Auto 2008-00141 de abril 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 250002326000-2008-00141-02

Expediente: 40790

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano —IDU—

Demandado: Sociedad Colombiana de Ingenieros y otros

Naturaleza: acción contractual

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil trece.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 23 de septiembre de 2010, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A” rechazó la demanda por caducidad de la acción.

I. Antecedentes

1. El 1º de abril de 2008, el Instituto de Desarrollo Urbano, en lo sucesivo —IDU—, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de controversias contractuales, formuló demanda contra la Sociedad Colombiana de Ingenieros(1), con el fin de obtener la nulidad “de la amigable composición dictada por esta última el 29 de septiembre de 2004” y la respectiva indemnización de perjuicios “por el costo financiero (rentabilidad dejada de percibir) por destinar la suma de $ 9.264’132.261.49 a la reparación del deterioro prematuro que sufrió la troncal de la avenida Caracas, obra adelantada por el Consorcio Castro Tcherassi & Cía. Ltda. - Equipo Universal y Cía. Ltda.” (fls. 23 a 87 c. 1).

Como hechos de la demanda se aducen, en síntesis, los siguientes:

— El IDU celebró el contrato de obra pública 089, de 23 de febrero de 2000, con el Consorcio Castro Tcherassi & Cía. Ltda. - Equipo Universal y Cía. Ltda., el cual tenía por objeto obtener “la rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto de Transmilenio en concreto asfáltico y la adecuación para la operación del proyecto Transmilenio de las calzadas centrales en concreto rígido de la Troncal Caracas, desde la calle 6ª hasta la calle 80 (sector Los Héroes)”.

— El 23 de diciembre de 2002, las partes liquidaron —parcialmente— el referido contrato y el contratista se comprometió a realizar algunas reparaciones en la obra, comoquiera que esta presentaba daños en los paraderos de las calzadas mixtas, por la utilización de un material, denominado “relleno fluido”, que no cumplía con las especificidades técnicas para dicha obra; así mismo, decidieron acudir a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, como amigable componedor, para que dirimiera las diferencias presentadas entre ellos por tales daños.

— Adelantado el trámite y valoradas las pruebas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros se pronunció el 29 de septiembre de 2004, emitiendo una decisión que, a juicio del actor, se produjo bajo razonamientos “de naturaleza jurídica” y no técnicos, como habían encomendado las partes; en ese orden, se afirma en la demanda, la Sociedad Colombiana de Ingenieros se abrogó facultades que desbordaron el “mandato conferido”, teniendo en cuenta que, en la decisión, involucró a unos terceros (Asoconcreto y Cemex) que no hacían parte de la relación contractual(2).

— De igual manera, se afirma que, transcurridos tres meses después de la notificación de la decisión del amigable componedor, el IDU liquidó unilateralmente el contrato y declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por la garantía única “GU TTT 94027”(3), por valor de $ 9.264’132.261.69, teniendo en cuenta que el contratista no realizó las reparaciones acordadas en el acta de liquidación parcial.

2. Mediante auto de 19 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, auto que fue recurrido —en reposición— tanto por el apoderado judicial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros como por el apoderado de las sociedades Castro Tcherassi & Cía Ltda. y Equipo Universal y Cía. Ltda. (fls. 105 a 108 y 127 a 129 c. 1), lo cual llevó a que, mediante auto de 18 de diciembre de 2008, el tribunal revocara el auto admisorio de la demanda, por hallar configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

3. Al surtir el recurso de apelación interpuesto por IDU contra este último auto, el Consejo de Estado lo revocó, bajo el argumento de que la demanda adolecía de algunos defectos formales que impedían verificar el término de caducidad aplicable. Al respecto, se dijo:

“El tribunal rechazó la demanda por encontrar caducada la acción procedente para atacar la validez del acto jurídico emitido por el amigable componedor, sin embargo, observa la Sala que la demanda tal como se encuentra concebida impide establecer cuál es el término de caducidad de la acción interpuesta, pues adolece de algunos defectos que hacen inviable efectuar el análisis a ese respecto, por ende, la providencia recurrida se revocará y en su lugar se dispondrá la inadmisión de la demanda para que el actor corrija el escrito en los aspectos que a continuación se anotarán, los cuales guardan armonía con las consideraciones generales en torno a la amigable composición expuestos en precedencia.

