Auto 2008-00721/56452 de junio 29 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente (E):

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Rad.: 25000-23-26-000-2008-00721-01 (56452)

Actor: Miguel Achury Jiménez y otros

Demandado: Nación-Rama judicial y otros

Ref.: Fijación de agencias en derecho. Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Corresponde al despacho fijar las agencias en derecho, con ocasión de la aceptación del desistimiento del recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte actora.

Antecedente

Mediante memorial1 fechado el 8 de marzo de 2016, el apoderado de la parte demandante manifestó expresamente que desistía del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

Dicho desistimiento fue aceptado por este despacho mediante auto del 4 de mayo de 20162. Consecuencialmente también el de la apelación adhesiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación.

Consideraciones

1. El despacho es competente para fijar las agencias en derecho de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil3.

Esa misma norma señala que para determinar la cuantía de las agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y que si aquellas establecen solamente un mínimo o un máximo, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado que litigó, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder al máximo de dichas tarifas.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, el cual fue modificado por el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, estableció las tarifas y los factores que debían tenerse en cuenta al momento de fijar las agencias en derecho, tales como la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía de la pretensión, la idoneidad de la actuación, la capacidad económica del interesado, la importancia de la gestión encomendada, entre otros (art. 3º).

En los procesos tramitados en segunda instancia ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el Consejo Superior de la Judicatura fijó la tarifa de la siguiente manera:

“3.1.3. Segunda instancia. (…).

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

Ahora bien, los anteriores no son los únicos parámetros a los cuales se debe sujetar el juez para la imposición de las agencias en derecho, dado que estos solo atañen a valoraciones precisas de la actuación adelantada por las partes en el proceso, pues, no debe perderse de vista que en cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad4; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.

En tratándose de la condena en costas la propia jurisprudencia constitucional ha reconocido la aplicación de criterios de razonabilidad a efectos de determinar si es procedente su imposición:

“la Corte acoge los criterios sentados por esa corporación, según los cuales el concepto jurídico indeterminado utilizado por el legislador en el artículo 171 del CCA no concede al juez una facultad absolutamente potestativa de decidir cuándo procede o no la condena en costas, sino que otorga una facultad discrecional que le permite hacer una evaluación razonable de la conducta procesal de la parte vencida, dentro de cierto margen de apreciación personal. Esta aplicación razonable de la norma implica que solamente resulta posible condenar en costas a dicha parte cuando ha procedido con notorio abuso del derecho de acceso a la justicia, por el ejercicio del derecho de acción o de defensa, de la facultad de solicitar o presentar pruebas, de interponer recursos o de promover incidentes, en forma claramente irrazonable, temeraria, infundada, dilatoria o desleal.

Ahora bien, en cuanto a la interposición de recursos, la Corte observa que esta facultad forma parte del derecho que tienen las partes de defender sus derechos por medio de sus apoderados. Desde luego, en la interposición de recursos se debe actuar dentro de las normas que impiden actos temerarios o de mala fe.”5

Todo lo anterior lleva al despacho a proponer un test de proporcionalidad para la fijación de las agencias en derecho, el cual tiene una división tripartita a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Para los efectos de esta providencia se trata de un test de razonamiento judicial que comporta la conjugación de estos tres escenarios a fin de tasar una condena, de manera que cuando la conducta motivadora de la imposición de las agencias en derecho constituya una vulneración de mayor entidad a la administración de justicia se aplicará la sanción pecuniaria más estricta posible. Así:

 IdoneidadNecesidadProporcionalidad en estricto sentido
Exigencias fácticasSe refiere a la existencia fáctica de una afectación a un interés legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico, que para el caso de las agencias en derecho lo constituye la afectación que se causó al acceso a la administración de justicia.
Debe advertirse que la satisfacción del primer supuesto del test se encuentra en la respectiva sentencia que desató la controversia pues, el legislador previó que es en dicha oportunidad en que el Juez puede pronunciarse sobre la imposición o no de la condena en costas.
El criterio jurídico de la necesidad en el test de proporcionalidad comporta una valoración de grado o intensidad.
Comoquiera que al abordar este escenario se parte del supuesto de que existe una afectación, el ejercicio valorativo en esta instancia se contrae a precisar el grado de intensidad de esa afectación, en donde cabe distinguir tres supuestos de intensidad:
a) Afectación leve a la administración de justicia. Se configura cuando el fundamento de la afectación supone un simple desconocimiento de aspectos elementales de la formación jurídica.
b) Afectación gravísima a la administración de justicia. Se constituye por la realización de reiteradas conductas dilatorias del proceso y que obstruyen el transcurrir del proceso judicial y las diligencias respectivas.
c) Afectación gravísima a la administración de justicia, en donde, además del anterior supuesto, se presentan perjuicios a terceros.
El último supuesto del escenario del test de proporcionalidad es el correspondiente a la tasación que se le debe asignar a cada uno de los niveles de afectación a la administración de justicia, esto es, en los niveles leve, grave y gravísima a la administración de justicia.
a) Afectación leve. Esta tasación va hasta el 1,66% del valor de las pretensiones de la demanda.
b) Afectación grave. A este escenario corresponderá una condena entre 1,67% y 3,32%.
c) Por último la configuración del tercer supuesto de intensidad, el gravísimo, comportará una tasación que oscilará entre el 3,33% y el 5%.

2. En cuanto a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte actora, se tiene que este interpuso en escrito del 27 de julio de 2015 recurso de apelación contra la decisión de primer grado (fls. 601 a 622 C.P.), por otra parte el profesional en derecho de la parte demandada, Fiscalía General de la Nación presentó el 22 de septiembre de 2015 recurso de apelación adhesiva contra el fallo de primera instancia (fls. 628 a 634 C.P.), y el 8 de marzo de 2016 (fl. 660 C.P.) el actor solicitó el desistimiento del recurso de alzada contra la decisión del a quo.

De lo anterior encuentra el Despacho que no existió una actividad procesal relevante por parte del demandante, pues del expediente se puede advertir que previo al desistimiento del recurso de apelación la única actuación procesal adelantada en segunda instancia por este Despacho fue la admisión del citado recurso contenida en el auto del 2 de marzo de 2016 (fls. 668 a 669 C.P.).

Por lo tanto, el despacho considera que la conducta de la parte demandada será suficientemente remediada en el escenario de la idoneidad, pues se trata de una afectación leve a la administración de justicia, por manera que se fijarán las agencias en derecho en un 0.5% respecto del monto de las pretensiones reconocidas en la sentencia de primera instancia, esto es, $ 280.227.275,9., lo que equivale a $1.401.136.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

1. FIJAR las agencias en derecho en el 0.5% del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia de primera instancia, equivalente a un millón cuatrocientos un mil ciento treinta y seis ($1.401.136).

2. ENVIAR el expediente a la Secretaría de la Sección, para que se proceda a elaborar la liquidación de costas.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Folio 660 del C.P.

2 Folios 662 a 664 C.P.

3 Artículo 393 Código de Procedimiento Civil. Las costas serán liquidadas en el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

(…) 3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración del a gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

4 “3. Una decisión jurídica es razonable en sentido estricto si y sólo si: 1) Se toma en situaciones en que no sería aceptable, o no se podría, aceptar una decisión estrictamente racional; 2) logra un equilibrio entre exigencias contrapuestas, pero que necesariamente hay que considerar en la decisión; y 3) es aceptable por la comunidad”, pág. 193. Atienza, Manuel. Para una razonable definición de “razonable”. DOXA 4. 1987. Consultado en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10909/1/Doxa4_13.pdf el 20 de septiembre de 2012.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.