AUTO 2008-00532/46957 DE FEBRERO 21 DE 2018

 

Auto 2008-00532/46957 de febrero 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 410012331000200800532-01 (46957)

Actor: José Hernando Galindo Vega y otros

Demandado: La Nación-Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Asunto: Auto de aprobación o no aprobación de la conciliación

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Procede la Sala de Subsección C a resolver la aprobación o no aprobación del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes dentro de la audiencia de conciliación celebrada el veintinueve (29) de agosto de 2017(1) ante esta corporación.

Antecedentes

1. La demanda.

El señor José Hernando Galindo Vega, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos, María Paula y Cristian Hernando Galindo Díaz; Sandra Paola Díaz Montes (cónyuge) y la señora Bárbara Vega (madre), por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Adminstrativo, mediante escrito presentado el día 30 de noviembre de 2007(2), instauraron demanda contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, solicitando se accediera a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1. Que se declare administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por los daños materiales y morales causados, con motivo de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor José Hernando Galindo Vega.

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, la parte demandante solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de las siguientes sumas de dinero:

1.2.1. Por concepto de perjuicios inmateriales:

A. Perjuicios morales, de la siguiente manera:

DemandanteCalidadIndemnización
José Hernando Galindo Vega.Victima Directa100 smlmv
Sandra Paola Díaz Montes.Cónyuge.100 smlmv
María Paula Galindo Díaz. Hija50 smlmv
Cristian Hernando Galindo Díaz.Hijo50 smlmv
Bárbara VegaMadre100 smlmv

1.2.2. Por concepto de perjuicios materiales:

A. En la modalidad de lucro cesante: condenar a las entidad demandada al pago de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes correspondientes a los salarios dejados de percibir por el señor Galindo Vega por su trabajo en la Estación de Servicio La Piscina, suma a la que se le deberá incluir el factor prestacional. Así como el pago de cinco millones de pesos m/cte. ($5’000.000) correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por el señor Galindo Vega derivadas de su actividad de comerciante.

B. En la modalidad de Daño emergente: solicitó el pago de tres millones de pesos m/cte. ($3.000.000) suma cancelada por el señor José Hernando Galindo Vega para el pago de la defensa técnica en el proceso penal al que estuvo vinculado.

1.3. Como sustento de las pretensiones invocadas, los actores señalaron como hechos(3) los siguientes que la Sala sintetiza de la siguiente manera:

1.3.1. El día 24 de agosto de 2003, mientras se allanaba su residencia en el municipio de Algeciras, fue capturado el señor José Hernando Galindo Vega como presunto responsable del delito de rebelión.

1.3.2. El día 27 de agosto de 2003, en la diligencia de indagatoria el señor José Hernando Galindo Vega fue vinculado al proceso penal como presunto autor del delito de rebelión, por pertenecer supuestamente a la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc, en calidad de miliciano y auxiliador.

1.3.3. El día 1º de septiembre de 2003, la Fiscalía Resolvió la situación jurídica del señor José Hernando Galindo Vega, ordenando su detención preventiva.

1.3.4. Tras decretarse varias nulidades en el trámite procesal de la causa penal por violación del derecho fundamental de defensa del investigado, el 8 de mayo de 2006, la Fiscalía seccional competente profirió Resolución de preclusión de la investigación a favor del señor José Hernando Galindo Vega. Providencia que quedó ejecutoriada el 5 de junio de 2006.

1.3.5. La libertad del señor Galindo Vega, se concedió por vencimiento del término de 120 días, establecido por el artículo 4 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, para calificar la instrucción. Beneficio de libertad que se concedió previa la constitución de caución dineraria.

1.4. Admisión de la demanda.

Mediante auto de 3 de marzo de 2009(4), el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila admitió la demanda, providencia que fue notificada a la entidad demandada el día 10 de junio de 2009(5).

1.5. Contestación de la demanda.

Notificado el auto admisorio, durante el término de la fijación en lista del proceso, la apoderada de la Nación–Fiscalía General de la Nación mediante escrito del 10 de julio de 2009 contestó la demanda(6) manifestando que no le constan los hechos planteados por la parte actora, razón por la que se atiene a lo que resulte probado en el proceso administrativo y expresamente se opone a todas las pretensiones de la demanda por carecer éstas de asidero jurídico pues no se cumplen los presupuestos esenciales que permitan estructurar en el sub lite la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, ya que el ente investigador actúo siempre de conformidad con la Constitución y la ley.

Por último, la entidad demandada propuso como excepción la del “hecho de un tercero” como eximente de responsabilidad a favor de la Fiscalía General de la Nación, ya que la medida de aseguramiento estuvo fundada en declaraciones de testigos que incriminaban al señor Galindo Vega como colaborador del Grupo Subversivo de las Farc(7).

1.6. Período probatorio.

El Tribunal Administrativo del Huila por medio de auto de 23 de febrero de 2010 abrió el proceso a etapa probatoria, término dentro del cual se practicaron las pruebas decretadas, cumpliéndose de esta manera con el principio de contradicción(8).

1.7. Alegatos de conclusión.

Mediante providencia de 8 de octubre de 2010 el Tribunal Administrativo del Huila corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto(9).

El apoderado de la parte actora guardó silencio(10).

La apoderada de la parte demandada, mediante escrito de 29 de octubre de 2017(11) descorrió el traslado reiterando los argumentos planteados en la contestación de la demanda, ya que a su juicio, de las pruebas recaudadas en el sumario no se ha podido probar una falla del servicio o un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que pueda llegar a comprometer la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación.

Por otro lado, el 16 de noviembre de 2010, el Ministerio Público emitió concepto en el que consideró(12):

“(…) En conclusión, del material probatorio obrante en el expediente se infiere que la entidad accionada es responsable patrimonialmente de (sic) daño antijurídico causado a los demandantes, por cuanto, como se aprecia, la entidad desplegó una actuación que terminó privando de la libertad al actor, sobre la base de unos testimonios los cuales no fueron corroborados con otros medios de prueba diferentes; es más, existen contradicciones en el contenido de los mismos, lo que conllevo a que en posterior actuación de otra instancia judicial mediante resolución se decretara la preclusión de la investigación.

