Sentencia 2008-00303/52172 de noviembre 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 17001-23-31-000-2008-00303-01 (52.172)

Actor: Alfamir Castillo Bermúdez y Otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Ref.: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a considerar la petición presentada por la parte demandante, mediante la cual solicita que se conceda prelación de fallo por tratarse de un asunto de grave violación de derechos humanos(1).

I. Antecedentes.

1. La demanda y su trámite.

El 14 de noviembre de 2008(2), los señores Alfamir Castillo Bermúdez, Daryani Nathalia Sánchez Castillo, Yolvi Durley Sánchez Castillo, Darío Mosquera Quintana, Driana Danessa Mosquera Caicedo, Dairon Mosquera Arboleda, Laura Alexandra Villarreal González, Carol Natalia Mosquera Villarreal, Duván Mosquera Arboleda, Jhon Jairo Mosquera Arboleda, Jaidit Johanna Maquilón Castillo, Diana Fernanda Maquilón Castillo y José Castillo, por intermedio de apoderado judicial, presentaron demanda(3) en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional (proceso radicado bajo el número 2008-00303-00), con el propósito de que se le declare administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la muerte del joven Darbey Mosquera Castillo, a manos de los soldados del batallón de contraguerrilla 57 “Mártires de Puerres”.

De acuerdo con la demanda, luego de haber perpetrado el homicidio, en desarrollo de la misión táctica “Fénix”, dichos soldados hicieron pasar al joven Mosquera Castillo como subversivo, lo cual, en palabras de la parte actora, constituyó un “falso positivo”.

Previa solicitud de la apoderada de la parte demandada, el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de Auto del 25 de octubre de 2010(4), decretó la acumulación del proceso número 2008-00303-00 con el proceso 2009-00377-00, que se adelantaba a instancias de esa misma Corporación, con ocasión de la muerte del joven Alex Hernando Ramírez Hurtado, quien también falleció en el operativo militar ya referido.

Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante Sentencia del 19 de junio de 2014(5), declaró responsable a la Nación Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la muerte de los jóvenes Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez Hurtado, decisión que fue apelada por las partes(6).

2. Trámite en segunda instancia.

Mediante providencia del 4 de diciembre de 2014(7), se admitieron los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia y, por Auto del 29 de enero de 2015, se corrió traslado para alegar de conclusión(8).

Posteriormente, la parte demandante solicitó que el presente asunto se fallara de manera preferente, por cuanto “constituye una grave violación a los derechos humanos y que por los patrones de ejecución reviste y revela sistematicidad, se trata de un crimen de lesa humanidad, que adicionalmente es un crimen ejecutado en desarrollo de la Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa”(9).

II. Consideraciones.

1. Prelación de fallo: casos de graves violaciones de derechos humanos.

En relación con el orden para proferir sentencias, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispuso que es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.

La norma citada también consagró que el turno para decidir los procesos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede ser modificado, en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del Agente del Ministerio Público, dada su importancia jurídica y trascendencia social. Igualmente, cabe señalar que existen unas excepciones legales que permiten alterar el turno para proferir sentencias —artículo 16 de la Ley 1285 de 2009—, que son las siguientes: i) cuando existen razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional; ii) casos de graves violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad y iii) asuntos de especial trascendencia social.

Según se observa, la ley consagra la prelación de fallo cuando se presentan casos de violaciones de derechos humanos, pero señala que dichas transgresiones deben tener el calificativo de “graves” para conceder tal prerrogativa.

Dentro de esas “graves” violaciones de derechos humanos se encuentran: la esclavitud, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, el genocidio, entre otras, tal y como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas(10).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sostenido que esas prácticas —entre ellas las ejecuciones extrajudiciales— son constitutivas de violaciones “graves” de derechos humanos:

“Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”(11) (se resalta).

La ejecución extrajudicial se caracteriza por ser una privación de la vida que recae sobre una persona puesta en situación de indefensión o inferioridad, en la cual existe una participación del Estado que, incluso, puede darse por el uso irracional, desproporcionado o innecesario de la fuerza por parte de los encargados de hacer cumplir la ley(12).

De lo señalado en precedencia, se destaca que las ejecuciones extrajudiciales se enmarcan dentro de los eventos de violaciones “graves” de derechos humanos, tema respecto del cual el Consejo de Estado no ha sido indiferente, prueba de ello son los múltiples procesos que se han fallado en ese sentido. Así ha manifestado esta Corporación su preocupación por el tema:

“Preocupa profundamente a la Sala el crecido número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias distintas a esa, la de un combate, por lo cual debe decirse que se trata de una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos.

“En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha debido condenar en diversas ocasiones a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por víctimas del conflicto armado que, inexplicablemente, perdieron la vida en presuntos operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al margen de la ley, que al examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de los excesos de la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que habitan en los lugares de conflicto. De estas situaciones tácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen convencional, constitucional y legar(13).

2. Caso concreto.

De las pruebas obrantes en el plenario, se desprende que, en el marco de la misión táctica “Fénix”, cuyo objeto era verificar la existencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico en la zona rural de Manizales, fallecieron dos jóvenes a manos de miembros del Ejército Nacional, pertenecientes al batallón de contraguerrilla número 57 “Mártires de Puerros”.

Según indicó, tales hechos acaecieron el 8 de febrero de 2008, cuando los militares llegaron al sector conocido como “el cruce de la Jaba” y, luego de escuchar voces aproximándose al lugar, procedieron “a lanzar la proclama Alto Somos Tropas del Ejército, alo (sic) cual estas personas respondieron con fuego hacia la tropa dando inicio a combate a fuego cruzado(14).

