Auto 2009-00032 de noviembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad. 11001-03-26-000-2009-00032-00 (36.537)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Unión Temporal Mavig - Deprocon

Demandado: Distrito Capital de Bogotá y otros

Bogotá, D.C., noviembre veintiséis de dos mil trece.

Por las gravísimas consecuencias que revisten para la estabilidad institucional, para la efectividad del régimen constitucional, para la vigencia del orden jurídico, para la consolidación del sistema democrático y para el respeto del Estado social y de derecho, procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse en relación con la expedición tanto de la Sentencia T-511 de 2011, como del Auto A-097 de 2013, ambos emanados de la Corte Constitucional.

Lo anterior en cuanto —como se desarrollará y precisará más adelante—, la Sala encuentra que tanto el Auto A-097 de 2013, como la aludida Sentencia T-511 de 2011 emanada de la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, fueron proferidas por esa Corte en contravía de los ordenamientos constitucional y jurídico establecidos, sin contar con competencia para el efecto, sin tener esa corporación, en su poder, los expedientes en los cuales constan las actuaciones y las providencias objeto de sus decisiones y sin disponer de elemento probatorio alguno que estuviere en condiciones de servirle de soporte válido a las mismas, todo lo cual desconoce y afecta la institucionalidad jurídica del país e impone, por consiguiente, el pronunciamiento que procede a consignar la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

I. Antecedentes

1. Hechos del caso, recurso de anulación que cursó ante y fue decidido por el Consejo de Estado y trámite del juicio iniciado con ocasión de la instauración de la acción de tutela.

1.1. Hechos del caso. El recurso de anulación contra el laudo arbitral.

El 22 de diciembre de 2003, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, a través del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de un lado y, de otro, la Unión Temporal Mavig - Deprocon celebraron el contrato de obra UEL-SED-04-131/00/03, para el diseño y ejecución de las obras necesarias para la ampliación y mejoramiento de las instalaciones de las instituciones educativas distritales Juan Evangelista Gómez y CASD de la localidad de San Cristóbal, en el Distrito Capital de Bogotá; La cláusula vigésima cuarta del mencionado negocio jurídico fue del siguiente tenor:

“Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos diferentes a la cláusula de aplicación de caducidad y de los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales, con ocasión de la celebración, cumplimiento y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como arreglo directo, amigable composición, conciliación, transacción y si tales diferencias tienen carácter insalvable, acudirán de mutuo acuerdo al arbitramento de conformidad con lo establecido en las normas vigentes”.

A raíz de las diferencias que se presentaron entre las partes del referido contrato, la Unión Temporal Mavig - Deprocon formuló solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento; una vez contestada la solicitud de convocatoria, tramitada la etapa probatoria y presentados los alegatos de conclusión, el proceso arbitral culminó con la expedición del correspondiente laudo, el día 16 de febrero de 2009. El tribunal de arbitramento dijo acoger las pretensiones de la Unión Temporal convocante y en ese sentido sostuvo que se produjo la ruptura del equilibrio financiero del contrato en detrimento del contratista y se refirió a la nulidad absoluta parcial del mismo, razón por la cual dispuso su terminación y liquidación, al tiempo que condenó a la entidad estatal contratante a pagar la suma de un mil treinta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos ($ 1.034.269.368) de febrero de 2009.

Contra el laudo arbitral en comento la entidad pública convocada presentó el correspondiente recurso extraordinario de anulación ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado e invocó como fundamento de la impugnación las causales 7ª y 8ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998; la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 17 de marzo de 2010, declaró que había constatado la inexistencia del pacto arbitral pretendidamente contenido en la estipulación vigésima cuarta del contrato y, en consecuencia, declaró igualmente que se constató la inexistencia jurídica del mencionado laudo del 16 de febrero de 2009.

