Auto 2008-00862 de octubre 21 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 17001-33-31-001-2008-00862-01(AP)REV

Consejera Ponente:

Susana Buitrago Valencia

Actor: Javier Elías Arias Idárraga

Demandado: Municipio de Manizales.

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sala.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 y el artículo 1º del Acuerdo 117 del 12 de octubre de 2010, por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento, la Sección decide respecto de la solicitud de revisión de la sentencia dictada el 3 de junio de 2010 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

2. Caso concreto.

La Sala rechazará la solicitud de seleccionar para revisión la sentencia del tribunal, condenará en costas al actor popular y le impondrá sanción por temeridad, porque su actuación en relación con la forma como pretendió acceder a este mecanismo implica abuso del derecho según pasa a verse:

• La petición de que la sentencia fuera seleccionada para revisión no la ejercitó en la oportunidad que establece el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, pero no por ser ésta extemporánea, sino inoportuna por haberse anticipado de manera premeditada y consciente, elevando la solicitud desde antes de que existiera definición del tribunal mediante sentencia.

• Solicitar selección para revisión antes de que exista la decisión judicial potencialmente pasible de este mecanismo, por obvias razones constituye un uso arbitrario e injustificado del mecanismo extraordinario que incorporó el legislador con el fin primordial de unificar jurisprudencia.

La falta de análisis y de estudio previo a interponer la demanda de acción popular, sobre aspectos concernientes a la normativa y a los contratos que rigen el tema, ya es suficiente muestra de la negligencia del actor popular, pues teniendo en cuenta que la acción popular no caduca, quien pretenda interponer una demanda en ejercicio de la misma tiene el tiempo suficiente para documentarse antes de acceder a la administración de justicia, en procura de discernir la justificación de anegar la jurisdicción con demandas que resultan, como la resuelta en las instancias, fútiles frente a la finalidad que deberían perseguir los actores populares.

Pero intentar convertir el mecanismo de eventual revisión en una etapa obligatoria del trámite de la acción popular y pretender que el Consejo de Estado entre a analizar solicitudes de revisión que se formulan sin al menos conocer el contenido de la sentencia por su inexistencia, implica un desconocimiento total de los procedimientos y la ausencia de mínimo respeto por los jueces y por los demás intervinientes en el proceso.

Esa conducta del señor Javier Elías Arias Idárraga puede calificarse, sin el menor asomo de duda, de temeraria.

En efecto, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 dispone lo siguiente:

“El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”.

Por su parte el artículo 44 de la misma ley señala que en lo no dispuesto en ella se aplicarán las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, que a su vez remite al de procedimiento civil, compilación que en el artículo 74 señala:

“Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido éste (…)”.

La sanción por temeridad en asuntos de acción popular no ha sido un asunto ajeno a la jurisprudencia del Consejo de Estado, corporación que se ha preocupado por los abusos que en esta materia se han cometido por los actores populares, desarrollo dentro del cual a modo de ejemplo pueden citarse las siguientes decisiones:

“La temeridad es producto del ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción popular, la cual surge de la formulación de la pretensión sin respaldo alguno, así como de los hechos y del material probatorio, de los cuales se infiere la absoluta improcedencia de la acción. En el presente caso, el análisis de los hechos y el material probatorio evidencia que la actuación del demandante es “absolutamente superflua”; adicionalmente, la sola lectura de las pretensiones pone de presente la ausencia de bases legales para las mismas (…). Todo lo anterior, demuestra el ejercicio arbitrario de la acción popular y su absoluta improcedencia y, permite concluir que el demandante actuó de forma temeraria. Ahora bien, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, prevé que “en caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”; de ahí que, cuando el juez advierta tal conducta en cualquiera de las partes debe ejercer la potestad que le otorga la norma. Teniendo en cuenta que la mala fe se define como “el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su título”, la Sala concluye que la conducta del demandante no sólo es temeraria, sino, además, de mala fe, en tanto que, resulta evidente que la falta de fundamento de los hechos y pretensiones de la demanda era conocida por él”(1).

“La temeridad es producto del ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción popular, la cual surge de la formulación de pretensiones sin respaldo alguno, así como de los hechos y del material probatorio, de los cuales se infiere la absoluta improcedencia de la acción, o, cuando se interponen recursos que carecen también de fundamento alguno, en aras de favorecer únicamente los propios intereses y no los derechos colectivos que se invocan”(2).

En consecuencia, en aplicación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil se rechazará el escrito en el que en forma anticipada al fallo y sin fundamento alguno el actor solicitó la revisión de la hipotética sentencia denegatoria.

Y como en los términos del artículo 74 del Código de Procedimiento Civil la actuación del señor Arias Idárraga frente al uso del mecanismo de revisión eventual resulta temeraria, ante la proposición de la solicitud en las circunstancias ya referidas, en aplicación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 se le condenará en costas y se le impondrá multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, esta última con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Por otra parte, la Sala no encuentra mérito alguno para seleccionar la sentencia del 3 de junio de 2010 del Tribunal Administrativo de Caldas, ante la ausencia de necesidad de unificar jurisprudencia sobre el tema de publicidad exterior.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Quinta,

RESUELVE:

1. RECHAZAR el escrito que con fecha 18 de marzo de 2010 presentó el señor Javier Elías Arias Idárraga ante el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas.

2. CONDENAR en costas al señor Javier Elías Arias Idárraga, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

3. IMPONER al señor Javier Elías Arias Idárraga multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales vigentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

4. NO SELECCIONAR, para su revisión, la sentencia del 3 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

5. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2004, radicación AP-04017, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio de 2005, radicación AP-00814, M.P. Ramiro Saavedra Becerra. En igual sentido, entre otras, las siguientes providencias: del 11 de noviembre de 2004, radicación AP-2922; del 26 de enero de 2006, radicación AP-1293; del 2 de agosto de 2006, radicación AP-00764 y del 19 de abril de 2007, radicación AP-00267.