Auto 2009-00002 de mayo 12 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 880012331000200900002 01

Rad. 37929

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Ref.: Recurso de apelación contra auto. Reparación directa

Actor: Banco del Estado en Liquidación

Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Bogotá, D.C., mayo doce de dos mil diez.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 13 de agosto de 2009, mediante el cual se declaró la nulidad parcial de la providencia del 12 de junio del mismo año a través del cual se abrió a pruebas el proceso.

2.1. El objeto del recurso de apelación.

La parte demandante consideró que el pronunciamiento de la magistrada ponente del tribunal a quo en el auto del 12 de junio de 2009 respecto de la solicitud de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de decretar una inspección judicial con exhibición de documentos, consistió en una denegatoria de tales medios probatorios, razón por la cual advirtió que debía revocarse el auto impugnado para que en su lugar se declarara la nulidad total del auto del 12 de junio del 2009 o, en subsidio, que se modificara el auto del 13 de agosto de 2009 con el fin de que se decretara, a su vez, la nulidad del auto del 12 junio en cuanto a la denegatoria de las pruebas correspondientes.

Por lo anterior, la Sala limitará su análisis a determinar única y exclusivamente si el pronunciamiento de la magistrada ponente dictado en el auto del 12 de junio de 2009, en relación con la solicitud de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la de decretar una inspección judicial con exhibición de documentos, correspondió a una denegatoria de tales medios procesales, de manera que no entrará en el análisis de la procedencia de tales pruebas, estos es si reúnen, o no, los requisitos para su decreto. En caso de que se concluya que hubo un rechazo de pruebas, se estudiarán las consecuencias jurídicas de que la decisión en cuestión hubiere sido proferida por la magistrada ponente correspondiente en el tribunal administrativo competente.

2.2. La denegación de una solicitud probatoria.

Sin duda, resulta necesario precisar lo que debe entenderse como denegación de una solicitud probatoria, para luego analizar el caso concreto.

En este sentido, el vocablo “negar”, en una de sus acepciones, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es definido como “decir que no a lo que se pretende o se pide (...)”. En materia probatoria entonces, negar una prueba consiste en no acceder al decreto del medio probatorio objeto de la solicitud que en este sentido hubiere formulado cualquiera de las partes.

De manera que para determinar si determinada prueba ha sido negada, resulta indispensable efectuar una labor de comparación entre la respectiva solicitud probatoria —además del objeto, la finalidad y la razón por la cual el interesado formuló dicha solicitud y las particularidades previstas en la ley respecto de cada medio probatorio pedido— y el pronunciamiento que, respecto de dicha petición realizó el juez competente, para efectos de establecer si el efecto jurídico final de dicho pronunciamiento consistió en no acceder o rechazar el decreto de lo pretendido en materia probatoria.

En relación con este punto resulta necesario precisar que solo puede considerarse que existe negación de una prueba —en los términos antes expuestos—, en tanto haya una decisión expresa por parte del juez en este sentido, de manera que el silencio u omisión por parte del operador judicial que no se pronuncia sobre determinada solicitud probatoria, no puede entenderse como un rechazo de pruebas, por la sencilla, pero suficiente razón, de que en estos eventos no habría certidumbre acerca de si se ha accedido, o no, al decreto del medio probatorio solicitado, situación que en los términos del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, imposibilitaría a las partes interponer recurso de apelación, toda vez que para su procedencia la norma legal exige un pronunciamiento expreso denegatorio de pruebas por parte del juez o tribunal, según el caso.

Así las cosas, hasta tanto exista un pronunciamiento expreso dictado por el operador judicial competente, por medio del cual decida rechazar, denegar o no acceder a una prueba solicitada por cualquiera de las partes, puede considerarse que exista una decisión denegatoria de pruebas.

