a pesar de haber convenido, en forma libre y con efectos vinculantes, que sus diferencias irían al conocimiento de la justicia arbitral, e implicaría admitir, también, la existencia de dos jurisdicciones diferentes y con igual competencia para solucionarlo, a pesar de que solo una de ellas pueden conocer y decidir sobre el particular”(14).

En igual sentido, la Sección Tercera acogió la tesis jurisprudencial de conformidad con la cual la Justicia Arbitral cuenta con la facultad para decidir sobre la validez de todos aquellos actos administrativos contractuales diferentes a los previstos en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en tanto ellos no comportan el ejercicio de las potestades previstas en el aludido artículo 14 del Estatuto de Contratación Estatal.

En su oportunidad, la Sala señaló(15):

“Posteriormente, en sentencia del 10 de junio de 2009(16), la Sala volvió sobre el tema y precisó, con toda claridad, el ámbito de los poderes excepcionales a los cuales se refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-1436 de 2000:

‘… la Sala encuentra que el condicionamiento que se ha venido mencionando fue establecido por la Corte Constitucional sobre la base de considerar que los aludidos actos administrativos —cuyo examen no puede ser sometido al conocimiento de los árbitros— son precisamente los que profieren las entidades estatales contratantes en ejercicio de las facultades o potestades que consagra de manera expresa el hoy vigente artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir: a) interpretación unilateral del contrato; b) modificación unilateral del contrato; c) terminación unilateral del contrato; d) sometimiento a las leyes nacionales; e) caducidad y f) reversión, conjunto de prerrogativas éstas que la Corte Constitucional identificó como los poderes excepcionales y a las cuales limitó, a la vez, el sentido de esa noción genérica para los efectos del fallo en cuestión …’. 

“Así, pues, la Sala precisó que, si bien los ‘poderes excepcionales’ con los cuales cuenta la administración pública en desarrollo de la acción contractual comprenden no sólo el ámbito del ejercicio de las denominadas cláusulas excepcionales al derecho común, sino que abarcan ‘… la totalidad de facultades, atribuciones o competencias que autorizan a las entidades estatales contratantes —en la esfera de los contratos de derecho público— para adoptar decisiones unilaterales que resultan vinculantes para los particulares contratistas quienes no se encuentran en un plano de igualdad sino de subordinación jurídica respecto de su contratante la Administración Pública …’(17), lo cierto es que los únicos actos administrativos cuyo control se encuentra excluido de la competencia arbitral son, en vigencia de la Ley 80 de 1993, aquellos dictados en ejercicio de las potestades consagradas exclusivamente por el artículo 14 (en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 eran los señalados en el artículo 76), pues así lo entendió la Corte Constitucional al pronunciar la exequibilidad condicionada de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993, de modo que los demás actos administrativos proferidos en desarrollo de la relación contractual no se hallan excluidos de la competencia arbitral (…)”. (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).  

En el caso concreto, el Despacho advierte que en la cláusula décima novena del contrato 11-2006-DG, suscrito el 25 de septiembre 2006, se establece:

Décima novena. Compromisoria. Las controversias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un Tribunal de Arbitramento constituido para el efecto por la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de la petición por cualquiera de las partes contratantes y cuyos costos serán asumidos por igual, tanto por el Instituto como por el Contratista. El Tribunal estará integrado por un número impar de árbitros especialistas en derecho administrativo o contratación estatal y fallarán el laudo que resulte del mismo en derecho”.

Se tiene presente que el Decreto 1818 de 1998 estableció en su artículo 118(18):

“Cláusula Compromisoria. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral.

“Si las partes no determinan las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal.

“PAR.—La cláusula compromisoria es autónoma respecto de la existencia y validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente”.

Al margen se anota que en el mismo sentido se encuentran definiciones similares incorporadas en la Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional -y se derogaron los artículos 70 a 72 de la Ley 80 de 1993 de la contratación estatal- referidas al pacto arbitral, a la cláusula compromisoria y al compromiso(19).

Por otra parte, el Despacho precisa que este caso no se encuentra en el ámbito de cláusulas excepcionales del régimen de la contratación estatal, que para los efectos de la competencia del Tribunal de Arbitramento, son las comprendidas en el artículo 14 de la misma Ley 80, excluidas de la jurisdicción arbitral, tal como se estableció en la sentencia de unificación de la Sección tercera del Consejo de Estado(20).