“a) En efecto, el demandante no ubica de manera concreta y específica la clase de nulidad cuyo pronunciamiento depreca, e igualmente no arguye causal de nulidad específica acorde al vicio, que, en su entender, afecta la validez de la decisión del amigable componedor. La demanda se limita a señalar a este respecto que la decisión del amigable componedor es ‘abiertamente contraria a derecho’.

“Como es sabido, todas las nulidades sustanciales, (sic) devienen, precisamente, de la trasgresión a las normas del ordenamiento jurídico y en cada evento, los efectos de la declaratoria de nulidad serán distintos y, por supuesto, la oportunidad en el tiempo para acudir a la jurisdicción en procura de la declaración en tal sentido, también variará.

“A lo anterior se suma que los hechos de la demanda no guardan armonía con las pretensiones de la misma. En efecto, los supuestos fácticos de la demanda se hacen consistir, en síntesis, en que el pronunciamiento del amigable componedor ‘utilizó un análisis de naturaleza eminentemente contractual’ (hecho 16) para emitir la decisión y, además que ‘involucró en su decisión de carácter contractual, a terceros ajenos por completo al alcance y límites del mandato a ella conferido y a la solución del conflicto entre las partes, abrogándose (sic) facultades y competencias que le eran completamente ajenas’ (hecho 17) (resaltado fuera del texto), de manera que si el demandante considera que tales supuestos vician de nulidad la decisión del amigable componedor, deberá señalar la clase de nulidad que invoca y la causal de nulidad cuya declaración depreca para aniquilar el acto o menguarle eficacia.

“b) La demanda debe estar dirigida contra la persona que está llamada a contradecir la pretensión procesal. En efecto, reitera la Sala a este respecto, el contexto expuesto sobre los aspectos generales de la amigable composición, particularmente, en lo atinente a que la amigable composición surge por el encargo que las partes de un contrato realizan a un tercero para que éste por cuenta y a nombre de los comitentes dirima las diferencias que surgen del negocio jurídico con fuerza vinculante de orden contractual, lo cual supone que la demanda tendiente a obtener la nulidad del acto jurídico deberá estar dirigida contra la persona vinculada por la relación de obligación y no contra quien intervino en la formación del acto cuya nulidad se depreca, en virtud de un mandato.

“c) Las pretensiones que informan la demanda —declarativas y de condena— deberán estar formuladas de manera consecuente o en relación de dependencia entre sí, pues se observa que la primera pretensión está dirigida a obtener la nulidad ‘de la amigable composición efectuada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros’ y la pretensión consecuencial está dirigida a obtener la indemnización de los perjuicios (costo financiero) estimados en la suma de $ 1.774’902.484 ‘por destinar la suma de nueve mil doscientos sesenta y cuatro millones ciento treinta y dos mil doscientos sesenta y un pesos con cuarenta y nueve centavos ($ 9.264’132.261.49) moneda corriente, a la reparación del deterioro prematuro que sufrió la Troncal de la Avenida Caracas (…) monto que no pudo ser ejecutado entre el 14 de diciembre de 2005 y el 10 de mayo de 2007, como consecuencia de la decisión ilegal que aquí se demanda…’.

“Como se puede observar, la pretensión indemnizatoria no guarda relación con la pretensión de nulidad de la decisión del amigable componedor, pues la primera está orientada a provocar el pronunciamiento del juez sobre la validez de un acto jurídico y la segunda surge como consecuencia de la responsabilidad por la producción de un acto jurídico presuntamente ‘ilegal’, de manera que no sólo las pretensiones no guardan relación entre sí, sino que ‘stricto sensu’ no pueden ser dirigidas contra la misma persona.