Para arribar a dichas decisiones expuso, como parte de sus consideraciones, que la cláusula en examen no consignaba realmente “la decisión clara, inequívoca y vinculante de someter las diferencias que surjan entre los contratantes al juzgamiento de un tribunal de arbitramento”, razón por la cual carecía del objeto propio de una cláusula compromisoria, esto es de uno de los elementos esenciales requeridos por la ley para el surgimiento a la vida jurídica del negocio en mención(1), cuyo efecto principal consistía en sustraer del conocimiento del juez natural un litigio contractual, para someterlo al juzgamiento de la denominada justicia arbitral; así pues, el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que la referida estipulación “se limitaba a prever que en el futuro, cuando se presenten o configuren diferencias insalvables, las partes “acudirán de mutuo acuerdo al arbitraje”“, de suerte que carecía de la eficacia jurídica suficiente para habilitar a los árbitros para dirimir el litigio que ante ellos se ventiló, todo lo cual “impide la exigibilidad de la cláusula y le elimina la generación de efectos vinculantes, para reducirla, por tanto, a un enunciado de propósitos comunes para hipótesis fácticas venideras”.

Advirtió igualmente la Sección Tercera en la aludida sentencia que

“... no es dable tomar en cuenta la actuación ex post que de manera expresa o tácita, hubieren desplegado las partes para poder interpretar el contenido de la citada cláusula vigésima cuarta y poder entender con base en ello que la misma consagró una cláusula compromisoria, pues el pacto arbitral debe ser expreso, claro, solemne y, en todo caso, anterior a la convocatoria, a la integración y con mayor razón a la instalación del correspondiente tribunal de arbitramento, puesto que el pacto arbitral constituye causa y presupuesto indispensable e insustituible para la habilitación de los árbitros, por lo cual no puede considerarse, convertirse o tratarse como una consecuencia o un resultado de la integración previa del tribunal.

Se destaca además que en el presente caso el Distrito Capital, a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno UEL - Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, interpuso recurso de reposición contra el Auto 7 del 15 de agosto de 2002 por medio del cual el tribunal de arbitramento asumió la competencia, con fundamento en que las partes del contrato “nunca suscribieron un documento donde se señalara la voluntad de la administración de que por mutuo acuerdo acudirían al tribunal de arbitramento que hoy se adelanta”(2), comportamiento que excluye por completo la posibilidad de considerar que se hubiere concluido un acuerdo tácito o práctico de las partes acerca del alcance de la cláusula vigésima cuarta”(3).

1.2. La acción de tutela.

La Unión Temporal Mavig - Deprocon instauró acción de tutela por considerar que la referida decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado habría desconocido sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida consideración de que —en criterio de la accionante— se habría incurrido en (i) un “defecto orgánico” al haber declarado la inexistencia jurídica de la cláusula compromisoria, sin que dicha circunstancia hubiera sido alegada por la entidad pública condenada en el laudo arbitral ni aparecía en el elenco de causales determinantes de la procedencia del recurso de anulación y (ii) en un “defecto sustantivo” al haber efectuado una interpretación abiertamente equivocada de las disposiciones relativas a los elementos esenciales del contrato de arbitraje —artículos 118 y 119 del Decreto 1818 de 1998—, así como al desconocer criterios hermenéuticos contenidos en la legislación civil cual son el de conservación del negocio jurídico —Código Civil, artículo 1618—, el de efecto útil de las disposiciones contractuales —artículo 1620 ídem–— y el de prevalencia de la intención de las partes —artículo 1618 ejusdem—, pues la aplicación de los mismos habría conducido a advertir que la intención textual y circunstancial de las partes era clara en el sentido de someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento.

Mediante sentencia del 19 de agosto de 2010, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado rechazó, por improcedente, la solicitud de amparo promovida por la Unión Temporal Mavig - Deprocon por considerar que no cumplía con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que fue promovida contra una decisión del Consejo de Estado, Tribunal de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de suerte que admitir la procedencia del amparo constitucional en casos como el presente atentaría contra principios de orden constitucional como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la independencia y autonomía judiciales.

La Unión Temporal, inconforme con la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, presentó la correspondiente impugnación para que se procediera a revocar la sentencia de primera instancia con fundamento en que, en su sentir, la misma habría omitido realizar un análisis de fondo respecto de la cuestión sometida a su consideración y no habría expresado cuál de los requisitos para la procedencia del amparo no se había cumplido; la Sección Quinta de la corporación, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2010, confirmó en su integridad la sentencia de primer instancia, por considerar que la solicitud de amparo no pretendía otra cosa que ventilar meras discrepancias interpretativas entre el peticionario y la autoridad judicial accionada, lo cual no constituía motivo suficiente para que el juez de tutela abordara materias “adscritas legalmente al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