3. Tránsito de Legislación.

Las decisiones que se adoptan en este proveído se apoyan en la aplicación del Código de Procedimiento Civil, por virtud del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo y de la regla aplicable en el tránsito de legislación, de acuerdo con el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, normas que, en su orden disponen:

“ART. 267 C.P.C.—En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

“ART. 308. C.P.A.C.A.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

El Despacho no desconoce la aplicación general e inmediata del Código General del Proceso, no obstante, en este caso se encuentra frente a una excepción legislativa sobre las demandas y procesos en curso.

4. Conclusiones.

La medida que aquí deberá proferirse no impide la solución de la controversia citada en la referencia, sino que se encamina a adecuar la actuación procesal para efecto de identificar el juez natural con competencia y jurisdicción que en forma válida pronuncie la decisión que en derecho corresponda para dirimir el litigio existente, lo cual supone respetar la voluntad que de manera espontánea, libre y vinculante manifestaron en su debida oportunidad las partes al celebrar el contrato, el cual es una ley para las partes, en los términos del artículo 1602 del Código Civil y del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

El despacho considera que no puede desconocer la cláusula compromisoria como mecanismo para resolver los conflictos que surjan en el marco del respectivo contrato, tal como fue pactada entre las partes en este caso, en cuyo seno se originó el litigio, como tampoco se deben pasar por alto los efectos procesales que a dichas cláusulas atribuye la ley, en torno a la jurisdicción competente. 

En igual forma, reitera el Despacho que se acoge a la sentencia de unificación en la cual se desestimó la posibilidad de una conducta procesal tácita para renunciar a la jurisdicción arbitral(21).  

Por otra parte, se advierte que el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil determina que la actuación es nula cuando se adelanta sin jurisdicción o sin competencia, de conformidad con los dictados de sus numerales 1º y 2º, a cuyo tenor:

“ART. 140.—Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

“1. Cuando corresponde a distinta jurisdicción.

“2. Cuando el juez carece de competencia”.(22)

A su turno, se observa que el inciso final del artículo 144 del mismo Estatuto Procesal establece la imposibilidad de que puedan sanearse las nulidades que se configuren por razón de falta de jurisdicción o de competencia funcional, de conformidad con los siguientes términos:

No podrán sanearse las nulidades de que tratan las nulidades (sic) 3 y 4 del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional”. (Se deja resaltado).

Añádase a lo anterior que el juez de la causa se encuentra en el deber legal de declarar de manera oficiosa las nulidades procesales que advierta con anterioridad a la expedición de la sentencia correspondiente, según lo ordena el artículo 145 del referido Código de Procedimiento Civil:

“ART. 145.—Declaración oficiosa de la nulidad. En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se le notificará como se indica en los numerales 1º y 2º del artículo 320. … … en caso contrario, el juez la declarará. (Las negrillas no son del texto original).

Así las cosas y dado que las normas legales transcritas, por ser procesales, “… son de derecho público y de orden público y, por consiguiente de obligatorio cumplimiento …”, según los precisos y perentorios mandatos del artículo 6º de esa misma codificación, en esta oportunidad el Despacho se encuentra en el imperativo de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia, al verificar la configuración de las aludidas causales 1 y 2 del artículo 140 del C. de P. C. y, como consecuencia, ordenará la remisión del expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para que las partes desplieguen el tramite arbitral correspondiente, si a bien lo tienen. 

Es de importancia en el presente caso, con el fin de garantizar la efectividad del derecho fundamental de acceso a la Administración de Justicia, establecer que para los efectos de la caducidad de la acción se debe tener en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, esto es, el 12 de marzo de 2008.

Lo anterior en cumplimiento de las previsiones contenidas en el inciso tercero del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo(23), a cuyo tenor:

“En caso de falta de jurisdicción o competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la Corporación o juzgado que ordena la remisión”.

Ahora bien, acerca del término para activar la acción arbitral, no existió una norma en el Código de Procedimiento Civil, por lo cual el Despacho acude a establecer el término prudencial(24), el cual fija en este caso en veinte (20) días, siguientes a la ejecutoria del presente auto.

Por otra parte, para efectos de la interrupción de la caducidad de la acción frente al procedimiento arbitral, que es autónomo del proceso que ahora se conoce, se hace notar que el Despacho ha hecho coincidir el término prudencial que se acaba de determinar con el referido en el Código General del Proceso, que si bien no aplica, el Despacho lo encuentra razonable, de acuerdo con el artículo 95 del C.G.P., el cual se cita a continuación:

“ART. 95 C.G.P.—Ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad.

