Auto 2008-00346 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000-2008-00346-00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Julián David Solarza Martínez

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

Decide la Sala la solicitud de prelación de trámite y de fallo, formulada por el señor Procurador General de la Nación.

1. Antecedentes.

El ciudadano Julián David Solorza Martínez actuando en nombre propio y ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de los apartes del artículo 12 del Acuerdo 001 de 2008 (11 de abril), por el cual la Comisión Nacional de Televisión, derogó los acuerdos 016 y 019 de 1997 y expidió una nueva reglamentación del “registro de operadores privados comerciales del servicio público de televisión en el nivel de cubrimiento nacional y se dictan normas sobre evaluación, calificación, clasificación, inscripción y actualización en dicho registro”, y de los artículos 1º y 2º del Acuerdo 002 de 2007 (17 de julio), por el cual se modifican unos artículos del Acuerdo 001 de 2008.

Por auto de 5 de marzo de 2009, se admitió la demanda y negó la suspensión provisional solicitada.

El expediente se encuentra pendiente de resolver lo pertinente sobre la etapa probatoria.

2. La solicitud de prelación.

El Procurador General de la Nación, a petición de la directora (E) de la Autoridad Nacional de Televisión —en adelante ANTV—, solicita dar prelación al proceso de la referencia, por considerar que los actos cuestionados versan sobre una controversia de especial trascendencia social y de importancia jurídica, como es el estudio de legalidad del registro único de operadores de televisión abierta nacional.

Precisa que la Ley 1507 de 2012, dispuso la liquidación de la Comisión Nacional de Televisión y distribuyó las funciones en materia de televisión entre la ANTV, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y la Superintendencia de Industria y Comercio; ley que en su artículo 3º (lit. b), asignó, entre otras funciones a la ANTV, la de “… adjudicar las concesiones y licencias de servicio, espacios de televisión, de conformidad con la ley”.

En cumplimiento de lo anterior, la ANTV estableció las actividades que se adelantarían durante el año 2012, respecto de la apertura de la televisión abierta y la entrada de una nueva oferta televisiva, entre ellas, la concertación de una banca de inversión que será la encargada de estructurar técnica, financiera y jurídicamente las condiciones para la entrada en vigencia de nuevos operadores de televisión abierta nacional, proceso que contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación (fl. 275).

Consideraciones:

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia:

“ART. 18.—Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al juez o ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden”.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 (enero 22), que reformó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, establece lo siguiente:

“ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo contencioso administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998” (resaltado fuera de texto).

Solicita el Procurador General de la Nación se considere la posibilidad de dar prelación en el trámite y decisión definitiva del presente proceso en razón a que el mismo tiene serias implicaciones sobre “la legalidad del el registro único de operadores de televisión abierta nacional”, por las siguientes razones:

“a) Mediante la Ley 1507 de 2012, se ordenó la liquidación de la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, y se distribuyen las funciones en materia de televisión entre la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, creada mediante la misma ley, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC; la Agencia Nacional del Espectro, ANE y la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

b) El literal b) del artículo tercero de la Ley 1507 de 2012, asignó entre otras funciones a la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, la de “… adjudicar las concesiones y licencias de servicios, espacios de televisión, de conformidad con la ley…”. En cumplimiento de tal disposición, la ANTV —en su agencia estratégica— estableció las actividades que se adelantarían durante el año 2012, respecto de la apertura de la televisión abierta y la entrada de una nueva oferta televisiva, entre ellas, la contratación de una banca de inversión que será la encargada de estructurar técnica, financiera y jurídicamente las condiciones para la entrada de nuevos operadores de televisión abierta nacional, proceso que contó con el acompañamiento de las Procuraduría General de la Nación.

c) Dentro de las actuaciones adelantadas por la Comisión Nacional de Televisión, CNTV (hoy en liquidación), de manera previa a la licitación pública 002 de 2010, se reglamentó el artículo 48 de la Ley 182 de 1995, es decir —registro único de operadores RUO—, a través de los acuerdos CNTV 001 y 002 de 2008 y el Acuerdo CNTV 007 de 2010, el primero de ellos motivo de las referidas demanda.

Así las cosas, tal como lo pone de presente la doctora Urritua Pérez, es de especial trascendencia social e importancia jurídica el fallo que se profiera por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de los procesos mencionados en la referencia, respecto de la legalidad del Acuerdo 001 de 2008, con el fin de garantizar que la reglamentación que expida la Autoridad Nacional de Televisión en relación con el registro único de operadores de televisión abierta nacional, se encuentre ajustada a la norma vigente”.

La Sala encuentra que las razones invocadas en la solicitud de prelación se subsumen en los supuestos establecidos en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, comoquiera que evidencian que la cuestión de legalidad sometida a consideración de la Sala es de importancia jurídica y trascendencia social.

Las anteriores razones constituyen motivo suficiente para que se acceda a la solicitud de dar prelación al trámite y al fallo dentro del presente proceso.

Por lo expuesto, la Sala

RESUELVE:

ACCEDER a la solicitud de prelación del trámite y del fallo formulada por el Procurador General de la Nación.

Ejecutoriado este proveído, regrese el expediente al despacho para lo pertinente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el 18 de julio de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.