Auto 2008-00157 de marzo 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Procesos acumulados: 76001-33-31-001-2008-00134-01 y 2008-00157-00

Actor: Fabiola Perdomo Estrada y otros.

Accionados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y otros.

Revisión eventual - Acción de grupo

Bogotá, trece de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sección Segunda de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 117 de 12 de octubre de 2010, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado “[p]or medio del cual se adiciona al artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 un parágrafo”, decidir sobre la selección o no para revisión eventual de los fallos que profieren los Tribunales de lo Contencioso Administrativo dentro de los procesos de acción de grupo que instauran los ciudadanos contra las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

El artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, dispone:

“(...) Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.

En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.

La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los tribunales administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima corporación de lo contencioso administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella.

(...)”.

Conforme al anterior texto normativo, la finalidad del mecanismo de la revisión eventual es la unificación de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo con el objeto de evitar criterios contrarios respecto de un mismo tema.

Asimismo, del tenor legal se deduce que la procedencia del citado mecanismo está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Petición de parte o del Ministerio Público.

2. Petición presentada en oportunidad.

3. La providencia cuya revisión se solicita debe haberse dictado por un Tribunal Administrativo y determinar la finalización o archivo del proceso.

4. Es necesaria la sustentación de la solicitud respectiva.

Por otra parte, el fin del mecanismo de la revisión eventual es la unificación de la jurisprudencia, fijar directrices interpretativas que se funden en la complejidad del asunto o en una indeterminación normativa o desarrollar una posición no consolidada jurisprudencialmente.

El caso concreto

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como juez de segunda y última instancia revocó la decisión del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que interpusieron los familiares de los once exdiputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, y en consecuencia, declaró la responsabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y ordenó el pago de una indemnización a su favor.

Las solicitudes de revisión se presentaron por los apoderados de los demandantes el 1º de octubre de octubre de 2013, es decir, dentro del término legal perentorio de los ocho (8) días, pues el edicto que notificó la sentencia de 22 de febrero de 2013, que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se desfijó el 26 de septiembre del mismo año(2).

Verificados los tres primeros requisitos que se enunciaron, la Sala procede a estudiar si la sustentación que se presentó en las solicitudes de revisión(3) involucran en sí mismas la necesidad de unificar jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo con el objeto de evitar criterios contrarios respecto de un mismo tema.

Entre muchos aspectos en las solicitudes se coincidió en solicitar se unifique la jurisprudencia respecto a si puede considerarse como eximente de responsabilidad el hecho exclusivo de un tercero —para el caso el grupo ilegal FARC-EP— frente a los daños que se ocasionaron con la muerte de los once diputados que ocurrió el 18 de junio de 2007, mientras se encontraban en cautiverio.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ya se pronunció sobre la responsabilidad del Estado ante la omisión de la Policía Nacional como causa determinante en el secuestro de quienes fungían como diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, por lo que fueron indemnizados quienes resultaron afectados con ese hecho, pero no ocurre así, en lo que se refiere a si le son imputables al Estado los daños antijurídicos que se irrogaron por el actuar del grupo ilegal FARC-EP, y que como consecuencia de un error táctico se produjo la muerte de los mismos mientras se hallaban en cautiverio, sin que se diera la intervención de ninguna fuerza legal del Estado, y si ello rompe el nexo causal que permite endilgar responsabilidad por el hecho dañoso al Estado.

Para el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no era claro que el secuestro en contraste con el desarrollo de los demás eventos que dieron lugar al fallecimiento de los diputados, fuera la condición más eficaz para la ocurrencia del siniestro; pues si bien el plagio constituyó uno de los elementos que medió para que se produjera el resultado reprochado, no podía dejarse de lado que el actuar volitivo de las FARC-EP desencadenó los eventos que posteriormente afectaron a las víctimas.

Sobre la responsabilidad imputable al Estado por los daños antijurídicos que causan los grupos ilegales, específicamente en un asunto donde se resolvió sobre un caso de violación de derechos humanos por desaparición forzada, se pronunció la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación en sentencia de 21 de noviembre de 2013(4), pero hasta el momento no hay un criterio de unificación por parte de esta corporación sobre el tema.

Por lo anterior, encuentra la Sala justificados todos los argumentos que exponen las partes demandantes de la acciones de grupo acumuladas para que este Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo ordene la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a fin de que se clarifique, entre otros aspectos, la responsabilidad del Estado frente a la muerte de las víctimas durante un cautiverio por el actuar del grupo ilegal, cuando el mismo Estado ya fue condenado por el secuestro o la toma de rehenes ocurrida antes de los decesos; y sobre el nexo causal entre la toma de rehenes y la muerte por el hecho de un tercero.

En tal sentido, dada la importancia jurídica de la decisión que se debe adoptar en este caso por la transcendencia social y política del asesinato de los once (11) diputados del Valle como delito de lesa humanidad y en virtud de que no existe una posición consolidada en la jurisprudencia sobre esos aspectos, habrá de seleccionarse para revisión la sentencia de segunda instancia que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

SELECCIONAR para revisión la sentencia de 22 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Folio 233.

(3) Folios 195 a 231.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Radicación 05001-23-31-000-1998-02368-01 (29764), M.P. Enrique Gil Botero. Actor. Edilia del Consuelo Jiménez Arroyave y otros. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.