AUTO 2008-00345/58149 DE OCTUBRE 23 DE 2017

 

Auto 2008-00345/58149 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 41001-23-31-000-2008-00345-01(58149)

Actor: Martín Elías Campo y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Ref.: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

A la Sala, en virtud del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la corporación (Acuerdo 58 de 1999(10)), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984 cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial, o iii) la privación injusta de la libertad(11). Esta competencia implica tanto la facultad de resolver los recursos de apelación de las sentencias de primera instancia proferidas en tales asuntos como la de decidir sobre la procedencia de aquellas circunstancias a través de las cuales es posible poner fin al proceso, verbigracia el desistimiento o la conciliación.

2. La conciliación judicial en los asuntos contencioso administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 56 y 66 del Decreto 1818 de 1998 y 104 de la Ley 446 de 1998, en la segunda instancia de los procesos de reparación directa(12) las partes, como ocurrió en el sub judice, se encuentran habilitadas para conciliar sobre las pretensiones de contenido económico hasta antes de que se profiera fallo.

Para lo anterior, se requieren varios presupuestos, a saber: i) que los interesados actúen por conducto de sus representantes o apoderados, estos últimos deben contar con facultades expresas para conciliar, y ii) que el acuerdo se soporte en circunstancias debidamente acreditadas, no resulte lesivo para el patrimonio público y no vulnere el ordenamiento jurídico, del cual hacen parte, entre otras, las normas que establecen el término para ejercer el derecho de acción.

En el caso concreto, a la Sala le corresponde verificar si el acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la Nación con la parte demandante se ajusta a los anteriores presupuestos, para lo cual empezará por analizar si la demanda se presentó oportunamente.

2.1. Caducidad de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(13).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Martín Elías Campo, razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de las reglas precedentes.

Pues bien, la sentencia que absolvió de responsabilidad penal al procesado fue emitida el 12 de abril de 2005(14), fecha en la cual se dispuso su libertad inmediata(15), de ahí que deba entenderse que la demanda debía ser presentada, a más tardar, hasta el 13 de abril de 2007 y como ello ocurrió el 14 de febrero de ese año(16), se concluye que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.

2.2. Capacidad y representación de las partes.

Las partes gozan de capacidad para disponer de sus derechos y contraer obligaciones; además, actuaron por intermedio de sus representantes y apoderados debidamente acreditados.

La parte actora —integrada por: Martín Elías Campo, Nancy Amanda Solarte Medina, Karen Daniela Campo Solarte; Juliet Viviana Campo Solarte, Yineth Katerine Campo Solarte, María del Carmen Campo Ospina, Gloria Nansi Campo Ospina, Luz Amparo Campo Ospina, Wilson Alberto Campo Ospina y María Martina Ospina—, compareció a la audiencia de conciliación por intermedio de abogada sustituta, a quien se le reconoció personería en la audiencia de conciliación, con las mismas facultades conferidas al apoderado principal, entre ellas la de conciliar(17).

A su vez, la Nación - Fiscalía General de la Nación actuó a través de apoderada debidamente acreditada y autorizada para conciliar.

En efecto, la directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía General de la Nación otorgó poder a la abogada que intervino en la audiencia de conciliación y propuso fórmula de arreglo bajo los términos dispuestos por el comité de conciliación de la citada entidad en sesión del 28 de agosto de 2017(18).

2.3. Carácter patrimonial del asunto.

En el sub lite las partes conciliaron sobre un conflicto de carácter particular y de contenido económico; lo primero, porque la demanda consistió en la reparación de unos perjuicios de carácter subjetivo, cuya titularidad recaía en cada uno de los demandantes y, lo segundo, en cuanto tal reparación era susceptible de valoración patrimonial, al punto de que la parte actora solicitó que la indemnización se efectuara a través del reconocimiento de unas sumas dinero.

De este modo, el acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante tuvo por objeto derechos renunciables y, por ende, susceptibles de conciliación.