1.3. La Sentencia T-511 de 2011.

Mediante auto de febrero 25 de 2011, la Corte Constitucional seleccionó para su revisión la referida sentencia de tutela proferida en segunda instancia y en junio 30 de ese mismo año, mediante Sentencia T-511, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de esa corporación se pronunció de fondo y adoptó las siguientes decisiones: i) revocar la decisión judicial revisada, ii) conceder la protección del derecho fundamental al debido proceso de la Unión Temporal Mavig - Deprocon, iii) dejar sin efectos el fallo de 17 de marzo de 2010 proferido por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y iv) dictar la sentencia de reemplazo para resolver de fondo el recurso extraordinario de anulación promovido contra el laudo arbitral del 16 de febrero de 2009, por parte de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, D.C.

La anotada decisión se adoptó por la Corte Constitucional tras considerar, en primer término, que el alegado “defecto orgánico” no tuvo lugar comoquiera que si bien era verdad que la inexistencia jurídica de la cláusula compromisoria no se enmarca dentro de alguna de las causales que se pueden invocar para instaurar el recurso extraordinario de anulación de un laudo arbitral, no era menos cierto que dicha inexistencia constituía una circunstancia relativa a la habilitación del tribunal de arbitramento, razón por la cual se trata de un presupuesto indispensable para definir la legitimidad tanto del trámite como del laudo arbitral mismo; en consecuencia, admitió la Corte que la descrita constituye una materia respecto de la cual el juez de la anulación debe pronunciarse incluso oficiosamente, pues ello garantiza no solamente la observancia de las normas imperativas sustanciales que regulan al pacto arbitral como negocio jurídico, sino también los principios constitucionales que rigen al arbitramento.

En segundo término, en cambio, la Corte Constitucional estimó que el Consejo de Estado sí incurrió en el “defecto sustantivo” endilgado al fallo cuestionado en sede de tutela, pues en sentir de esa corporación la sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo habría distorsionado insalvablemente la intención de las partes de acudir al arbitraje, cuando sostuvo que la falta de “claridad, precisión o determinación concreta y específica” acerca de cuál de los mecanismos alternativos de solución de conflictos debía aplicarse, así como la total ausencia de “condiciones de tiempo, modo o lugar para que opere una de esas varias alternativas”, determinaba la ausencia de elementos esentialli negotii del contrato arbitral, conclusión que habría constituido —según la Corte— una “interpretación manifiestamente irrazonable de las disposiciones normativas aplicables”, pues “conforme a la normativa vigente, basta que el pacto arbitral contenga la intención de acudir al arbitraje para solucionar una determinada controversia”.

Indicó la Corte Constitucional, además, que el pacto arbitral, en tanto negocio jurídico de derecho privado, debe interpretarse a la luz de los principios de hermenéutica contractual contenidos en la legislación civil, como el de conservación del negocio jurídico, prevalencia de la intención de las partes (C.C. art. 1618) y efecto útil de las disposiciones contractuales (C.C. art. 1620), los cuales —según la Corte— habrían sido desatendidos por el Consejo de Estado; por otra parte, a juicio de la Corte Constitucional, las deficiencias de redacción y de precisión de la cláusula compromisoria habrían quedado subsanadas con base en la valoración de diversos documentos que daban cuenta de la voluntad clara e inequívoca de los contratantes de acudir a un tribunal de arbitramento.

Seguidamente consideró la Corte que al haber verificado la ocurrencia del que catalogó como defecto sustantivo en la sentencia objeto de la acción de tutela, “debe adoptar, por mandato constitucional, la medida más idónea y efectiva para asegurar la protección de los derechos fundamentales aquí vulnerados”, de modo que afirmó que si bien es verdad que “[E]n principio debería ordenarse a la autoridad judicial demandada que profiriera un nuevo fallo”, a continuación expresó que no dispondría tal cosa comoquiera que

“... la única alternativa realmente idónea para alcanzar la protección efectiva de los derechos fundamentales consiste en resolver la controversia planteada con el recurso de anulación. (...) Ello se explica por varias razones: (i) existen antecedentes que demuestran la negativa del Consejo de Estado para atender lo dispuesto por la Corte Constitucional cuando se trata de tutela contra providencias emanadas de esa corporación, “lo que hace necesario explorar nuevas alternativas para proteger sin más traumatismos los derechos fundamentales de los ciudadanos”; ...”.