“Los defectos anotados impiden verificar el término de caducidad en el asunto sub lite y el tribunal, en tales condiciones, no podía decidir que la acción se hallaba caducada, de manera que una vez el actor haya corregido la demanda, el tribunal deberá decidir si la acción se encuentra caducada o si, por el contrario, se encuentra interpuesta dentro del término legal”(4) (resalta la Sala, fls. 204 a 206 c. ppal.).

4. Corregidos los defectos formales señalados por esta corporación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda (auto de 8 de abril de 2010); no obstante, mediante auto de 23 de septiembre de 2010, revocó el auto admisorio de la demanda(5) (al resolver un recurso de reposición interpuesto por las sociedades Castro Tcherrasi y Cía. Ltda. y Equipo Universal y Cía. Ltda.) por hallar configurado el fenómeno de la caducidad de la acción. Para fundamentar dicha decisión adujo que, desde que se liquidó el contrato de obra 089 e, inclusive, desde que se profirió el pacto de amigable composición, habían transcurrido más de los dos (2) años que prevé el numeral 10, literal f, del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En los siguientes términos, se pronunció dicho tribunal:

“… debe la Sala subsumir normalmente la situación fáctica planteada en la demanda y su corrección, entendido conforme la norma aplicable citada, que el perfeccionamiento de la amigable composición acaeció cuando fue notificada a las partes en audiencia celebrada el 29 de septiembre de 2004 y quedó ejecutoriada el 4 de octubre de 2004.

“Entonces, el término de caducidad de la acción de nulidad relativa a intentar contra la amigable composición demandada, habría caducado el 5 de octubre de 2006, por tratarse de una acción contractual de nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo toda vez que en la práctica la expresión de la norma ‘a partir de su perfeccionamiento’, aplicable a la amigable composición emitida por la sociedad de ingenieros debe entenderse perfeccionada con su firma y notificación a las partes que la convocaron hasta su ejecutoria, de la misma manera que se entiende perfeccionado el contrato estatal conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, es decir, como se finiquitó el acuerdo negocial que le dio vida.

“Por lo anterior, concluye la Sala que, (sic) el término de caducidad aplicable en el sub examine es aquél consagrado en el literal f) numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, es decir, de dos años contados a partir del perfeccionamiento de la cláusula contractual, por la cual se dirimió, a través de amigable composición la diferencia suscitada en la ejecución del contrato de obra Nº 089, esto es, a partir del 4 de octubre de 2004 y hasta el 5 de octubre de 2006, fecha en la cual se agotaba la oportunidad procesal para acceder a la jurisdicción. De lo anterior infiera (sic) la sala que la demanda radicada el 1 de abril de 2008 (fl. 87 vto.) excedió el término de caducidad previsto” (fl. 18 cdno. ppal.).

5. Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, con el fin de que se revocara el auto y se admitiera la demanda, bajo el argumento de que, como “las normas que regulan la institución de la amigable composición no reglamentan el tema de la anulación de dichos actos ni el término para ello, como tampoco lo hacen las normas de contratación estatal, se impone dar aplicación al principio de plenitud del ordenamiento jurídico previsto en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y, en consecuencia, aplicar las normas del Código Civil, que establecen el término para demandar la nulidad relativa de los actos jurídicos”; adicionalmente, adujo que “el plazo para pedir la rescisión de la amigable composición dura cuatro (4) años, término que se amplía al doble, cuando se trata de personas jurídicas, todo lo cual conlleva a inferir que la demanda instaurada por el IDU, lo fue dentro del término legal previsto en la ley, pues la decisión del amigable componedor fue proferida el veintinueve (29) de septiembre de 2004, mientras que el líbelo (sic) fue radicado el primero (1º) de abril de 2008” (fls. 298 y 299 c. ppal.).

II. Consideraciones

1. Competencia.

Esta corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección “A”, el 23 de septiembre de 2010, por cuanto el proceso es de doble instancia y el auto es apelable, según lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo.