2.3. El caso concreto.

2.3.1. La solicitud de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el presente caso, en relación con la solicitud de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que allegue una documentación. La petición correspondiente fue del siguiente tenor:

“2. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que allegue originales o copias auténticas de los siguientes documentos:

• Los expedientes completos con sus correspondientes acuerdos de reestructuración de pasivos y sus anexos, celebrados por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con sus acreedores, y las posteriores modificaciones a esos acuerdos, en particular el acuerdo de fecha 27 de octubre de 2001 con los anexos respectivos (anexos 1, 2, 3, 4, 5A, 5C, 5D y 6). Este acuerdo fue inscrito el 29 de octubre siguiente ante la dirección general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

• Modificación del acuerdo de reestructuración de pasivos entre el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus Acreedores, de marzo de 2007.

• Contrato o contratos celebrados entre el Banco del Estado S.A. (o en los que figure como cedente o cesionario) y el departamento demandado, y todos sus documentos accesorios y relacionados, contratos estos que sirven de antecedente y de base a la deuda pública 725-895-03900-6 tramo II deuda reestructurada con garantía de la Nación, a favor del Banco del Estado S.A., en Liquidación y a cargo del departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Respecto de esta petición, el tribunal se pronunció de la siguiente manera:

Los oficios requeridos por el accionante relacionados en el punto 2 del acápite de “oficios”, ya se ordenó solicitar al departamento Archipiélago la documentación allí requerida(1).

Como se observa, si bien algunos de los documentos objeto de la petición de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público fueron también solicitados al departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina —pruebas que fueron decretadas por el tribunal a quo—, lo cierto es que por esta sola circunstancia no debe entenderse que se trata de una misma prueba, por la sencilla razón de que cada una de ellas se encuentra dirigida a destinatarios diferentes, sumado al hecho de que hay documentos objeto de la petición de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que no hicieron parte de aquellos solicitados al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, motivo por el cual puede concluirse que no se trata de una misma y única petición probatoria.

A lo anterior cabe agregar, como lo expuso el demandante en el recurso de apelación, que la finalidad de pedir los mismos documentos a dos destinatarios diferentes, obedeció a la intención de garantizar su “completud” y la imparcialidad y transparencia en el recaudo de la prueba.

Los anteriores razonamientos son suficientes para concluir que el demandante, de manera consciente, realizó dos solicitudes probatorias para obtener el recaudo de unos mismos documentos, atendiendo a un objeto y finalidad específica, razón por la cual el pronunciamiento emitido por el tribunal a quo respecto de la solicitud probatoria en estudio, sin duda alguna, comportó una denegación probatoria, toda vez que no se accedió al decreto de lo que, de forma específica y con una finalidad concreta, había solicitado la parte actora.

2.3.2. La inspección judicial con exhibición de documentos.

En la demanda se solicitó lo siguiente:

Inspección judicial con exhibición de documentos.

(...).

En las instalaciones de Central de Inversiones S.A. —CISA— (...) con el fin de revisar toda la documentación que soporta los antecedentes del contrato de compraventa de cartera celebrado con el Banco del Estado S.A. en Liquidación, específicamente el que refiere a la cesión y/o venta del crédito 725-895-725-895-03900-6, instrumentado en el pagaré 00314 del 16 de agosto de 2002 y toda la documentación relacionada con la cesión y/o venta de ese mismo crédito al —Patrimonio Autónomo Fiducor 732-0911 Odinsa proyectos e inversiones—. La anterior prueba tiene por objeto obtener copia auténtica de los documentos que instrumentaron los antecedentes de la negociación de la venta de cartera entre CISA y Banco del Estado en Liquidación y, en particular, de los documentos que soportan la oferta efectuada por el grupo de inversionistas conformado por Victoria Capital Ltda., Dinamo Consultores S.A., y María Claudia Vargas Gómez (...)”.

Respecto de esta petición, el tribunal se pronunció de la siguiente manera:

“Comoquiera que en precedencia se ordenó a la Sociedad Central de Inversiones S.A., —CISA—, remitir copia auténtica de los documentos sobre los cuales ha de versar la inspección judicial solicitada en las dependencias de la referida sociedad, la misma resulta innecesaria”(2).