“No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad en los siguientes casos:

“(…).

4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso.

“5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al demandante.

“En el auto que se declare la nulidad se indicará expresamente sus efectos sobre la interrupción o no de la prescripción y la inoperancia o no de la caducidad.

“6. Cuando el proceso termine por desistimiento tácito.

“7. Cuando el proceso termine por inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial”.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE:

1. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de la referencia por falta de jurisdicción y de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer el asunto, ante la existencia de cláusula compromisoria celebrada entre las partes del contrato estatal alrededor del cual giran las controversias planteadas en la demanda.

2. En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá, para lo de su cargo y señalar que, para todos los efectos, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta Jurisdicción, es decir, 12 de marzo de 2008(25).

3. SEÑALAR el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente Tribunal de Arbitramento, si a bien lo tienen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Marta Nubia Velásquez Rico.

1 La demanda se presentó el 12 de marzo de 2008.

2 Corte Constitucional, Sentencia C- 170 de 2014.
“Sus características básicas han sido ampliamente examinadas en la doctrina constitucional, en los términos que se sintetizan a continuación: (i) Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, las partes invisten a los particulares de la función de administrar justicia. (ii) Se rige por el principio de voluntariedad o libre habilitación. (…) En tal medida, la autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes enfrentadas, en el sentido de sustraer la resolución de sus disputas del sistema estatal de administración de justicia y atribuirla a particulares. En otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus disputas, la habilitación voluntaria de los árbitros es, por lo tanto, un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia de este mecanismo de resolución de controversias. (---) (iii) Es un mecanismo de carácter temporal, porque su existencia se da solamente para la resolución del caso específico sometido a consideración de los árbitros. En palabras de la Corte, ‘no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores’. (iv) Es excepcional, pues ‘existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas’. (…) En este orden de ideas, son inmanentes a la figura del arbitramento, las siguientes características: (i) la voluntariedad; (ii) la temporalidad; (iii) la excepcionalidad; (iv) fungir como un mecanismo alternativo de solución de controversias; y ser (v) una institución de orden procesal”.

3 NOTA: Sustituida la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, de acuerdo con el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015.

4 Folio 28 del cuaderno 1.

5 Folio 53 del cuaderno 1.

6 Folio 251 de los anexos de la demanda.

7 Folios 65-69 del cuaderno 1.

8 Folios 78-106 del cuaderno 1.

9 Folios 189-219 del cuaderno 1.

10 Folios 409-421 del cuaderno 1.

11 Folios 423-431 del cuaderno principal.

12 Derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.

13 Contratos definidos, para estos efectos, de conformidad con los artículos 2 y 75 de la Ley 80 de 1993, bajo el criterio de que una cualquiera de sus partes sea una entidad estatal de las establecidas en la ley, de acuerdo con el criterio orgánico allí adoptado.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 18 de abril de 2013, exp. 17.859, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 27 de febrero de 2013, exp. 20.521, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de junio de 2009, exp. 36.252, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

17 Ibídem.

18 Derogado por el artículo 118 de la ley 1563 de 2012, para aquellos procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia, así:
“ART. 119.—Vigencia. Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación. Esta ley sólo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia.
“Los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores”.

19 Artículos 3º a 6º de la Ley 1563 de 2012.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia de 18 de abril de 2013, radicación: 17.859 (R-0035), actor: Julio César García Jiménez, demandado: departamento de Casanare.

21 Bajo la cual las partes obraron en este proceso judicial, esto es, antes de la expedición del Código General de Proceso.

22 El Código General del Proceso, no aplicable en el trámite del recurso interpuesto con anterioridad a su entrada en vigencia, introdujo algunas variantes a la falta de competencia, así:
“ART. 133. CGP.—Causales de nulidad.
“El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
“1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
“(…).
“ART. 138. CGP.—“Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada.
Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.
“La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas”.
“El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.” [Negrilla y subraya no son del texto].
ART. 624. CGP
“Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

23 La transcrita disposición del inciso 3º de artículo 143 del Código Contencioso Administrativo encuentra total y plena correspondencia en la disposición del artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437, según el cual:
“En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.

24 Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes: “SEGUNDO. Declarar inexequible el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 11 de la ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez señalará un plazo judicial razonable para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente tribunal de arbitramento, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema.” (Se subraya).

25 Folio 28 del cuaderno 1.