2. Asunto previo.

Comoquiera que, mediante los autos de 29 de julio y 7 de octubre de 2011, se aceptaron los impedimentos manifestados por los consejeros Hernán Andrade Rincón y Mauricio Fajardo Gómez, respectivamente, se deja constancia de que no participan ni intervienen en la decisión que se adopta en la presente providencia (fls. 323 a 325, 336 a 338 cdno. ppal.).

2. Análisis de la Sala.

Corresponde al despacho determinar si en el presente asunto ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción, como lo afirma el tribunal, o si, por el contrario, no se cuenta con los elementos necesarios en esta oportunidad procesal —admisión de la demanda— para establecer la procedencia o no de la misma. Para el efecto, es necesario realizar algunas reflexiones sobre la amigable composición, con el fin de tratar de establecer cuál es el término de caducidad aplicable en el presente asunto(6).

La amigable composición fue introducida por el Código de Procedimiento Civil de 1970 (D. 1400/70), cuyo artículo 677 preveía que, “En los casos previstos en el inciso primero del artículo 633 [controversias susceptibles de transacción], podrán los interesados someter sus diferencias a amigables componedores…” y, seguidamente, indicaba los efectos jurídicos de la decisión, precisando que “la declaración de estos tiene valor contractual entre aquellos [los interesados], pero no producirá efectos de laudo arbitral”.

Posteriormente, dicha norma fue reproducida por el artículo 2025 del Decreto 410 de 1971(7) (antiguo Código de Comercio) y, más adelante, fueron derogadas ambas disposiciones por el artículo 55 del Decreto 2279 de 1989(8). Así, pues, fue esta última normativa la que retomó la figura de la amigable composición (capítulo II sección I y II) para precisar que “las controversias susceptibles de transacción, que surjan entre personas capaces de transigir, podrán ser sometidas a conciliación o amigable composición”(9); igualmente, estableció la finalidad de la amigable composición, en los siguientes términos: “por la amigable composición se otorga a los componedores la facultad de precisar, con fuerza vinculante para las partes, el estado y la forma de cumplimiento de una relación jurídica sustancial susceptible de transacción”(10) y, adicionalmente, previó la forma en la que debía manifestarse la voluntad de someterse a la amigable composición, señalando que debía consignarse “por escrito”, con el siguiente contenido: “1) El nombre, domicilio y dirección de las partes; 2) Las cuestiones objeto de la amigable composición; 3) El nombre o nombres de los amigables componedores cuando las partes no hayan deferido su designación a un tercero; 4) El término para cumplir el encargo, que no podrá exceder de treinta (30) días”(11).

Luego, el artículo 116 de la Ley 23 de 1991 adicionó un inciso al artículo 51 del Decreto 2279 de 1989, atinente a la designación de los amigables componedores, de la siguiente forma: “si las partes estuvieren de acuerdo designarán a los amigables componedores o deferirán su nombramiento a un tercero”.

En esta línea de tiempo, la Ley 446 de 1998 subrogó la legislación existente sobre la materia y definió a la amigable composición como el “… mecanismo de solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes (sic) y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular…”(12) y, en cuanto a los efectos de la decisión del amigable componedor, señaló que “tendrá los mismos que los de la transacción”(13); asimismo, otorgó a las partes la facultad de nombrar directamente a los amigables componedores o delegar en un tercero la facultad de hacerlo(14). Las anteriores normas fueron compiladas por los artículos 223 a 225 del Decreto 1818 de 1998.

Es de anotar que, en materia de contratación estatal, el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 previó la posibilidad de utilizar la amigable composición, para efectos de zanjar las diferencias que, en desarrollo de la actividad contractual del Estado, surjan entre las partes; tal disposición fue compilada, igualmente, por el artículo 226 del Decreto 1818 de 1998 y, por ende, se debe entender que la normatividad contenida en la Ley 446 de 1998 comprende no solo a los particulares sino a las entidades del Estado(15).