Al verificarse la violación de derechos fundamentales, en especial el derecho de defensa, en desarrollo de proceso penal al cual había sido vinculado el actor, y al ser manifestada esa circunstancia en una providencia que declaro la nulidad de lo actuado desde la resolución que ordenaba cerrar la etapa de instrucción, habiéndose ordenado en la misma la práctica de las pruebas dejadas de realizar, esta actuación de por sí, se considera violatoria del procedimiento legal surtido; de lo anterior se deduce que la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Galindo Vega fue injusta y desproporcionada..

Por último se configuran los elementos para declarar la responsabilidad de la entidad, los cuales se circunscriben primero a una actuación de la entidad, consistente en el acto de apertura de instrucción, segundo en el daño antijurídico el cual se verifica a privar de la libertad, mediante la orden de reclusión en centro carcelario y por último el neo causal entre el primero y el anterior.

(…) En conclusión, se encuentran verificados todos los elementos para configurar la responsabilidad del estado por falla del servicio, pues la administración vincula al señor Galindo Vega, al proceso penal, aun cuando, en criterio de este Ministerio, existía ausencia probatoria que sustentara el cumplimiento de los requisitos legales para la detención preventiva y, por el contrario, lo que se verifica son un (sic) medios probatorios (testimonios) los cuales, como ya se ha dicho, no dan certeza sobre la posible comisión de actividad delictiva alguno por parte señor Galindo Vega; es más, se reitera estos se contradicen unos con los otros por lo que, de igual forma, no se cumplió con el requisito exigido por el procedimiento penal para imponer dicha medida, por cuanto este claramente estipula que se deberán tener dos (2) indicios graves, los cuales no afloraban dentro de la actuación adelantada por la accionada”.

2. Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia de 22 de noviembre de 2012 el Tribunal Administrativo del Huila accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda así(13):

1. Declarar a la Nación-Fiscalía General de la Nación, es administrativamente responsable por los perjuicios morales y materiales, causados a los demandantes, por la injusta privación de la libertad de que fue objeto el señor José Hernando Galindo Vega, conforme lo demostrado y aludido en la parte motiva de ésta (sic) providencia.

2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar con cargo a su presupuesto, por concepto de perjuicios así:

a) Perjuicios morales.

A José Hernando Galindo Vega privado de la libertad, el equivalente a doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes al pago efectivo de la condena.

A Sandra Paola Diaz Montes esposa del ofendido, Barbara Vega progenitora del privado de la libertad, Maria Paula Galindo Diaz y Cristian Hernando Galindo Dias hijos del perjudicado, el equivalente a seis (06) salarios mínimos legales mensuales vigentes al pago efectivo de la condena, para cada uno.

b) Perjuicios materiales.

A José Hernando Galindo Vega, por concepto de daño emergente la suma de dos millones novecientos doce mil trescientos ochenta y cinco pesos ($2.912.385) y por concepto de lucro cesante la suma de dos millones novecientos veintiséis mil trecientos veintidós pesos mcte. ($2.926.322), suma que deberá ser actualizada a la fecha del pago efectivo de la condena conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

3. Denegar las demás súplicas de la demanda.

(…)(14).

Como sustento de la decisión el Tribunal señaló:

“En consecuencia, en el presente caso la responsabilidad de la administración pública, se analizará y aplicará a través del régimen de falla del servicio tanto por error judicial como por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues revisado el acervo probatorio del trámite penal (Cuaderno anexo demanda), se advierte que la decisión de preclusión se fundamento (sic) predominantemente en el vencimiento de términos que a su vez provino por la omisión del fiscal de conocimiento de decretar las pruebas pedidas por la defensa lo que conllevó la nulidad de lo actuado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia pues finalmente el decreto del vencimiento de términos interrumpió la posibilidad de que el Estado demostrara la culpabilidad del investigado, lo cual generó un daño antijurídico a la parte accionante.

(…).

En conclusión el daño se encuentra fehacientemente probado pues se estableció que el demandante fue privado de su libertad por parte de la Fiscalía y que el proceso terminó por preclusión de la investigación que decretara la misma entidad del Estado.

(…).

No cabe duda de que al señor José Hernando Galindo Vega, se le ocasionó un daño y éste le es imputable a la Nación Fiscalía General de la Nación, toda vez que realizó una inadecuada valoración probatoria y cerceno el derecho a la defensa y contradicción del investigado, situación que correspondía a un derecho no sólo del procesado sino de la sociedad en general que propugna por la no impunidad y el derecho a la verdad, justicia y reparación.

Por otra parte es innegable que la única razón para que el actor fuera privado de su libertad fue la decisión legítima de la Fiscalía General de la Nación de imponerle medida de aseguramiento sin que esa condición, de ser legítima, enerve la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por su decisión, pues es el mismo ordenamiento jurídico quien la atribuye cuando éste, después de ejercer su función punitiva no logra desvirtuar la presunción de inocencia que como derecho fundamental cobija a todos los administrados.

El hecho de haberse precluido la investigación a favor del demandante da al daño sufrido por éstos, consistente en la pérdida temporal de sus libertades, el carácter de antijurídico y por ende debe ser resarcido.

Así las cosas es evidente que existe relación causal entre el obrar de la Nación-Fiscalía General de la Nación y el daño antijurídico que produjera a los procesados, con lo que se encuentran acreditados los presupuestos para declarar la responsabilidad estatal en este asunto”(15).

Dicha providencia fue notificada por edicto fijado el 19 de diciembre de 2012 y desfijado el 14 de enero de 2013(16).

3. Recurso de apelación.

Contra lo así decidido la parte demandada Nación-Fiscalía General de la Nación, interpuso recurso de apelación(17) el 24 de enero de 2013 mediante el cual solicitó modificar el valor de la indemnización por perjuicios morales reconocido en la sentencia de primera instancia pues lo considera excesivo teniendo en cuenta el tiempo que estuvo detenido el señor José Hernando Galindo Vega.

A su vez, el apoderado de la parte demandante en aras a defender los intereses de sus poderdantes, interpuso recurso de apelación(18) solicitando que se incrementaran las sumas tasadas en la sentencia de primera instancia, indemnizando por concepto de perjuicios morales con 100 smlmv a favor de la víctima directa, cónyuge y madre y con 50 smlmv para cada uno de los dos hijos, de acuerdo con el petitum de la demanda.