2.4. Soporte probatorio del acuerdo.

La Sala, de conformidad con las pruebas practicadas en primera instancia, encuentra acreditados los siguientes hechos:

La Fiscalía General de la Nación adelantó investigación penal contra el señor Martín Elías Campo, por la supuesta comisión de los delitos de concierto para delinquir y rebelión. Con ocasión de esa actuación fue capturado el 17 de febrero de 2003, según consta en el acta que obra a folio 281 del cuaderno de pruebas Nº 1.

El 22 de febrero de 2003, La fiscalía cuarta delegada ante los juzgados penales del circuito especializado de Neiva resolvió la situación jurídica del señor Martín Elías Campo y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad(19).

Posteriormente, la fiscalía encargada del caso profirió resolución de acusación únicamente por el delito de rebelión y el proceso llegó a etapa de juicio, oportunidad en la cual el juzgado segundo penal del circuito de Pitalito absolvió al procesado, para lo cual expuso, entre otras, las siguientes consideraciones (se transcribe fielmente del original, incluidos los posibles errores):

“(…) La apreciación directa que tenemos de esta causa, basados estrictamente en el estudio general de la misma y en el análisis crítico de los testimonios vertidos, nos lleva a establecer fundadamente que las versiones referidas por los desertores, en este plenario, están viciadas completamente de las irregularidades que precedentemente hemos enunciado. De allí que desde nuestra óptica, como juzgadores de primera instancia, consideramos que las imputaciones aquí hechas son, a todas luces, sospechosas, no tienen de ninguna manera la virtud de generar una prueba de cargo seria, clara, contundente, como afirma el ente acusador. Mírese y adviértase que los hechos que se imputan individualizadamente están despojados de las características propias de la narrativa, que cualquier persona corriente haría, por ejemplo en una denuncia, cuando se expresa quién, cómo, cuándo y dónde se ha cometido una infracción que permita dar consistencia a su relato. Aquí lo que se advierte es el conocimiento de una serie de hechos generalizados que perfectamente se le pueden imputar a cualquiera de las personas que resida en San Agustín, o en la región de Villalobos, Por manera que dadas estas especiales circunstancias, para este despacho judicial no obra la prueba necesaria que permita adquirir un grado de certeza —más allá de toda duda razonable— que conduzca inexorablemente al proferimiento de una sentencia adversa; por el contrario, la situación probatoria planteada, genera muchos espacios vacíos que conducen a una decisión absolutoria.

“(…)

“Bajo esta concepción macro y atendidas las especiales peculiaridades de esta causa, resolvemos este problema jurídico, profiriendo una decisión absolutoria a favor de todas las personas aquí vinculadas, esencialmente porque la prueba de cargo no es generadora de certeza y, en nuestra opinión, es totalmente sospechosa.

“Afirmamos lo anterior, porque fundamentalmente aparece dentro del proceso una gran cantidad de ciudadanos residentes en las zonas que hemos resaltado, que dan testimonio sobre cada uno de los vinculados, afirmando que se trata de personas trabajadoras, honestas y generalmente colaboradoras con la comunidad, tal como se expresó con ocasión de la audiencia pública.

“Así mismo se agrega en soporte de la decisión adoptada que quienes de alguna manera aparecían como supuestos afectados modificaron sus versiones, dándole unos visos completamente diferentes a aquellos que se habían planteado inicialmente, por lo tanto, las versiones perdieron toda la credibilidad que como cargo tenían” (se destaca).

Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que el señor Martín Elías Campo no se encontraba en la obligación de soportar la medida de aseguramiento de detención preventiva, dado que el proceso concluyó por no haberse demostrado la participación del investigado en el delito de rebelión, por el cual se siguió la actuación penal en su contra.