Del anterior contexto normativo se puede inferir que, en vigencia de la Ley 446 de 1998, la amigable composición se redujo al ámbito de solución de diferencias surgidas entre las partes vinculadas entre sí por un negocio jurídico, institución que resulta procedente para efectos de precisar el “estado, las partes y la forma de cumplimiento” de una relación jurídica de carácter sustancial, con los efectos de una transacción, por manera que, así las cosas, dicha figura se encuentra concebida en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo de carácter negocial que culmina, por contera, con una decisión de la misma naturaleza.

Repárese que el tránsito de “conflicto transable” a la noción de “negocio jurídico” no es simple estilo gramatical, sino que “produce unas importantes consecuencias jurídicas debido a que el horizonte transaccional resultaba mucho más amplio que la operatividad otorgada por la noción de negocio jurídico”(16). A este respecto, téngase en cuenta también que la noción de acto o negocio jurídico comprende “toda manifestación de voluntad encaminada a producir efectos jurídicos (creación, modificación o extinción de un derecho) de manera directa y reflexiva, como ocurre con los denominados actos unipersonales, los contratos bilaterales o plurilaterales y las convenciones”(17).

En este orden de ideas, los pocos pronunciamientos de la doctrina coinciden en afirmar que la amigable composición “es una institución sustantiva o de carácter contractual” y, en tal virtud, se la trata como “un contrato complejo, mixto o unión de contratos”(18). Así, entonces, se afirma que la amigable composición constituye un complejo jurídico que contiene tres contratos diferentes, a saber:

a) El contrato de composición propiamente dicho, en virtud del cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión que adopten sus respectivos mandatarios, designados por ellas para tal efecto.

b) El contrato de mandato con representación, el cual es celebrado, ya no entre los contendores, sino entre cada uno de estos y su amigable componedor o entre ellos y el componedor único; se trata, como es lógico, de un mandato con representación, en virtud del cual el apoderado se obliga a celebrar, por cuenta y a nombre de su mandante, un acto jurídico que consistirá en el acuerdo que ponga fin a la controversia.

c) El contrato de transacción o uno innominado, que es el acordado entre los componedores, en ejercicio del mandato con representación que han recibido, cuyo contenido consistirá en el conjunto de estipulaciones que ellos convengan para dar solución final a la controversia(19).

No obstante, también es importante anotar que existe otro sector de la doctrina que concibe a dicha institución —más que como una simple relación contractual— como “un negocio jurídico complejo, formado por varias relaciones jurídicas contractuales o no contractuales que se yuxtaponen en forma sucesiva o por etapas, originando un clásico método o mecanismo orientado a la solución de conflictos”(20).

De esta manera, se advierte que la amigable composición tiene un carácter eminentemente contractual (tesis que encontraba respaldo en el referido artículo 677 del Código de Procedimiento Civil —ya derogado—, el cual disponía que la declaración de los amigables componedores “tenía valor contractual”) o, por lo menos, de negocio jurídico, en los términos del artículo 130 de la Ley 446 de 1998, actualmente vigente.

En suma, la amigable composición constituye un mecanismo alternativo de solución de conflictos dispuesto para dirimir las controversias que se susciten en virtud de un negocio jurídico, en cuanto “al estado, las partes y el cumplimiento del mismo”, para lo cual las partes interesadas delegan en una o en varias personas la facultad de dirimir la controversia, de orden contractual, con los mismos efectos que se predican de la transacción, en los términos del artículo 2483 del Código Civil(21).

Bajo este panorama, la institución en comento, a juicio de la Sala, surte efectos únicamente entre las partes del conflicto, en los aspectos que hayan sido objeto del encargo; en este sentido, el encargo surge en virtud de un negocio jurídico de mandato, el cual conlleva representación, en la medida en que el componedor o los componedores actúan en nombre y por cuenta de los comitentes y la decisión solo obliga a estos, lo cual supone, desde luego, que los mandatarios o componedores deben actuar dentro del marco encomendado por los comitentes, so pena de las consecuencias jurídicas que se desprenden de actuar por fuera de los límites del mandato, como lo disponen los artículos 841(22) y 1266(23) del Código de Comercio.