Al igual que ocurrió respecto de la solicitud de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la petición para que se decretara una inspección judicial con exhibición de documentos en las instalaciones de la sociedad CISA S.A., a pesar de que, a su vez, se había solicitado oficiar a dicha entidad para que allegara la misma documentación, se efectuó con un objetivo y finalidad concreta, esto es, en consideración a que la respectiva inspección judicial era un mecanismo más amplio y eficaz para lograr el objetivo de obtener la totalidad de la documentación solicitada, además de que en aplicación de este medio probatorio resultaba posible pedir la exhibición de otros documentos relacionados con el objeto de la diligencia, sumado al hecho, en palabras del recurrente, que cabía la posibilidad “de que CISA no cumpla a cabalidad con la orden y por cualquier motivo omita enviar la totalidad de los documentos pedidos”.

Por lo anterior, dado que el recurrente solicitó el decreto de esta prueba buscando una finalidad en especial, aún cuando también había pedido oficiar a CISA S.A., para que allegara la misma documentación objeto principal de la diligencia de inspección, la decisión de la magistrada ponente en abstenerse en decretar dicho medio probatorio por innecesario, por obvias razones, comporta también una denegatoria de la prueba correspondiente.

3. Consecuencias jurídicas de que una providencia por medio de la cual se negaron pruebas hubiere sido proferida por el ponente y no por la Sala correspondiente.

Tratándose de los procesos de los cuales conocen los jueces colegiados en primera instancia, existen decisiones que deben proferirse por el ponente y otras que les corresponden a la Sala del respectivo órgano judicial.

Sin embargo, en el Código Contencioso Administrativo, no existe norma expresa general que disponga cuáles de las decisiones proferidas por el tribunal administrativo, cuando éstos conocen de una litis en primera instancia, deban ser proferidas por el ponente y cuáles otras por la Sala respectiva. Asimismo, no existe tampoco disposición jurídica en este sentido en el Código de Procedimiento Civil, lo cual resulta lógico, puesto que la estructura de la jurisdicción civil está prevista para que la mayoría de las decisiones que se adopten en primera instancia sean proferidas por un juez unipersonal, ora el juez municipal o a los jueces del circuito (CPC, arts. 15, 16).

Cosa distinta sucede en relación con la estructura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la cual las competencias se radican en su gran mayoría en razón de la cuantía del proceso, previendo que los tribunales contencioso administrativos pueden conocer en primera instancia de determinado asunto siempre y cuando el proceso tenga una cuantía superior a 100, 300, 500 o 1500 smlmv, dependiendo una cifra u otra de la naturaleza del asunto (CCA, art. 132 mod. L. 446/98, art. 40).

Ante la ausencia de norma expresa que de manera general defina cuáles decisiones deben ser proferidas por el ponente y cuáles otras por la Sala, la jurisprudencia de esta corporación ha dicho que resulta necesario acudir, como criterio diferenciador, al de la naturaleza del acto con el cual se busca considerar que el respectivo tribunal, en aquellos procesos que conoce en primera instancia, en virtud de las competencias fijadas por el ordenamiento, al momento de dictar determinada decisión deberá verificar si esa providencia es susceptible de ser apelada, de tal manera que si la respuesta resulta afirmativa, tendrá que pronunciarse por conducto de la Sala de la sección o subsección respectiva.

Lo anterior en armonía con los artículos 129(3), 181(4) del Código Contencioso Administrativo, según los cuales, para la procedencia del recurso de apelación de autos ante esta corporación se requiere, necesariamente, que la providencia hubiere sido proferida por el tribunal a quo en primera instancia en pleno o en alguna de sus secciones o subsecciones, según el caso, es decir de manera colegiada.

Así, entonces, el tribunal administrativo competente deberá constatar si el Código Contencioso Administrativo o el Código de Procedimiento Civil, en virtud de la remisión contenida en el artículo 267 del primer cuerpo legal, dispone si la decisión por tomar es apelable, caso en el cual, tendrá que realizar el pronunciamiento de forma colegiada.

Ahora bien, la consecuencia jurídica que se produce en aquellos eventos en los cuales determinada decisión ha sido proferida por el magistrado ponente cuando ha debido ser dictada por la Sala de la sección o subsección del tribunal administrativo de primera instancia, dado que dicha decisión era susceptible de ser apelada, la Sala ha declarado la nulidad de lo actuado desde la fecha de la respectiva providencia, por haberse configurado la causal insaneable de falta de competencia funcional.