Además, consideró el libelista que las sumas reconocidas por perjuicios materiales deberían incrementarse de acuerdo con lo que se ha probado en el proceso, puesto que éstas son inferiores al daño emergente y al lucro cesante causado y además el no hacerlo es una vulneración del principio de reparación integral que rige la materia.

4. Trámite de segunda instancia.

Por medio de auto de 7 de febrero de 2013(19), el Tribunal de Primera Instancia convocó a las partes a audiencia de conciliación, de conformidad con la facultad oficiosa prevenida en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, norma vigente para el momento de fijación de la audiencia. Llegado el día de la diligencia(20), la magistrada sustanciadora la declaró fallida la audiencia concediendo los recursos interpuestos y ordenando seguir adelante con el proceso.

Mediante auto calendado el día 14 de mayo de 2013(21), esta corporación admitió las impugnaciones de las partes contra la sentencia de 22 de noviembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

El día 17 de junio de 2013, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión, y al señor agente del Ministerio Público para que rindiera el concepto de rigor(22).

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio(23).

En proveído de 12 de enero de 2016(24) esta corporación convocó a las partes a fin de surtir la audiencia de conciliación judicial el día 27 de abril de 2016, a las 04:30 p.m., de conformidad con la dispuesto en el artículo 70 de la ley 446 de 1998, y en los artículos 42 y 43 del Código General del Proceso.

En virtud de lo anterior, el Ministerio Público por medio de concepto No. 74 de 14 de abril de 2016(25), emitió concepto de viabilidad de conciliación, en el que consideró que la condena relativa los perjuicios materiales debería mantenerse igual a la tasación hecha por el a quo, pero que, en cambio, era pertinente, incrementar la tasación del perjuicio moral, conforme al siguiente cuadro:

 Perjuicios moralesPerjuicios materiales lucro cesantePerjuicios materiales daño emergente
José Hernando Galindo Vega (afectado directo)50 smlmv$2’926.322$2’912.385
Sandra Paola Díaz Montes (cónyuge)50 smlmv  
Bárbara Vega García (madre)50 smlmv  
María Paula Galindo Díaz (hija)50 smlmv  
Cristian Hernando Galindo Días (hijo)50 smlmv  

En la fecha programada para la diligencia se verificó que existía una solicitud de aplazamiento presentada por parte del apoderado de la parte actora(26), razón por la que esta corporación convocó nuevamente a las partes para el día 28 de septiembre de 2016 a las 03:30 p.m.(27) Las partes concurrieron a la audiencia en la fecha programada, sin embargo, pese a tener las dos ánimo conciliatorio no estuvieron de acuerdo en el monto, pues mientras la entidad demandada propuso una fórmula de arreglo que en lo esencial se concretaba en proponer un pago del setenta por ciento (70%) del valor de la condena de primera instancia, el apoderado de la parte actora pedía que el monto fuera del 100% de la misma. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el monto el Ministerio Público en su intervención solicitó a la apoderada de la entidad demandada que someta a reconsideración el caso y la propuesta de la contraoferta que hace la parte actora, teniendo en cuenta nuestro concepto, con el fin de que se reevalúe una formula conciliatoria.(28) Razón por la que la diligencia fue suspendida en espera de que la referida solicitud fuera considerada por el Comité de Conciliación de la Fiscalía General de la Nación.

Por auto de 24 de julio de 2017, sin que hasta la fecha la entidad demandada hubiera manifestado ninguna contrapropuesta conciliatoria, esta corporación, convocó nuevamente a las partes para el día 29 de agosto de 2017 a las 09:00 a.m. con el fin de continuar con la audiencia de conciliación judicial suspendida(29).

Llegado el día y hora programada para llevar a cabo la continuación de la audiencia de conciliación, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación, según consta en el acta suscrita el 29 de agosto de 2017, expresó(30):

“En relación con la solicitud que se realizó en la pasada audiencia, manifiesto que el comité de conciliación de la fiscalía general de la nación en sesión extraordinaria del 28 de agosto de este año, presento (sic) en consideración los aspectos relativos a la audiencia de conciliación que se celebra el día de hoy. El comité de conciliación acoge la propuesta del apoderado de la Fiscalía y determina no reconsiderar la propuesta efectuada en sesión del 13 de abril de 2016. En consecuencia, se dispone proponer formula (sic) conciliatoria quedando el defensor de esta entidad facultado para que proponga un pago del 70% del valor de la condena”.

Propuesta que fue aceptada por el apoderado de la parte actora.

Sin embargo, el Agente del Ministerio Público manifestó que:

“(…) el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes no se aviene a las condiciones de proporcionalidad que debe regir esta clase de acuerdo,(sic) en la medida que puede resultar desventajoso para la parte demandante y por lo tanto se solicita improbar el acuerdo celebrado, en la medida que no se respetan los parámetros de la jurisprudencia, en aquellos casos en que la privación es superior a los 4 meses, en consecuencia se deben respetar los parámetros de la sentencia del 28 de agosto de 2014 (36149);”.

Visto el trámite que antecede, y no habiendo causal que invalide lo actuado hasta ahora, la Sala procede a resolver el asunto sometido a su decisión, previas las siguientes consideraciones.

Consideraciones

1. Competencia.

Decide la Sala la aprobación o no aprobación del acuerdo conciliatorio logrado entre las partes en esta instancia, dentro del proceso de reparación directa que cursa, y en el que el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de primera instancia el 22 de noviembre de 2012 en la que declaró administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales y materiales, causados a los demandantes por la injusta privación de la libertad de que fue objeto el señor José Hernando Galindo Vega. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta Sala es competente para conocer del asunto según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en el Decreto 597 de 1988, la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de 2001 (arts. 43 a 45).

2. La conciliación en materia de lo contencioso administrativo.

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes que integran un conflicto procesal solucionan sus diferencias(31), con la intervención de un tercero calificado y neutral, el cual llevará y dirigirá la celebración de la audiencia de conciliación. Son conciliables(32) todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y todos aquellos que de manera expresa determine la ley de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley 446 de 1998.

