Auto 2008-00174 de octubre 18 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Rad. 250002325000200800174 03

Número Interno: 1867-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica

Apelación interlocutorio

Nulidad oficiosa por prejudicialidad

Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Considera

Problema jurídico

El asunto se contrae a establecer si el a quo mediante la sentencia apelada de 20 de febrero de 2012 podía resolver sobre la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad presentada por la parte demandada.

De la prejudicialidad

El artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, señala las causales de la suspensión del proceso, y el numeral 2º preceptúa la prejudicialidad, con el siguiente tenor literal:

“ART. 170.—Modificado. Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 88. Suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso:

(...).

2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley” (destaca la Sala).

La suspensión del proceso por prejudicialidad está prevista para los casos en los cuales la sentencia que deba dictarse en un proceso dependa de la que deba decidirse en otro, y que el punto tenga que ver con algún aspecto que no sea procedente decidir en el primero.

La prejudicialidad trae consigo la suspensión temporal de la competencia del juez en un caso concreto, hasta tanto, se decida otro proceso cuya determinación tenga marcada incidencia en el que se suspende; de tal suerte que con este mecanismo se busca que no haya decisiones antagónicas, o al menos contradictorias(1).

Se estructura siempre que en un proceso surge alguna cuestión sustancial que deba ser decidida en una causa diferente y sin cuya decisión resulta imposible pronunciarse sobre el objeto de controversia de aquel, dada la estrecha relación entre dicho objeto y el aspecto sustancial referido.

Al respecto la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha precisado(2):

“Contiene esta disposición una de las causales de suspensión del proceso que se denomina ‘por prejudicialidad’, la cual exige para su procedencia ciertas características, entre ellas, la más esencial, que la decisión que deba tomarse en un proceso dependa de la decisión de otro.

Esta dependencia significa que el asunto a decidir en un proceso sea indispensable y determinante para tomar la decisión en otro proceso, es decir, queda condicionada la decisión de un proceso a las resultas de otro.

(...).

A juicio de la Sala, es la necesidad de un pronunciamiento en un proceso determinado para resolver otro, la que marca la nota distintiva en la figura de la suspensión por prejudicialidad. Este ingrediente denota la imposibilidad para el juez de tomar la decisión hasta tanto se resuelva el proceso del cual depende” (destaca la Sala).

A su vez, el artículo 171 del mismo estatuto procesal prevé sobre el trámite, decreto, recursos y efectos de la suspensión del proceso, lo siguiente:

“ART. 171.—Decreto de la suspensión y sus efectos. Corresponde al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo precedente, solo se decretará mediante prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir del hecho que la genere o de la ejecutoria del auto que la decrete, el cual es apelable en efecto suspensivo. El que la niegue, en el devolutivo...” (se destaca).

De acuerdo con lo anterior, la solicitud de suspensión del proceso debe ser resuelta mediante providencia contra la cual procede el recurso de apelación.

Si bien es cierto, que dicha solicitud debe ser resuelta “en estado de dictar sentencia”, no lo es, que pueda interpretarse que se resuelva en ella, porque contra el auto que la decide proceden recursos.

No obstante, en el presente asunto, una vez presentada la solicitud de prejudicialidad (fls. 334-336), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca procedió a dictar sentencia en cuyo pronunciamiento resolvió la petición.

En esas condiciones, el demandado no tuvo la oportunidad de interponer el recurso que de acuerdo con el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, procede contra esa decisión. Situación que se constituye en una violación del derecho de defensa y con ello el debido proceso (C.P., art. 29), pues el juez está en la obligación de decidir la solicitud antes de dictar la respectiva sentencia pero no en ella, como lo hizo el a quo.

En consecuencia de conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, se declarará la nulidad oficiosa de todo lo actuado a partir de la sentencia de 20 de febrero de 2012 inclusive, y se ordenará la devolución del expediente al tribunal para que resuelva sobre la solicitud de suspensión procesal por prejudicialidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

DECLÁRASE la nulidad oficiosa de lo actuado a partir de la sentencia de 20 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República contra el señor José Joaquín Ortiz Perdomo. En su lugar se dispone:

DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que decida sobre la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, presentada por la parte demandada.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Subsección “B” auto de 4 de marzo de 2010, Expediente 1338-09, actor: Hernando Saumeth Ospina, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(2) Consejo de Estado, Sección 4ª, auto del 5 de marzo de 2004, Expediente 14366, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.