Al respecto ha puntualizado:

“Un nuevo estudio del asunto induce a la Sala a replantear la tesis anterior, con el fin de lograr una correcta aplicación de los principios constitucionales invocados en esa oportunidad.

El artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, establece: “Contra el auto que rechace la demanda procederá el recurso de apelación cuando el auto sea dictado por el juez o por la Sala, sección o subsección del tribunal en primera instancia o, el de súplica cuando sea dictado por el ponente en asuntos de única instancia”.

Por su parte, el inciso primero del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo señala que el auto que rechaza la demanda, en los procesos de doble instancia, debe ser proferido por la Sala del tribunal, entendiendo que, en los procesos de única instancia, dichos autos deben ser dictados por el magistrado ponente. Lo anterior implica que, en el primer evento, contra el auto mencionado, procede el recurso de apelación, en el segundo, el de súplica.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que, en procesos de única instancia, el auto que rechace la demanda será dictado por el ponente, y contra él procederá el recurso ordinario de súplica. En procesos cuya cuantía permita el trámite del asunto en dos instancias, el auto que rechace la demanda será dictado por la Sala, y contra aquél procederá el recurso de apelación.

Dado que la norma es clara al establecer el juez que tiene la competencia para proferir el auto que rechace la demanda, atendiendo las instancias en que debe tramitarse el proceso (bien en única o en dos instancias), esta no puede ser desconocida por el a quo, pues esta circunstancia constituye una causal de nulidad insaneable por falta de competencia.

Comoquiera que, en este caso el proceso tenía vocación de dos instancias, la competencia funcional para rechazar la demanda por caducidad de la acción era de la Sala del Tribunal Administrativo de Nariño y no del ponente, con lo cual se configuró una causal de nulidad insaneable, que debe ser declarada en esta instancia(5).

Por lo anterior, se decretará la nulidad de lo actuado desde el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de julio de 2005, que rechazó la demanda por caducidad de la acción.

Lo dicho por la Sala en la decisión del 7 de diciembre de 2005, se modifica en los términos de esta providencia. Así, si una decisión que debe ser adoptada por los magistrados que integran la Sala de decisión del respectivo tribunal administrativo, se dicta por el magistrado ponente, se configura una causal de nulidad insaneable por falta de competencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil(6) (negrillas fuera del texto original).

En efecto, el artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, establece que son causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas en los artículos 152(7) y 153 del Código de Procedimiento Civil, y se propondrán y decidirán como lo previenen los artículos 154 y siguientes de dicho estatuto.

El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, señala:

“ART. 140.—El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...).

2. Cuando el juez carece de competencia.

(...)”.

Por su parte, el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, prevé que no podrán sanearse las nulidades de que tratan los numerales 3º y 4º del artículo 140, ni la proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional.

De igual forma, el artículo 145 del estatuto procesal civil dispone que en cualquier estado del proceso, antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe, norma que se complementa con el artículo 357 de dicho cuerpo legal al prever que tratándose de la apelación de autos si el superior observa que en la actuación ante el inferior se hubiere configurado una causal de nulidad que no fuere el objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145 antes citado.

De conformidad con lo anterior, se observa entonces que tratándose de la nulidad por falta de competencia funcional, toda vez que se trata de una causal insaneable, el juez deberá declararla de oficio, ya sea antes de dictar sentencia o durante el trámite de la segunda instancia.

En el presente asunto, mediante auto del 12 de junio de 2009, la magistrada ponente en el tribunal abrió a pruebas el proceso, para lo cual accedió al decreto de algunas que habían sido solicitadas por las partes y no accedió al decreto de algunas otras. Con posterioridad, en el auto del 13 de agosto de 2009, el tribunal a quo declaró la nulidad parcial del auto del 12 de junio de 2009, pero únicamente respecto del aparte en el cual se había negado oficiar al Juzgado Primero Civil de Circuito de San Andrés Providencia y Santa Catalina y al Tribunal Superior del mismo distrito judicial para que allegara el expediente de la acción de tutela 2007-0112, por considerar que solo respecto de este pronunciamiento se produjo una denegatoria de pruebas. Por lo anterior, dado que esta decisión la profirió el ponente cuando debió dictarse por la Sala —toda vez que el auto que niega pruebas es apelable—, se declaró la nulidad correspondiente.