De acuerdo con lo expuesto, a pesar de no haberse demostrado una decisión ilegal, arbitraria o caprichosa del ente acusador, lo cierto es que la persona que estuvo privada de la libertad fue absuelta del delito por el cual fue acusada, circunstancia que impone analizar la controversia bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

Desde esta óptica, resulta viable concluir que la privación de la libertad del señor Martín Elías Campo resultó injusta y ello devino en la responsabilidad patrimonial del ente demandado, como se estableció en primera instancia.

Ahora, en cuanto al período de privación de la libertad del señor Martín Elías Campo, se encuentra acreditado que fue capturado el 17 de febrero de 2003 y permaneció privado de ese derecho fundamental hasta el 12 de abril de 2005, razón por la cual la restricción de la libertad correspondió a un período de dos años, un mes y veintiséis días.

Dado que se encuentra acreditada la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y ello se plasmó en la sentencia de primera instancia, fuerza concluir que el acuerdo conciliatorio al que se llegó en el sub lite cumple con el requisito analizado, es decir, el de gozar de respaldo probatorio.

2.5. Legalidad y alcance del acuerdo.

Los derechos objeto de controversia, como antes se precisó, ostentan el carácter de renunciables, por tal razón la parte demandante estaba habilitada para conciliar, en los términos que a bien tuviera, al punto de que tenía la posibilidad de aceptar una fórmula de arreglo que terminara el proceso, aun cuando ello no implicara la indemnización de la totalidad de los daños alegados en la demanda, como en efecto ocurrió.

Pues bien, la Fiscalía General de la Nación, en la audiencia de conciliación celebrada el 30 de agosto de 2017, de conformidad con lo decidido por su comité de conciliación, puso de presente su voluntad de llegar a un acuerdo que terminara la controversia.

Para lo anterior, la entidad demandada propuso una fórmula de arreglo en virtud de la cual pagaría lo solicitado por algunos conceptos (perjuicios morales y materiales) —conciliación en sentido positivo—, y se abstendría de efectuar reconocimiento alguno por otros (lucro cesante, en lo atinente al 25% por concepto de prestaciones sociales) —conciliación en sentido negativo—; planteamientos que fueron aceptados por la parte demandante, de lo cual se dejó constancia en el acta levantada en la diligencia(20).

El hecho de que no se hubiera pactado el reconocimiento por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en su integridad, no quiere decir que la conciliación sea de carácter parcial, pues lo que pone de presente es que la parte actora renunció, en virtud de su facultad de disposición, a lo solicitado por tal concepto, pues, de no haber sido así, en la diligencia, hubiese evidenciado su ausencia de ánimo conciliatorio frente a este punto y, de manera consecuente, su decisión de continuar con el debate frente al mismo, lo que no ocurrió.

Ahora, como la Fiscalía General de la Nación formuló una solución que abarcaba todas las pretensiones de la demanda y la parte actora la aceptó, incluso en lo que era desfavorable —en lo relacionado con el lucro cesante—, fuerza concluir que se llegó a un acuerdo con la virtualidad de poner fin al proceso, lo que se hará, de accederse a su aprobación, a través de la presente providencia.

Establecido lo anterior, la Sala determinará si el acuerdo resultó o no lesivo para el patrimonio público.

2.5.1. Perjuicios materiales.

La condena proferida en primera instancia no contiene reconocimiento alguno frente a perjuicios correspondientes a daño emergente, razón por la cual no se emitirá pronunciamiento al respecto.

En cuanto al lucro cesante, es necesario precisar que si bien en primera instancia se reconoció la suma de $ 22.084.203, a favor del señor Martín Elías Campo, lo cierto es que se deberá efectuar la deducción correspondiente al 25% por prestaciones sociales y, posteriormente, se adecuará esa suma al 70% acordado entre las partes, pues se reitera que la propuesta consistió en el pago del ese porcentaje de la condena.

Así, la Sala tendrá en cuenta el valor de la condena con exclusión del 25% por prestaciones sociales así:

Salario mínimo aplicado para la condena: $ 644.350.

Número de meses en que se prolongó la privación de la libertad: 25.8.

