Auto 2008-00362 de octubre 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00362

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Rolando Remigio Ruiz Mejía

Bogotá, D. C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Los argumentos expuestos por el demandante en el recurso de apelación interpuesto se centran en atacar la orden dada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander de configurar una caución a favor del demandado, pues a su juicio, esa garantía sobrepasa la capacidad económica del mismo, afectando su derecho al acceso a la administración de justicia.

En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que las razones dadas por el demandante, no atacan el razonamiento del a quo para declarar la perención, sino que muestran su inconformidad respecto de la orden de constituir la caución ordenada en el auto admisorio.

Considera la Sala que la carga impuesta al accionante está lejos de ser una simple formalidad para la demanda que presentó con el objeto de contrariar las decisiones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es en realidad una obligación relevante e ineludible a su cargo, dado el carácter patrimonial que reviste al objeto del litigio, pues por su conducto se discute una suma adeudada al tesoro público, denotando así la trascendencia que tiene sobre los intereses públicos y particulares.

De ahí que el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo(1), haya consagrado la caución como mecanismo garante del riesgo de insolvencia que puede afectar al contribuyente y que perjudicaría a la administración nacional, pues es claro que su derecho de acreencia quedaría desprotegido y dependiente de las posibilidades económicas con las que cuente el particular demandante para cuando se profiera sentencia. Así mismo, la norma citada es una forma loable y adecuada para mantener el principio de igualdad interpartes, pues la caución precave las consecuencias del fallo definitivo, en la medida de que al activarse el aparato judicial se pone en entredicho la legitimidad y exigibilidad del acto administrativo demandado, de modo que en el hipotético evento de que las pretensiones prosperen, el pago de la suma debida no tendría lugar, y la póliza constituida habría de cancelarse; y en el caso de que las decisiones atacadas se declaren legales, la suma caucionada ingresaría al patrimonio del ente nacional con la efectividad de la garantía otorgada.

Bajo estas premisas, se deja en claro que la constitución de la caución es un deber impostergable del demandante y que, como tal, su incumplimiento estanca el trámite del proceso.

Ahora bien, este tipo de situaciones, verbi gracia, la parálisis de la dinámica procesal originada en la desidia del demandante por el desacato de los deberes que como parte le corresponden, la castiga nuestra legislación con la figura jurídica de la perención, cuya aplicación se exceptúa de aquellos casos en los que la inactividad se origina en un acto legítimo del juez, como sucede por ejemplo cuando la iniciativa para actuar corresponde a persona distinta al demandante.

En los siguientes términos la contempló el Código Contencioso Administrativo:

“ART. 148.—Perención del proceso. Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en secretaría, durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso. (...)”.

Es entonces la perención una forma anormal de terminación del proceso, cuando ha permanecido inactivo en secretaría por seis meses o más durante la primera o única instancia y por causa distinta al decreto de suspensión, siempre que su impulso corresponda a la parte demandante. Dicho término, a las voces de la disposición pretranscrita, comienza a contabilizarse a partir de cualquiera de tres momentos, a saber: la notificación del último auto, el día de la práctica de la última diligencia y la notificación de la demanda al Ministerio Público, según sea el caso.

Ahora bien, en el presente asunto, observa la Sala que mediante auto de 18 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó el amparo de pobreza solicitado por el actor, por cuanto el mismo se formuló extemporáneamente y sin adjuntar prueba alguna de la incapacidad económica del accionante, decisión que fue confirmada por esta Sala mediante providencia de 17 de febrero de 2011.

En cumplimiento de los resuelto por esta corporación, el tribunal, en auto de 11 de abril de 2011 (fl. 183) ordenó continuar con el trámite procesal correspondiente, quedando el expediente en secretaría hasta el día 30 de noviembre de 2011, cuando pasa al despacho del Magistrado Ponente junto a un escrito presentado por el actor donde insiste en su solicitud de prescindir de la caución impuesta o en su defecto en reducir el monto de la misma al valor de 0,5% o menos.

Así las cosas, se encuentra que al 19 de enero de 2012, fecha en que la que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la perención del proceso, ya habían transcurrido más de 6 meses, desde el auto 11 de abril de 2011, que ordenó la continuación del proceso.

Es claro entonces que como el proceso permaneció por más de 6 meses en la secretaría, debido a la inactividad de la parte actora, quien no acreditó oportunamente la constitución de la caución, ordenada en el proceso, la consecuencia procesal que se sigue es la declaratoria de perención del proceso, en los términos del artículo 148 del CCC.

En efecto, se procederá a confirmar la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto del 19 de enero de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Artículo 140 del Código Contencioso Administrativo. Si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público, bastará que se otorgue caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto”.