Sin precisar cuáles habrían sido exactamente los “... antecedentes que demuestran la negativa del Consejo de Estado para atender lo dispuesto por la Corte Constitucional cuando se trata de tutela contra providencias emanadas de esa corporación (...)”, sin contar en el expediente respectivo con el recurso extraordinario de anulación correspondiente y con apoyo en los argumentos genéricos que se dejan resumidos, asumiendo el lugar que, en los términos de la Constitución Política y de las leyes vigentes, en condición de juez natural, le corresponde exclusivamente al Consejo de Estado por conducto de la Sección Tercera de su Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional decidió examinar, revisar y desatar de fondo el referido recurso extraordinario de anulación que en su momento interpuso el Distrito Capital de Bogotá en el asunto sub examine contra el laudo arbitral del 16 de febrero de 2009 y, tras abordar el que dijo era el “estudio” del mencionado recurso extraordinario, resolvió declararlo infundado por considerar que (i) las circunstancias constitutivas de los cargos relacionados con la causal contenida en el numeral 7º del artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 no fueron alegadas oportunamente ante el tribunal de arbitramento; (ii) que no existía contradicción entre las resoluciones sexta y séptima, ni tercera y sexta del laudo arbitral atacado; (iii) que los reproches endilgados al laudo recurrido con base en la referida casual no constituían errores aritméticos; y (iv) que los árbitros no se pronunciaron en relación con asuntos ajenos a las competencias de un arbitramento.

1.4.La solicitud de nulidad de la Sentencia T-511 de 2011, proferida por la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional.

El Consejo de Estado, por conducto de su entonces presidente, magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, de manera institucional y no mediante una actuación personal o individual como al parecer lo quiere hacer ver o lo sugiere el mencionado “comunicado de prensa 19” de la Corte Constitucional, obrando conjuntamente con los magistrados Enrique Gil Botero y Mauricio Fajardo Gómez, integrantes de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y quienes participaron en la expedición de la aludida sentencia de marzo 17 de 2010, en un gesto de respeto por la separación de funciones y de competencias entre los diversos órganos del Estado, ocurrieron ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante memorial radicado el 1º de marzo de 2012, para solicitar que se declarara la nulidad de la referida Sentencia T-511 de 2011; lo anterior ateniéndose tanto a los presupuestos formales como al elenco de causales o de circunstancias que pueden dar lugar a la instauración de un incidente de nulidad dentro de un proceso de tutela o en contra de una decisión proferida en tal tipo de juicios, por parte de la Corte Constitucional, de conformidad con las subreglas que la propia jurisprudencia de esa Corte ha construido y formulado a este respecto(4).

En lo atinente al cumplimiento de los denominados requisitos formales de la solicitud de nulidad, se explicó en ella que en cuanto respecta al (i) factor temporal, el mismo fue observado toda vez que la petición se presentó dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia cuya anulación se depreca; igualmente aconteció en lo que respecta a la (ii) legitimación por activa, pues el pedimento fue elevado por el Consejo de Estado, parte demandada en el proceso iniciado con ocasión del ejercicio de la acción de tutela que fue fallada mediante la Sentencia T-511 de 2011; y, finalmente, la solicitud de anulación (iii) satisfizo la carga argumentativa de rigor, con una amplia exposición de las razones que se sintetizan a continuación, agrupadas en dos cargos principales, a saber:

A. Violación “grave y trascendental” —en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional— del derecho fundamental al debido proceso, la cual se configura por dos (2) razones básicas: i). Conculcación del principio/derecho constitucional al juez natural y ii). Desconocimiento absoluto del régimen probatorio, amén de proferir las decisiones que aquí se cuestionan sin soporte probatorio alguno.

B. Desconocimiento de la cosa juzgada constitucional derivado de dos circunstancias: i) inobservancia de los efectos del fallo C-543 de 1992; ii) inobservancia de los requisitos que para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ha fijado y desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a partir del fallo C-590 de 2005.