Como se expuso con anterioridad, no solo la decisión de no oficiar al Juzgado y al Tribunal Superior del distrito de San Andrés Providencia y Santa Catalina, comportó una denegatoria de pruebas, puesto que en relación con la solicitud de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito de Público y de que se decretara una inspección judicial con exhibición de documentos en las instalaciones de CISA S.A., el pronunciamiento emitido por la magistrada ponente también comportó la denegación del decreto de tales medios probatorios.

Por lo anterior, comoquiera que tanto la abstención de oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que allegara una documentación, como la de no decretar una inspección judicial con exhibición de documentos, de conformidad con el numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, son decisiones que debieron ser proferidas por la Sala del tribunal a quo y no por la magistrada ponente, como en efecto ocurrió, esta Sala declarará la nulidad de los apartes de la providencia del 12 de junio de 2009, a través del cual se realizaron los pronunciamientos sobre estos medios probatorios.

Cabe aclarar que si bien el inciso 3º del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil(8), el cual regula la procedencia de la inspección judicial, permite que el juez niegue su decreto cuando considere que resulta innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso, decisión frente a la cual no procede recurso alguno(9), lo cierto es que el entendimiento armónico y sistemático de la citada disposición lleva a la conclusión de que cuando allí se hace referencia a la existencia de “otras pruebas en el proceso” ello debe entenderse en relación con pruebas que cumplieron todos los requisitos para que puedan ser valoradas, esto es, que hubieren sido solicitadas, decretadas, practicadas y debidamente incorporadas al proceso y no respecto de aquellas que se hubieren decretado pero aún no practicado, pues en este caso no se tiene certeza de su efectivo recaudo, lo cual constituye requisito fundamental para que el juez pueda decidir, con fundamento, si la inspección judicial resulta o no necesaria, en virtud de la existencia de otras pruebas en el proceso.

En este caso, dado que el fundamento por medio del cual la señora magistrada ponente negó por innecesario el decreto de la inspección judicial, consistió en que en el mismo auto se había accedido al decreto de una prueba con el mismo fin —oficiar a la sociedad CISA S.A., para que allegara unos documentos, los cuales, principalmente, constituían el objeto de la inspección judicial—, encuentra la Sala que en este caso no hay lugar a la aplicación del numeral 3º del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, antes aludido, habida cuenta que aún cuando la prueba fue decretada, lo cierto es que todavía no se había practicado, situación que se torna necesaria para efectos de la aplicación del citado inciso, según lo antes mencionado.

Así las cosas, para la Sala la denegatoria de la inspección judicial por parte de la magistrada ponente, se efectuó en aplicación del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, el cual permite rechazar in limine las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas, decisiones que en virtud del numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, son susceptibles de apelarse.

Finalmente, si bien en aras de garantizar la unidad y la coherencia tanto en el estudio como en la aprobación de las pruebas que se decreten y aquellas que se rechacen, sería conveniente declarar la nulidad de la totalidad del auto del 12 de junio de 2009, lo cierto es que, como se expuso, las decisiones por medio de las cuales se accede al decreto de pruebas, bien pueden ser proferidas por el ponente toda vez que contra ellas no cabe el recurso de apelación, motivo por el cual, frente a estas decisiones, según el ordenamiento legal vigente, no hay lugar a declaración de nulidad alguna.

En consecuencia, se modificará la providencia impugnada en el sentido de extender la declaratoria de nulidad del auto del 12 de junio de 2009 respecto de los pronunciamientos a través de los cuales se negó oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que allegara unos documentos y se abstuvo de decretar la inspección judicial con inspección de documentos en las instalaciones de la sociedad CISA S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el auto del 13 de agosto de 2009, en el sentido de extender la declaratoria de nulidad del auto del 12 de junio de 2009 respecto de los pronunciamientos a través de los cuales se negó oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que allegara unos documentos y se abstuvo de decretar la inspección judicial con inspección de documentos en las instalaciones de la sociedad CISA S.A.