Respecto a la vinculación del amigable componedor con las partes del conflicto, la doctrina nacional(24) suele catalogar dicha relación jurídica como de “mandato” e, inclusive, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que “los amigables componedores obligan contractualmente a las partes porque actúan por mandato de estas, y no con la fuerza procesal de sentencia”(25) (se resalta); sin embargo, la Sala no desconoce que tal postura es controvertida por un sector de la doctrina, que afirma que tal vinculación no es fruto de un contrato de mandato, como tal, sino de un negocio jurídico representativo que la misma ley denomina amigable composición, “relación jurídica que puede ser complementada por otros contratos como el de prestación de servicios o el mismo mandato no representativo (C. Co., art. 1262)”(26).

En este orden de ideas, la decisión de los amigables componedores reviste una naturaleza de orden contractual o negocial y, por tanto, sus efectos conllevan la misma índole. Por lo mismo, tal acto o negocio jurídico es susceptible de ser cuestionado por nulidad absoluta, anulabilidad o rescisión en los casos contemplados por la ley, con la precisión de que (teniendo en cuenta que las normas atinentes a la regulación del mecanismo alternativo de solución de conflictos nada dicen respecto de la nulidad de los actos jurídicos de los amigables componedores) el principio de la plenitud del ordenamiento jurídico, consagrado en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, permite afirmar que, dada la naturaleza del acto y la remisión legal acerca de los efectos jurídicos del mismo —art. 2483 ejusdem—, pueden ser acusados de nulidad absoluta o relativa o pueden ser rescindidos por las causales previstas en la ley (C.C., arts. 1502(27), 1740(28) y 1741(29)).

Así las cosas, dado que el legislador no definió —de manera clara— la naturaleza jurídica de la amigable composición, sino que se refirió a ella como un simple “mecanismo de solución de conflictos” o “mecanismo alternativo de solución de conflictos (MASC)”, no es posible determinar en esta oportunidad procesal —admisión de la demanda— el término de caducidad aplicable en el presente asunto.

En otras palabras, no se cuenta con los suficientes elementos de juicio para determinar si el término de caducidad aplicable es de dos 2 años (CCA, art.136, num. 10, lit. f), por ser un acto accesorio al contrato estatal 089 de 2000, como lo sostiene el tribunal a quo, o si, por el contrario, se debe acudir a las normas previstas en el Código Civil, para los eventos en que se pida la rescisión de todo acto o negocio jurídico, como lo sostiene el recurrente (4 años, art. 1750 C.C.); en consecuencia, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) y en aplicación de los principios pro actione y pro damatio(30), la Sala revocará el auto apelado y, en su lugar, admitirá la demanda, para que el asunto se analice, de manera más rigurosa, al momento de dictar sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto del 23 de septiembre de 2010, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sub Sección “A” y, en su lugar, se dispone:

1) ADMÍTESE la demanda formulada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en ejercicio de la acción contractual y por intermedio de apoderado judicial, contra la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Castro Tcherrasi y Cía. Ltda., y Equipo Universal y Cía. Ltda.

2) NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia a la parte demandada.

3) NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al señor agente del Ministerio Público (CCA, art. 127).

4) NOTIFÍQUESE a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (art. 610 conc. art. 612 de la L. 1564/2012).

5) FÍJENSE, por parte del tribunal a quo, los gastos ordinarios del proceso, en caso de que no se haya hecho.

6) FÍJESE el proceso en lista por el término legal.

2. Ejecutoriada esta providencia, ENVÍESE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Alberto Zambrano Barrera—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Fernando Alberto Rodríguez Castro.

(1) Téngase en cuenta que, en la corrección de la demanda, fueron incluidas las sociedades Castro Tcherrasi y Cía. Ltda. y Equipo Universal y Cía. Ltda.

