Auto 2008-00504 de noviembre 29 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-31-03-035-2008-00504-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de dieciséis de octubre de dos mil trece

Bogotá, D. C., veintinueve de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. Es un asunto no sujeto a discusión, que el recurso de casación ostenta una naturaleza eminentemente dispositiva, por lo que la actividad discursiva y juzgadora de la Corte se encuentra limitada por el contenido y alcance de la demanda que se formule para sustentar la acusación. De ahí que al juzgador no le esté permitido hacer interpretaciones que sobrepasen los señalamientos que de modo expreso y manifiesto aduzca el censor en su libelo, ni mucho menos reformular los cargos que este haya planteado de modo deficiente.

De igual manera, es preciso memorar que uno de los caracteres esenciales de ese medio de impugnación es su condición extraordinaria; dado que no toda inconformidad con el fallo permite a la Corte adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que la censura se erija sobre las causales taxativamente previstas en la ley.

No le es dable al recurrente, por tanto, exponer ante la Corte un simple alegato en el que apenas refleje su discrepancia con la decisión, ni le es permitido ocuparse en digresiones abstractas que en nada afectan la argumentación medular del fallo, sino que está en la obligación de desvirtuar las presunciones de legalidad y acierto que acompañan la sentencia de segundo grado.

La admisibilidad de la demanda de casación está sujeta, en fin, a la regularidad de los elementos formativos del libelo y al cumplimiento de los requisitos de técnica señalados en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, a cuyas voces además de la designación de las partes y del fallo impugnado se requiere la elaboración de una síntesis del proceso y de los hechos materia del litigio.

Asimismo, es de ineludible observancia la formulación por separado de los cargos que se esgrimen en contra de la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa, y no basados en generalidades.

2. El tribunal estimó como fundamento de su decisión, lo que, a continuación, se transcribe:

“… se ocupa la Sala de verificar si en este caso concurren los elementos o presupuestos axiológicos que a partir del artículo 2341 del Código Civil ha identificado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para resolver favorablemente pretensiones de este linaje.

“El primero de los elementos, esto es, la conducta humana o hecho a partir del cual se origina el presunto perjuicio, se observa en este caso configurado, pues no viene a duda que dicho elemento lo estructura el equivocado reporte del demandante a las centrales riesgo, realizado por el Banco Cafetero, hoy Banco Davivienda, al digitar erradamente el primer digito del número de su cédula de ciudadanía, conducta antijurídica que por supuesto afectó bienes jurídicos del sujeto pasivo de la conducta lesiva.

(…)

“El segundo de los presupuestos, el daño o perjuicio, la Corte lo define en la sentencia anotada como el detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados a su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva.

“Contrario a lo establecido frente al primero de los elementos de la responsabilidad, el segundo no lo advierte acreditado la Sala, por los motivos que se expresan a continuación:

“Con ocasión del reporte, el demandante reclamó a título de indemnización de perjuicios, en la modalidad de daño emergente una suma equivalente a 107.313 salarios mínimos mensuales legales vigentes constituidos por los siguientes rubros: gastos en que incurrió desde el momento en que se materializó el reporte hasta el año 2007 o el periodo que se pruebe en el proceso. Estos gastos están conformados por transporte, asesoría jurídica, fotocopias, préstamos personales que asumió, mejoras para la adecuación de un apartamento en la casa de su señor padre.

“En la modalidad de lucro cesante pidió una suma equivalente a 242.686 salarios mínimos mensuales vigentes, compuesta por ‘la improductividad en la compra de un apartamento por valor de $80.000.000, más la compra de un vehículo por $32.000.000, más el pago de arriendos mensuales a razón de $250.000 que le tocó pagar por no haber adquirido el apartamento’, más el transporte público (taxi) a razón de $10.000, diarios por 24 días al mes, desde la casa a su sitio de trabajo. Además pidió por concepto de perjuicios morales una suma equivalente a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

“Con excepción del préstamo personal por $10.000.000 representado en la letra de cambio que milita a folio 48 del cuaderno 1, ninguna de las demás cantidades que componen los presuntos perjuicios (daño emergente y lucro cesante), aparece probada en el expediente. No hay prueba alguna de que el demandante haya solicitado a bancos o entidades financieras créditos para la adquisición de vivienda o la compra de un vehículo, sólo está la manifestación del demandante en el interrogatorio, desprovista de precisiones en cuanto a tiempo, modo y lugar, y lo señalado por su apoderado en el libelo incoatorio de la demanda, que no dejan de ser más que un simple alegato, carente de toda prueba. Tampoco obra medio de convicción alguno sobre la presunta adquisición de créditos personales por una suma cercana a los $25.000.000, ni prueba respecto del pago de servicio de transporte público (taxi) y arriendo por el tiempo durante el cual estuvo reportado. No se advierte elemento probatorio alguno en torno a las mejoras que presuntamente plantó el demandante en la casa de su padre, ni contrato de prestación de servicios sobre asesoría jurídica para corregir el reporte, es más, la prueba documental que milita en el proceso da cuenta que fue el mismo demandante quien mediante el ejercicio del derecho de petición que consagra la constitución, solicitó a la entidad reportante y a la base de datos, la rectificación de la información.

“Ahora los créditos personales, bien con entidades financieras o con personas naturales no representan per se una lesión o menoscabo en el patrimonio de quien los adquiere, se trata de un pasivo que voluntariamente toma el deudor y que por supuesto, está en la obligación de solucionar. La pérdida patrimonial estaría representada por el mayor valor que se haya tenido que pagar por intereses o la ganancia que se haya dejado de reportar con la valorización de bienes que no pudo comprar, ninguna labor emprendió el demandante para demostrar tal cosa.