En la demanda se narró que los jóvenes Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez Hurtado vivían en el municipio de Pradera (Valle del Cauca) y que fueron contactados por miembros del Ejército Nacional para que enterraran tuberías de gas en el departamento de Caldas, a cambio de $35.000 diarios.

Se dijo, además, que el 8 de febrero de 2008, el soldado Eulicer Quintana Llanos (primo de una de las víctimas), quien para la época de los hechos estaba adscrito al batallón de contraguerrilla número 57 “Mártires de Puerres”, se encontraba en la zona de apoyo y, entre las 11:30 p.m. y las 12 a.m., escuchó varios disparos de fusil, situación que, de acuerdo con el relato, fue informada a los soldados al día siguiente, en los siguientes términos:

“(...) El 9 de febrero de 2008, concentraron al personal de soldados, y el Capitán Javier Chona Alaguado informó que fueron abatidos dos jóvenes de las milicias y los soldados empezaron a comentar y a describir a los muertos. En ese momento, llegó un soldado y comentó que conforme unos documentos de identificación que se encontraba en uno de los cadáveres, uno de los Dos muertos, se identificaba con el nombre de Darbey Mosquera Castillo(15).

Según los demandantes, uno de los superiores del soldado Quintana Llanos trató de persuadirlo para que no comentara lo que había sucedido con su primo, Darbey Mosquera Castillo, al tiempo que le concedió permiso para que se dirigiera a donde sus tíos y les ofreciera dinero.

Ahora bien, de lo narrado se observan ciertas particularidades que podrían dar cuenta de algunos elementos que caracterizan las ejecuciones extrajudiciales —uso irracional y desproporcionado de la fuerza— y, por tanto, la Sala concluye que posiblemente se pudo haber presentado esta conducta, por lo que es procedente la aplicación de la prelación de turno para fallo, toda vez que, como ya se indicó, este tipo de hechos se enmarcan como graves violaciones de derechos humanos.

De conformidad con lo expuesto, la Sala concederá la prelación de fallo solicitada, no sin antes advertir que la decisión aquí tomada no implica que este proceso se vaya a decidir en forma inmediata, pues existen otros casos de similar relevancia a los que también se les ha otorgado dicha prelación con anterioridad a este.

Adicionalmente, la Sala considera necesario precisar que lo expuesto en esta providencia tampoco implica un prejuzgamiento, ni anticipa un fallo condenatorio, teniendo en cuenta que para decidir este asunto se debe hacer una valoración de fondo de las pruebas que obran en el expediente, lo cual se hará al momento de proferir la sentencia.

3. Otras consideraciones.

Mediante escrito que obra a folio 516 del cuaderno de segunda instancia, el coordinador jurídico del batallón de combate terrestre 57 del Ejército Nacional solicita que se brinde información sobre el estado actual del proceso.

Dado que la solicitud incoada se enmarca dentro del supuesto previsto en el artículo 116 del Código de Procedimiento Civil(16), se ordenará su expedición.

Como consecuencia, se

III. RESUELVE

1. CONCEDER la prelación de fallo solicitada por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Por Secretaría, EXPEDIR la certificación solicitada por el coordinador jurídico del Batallón de Combate Terrestre 57 del Ejército Nacional.

Notifíquese y cúmplase

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1. Folios 510 y 511 del cuaderno de segunda instancia.

2. De acuerdo con el sello de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales que obra en el reverso del folio 52 del cuaderno de primera instancia.

3. Folios 7 a 51 del cuaderno de primera instancia.

4. Folios 195 y 196 del cuaderno de primera instancia.

5. Folios 328 a 387 del cuaderno de segunda instancia.

6. Folios 449 a 460 y 461 a 465 del cuaderno de segunda instancia.

7. Folios 479 y 480 del cuaderno de segunda instancia.

8. Folio 482 del cuaderno de segunda instancia.

9. Folios 510 a 511 del cuaderno de segunda instancia.

10. ONU, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe definitivo presentado por el Sr. Theo Van Boyen, Relator Especial, el 2 de Julio de 1993.

11. Corte Interamericana de Derechos, Humanos. Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia del 14 de marzo de 2001.

12. “En lo referente al homicidio perpetrado por agentes del Estado colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, es de precisar que esta conducta se identifica con lo que en el derecho internacional de los derechos humanos recibe el nombre de ejecución extrajudicial. Hay ejecución extrajudicial cuando individuos cuya actuación compromete la responsabilidad internacional del Estado matan a una persona en acto que presenta los rasgos característicos de una privación ilegítima de la vida. Por lo tanto, para que con rigor pueda hablarse de este crimen internacional la muerte de la víctima ha de ser deliberada e injustificada (...).
“Si se toman en cuenta las anteriores precisiones, no es exagerado sostener que la ejecución extrajudicial es un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera inmediata o mediata, en las potestades del Estado” (se destaca). Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra”. Intervención en el conversatorio sobre justicia penal militar organizado por el Comité Institucional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Antioquia, celebrado en Medellín el 14 de septiembre de 2005.

13. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016, Exp. 35029, M.P. Hernán Andrade Rincón.

14. Folios 1060 a 1067 del cuaderno de pruebas de primera instancia.

15. Folio 21 del cuaderno principal.

16. “ART. 116. Certificaciones. Los secretarios de los despachos judiciales pueden expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias sin necesidad de auto que las ordene (...)”.