(2) Asoconcreto y Cemex eran subcontratistas del consorcio Castro Tcherassi & Cía. Ltda. - Equipo Universal y Cía. Ltda.

(3) Resoluciones 3934, de 28 de junio de 2005 y 8354, de 4 de diciembre de 2005.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 2009, radicado: 250002326000200800141 01, Expediente 36.951.

(5) El doctor Juan Carlos Garzón Martínez salvó el voto, por cuanto, a su juicio, en esta etapa procesal —admisión de la demanda— no se “debió definir un tema tan importante como lo es la caducidad de la acción, en detrimento del principio constitucional de acceso a la administración de justicia” (fl. 272 c. ppal.).

(6) Es importante anotar que algunas de las consideraciones que se señalarán a continuación, ya se habían expuesto en auto de 21 de octubre de 2009 (Exp. 36.951) y en sentencia del 6 de febrero de 1998 (Exp. 11477).

(7) Dicha norma contemplaba: “En los casos previstos en el inciso primero del artículo 2011, podrán los interesados someter sus diferencias a amigables componedores; la declaración de éstos tiene valor contractual entre aquellos, pero no producirá efectos de laudo arbitral”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 2011, consagraba:

“Pueden someterse a la decisión de árbitros las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El compromiso puede celebrarse antes de iniciado el proceso judicial, o después, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia.

“(…)” resalta la Sala.

(8) El artículo 55 del Decreto 2279 de 1989 derogó el título XXXIII del libro tercero del Código de Procedimiento Civil y el título III del libro sexto del Código de Comercio. Promulgado en el Diario Oficial 39.012, del 7 de octubre de 1989.

(9) Artículo 49 Decreto 2279 de 1989.

(10) Artículo 51 Decreto 2279 de 1989.

(11) Artículo 52 Decreto 2279 de 1989.

(12) Resalta la Sala, artículo 130 de la Ley 446 de 1998.

(13) Artículo 131 de la Ley 446 de 1998.

(14) Artículo 132 de la Ley 446 de 1998

(15) Sin embargo, se advierte que, en concepto de 13 de agosto de 2009 —que esta Sala no comparte—, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado opinó que las entidades estatales no pueden acudir al mecanismo de la amigable composición.

(16) Gil Echeverry, Jorge Hernán. La conciliación extrajudicial y la amigable composición: Temis, Bogotá, 2003, pág. 358.

(17) Ospina Fernández. Guillermo. Régimen general de las obligaciones: Temis, Bogotá, pág. 45.

(18) Gil Echeverry, ob. cit., pág. 347.

(19) Gaviria Gutiérrez, Enrique. Lecciones de derecho comercial: Diké Medellín, págs. 458 y ss.

(20) Gil Echeverry, ob. cit., pág. 348.

(21) Dicha norma prevé: “La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos precedentes” (resalta la Sala).

(22) “El que contrate a nombre de otro sin poder o excediendo el límite de éste, será responsable al tercero de buena fe exenta de culpa de la prestación prometida o de su valor cuando no sea posible su cumplimiento, y de los demás perjuicios que a dicho tercero o al representado se deriven por tal causa”.

(23) “El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo.

“Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique.

“El mandatario podrá separarse de las instrucciones, cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al mandante, permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación”.

(24) José Alejandro Bonivento, Gabriel Correa Arango, Roberto Valdés Sánchez, Enrique Gaviria Gutiérrez, Juan Carlos Varón P. y Jaime Arteaga C., entre otros. Citados por: Gil Echeverry, ob. cit., pág. 378.

(25) Sentencia de 6 de febrero de 1998 (Exp. 11477).

(26) Gil Echeverry, ob. cit., pág. 379.

(27) “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

1º) que sea legalmente capaz.

2º) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3º) que recaiga sobre un objeto lícito.

4º) que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”.

(28) “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes.

“La nulidad puede ser absoluta o relativa”.

(29) “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

“Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

“Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”.

(30) Sobre la aplicación de estos principios, se recomienda consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 10 de diciembre de 2010, Expediente 38867.