Así mismo, se advierte que la conciliación tiene cabida, entre otros asuntos, en los de naturaleza cognoscitiva, cuyo objeto radica en terminar el proceso, total o parcialmente, antes de que se profiera sentencia, tal como lo dispuso el legislador en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998. Así:

“ART. 59.—Modificado Ley 446 de 1998, artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo”.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional son varios los elementos característicos de la conciliación como mecanismo de solución de conflictos: (1) la autocomposición de acuerdo con la cual “las partes pueden abordar la solución del conflicto, ya sea comunicándose e intercambiando propuestas directamente —y en este caso estamos ante una negociación—, o bien con la intervención de un tercero neutral e imparcial que facilita y promueve el diálogo y la negociación entre ellas —y en ese evento nos encontramos ante la mediación, en cualquiera de sus modalidades”(33); (2) que se vierta en “un documento que por imperio de la ley hace tránsito a cosa juzgada y, por ende, obligatorio para éstas”(34); y, (3) tiene dos acepciones: “una jurídico procesal, que lo identifica o clasifica como un mecanismo extrajudicial o trámite procedimental judicial que persigue un fin específico; y otra jurídico sustancial que hace relación al acuerdo en sí mismo considerado. Bajo estar dos acepciones son las partes las que en ejercicio de su libertad dispositiva deciden voluntariamente si llegan o no a un acuerdo, conservando siempre la posibilidad de acudir a la jurisdicción, es decir, a los órganos del Estado que constitucional y permanentemente tienen la función de administrar justicia para que en dicha sede se resuelva el conflicto planteado”(35).

En tanto que la jurisprudencia de la Sección Tercera la “decisión frente a la aprobación de la conciliación está íntimamente relacionada con la terminación del proceso; si se trata de una conciliación judicial y ésta es aprobada, el auto que así lo decide pondrá fin al proceso; si en el auto no se aprueba la conciliación esa providencia decide sobre la no terminación del proceso, dado que la no aprobación impide la finalización del mismo”(36). A dicha posición se agrega por la jurisprudencia que de la “misma manera que la transacción, la conciliación es un negocio jurídico en el que las partes terminan extrajudicial o judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. La validez y eficacia de ese negocio jurídico en asuntos administrativos, está condicionada a la homologación por parte del juez quien debe ejercer un control previo de la conciliación con miras a verificar que se hayan presentado las pruebas que justifiquen la misma, que no sea violatoria de la ley o que no resulte lesiva para el patrimonio público en la medida en que la ley establece como requisito de validez y eficacia de la conciliación en asuntos administrativos la previa aprobación u homologación por parte del juez, hasta tanto no se produzca esa aprobación la conciliación no produce ningún efecto y por consiguiente las partes pueden desistir o retractarse del acuerdo logrado, no pudiendo por tanto el juez que la controla impartirle aprobación u homologarla cuando media manifestación expresa o tácita de las partes o una ellas en sentido contrario”(37).

Finalmente, la Sección Tercera considera en su jurisprudencia que “el sólo acuerdo de voluntades de las partes o el reconocimiento libre y espontáneo que alguna de ellas manifieste en torno de las razones de hecho y de derecho que contra ella se presenten, si bien es necesario no resulta suficiente para que la conciliación sea aprobada en materia Contencioso Administrativa, puesto exige el legislador que, al estar de por medio los intereses y el patrimonio público, el acuerdo conciliatorio deba estar soportado de tal forma que en el momento en el cual se aborde su estudio, al juez no le quepan dudas acerca de la procedencia, la legalidad y el beneficio —respecto del patrimonio público— del mencionado acuerdo conciliatorio. Así las cosas, cualquier afirmación —por más estructurada y detallada que este sea— por medio de la cual se reconozca un derecho como parte del objeto del acuerdo conciliatorio y que genere la afectación del patrimonio público, debe estar debidamente acreditada mediante el material probatorio idóneo que produzca en el juez la convicción de que hay lugar a tal reconocimiento”(38).

3. Caso en concreto.

De conformidad con lo consagrado en el artículo 65 literal a) de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, cuyo parágrafo fue derogado por el artículo 49 de la Ley 640 de 2001, para la aprobación del acuerdo conciliatorio se requiere la concurrencia de una serie de presupuestos(39) a saber: (1) que no haya operado la caducidad de la acción; (2) que las partes que concilian estén debidamente representadas, y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar; (3) que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes; (4) que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación; y, (5) que no resulte abiertamente lesivo para las partes.

De acuerdo con estos presupuestos la Sala examina la concurrencia de los mismos en el caso en concreto.

3.1. Que no haya operado la caducidad.

A efectos de determinar la caducidad de la acción en el presente asunto es necesario tener en cuenta el término previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, de conformidad con el cual, en tratándose de acciones de reparación directa, dicho término será de dos (2) años contabilizados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. De igual forma, tratándose de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se tiene que el cómputo para determinar la caducidad empieza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación penal(40).

Aplicadas estas prescripciones al sub lite, se concluye que no ha operado la caducidad de la acción. Para el efecto, se toma en consideración que la providencia mediante la cual precluyó la investigación penal fue proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva, el 8 de mayo de 2006(41), la cual quedó ejecutoriada el día 9 de junio de la misma anualidad(42); razón por la que, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 30 de noviembre de 2007(43), ésta se encontraba dentro del término de los dos años establecidos por el artículo 136 Nº 8 del Código Contencioso Administrativo, para impetrar la acción de reparación directa.

Así las cosas, la caducidad de la acción de reparación directa no ha operado, por lo tanto, el acuerdo conciliatorio es admisible, respecto de este presupuesto.

Determinado el cumplimiento de la primera de las exigencias, la Sala examina ahora la relacionada con la debida representación de las partes, y la existencia de la facultad expresa para conciliar.

3.2. Que las partes que concilian estén debidamente representadas, y que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar.

Para poder determinar que en el sub judice las partes se encontraban debidamente representadas, se hace necesario referirse al artículo 74 del Código General del Proceso, que regula lo atinente a los poderes otorgados para la representación de las partes en el proceso, el cual señala:

“Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales deberán estar determinados y claramente identificados.

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251.

Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.

Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.

Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio.”

