Auto 2008-00162 de marzo 3 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 44001233100020080016201 (36473)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Ramón Alberto Curiel Rodríguez

Demandado: Nación - rama judicial y Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa - apelación

Auto

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil diez.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 3 de diciembre de 2008, el cual será revocado.

Mediante el auto recurrido se rechazó la demanda por haber operado la caducidad.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

La Sala revocará la decisión recurrida, por considerar que en el sub examine no operó la caducidad, conforme se pasa a explicar.

1. El problema jurídico que se presenta en este asunto, se contrae a establecer desde qué momento debe contarse el término para intentar la acción de reparación directa, esto es si desde la fecha en que se revocó la medida de aseguramiento (4 de febrero de 2003) o desde el instante en que se puso fin a todo el proceso penal adelantado contra el demandante, el cual culminó con la confirmación de la sentencia que absolvió al señor Ramón Alberto Curiel Rodríguez, decisión adoptada el 23 de enero de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala de Decisión Penal, de Riohacha.

2. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada.

La doctrina ha desarrollado las características propias de esta figura para intentar delimitarla y diferenciarla con la prescripción extintiva de corto plazo. La caducidad, a diferencia de la prescripción, no admite suspensión salvo la excepción que se da con ocasión de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada debe ser declarada de oficio por el juez.

3. El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno de la caducidad. Así, el numeral 8º dispone, sobre el término para intentar la acción de reparación directa:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

La ley consagra entonces, un término de dos años contado desde el día siguiente al acaecimiento de la causa del daño por el cual se demanda indemnización para intentar la acción de reparación directa, vencido el cual no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, porque habrá operado la caducidad.

4. El ordenamiento legal vigente, permite que quien haya sido privado injustamente de libertad pueda demandar al Estado reparación de perjuicios.

En relación con esta disposición, esta Sala(1) ha considerado que en los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción por fallas en la administración de justicia, relacionadas con reclamaciones originadas en privación injusta de la libertad, el término para intentar la acción de reparación directa, debe empezar a contarse no a partir del momento en el cual se produzca la privación de libertad o se recupere esta, sino desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia en la que se pueda constatar que la privación de libertad ha sido injusta, porque solo a partir de ese momento existe habilitación para reclamar lo injusto de la detención.

En este sentido esta sección en sentencia del 15 de diciembre de 2004, Expediente 11714 manifestó que:

“La Sala ha considerado que en los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción por fallas en la administración de justicia, relacionadas con las reclamaciones originadas en la privación injusta de la libertad, el término para intentar la acción de reparación directa, debe empezar a contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que exonere de responsabilidad al sindicado, porque solo a partir de ese momento queda habilitado para reclamar la injusticia de su detención”.

En consecuencia, el término para intentar la acción de reparación directa por el daño ocasionado con la privación injusta de la libertad, debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que pone fin al proceso —sea absolutoria o que declare la cesación del procedimiento—, como quiera que con dicha providencia se abre la posibilidad para el afectado de presentar la reclamación correspondiente, dado que hasta que ella no se produzca difícilmente puede alegarse la injusticia de la detención.

5. En el caso concreto, el tribunal a quo rechazó la demanda instaurada por la actora al considerar que había operado el fenómeno de la caducidad.

Explicó para adoptar esta decisión, que el hecho generador del daño por el cual se imputa responsabilidad patrimonial a la demandada, tuvo lugar con la expedición de la providencia de 4 de febrero de 2003 mediante la cual fueron invalidados los fallos de primera y segunda instancia y se revocó la medida de aseguramiento que contra el señor Ramón Alberto Curiel Rodríguez fue decretada, y como la demanda se presentó el 27 de noviembre de 2008, para ese momento ya habían transcurrido los dos años para intentar la acción de reparación directa que consagra el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo.

La Sala encuentra que no le asiste razón al a quo, por cuanto solo a partir del momento en que quedó en firme la providencia que absolvió definitivamente al señor Ramón Alberto Curiel Rodríguez dentro del proceso penal que se inició en su contra, comenzó a correr el término de dos años para intentar la acción.

En este sentido, como quiera que el hecho generador de los perjuicios alegados en la demanda se concretó con la decisión judicial adoptada el 23 de enero de 2007 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala de Decisión Penal, fecha en la que se confirmó la providencia de 5 de septiembre de 2006 emitida por el Juzgado Primero del Circuito que absolvió al procesado del delito de hurto calificado y agravado, y la demanda se presentó el 27 de noviembre de 2008, se concluye que la caducidad no ha operado en este evento, y por tanto se procederá a revocar el auto apelado.

Por otra parte como del estudio de la demanda se desprende que cumple con los requisitos formales previstos en la ley —artículo 137 Código Contencioso Administrativo para su admisión, se dispondrá en tal sentido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Revócase el auto de 3 de diciembre de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

2. Admítese la demanda presentada por los señores Ramón Alberto Curiel Rodríguez, María Emebelis Mejía Ramírez, Daniela Paola Curiel Mejía y Donoban Andrés Curiel Mejía en contra de la Nación - rama judicial y Fiscalía General de la Nación.

3. Notifíquese personalmente esta providencia al señor agente del Ministerio Público (CCA, art. 127, modificado L. 446/98, art. 35).

4. Notifíquese personalmente esta providencia a los demandados la Nación - rama judicial y Fiscalía General de la Nación, (CCA, art. 207).

5. Fíjese por parte del a quo los gastos ordinarios del proceso.

6. Fíjese el proceso en lista por el término legal.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Auto del 2 de noviembre de 2000, Expediente: 17.964. En el mismo sentido, sentencia del 4 de marzo de 1993. Expedientes 7407- 7399; auto del 2 de febrero de 1996, Expediente: 11.425; autos del 14 de agosto de 1997, Expediente: 13.258 y del 24 de septiembre de 1998, Expediente: 13.626 y sentencias del 18 de octubre de 2000, Expediente: 12.228 y del 13 de septiembre de 2001, Expediente: 13.392.