2. Ejecutoriada esta providencia, enviar el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La parte demandante solicitó que se oficiara al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de que allegara los siguientes documentos en original o copia auténtica:

“— Contrato o contratos celebrados entre el Banco del Estado S.A. (o en que figure como cedente o cesionario) y el departamento demandado, y todos sus documentos accesorios, contratos estos que sirven de antecedente y de base a la deuda pública 725-895-03900-6 tramo II deuda reestructurada con garantía de la Nación, a favor del Banco del Estado S.A., en Liquidación y a su cargo del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

— Todos los acuerdos de reestructuración de pasivos y sus anexos, celebrados por el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con sus acreedores, y las posteriores modificaciones a esos acuerdos, en particular el acuerdo de fecha 27 de octubre de 2001 con los anexos respectivos (anexos 1, 2, 3, 4, 5A, 5C, 5D y 6). Este acuerdo fue inscrito el 29 de octubre siguiente ante la dirección general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

— Comunicación 9530-1328 de 1º de noviembre de 2006, por medio de la cual el Banco del Estado solicitó autorización al departamento de San Andrés para la venta de la deuda pública a cargo de dicho departamento y a favor de Banestado.

— Derecho de petición de fecha 29 de junio de 2007 (Ofi. 9595-2006) dirigido por el Banco del Estado en Liquidación a la gobernación del departamento de San Andrés, mediante el cual se solicitó se informará si a la fecha el Departamento había emitido autorización alguna respecto de la venta de la cartera en cuestión a otra firma distante de Central de Inversiones S.A., CISA.

— Respuesta al derecho de petición de fecha 29 de junio de 2007, es decir, el oficio GOB/DDG/0405 de 19 de julio de 2007 dirigido por el entonces gobernador doctor Álvaro Archbold Núñez al Banco del Estado S.A., en liquidación”.

— Copia auténtica del oficio GOB/DDG/0489 de 4 de septiembre de 2007, por medio del cual se dio respuesta al derecho de petición formulado por Banestado el 26 de julio de 2007.

(2) Lo ordenado a la sociedad CISA en el auto de pruebas fue lo siguiente:

“Líbrese oficio a Central de Inversiones S.A. CISA, a fin de que remita copia auténtica de los siguientes documentos:

— De todos los antecedentes de la negociación que realizó con el Banco del Estado S.A., en Liquidación, sobre la compra de la deuda a cargo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

— De todos los documentos relacionados con la negociación del crédito 725-895-03900-6, pagaré 0314, con la Fiduciaria Fiducor S.A. —Patrimonio Autónomo Fiducor 732-0911 Odinsa Proyectos e Inversiones—, esto es, de la solicitud de la autorización al departamento Archipiélago para ceder el pagaré, la autorización misma, el contrato fiduciario y la copia del pagaré cedido, entre otros”.

Lo anterior en virtud con la solicitud probatoria que en este sentido realizó la parte demandante en el libelo introductorio del proceso.

(3) “ART. 129.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. <Subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

(4) ART. 181.—Apelación. “Mod. L. 446/98, art. 57. El nuevo texto es el siguiente:” Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos: (...)”.

(5) CPC, art. 140. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...) 2. Cuando el juez carece de competencia.

CPC, art. 144. No podrán sanearse las nulidades (...) de falta de jurisdicción o competencia.

CPC, art. 145. En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe.

(6) Consejo de Estado. Auto del 30 de marzo de 2006. Expediente 32085.

(7) Se aclara que las causales de nulidad hoy están señaladas en los artículos 140 y 141 del Código de Procedimiento Civil y se tramitan conforme a los artículos 142 y siguientes del mismo estatuto.

(8) “ART. 244.—(...).

El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, o que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso; así mismo podrá aplazar la decisión sobre tal prueba hasta cuando se hayan practicado las demás que versen sobre los mismos hechos, y en este caso, si el término probatorio está vencido, la practicará durante el indicado en el artículo 180”. Contra estas decisiones del juez no habrá recurso alguno” (se resalta).

(9) Y, por tanto, la decisión correspondiente no exige que sea proferida por la Sala.