Por otra parte, el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo consagra específicamente la manera cómo deben estar representadas las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, en procesos adelantados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el citado artículo establece que:

“Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos Contencioso Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este Código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.

PAR. 1º— En materia contractual, intervendrá en representación de las dependencias a que se refiere el artículo 2º, numeral 1, literal b) de la Ley 80 de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.

PAR. 2º—Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de ésta se ejerce por él o por su delegado”.

Así las cosas, la Sala advierte que revisado el expediente, las partes concurrieron al proceso mediante apoderado judicial constituido de forma legal como consta con los respectivos poderes.

Razón por la que se encuentra demostrado que la parte demandante está debidamente representada por el Dr. Juan Pablo Murcia Delgado como apoderado principal, a quien se le otorgó expresamente la facultad expresa de conciliar y se le reconoció personería jurídica para actuar mediante auto de 6 de febrero de 2008(44), quien para la celebración de la audiencia sustituyó el poder a él conferido en el Dr. Carlos Edward Cleves Rodríguez, a quien le fue reconocida la personería adjetiva en el trámite de la diligencia celebrada el día 29 de agosto de 2017.(45)

Igualmente, en relación con la parte demandada Nación- Fiscalía General de la Nación, la Sala observa que está debidamente representada por el Dr. Néstor Miguel Moncayo Hurtado(46) quien también cuenta con la facultad expresa para conciliar y a quien se le reconoció personería jurídica para actuar en la misma audiencia de conciliación celebrada el día 29 de agosto de 2017(47); y a quien el Comité de Conciliación de dicha Entidad, le otorgó facultades para conciliar bajo la siguiente fórmula de arreglo(48):

“(…) El Comité de Conciliación, por decisión unánime de sus miembros, acoge la recomendación del (la) apoderado (a) de la Fiscalía y determina No reconsiderar la propuesta efectuada en sesión del 13 de abril de 2016(49). En consecuencia se dispone proponer fórmula conciliatoria quedando el defensor de la Entidad facultado para que proponga un pago del setenta por ciento (70%) del valor de la condena”.

En este sentido, la Sala encuentra cumplido el presente requisito, con relación a la parte demandada Nación–Fiscalía General de la Nación, con quien se reitera, la parte actora llegó al acuerdo conciliatorio celebrado el 29 de agosto de 2017 y el cual es ahora objeto de aprobación.

Cumplido el segundo presupuesto para la aprobación del acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en el presente proceso, la Subsección procede a examinar que el caso verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.

3.3. Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.

Por otro lado, conforme al artículo 59 de la Ley 23 de 1991 el cual fue modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, el acuerdo conciliatorio al que lleguen las partes se limita a los aspectos de contenido económico en lo Contencioso Administrativo. 

De acuerdo con lo anterior, los demandantes solicitaron en el escrito de demanda, una indemnización por parte de la Nación–Fiscalía General de la Nación por los los daños materiales y morales causados, con motivo de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor José Hernando Galindo Vega.

Así mismo, el Tribunal de primera instancia por medio de la sentencia de 22 de noviembre de 2012 declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación–Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales y materiales, causados a los demandantes, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor José Hernando Galindo Vega, y la condenó al pago de perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales, y por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante a favor de la víctima, condenas de eminente contenido económico, respecto de las que procede la propuesta de conciliación que está siendo objeto de examinación.

La Sala verifica que en efecto los derechos reclamados son de carácter económico y particular. El acuerdo logrado entre las partes se enmarca dentro del artículo 64 de la Ley 446 de 1998, el cual fue incorporado en el Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, es decir, que cumple con el requisito de ser un asunto susceptible de conciliación, transacción y desistimiento.

3.4. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación.

La Sala advierte que durante la actuación de primera instancia, de las pruebas allegadas al plenario por los actores se logró acreditar la privación injusta de la libertad del señor José Hernando Galindo Vega desde el 24 de agosto y el 29 de diciembre de 2003 (4 meses y 5 días) y su imputación a la entidad demandada, con la que la parte actora realizó el acuerdo conciliatorio, conforme a los siguientes medios de prueba que serán relacionados a continuación:

a) La privación injusta:

— Acta de la diligencia de allanamiento y registro del 24 de agosto de 2003, realizada por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Neiva-Huila.(50)

— Acta de derechos del capturado de 24 de agosto de 2003, emitida por la Unidad de Investigación de la policía judicial de la ciudad de Neiva.(51)

— Orden de encarcelación No. 095, a cargo y órdenes de la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, en contra del señor José Hernando Galindo Vega y Otros, dirigida al Jefe de la Sijin Deuil en la que se solicitó: “se sirva a mantener en esas instalaciones a los señores Luis Eli Sánchez Rodríguez, C.C.12.2056.000 y Luis (sic) Hernando Galindo Vega, C.C 12.256.825, quien (sic) fueron capturados en Algeciras, en cumplimiento a órdenes de captura impartidas por la Fiscalía, sindicados del delito de concierto para delinquir y rebelión”.(52)

— Diligencia de Indagatoria del 27 de agosto de 2003, mediante la cual la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva-Huila vinculó a José Hernando Galindo Vega por el delito Rebelión(53).

— Orden de encarcelación No. 100 de 28 de agosto de 2003, mediante la cual el Fiscal Cuarto Especializado de Neiva-Huila, comunica a el Director Cárcel Distrito Judicial de la misma ciudad “se sirva a mantener en esas instalaciones al señor José Hernando Galindo Vega C.C.12.256.825 de Algeciras, capturado en cumplimiento a orden emanada de la Fiscalía el 24 de agosto de 2003 a las 6:00, sindicado de concierto para delinquir y rebelión”(54).