En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período a indemnizar: 25,8 meses.

Indemnización debida o consolidada:

1
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = $ 644.350.

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el período indemnizable (25.8)

1
 

Lo anterior, sin perjuicio de la actualización de esa suma ($ 17’667.351), lo que se hará con fundamento en la siguiente fórmula:

1
 

Al remplazar:

V.A. = V.H ($ 17.667.351) (138,04)(21)

(120,27)(22)

V.A. = $ 20.277.717.

Así las cosas, el valor correspondiente al lucro cesante consolidado, con exclusión del 25% por concepto de prestaciones sociales, equivale a la suma de $ 20.277.717.

Ahora, en atención al acuerdo conciliatorio logrado entre las partes, el valor a reconocer al señor Martín Elías Campo es el correspondiente al setenta por ciento (70%) de $ 20.277.717, es decir, la suma de catorce millones ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos un pesos ($ 14.194.401), por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

2.5.2. Perjuicios morales.

2.5.2.1. Legitimación en la causa.

Con fundamento en las máximas de la experiencia y en la jurisprudencia reiterada de la corporación(23), se presume que las personas sometidas injustamente a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también resulta predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

En el caso concreto, la parte actora está integrada por el señor Martín Elías Campo, en calidad de directamente afectado, su cónyuge Nancy Amanda Solarte Medina, sus hijas Karen Daniela Campo Solarte; Juliet Viviana Campo Solarte y Yineth Katerine Campo Solarte, sus hermanos María del Socorro Campo Ospina, María del Carmen Campo Ospina, Gloria Nansi Campo Ospina, Luz Amparo Campo Ospina y Wilson Alberto Campo Ospina y su madre María Martina Ospina, quienes acreditaron la calidad con la que afirmaron comparecer al proceso, de conformidad con los registros civiles de nacimiento y de matrimonio que obran a folios 5 a 13 del cuaderno principal.

En este orden de ideas, es claro que se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por activa necesario para que la Fiscalía General de la Nación se encuentre en la obligación de indemnizar, en virtud de un acuerdo conciliatorio, los perjuicios morales causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad del señor Martín Elías Campo.

2.5.2.2. Monto de la indemnización.

Al respecto, es necesario precisar que esta corporación ha establecido como tope indemnizatorio, para casos como el que ocupa la atención de la Sala, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el dolor alcanza su mayor grado de intensidad, sin perjuicio de que, en casos en que se acrediten circunstancias excepcionales, dicho valor pueda ser incrementado, atendiendo a las características especiales del perjuicio.

Adicionalmente, es menester indicar que, en este tipo de controversias, las condenas a imponer, por esta modalidad de perjuicio inmaterial, deben tener en cuenta el derrotero fijado por la Sección Tercera de esta corporación, en atención al tiempo en que se prolongó la privación de la libertad del demandante(24).

Para el anterior efecto, se pone de presente que el señor Martín Elías Campo estuvo privado de la libertad durante dos años, un mes y veintiséis días, tal como se expuso en las consideraciones que anteceden, circunstancia que, en términos indemnizatorios, implicó, en primera instancia, un reconocimiento económico del orden de los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa, su cónyuge, sus hijos y su madre, en tanto que a sus hermanos le fue reconocida la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales(25).

Ahora, de conformidad con el acuerdo conciliatorio, debe tenerse en cuenta que la Fiscalía General de la Nación pagará el 70% de la condena, razón por la cual los montos a los cuales tienen derecho los demandantes serán los siguientes:

Para el señor Martín Elías Campo, su cónyuge Nancy Amanda Solarte Medina, sus hijas Karen Daniela Campo Solarte; Juliet Viviana Campo Solarte y Yineth Katerine Campo Solarte y su madre María Martina Ospina la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para los señores María del Socorro Campo Ospina, María del Carmen Campo Ospina, Gloria Nansi Campo Ospina, Luz Amparo Campo Ospina y Wilson Alberto Campo Ospina, hermanos de la víctima directa, la suma equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Conclusión