(…)

“Los gastos de transporte, el pago de arriendos o la compra de celulares, de ninguna manera representan un detrimento, menoscabo o deterioro del patrimonio del demandante, esos presuntos gastos, de haberse probado, corresponderían a los ordinarios que necesariamente hubiera tenido que realizar cualquier persona, con o sin el reporte a una central de información. Las supuestas mejoras, de haberse probado, constituirían a lo sumo una inversión, por consiguiente, no sería posible predicar que se equiparen a una lesión patrimonial.

“Frente al perjuicio moral hay que anotar, que el reporte a las centrales de riesgo no pudo representar en el demandante una causa de gran dolor, compungimiento, aflicciones, o angustia de la magnitud y dimensiones que quiso hacer ver en la demanda, basta advertir que no tuvo la necesidad urgente, inmediata de solicitar la corrección de la información, una vez se enteró de tal infracción en el año 2002, cuando supuestamente el Banco Caja Social le negó el crédito para compra de vivienda, su vida continuó, sin evidente afectación alguna, pues no demuestra que durante el tiempo que permaneció reportado en las bases de información financiera los haya tenido, y sólo hasta el año 2007 procede a pedir la corrección. De un comportamiento de esa naturaleza no se puede derivar el perjuicio moral de las características antes anotadas.

“En ese orden de ideas, resulta evidente el error grave en que incurrió la perito Martha Carmenza Rojas Ruiz, en suponer las bases para determinar los perjuicios”(5).

3. Si se confrontan los argumentos expuestos por el ad quem con la acusación formulada, puede advertirse sin dificultad, de una parte, que se emplaza al tribunal para que responda por yerros ciertamente inexistentes y, de la otra, que no se combatieron los argumentos medulares de la providencia impugnada.

En lo que atañe a lo primero, es incontrovertible que el tribunal tuvo por demostrada la culpa, y por ello, resulta, en verdad, desconcertante que se alegue que aquel concluyó lo contrario, cuando de manera expresa y categórica asentó que tal requisito estaba acreditado.

Y respecto a lo segundo, el recurrente no impugna ninguna de las consideraciones esgrimidas por el ad quem en torno a la inexistencia del daño y, por el contrario, sin derribar tales razonamientos, se ha limitado a denunciar la preterición de unas pruebas que, en su criterio, sí demuestran el perjuicio presuntamente causado por las demandadas.

En efecto, el juez colegiado consideró, en lo tocante con el perjuicio material, que no existía medio probatorio en el expediente que demostrara que el demandante había gestionado préstamos ante entidades financieras para la adquisición de vivienda o de vehículo, ni comprobación del pago de arrendamientos de bienes inmuebles o de automotores. Incluso, fue tajante al señalar, de una parte, que los empréstitos no constituyen, por sí solos, un detrimento o lesión patrimonial para quien los adquiere y, de la otra, que ciertos gastos como alquiler de vivienda y transporte, deben ser sufragados con o sin reporte a centrales de información.

Y en lo atinente al daño moral, señaló que el reporte efectuado de manera culposa por Davivienda no representó mayor aflicción para el actor, lo que dedujo del comportamiento de este por haber solicitado hasta el año 2007 la exclusión de su nombre de las correspondientes bases de datos, no obstante tener conocimiento de su inclusión en las mismas, desde el año 2002.

El recurrente en vez de esforzarse por demostrar la existencia de los yerros fácticos que enrostró al tribunal, optó por plantear a la Corte que otras probanzas demuestran la existencia del daño, pero sin atacar la rotundas y macizas consideraciones expuestas en torno a la inexistencia de elementos persuasivos que corroboren los presuntos daños materiales y morales, cuya indemnización se pide en el pliego introductor del proceso.

En forma reiterada, ha precisado esta Sala que en casación no es posible “... variar lo que los tribunales superiores hayan hecho en el fallo de segunda instancia, porque la ley defiere a la convicción del sentenciador, dejando por lo mismo a su inteligencia y conciencia un campo que la Corte no puede invadir, salvo los casos de excepción, como son el de que se afirme estar probado un hecho, sin estarlo, y de ahí se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual si lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se deducen consecuencias que lógicamente no cabe deducir, por faltar entre estos y aquellos el obligado vínculo de causalidad”(6) [se destaca] y que “… el recurrente en casación ara en el desierto al pretender derrumbar una sentencia exponiendo simplemente un criterio diferente al expresado por el fallador en materia de apreciación probatoria, puesto que confrontación tal se resuelve siempre en favor de este último en virtud de la autonomía que le asiste para decidir y de la presunción de certeza que ampara sus conceptos”(7).

4. La demanda de casación que se presente ante la Corte ha de ajustarse satisfactoriamente a las formalidades previstas en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, lo que no acontece en este asunto, ya que como quedó visto, el escrito de sustentación adolece de falta de los requisitos indispensables para un estudio de fondo, que impide su admisión, motivo por el cual se procederá según lo establece el inciso 4º del artículo 373 ejusdem.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. INADMITIR el libelo que presentó la parte demandante para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida el treinta y uno de enero de dos mil trece por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

2. DECLARAR desierto el recurso de casación, de conformidad con el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.

Devuélvase la actuación a la corporación judicial de origen.

Notifíquese».

(5) Folio 101, cdno. de segunda instancia.

(6) LVI, págs. 252 y 253.

(7) Sentencia de 26 de febrero de 2001, Expediente 6048.