— Resolución Interlocutoria de primero de septiembre de 2003, mediante la cual la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Neiva-Huila resuelve la situación jurídica del señor José Hernando Galindo Vega imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, por un delito de rebelión.(55) Providencia ejecutoriada el 8 de diciembre de 2003.(56)

— Boleta de Detención No. 089, de 2 de septiembre de 2003, por la cual la Fiscalía Cuarte Delegada ante los Juzgados del Circuito Especializados de Neiva-Huila comunica el Director de Reclusión de la ciudad mantener detenido en el establecimiento a su cargo al señor José Hernando Galindo Vega.(57)

— Providencia de 29 de diciembre de 2003, proferida por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito por medio de la cual fue concedida la libertad provisional por vencimiento de términos en favor del procesado José Hernando Galindo Vega.(58)

— Diligencia compromisoria suscrita por el imputado Galindo Vega el 30 de diciembre de 2003.(59)

— Oficio 1028 de 30 de diciembre de 2003, proferido por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito por medio del cual se confirma la boleta de libertad Nº 0018 de la fecha, a nombre del señor José Hernando Galindo Veg, (…) atendiendo a lo dispuesto por esta Fiscalía en Resolución de fecha 29 de diciembre del año en curso.(60)

b. La imputación de responsabilidad de la demandada Nación-Fiscalía General de la Nación.

— Resolución de acusación de 19 de febrero de 2004, proferida por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito por medio del cual además se revoca la libertad concedida al señor José Hernando Galindo Vega.(61)

— Resolución de preclusión de 8 de mayo de 2006 proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito a favor del señor José Hernando Galindo Vega por la conducta punible de rebelión por la cual fue vinculado mediante injuriada.(62)

Revisados los anteriores elementos probatorios la Sala concluye que lo reconocido patrimonialmente en la sentencia de 22 de noviembre de 2012 por el A quo se encuentra debidamente respaldado en la actuación surtida en dicha instancia, por lo que se da por cumplido este requisito y se pasa a examinar la legitimación en la causa de los demandantes.

3.5. Legitimación en la causa de los demandantes.

En cuanto a la legitimación en la causa por activa la Sala encuentra que:

José Hernando Galindo Vega, en calidad de víctima directa, demostró tal calidad con fundamento en las siguientes pruebas: i) Acta de la diligencia de allanamiento y registro del 24 de agosto de 2003, realizada por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Neiva-Huila(63), ii) Acta de derechos del capturado de 24 de agosto de 2003, emitida por la Unidad de Investigación de la policía judicial de la ciudad de Neiva(64) iii)Orden de encarcelación No. 095, a cargo y órdenes de la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, en contra del señor José Hernando Galindo Vega y Otros, sindicados del delito de concierto para delinquir y rebelión(65), iv) Diligencia de Indagatoria del 27 de agosto de 2003, mediante la cual la Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva-Huila vinculó a José Hernando Galindo Vega por el delito Rebelión(66), v) Orden de encarcelación No. 100 de 28 de agosto de 2003, mediante la cual el Fiscal Cuarto Especializado de Neiva-Huila, comunica a el Director Cárcel Distrito Judicial de la misma ciudad que debe mantener detenido en sus instalaciones al señor José Hernando Galindo Vega(67), vi) Resolución Interlocutoria de primero de septiembre de 2003, mediante la cual la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Neiva-Huila resuelve la situación jurídica del señor José Hernando Galindo Vega imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad, por un delito de rebelión(68), vii) Boleta de Detención No. 089, de 2 de septiembre de 2003, por la cual la Fiscalía Cuarte Delegada ante los Juzgados del Circuito Especializados de Neiva-Huila comunica el Director de Reclusión de la ciudad mantener detenido en el establecimiento a su cargo al señor José Hernando Galindo Vega(69), viii) Providencia de 29 de diciembre de 2003, proferida por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito por medio de la cual fue concedida la libertad provisional por vencimiento de términos en favor del procesado José Hernando Galindo Vega(70), ix) Oficio 1028 de 30 de diciembre de 2003, proferido por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito por medio del cual se confirma la boleta de libertad No. 0018 de la fecha, a nombre del señor José Hernando Galindo Vega, (…) atendiendo a lo dispuesto por esta Fiscalía en Resolución de fecha 29 de diciembre del año en curso(71), x) Resolución de Acusación de 19 de febrero de 2004, proferida por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito por medio del cual además se revoca la libertad concedida al señor José Hernando Galindo Vega(72) y xi) Resolución de preclusión de 8 de mayo de 2006 proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito a favor del señor José Hernando Galindo Vega por la conducta punible de rebelión por la cual fue vinculado mediante injuriada.(73)

Sandra Paola Díaz Montes (Cónyuge): demostró su calidad con la copia auténtica del Registro Civil de Matrimonio en el que consta el vínculo existente con la víctima directa José Hernando Galindo Vega.(74)

María Paula Galindo Díaz y Cristian Hernando Galindo Díaz probaron su calidad de hijos de la víctima directa por medio de sendas copias auténticas de sus respectivos Registros Civiles de Nacimiento, en los que consta que sus padres son Sandra Paola Díaz Montes y José Hernando Galindo Vega.(75)

Bárbara Vega Durán, acreditó su calidad para demandar, con la copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor José Hernando Galindo Vega, en el que consta que es su madre.

Finalmente, se exige determinar si el acuerdo conciliatorio no resulta abiertamente lesivo para el patrimonio público, o afecta el equilibrio entre las partes o representa abuso de la posición dominante.

3.6. Que no resulte abiertamente lesivo para las partes.

Se trata de una exigencia que busca proteger a las partes en la litis, de manera que los acuerdos conciliatorios celebrados al interior de los procesos contenciosos administrativos no les sean lesivos. Esta corporación en providencia de 24 de noviembre de 2014(76), modificó la posición establecida en auto del 28 de abril de 2014(77), determinándose que pese a la autonomía reconocida tanto a demandantes como a los demandados para arribar a un acuerdo conciliatorio, existen límites. Desde la perspectiva de las habituales partes actoras, que mayoritariamente son particulares, se exige que el acuerdo conciliatorio no lesione el principio de la reparación integral de su daño; y desde la óptica de las entidades públicas, habitualmente demandadas, se exige que lo acordado, bien sea a partir de la condena impuesta por el A quo, o bien de lo planteado en las pretensiones de la demanda, siempre que se encuentre debidamente acreditado, no resulte lesivo al patrimonio público, y por contera al interés general; de manera que no se produzca un detrimento o enriquecimiento indebido.