La Sala concluye que los perjuicios materiales y morales sobre los cuales versó la conciliación son congruentes con lo pedido en la demanda y se encuentran probados, lo cual, aunado a que lo acordado no vulnera las normas jurídicas que regulan la materia ni los lineamientos jurisprudenciales fijados por esta corporación en relación con la responsabilidad extracontractual del Estado en casos como el analizado; por tanto, resulta procedente aprobar el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes, Nación - Fiscalía General de la Nación y los demandantes Martín Elías Campo, Nancy Amanda Solarte Medina, Karen Daniela Campo Solarte; Juliet Viviana Campo Solarte, Yineth Katerine Campo Solarte, María del Socorro Campo Ospina, María del Carmen Campo Ospina, Gloria Nansi Campo Ospina, Luz Amparo Campo Ospina, Wilson Alberto Campo Ospina y María Martina Ospina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. APROBAR el acuerdo de conciliación al que llegó la Nación - Fiscalía General de la Nación con los demandantes Martín Elías Campo, Nancy Amanda Solarte Medina, Karen Daniela Campo Solarte; Juliet Viviana Campo Solarte, Yineth Katerine Campo Solarte, María del Socorro Campo Ospina, María del Carmen Campo Ospina, Gloria Nansi Campo Ospina, Luz Amparo Campo Ospina, Wilson Alberto Campo Ospina y María Martina Ospina, por los perjuicios causados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el primero de los mencionados durante el período comprendido entre el 17 de febrero de 2003 y el 12 de abril de 2005.

2. DECLARAR terminado el proceso.

3. La conciliación se cumplirá en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

4. Para el cumplimiento de esta providencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera». 

10 Modificado por los Acuerdos números 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015.

11 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

12 Posibilidad que también es aplicable a los asuntos ordinarios promovidos en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales.

13 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, Exp. 13622, CP. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Exp. 21801 y Auto del 9 de junio de 2010, Exp. 37410, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Folios 34 a 77 del cuaderno principal.

15 Como consta en la boleta de libertad que obra a folio 3305 del cuaderno de pruebas Nº 11.

16 Folio 92 del cuaderno principal.

17 La sustitución de poder obra a folio 608 del cuaderno del Consejo de Estado y se acompasa con el poder inicialmente conferido por los demandantes, visto a folios 1 a 4 del cuaderno principal.

18 Folios 586 y 609 del cuaderno del Consejo de Estado.

19 Folios 18 a 33 del cuaderno principal.

20 En la diligencia se acordó lo siguiente: “La entidad demandada manifiesta que pagará el 70% del valor de la condena, con la exclusión, en el lucro cesante, del 25% de prestaciones sociales, toda vez que no se demostró en el proceso que el actor, para la época de los hechos, tuviese un vínculo laboral vigente, todo lo anterior en los términos de la certificación allegada al proceso por dicha entidad, en el que consta la propuesta y el concepto emitido por el comité de conciliación de la Fiscalía General de la Nación”.

21 IPC vigente a la fecha de la presente providencia (septiembre de 2017). Se hace la precisión de que se toma el IPC de ese mes, por cuanto a la fecha no se ha publicado el IPC de octubre, habida cuenta de que tales cifras se publican mes vencido.

22 IPC vigente para la fecha en que se profirió la condena, esto es, febrero de 2015.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 14 de marzo de 2002, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, Rad. 12076; ii) 23 de septiembre de 2015, M.P. Hernán Andrade Rincón, Rad. 36575; iii) 2 de diciembre de 2015, Rad. 37936, y iv) 10 de febrero de 2016, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. 39159, entre otras.

24 En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149, se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.

25 Se tiene en cuenta que los reconocimientos por este tipo de perjuicio están contenidos tanto en el fallo de primera instancia como en la sentencia complementaria (folios 444 a 456 y 479 a 482 del cuaderno del Consejo de Estado, respectivamente).