En efecto, respecto de la protección de las partes integradas por particulares, en el referido auto de 24 de noviembre de 2014 se sostuvo:

“(…) como en todos los casos de responsabilidad extracontractual del Estado que se adelantan ante esta jurisdicción, la autonomía de la voluntad se encuentra sometida a límites constitucionales, pues si bien los derechos que se pretenden conciliar son, en su mayoría, de carácter económico, tienen también un trasfondo social, en tanto son el desarrollo de los postulados constitucionales del deber del Estado de indemnizar por los daños que cause, de la reparación integral de las víctimas, y versan, generalmente, sobre derechos fundamentales.(…)”.

“(…) Ahora bien, al ser la aprobación del acuerdo conciliatorio procesal o extraprocesal una labor otorgada al juez contencioso administrativo, cuando éste realiza el estudio respectivo, además de valorar los requisitos que vienen dados por ley —que se hayan presentado las pruebas necesarias, que no sea violatorio de la ley y que no resulte lesivo para el patrimonio público—, es su deber verificar que con el acuerdo se estén cumpliendo los postulados constitucionales tendientes a la reparación integral del daño, pues de lo contrario, solo será procedente su improbación, en concordancia con la finalidad de la actividad judicial en un Estado social de derecho, como se viene de explicar (…)”.

En relación con la protección de las entidades públicas y por ende del patrimonio público, en la misma providencia se dijo:

“(…) la restricción que hizo la Sala, de aprobar los acuerdos sólo si se concilia entre el 70 y el 100% de la condena de primera instancia, afecta la autonomía de la voluntad privada y la capacidad negocial de las partes. Pues, si ambos interesados se ponen de acuerdo en una cifra inferior, como se viene de explicar, esta decisión obedecerá a la voluntad libre y espontánea del ciudadano y de la entidad estatal, quienes –por lógica- habrán actuado de acuerdo a la persecución de sus intereses y su bienestar, teniendo en cuenta que si lo aprobaron, es porque previamente existió negociación en el sentido de definir el monto de la obligación, la forma de pago, el plazo, etc. Y que ambas partes conservaron hasta el final la facultad de conciliar o no.

En consecuencia, procede la Sala a modificar y unificar la jurisprudencia en este sentido, en tanto excede sus facultades fijar límites objetivos o raseros a los acuerdos conciliatorios, y en aras de respetar y hacer prevalecer la autonomía de la voluntad privada, suprimirá los topes previamente establecidos como requisito para aprobar la conciliación.”

Ahora bien, en el caso concreto, la Sala observa en primer lugar que desde el punto de vista de la protección del patrimonio público y el interés general, es evidente que cumple con el requisito de no ser excesivo, o reconocer rubros sobre los que la sentencia de primera instancia de 22 de noviembre de 2012 no se haya pronunciado.

La voluntad conciliatoria de las partes quedó claramente expuesta en el desarrollo de la audiencia de conciliación, quedando establecido que la parte demandante aceptaba el ofrecimiento del 70% realizado por la parte demandada Nación-Fiscalía General de la Nación, sobre el monto total de la condena de primera instancia, razón por la que concluye la Sala que en virtud de la prevalencia de la voluntad de los extremos en conciliación, resulta plenamente válido y eficaz, en la medida que analizando el acuerdo celebrado en esta instancia judicial no existe motivo que impida aceptar la voluntad libre y espontánea expresada por las partes en la desarrollo de la diligencia, así como tampoco se verifica algún vicio que pueda limitar de alguna forma la autonomía de la voluntad o la capacidad negocial con que las partes llegaron al acuerdo de conciliación.

Por todo lo anterior, la Sala considera que este requisito del acuerdo conciliatorio se encuentra cumplido debidamente al existir un equilibrio entre la disposición de intereses y la legalidad de la actuación.

Cabe mencionar que el juez de lo contencioso administrativo debe limitarse a examinar simplemente: (I) si los términos del acuerdo conciliatorio pueden hallarse viciados de nulidad; o si (II) resultan lesivos para los intereses patrimoniales del Estado(78), de manera que descartadas esas hipótesis, como se han verificado en el caso sub examine, y en consecuencia, al no aparecer vicio de nulidad alguno de lesividad patrimonial en contra del Estado, la Sala de Subsección aprobará la conciliación judicial, celebrada en esta instancia.

Por las razones anteriormente expuestas, la Sala aprobará totalmente el acuerdo conciliatorio que voluntariamente lograron las partes y, por virtud del cual han decidido, de manera libre y espontánea dar por terminado este proceso judicial en esta instancia en forma anticipada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. APRUÉBESE de forma total el acuerdo conciliatorio judicial logrado entre los demandantes: José Hernando Galindo Vega (víctima directa), Sandra Paola Díaz Montes (cónyuge), María Paula Galindo Díaz (hija), Cristian Hernando Galindo Díaz (hijo) y Bárbara Vega Durán (madre) y la entidad demandada Nación-Fiscalía General de la Nación durante la audiencia judicial realizada el día veintinueve (29) de agosto de 2017, en los términos de la parte motiva de esta providencia.

2. DÉSE por terminado el proceso.

3.: EXPÍDANSE copias con destino a las partes, teniendo en cuenta las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso. Las copias destinadas a los demandantes serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

4. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Folios 360-362, cdno. ppal.

2 Folios 14-25, cdno.1.

3 Folios 16-23, cdno. 1.

4 Folios 68 y 69, cdno. 1.

5 Folio 77, cdno. 1.

6 Folios 87-98, cdno. 1.

7 Folio 93, cdno. 1.

8 Folios 119 y 120, cdno. 1.

9 Folio 150, cdno. 1.

10 Folio 162, cdno. 1.

11 Folios 152-161, cdno. 1.

12 Folios 168-179, cdno. 1.

13 Folios 187-202, cdno. ppal.

14 Folios 201 y 202, cdno. ppal.

15 Folios 194-197, cdno. ppal.

16 Folio 208, cdno. ppal.

17 Folios 210-213, cdno. ppal.

18 Folios 214-219, cdno. ppal.

19 Folio 224, cdno. ppal.

20 Folios 235 y 236, cdno. ppal.

21 Folio 243, cdno. ppal.

22 Folio 245, cdno. ppal.

23 Folio 246, cdno. ppal.

24 Folio 292, cdno. ppal.

25 Folios 297-305, cdno. ppal.

26 Folio 328, cdno. ppal.

27 Folio 329, cdno. ppal.

28 Folio 334, cdno. ppal.

29 Folio 358, cdno. ppal.

30 Folios 388-390, cdno. ppal.

31 Corte Constitucional, sentencia C-165 de 29 de abril de 1993. “La conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad. Porque, siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir”. Corte Constitucional, sentencia C-598 de 2011. “La conciliación como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución de conflictos se ha definido como ‘un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral —conciliador— quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y [sic] imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian’. La nota característica de este mecanismo de resolución de conflictos es la voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, pues son ellas, ayudadas por el conciliador que no tiene una facultad decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera poner fin a sus divergencias. Es, entonces, un mecanismo de autocomposición porque son las partes en conflicto y no un tercero, llámese juez o árbitro, quienes acuerdan o componen sus diferencias”.

32 “(…) En relación con las materias propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la ley igualmente precisa los supuestos a los cuales les es aplicable, en lo previsto en sus artículos 59 a 65, regulando igualmente la conciliación prejudicial y judicial. En efecto, se podrá conciliar, en las etapas prejudicial o judicial sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción contencioso-administrativa se ventilarían mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa, y sobre controversias contractuales (art. 59). A diferencia de las previsiones de la ley en asuntos laborales, en los contencioso-administrativos la conciliación prejudicial no es obligatoria, como requisito de procedibilidad (art. 60).
En el artículo 65 de la ley 23, se dispone que cuando no se haya intentado conciliación prejudicial, sólo autorizada a partir de esa ley, "en el auto en que la admita" (la demanda), el Magistrado o Consejero ordenará al fiscal adelantar la conciliación. Luego se trata de los procesos contencioso-administrativos en ejercicio de las acciones contenidas en los artículos 85, 86 y 87 del CCA, y, que se inicien con posterioridad al 21 de marzo de 1991, en los que se surtirá, según el caso, en la etapa denominada judicial, la conciliación en este tipo de acciones”; Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 9 de junio de 1993.

33 Corte Constitucional, sentencia C-1195 de 2001. “(…) Si bien el término conciliación se emplea en varias legislaciones como sinónimo de mediación, en sentido estricto la conciliación es una forma particular de mediación en la que el tercero neutral e imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre las partes, puede proponer fórmulas de solución que las partes pueden o no aceptar según sea su voluntad”.

34 Corte Constitucional, sentencia C-598 de 2011.

35 Corte Constitucional, sentencia C-598 de 2011. “(…) Entendida así, la conciliación debe ser asumida como un mecanismo que también hace efectivo el derecho a la administración de justicia, aunque sea ésta menos formal ni un dispositivo que tenga como fin principal la descongestión judicial, pues si bien ésta se convierte en una excelente alternativa para enviarla, no se le puede tener ni tratar como si ésta fuera su única razón de ser”.

36 Sección Tercera, auto de 24 de agosto de 1995, expediente 10971.

37 Sección Tercera, auto de 1º de julio de 1999, expediente 15721; de 3 de marzo de 2010, expediente 26675.

38 Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 37644.

39 Sección Tercera, autos de 3 de marzo de 2010, expediente 37644; de 3 de marzo de 2010, expediente 37364; de 3 de marzo de 2010, expediente 30191.

40 Esta es la forma en que se contabiliza el término de la acción de reparación directa en los eventos de privación injusta de la libertad, según la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación. Posición que puede observarse en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, expediente 36473 y auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de 9 de mayo de 2011, expediente: 40324.

41 Folios 360-363, cdno. 2.

42 Folio 366, cdno. 2.

43 Folios 14-25, cdno. 1.

44 Folios 38 y 39. cdno. 1.

45 Folios 388, cdno. ppal.

46 Folios 398, cdno. ppal.

47 Folios 388, cdno. ppal.

48 Folio 397, cdno. ppal.

49 Folios 337-340, cdno. ppal.

50 Folio 24, cdno. 2.

51 Folio 35, cdno. 2.

52 Folio 39, cdno. 2.

53 Folios 55-58, cdno. 2.

54 Folio 96, cdno. 2.

55 Folios 111-120, cdno. 2.

56 Folio 140, cdno. 2.

57 Folio 123, cdno. 2.

58 Folios 307 y 308, cdno. 2.

59 Folio 310, cdno. 2.

60 Folio 312, cdno. 2.

61 Folios 313-321, cdno. 2.

62 Folios 360-363, cdno. 2.

63 Folio 24, cdno. 2.

64 Folio 35, cdno. 2.

65 Folio 39, cdno. 2.

66 Folios 55-58, cdno. 2.

67 Folio 96, cdno. 2.

68 Folios 111-120, cdno. 2.

69 Folio 123, cdno. 2.

70 Folios 307 y 308, cdno. 2.

71 Folio 312, cdno. 2.

72 Folios 313-321, cdno. 2.

73 Folios 360-363, cdno. 2.

74 Folio 28, cdno. 1.

75 Folios 27 y 29, cdno. 1.

76 Sección Tercera, auto del 24 de noviembre de 2014, expediente 37747.

77 Sección Tercera, auto de 28 de abril de 2014, expediente 41834. “Ahora bien, sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como criterio que pueda orientar a las partes, la Sala formula los siguientes parámetros para que sirvan de guía en las negociaciones que se realicen tratándose de conciliaciones extrajudiciales o judiciales y en especial en aquellos eventos en los cuales la entidad pública, en ejercicio de una posición de dominio pueda, en un momento determinado, imponer las condiciones del acuerdo que corresponda: i) Cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia y el acuerdo tenga como objeto un porcentaje de esa indemnización, la conciliación podrá convenirse entre el 70% y el 100% de esa condena. ii) Cuando la sentencia de primera instancia no hubiere sido estimatoria de las pretensiones o ésta aún no se hubiere proferido, el monto del acuerdo conciliatorio podría acordarse entre el 70% y el 100% de las sumas que esta corporación, también de forma indicativa, ha señalado como plausibles para el reconocimiento de las indemnizaciones a que puede haber lugar según el perjuicio de que se trate en razón de la situación fáctica y la intensidad y prolongación del daño –entre otros factores, según corresponda.”

78 En este sentido, ver providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de fecha 28 de septiembre de 2007, expediente 32793.