A. (i) Se expuso que la Sentencia T-511 de 2011 violentó de manera flagrante el derecho fundamental al debido proceso, por desconocimiento del derecho/principio al juez natural, comoquiera que el juez de tutela se arrogó competencias que no le son propias y se ocupó de adoptar decisiones del resorte exclusivo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contrariando así lo expresado con rotunda claridad y acierto por la propia la Corte Constitucional:

“Esa situación indica que la acción de tutela resulta improcedente en el caso en estudio, porque el juez de tutela no puede desplazar la competencia del juez natural, para tomar decisiones que no le corresponden”(5) (se destaca).

La premisa que se acaba de dejar expuesta impone como corolario que la intervención del juez de tutela en el manejo que el juez natural imparta a los casos y a los procesos que son de su competencia, es y debe ser de carácter completamente excepcional y extremadamente reducida, pues de lo contrario resultarían menoscabados tanto el anotado principio de juez natural como el de autonomía judicial, los cuales, por consiguiente, impiden que el sentenciador en sede de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio o de la aplicación normativa llevada a cabo por el juez ordinario o por el de lo contencioso administrativo, habida consideración de que el proceso de amparo constitucional no puede ni debe convertirse en una instancia de revisión de la actividad de valoración probatoria o de hermenéutica normativa que está llamado a desplegar el juez que ordinariamente conoce de un asunto como igualmente lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte Constitucional(6).

En el anterior orden de ideas, en la petición de nulidad se puso de presente a la Corte Constitucional que con la Sentencia T-511 de 2011 dicha Corte desbordó sus competencias como juez de tutela y vulneró con ello el principio de juez natural y consiguientemente el derecho fundamental al debido proceso —así como el principio de autonomía de la judicatura—, toda vez que impuso su criterio respecto de cuál habría de ser la supuestamente única y válida interpretación a dar a las normas legales aplicables al presente caso para efectos de establecer, de un lado, el alcance y contenido de los elementos esenciales del pacto arbitral y, de otro, respecto de si el material probatorio obrante en el presente proceso daba lugar a entender, o no, que dichos elementos se hacían presentes en la relación negocial trabada entre la Unión Temporal Mavig - Deprocon y el Distrito Capital de Bogotá, con base en el contrato de obra UEL-SED-04-131/00/03.

Se añadió en la solicitud que las competencias de las autoridades públicas deben encontrarse siempre expresas en las normas constitucionales o legales correspondientes —artículos 6º, 121 y 122 de la Constitución Política—, por manera que la Corte Constitucional, al proferir la Sentencia T-511 de 2011 debió tener presente que a la Sección Tercera del Consejo de Estado y solo a esa autoridad judicial, le ha sido atribuida expresamente por la ley la facultad para conocer de los recursos de anulación que se interpongan en contra de laudos arbitrales que se dicten en procesos de esa naturaleza en los cuales haya sido parte una entidad estatal.

Así lo determinó, de manera precisa y expresa, el inciso 2º del artículo 72 de la Ley 80 de 1993, cuyo texto original ha permanecido idéntico a pesar de la modificación que a otros apartes de esa norma del estatuto de contratación estatal introdujo el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007, cuyo tenor es el siguiente: “El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

En la misma línea trazada por la Constitución Política —como no podía ser de otra manera—, el régimen legal que delimita y orienta el campo de acción de los jueces de tutela, contenido en el Decreto 2591 de noviembre 19 de 1991, en ninguna de sus disposiciones autoriza, atribuye y menos contempla la posibilidad, siquiera, de que el juez de tutela —incluida la Corte Constitucional—, pueda asumir el conocimiento y decisión de fondo de procesos judiciales cuya competencia se encuentra asignada por las normas legales vigentes a otros jueces o corporaciones judiciales.

En este sentido se puso de presente que, de conformidad con los profusos desarrollos jurisprudenciales de la propia Corte Constitucional acerca de las limitaciones que en torno a su competencia está obligado a observar y a respetar el juez de tutela, los expuesto no era más que un desarrollo obvio, lógico y necesario de la prohibición perentoria y categórica que la Constitución Política impuso, de manera imperativa y expresa, a todas las autoridades del Estado —incluyendo a la mismísima Corte Constitucional, claro está—, en cuanto proscribe de manera perentoria el ejercicio de funciones, facultades, atribuciones o competencias que no se encuentren expresamente asignadas, consagradas o autorizadas por la Constitución Política o por la ley, según los precisos y expresos dictados de su artículo 121, a cuyo tenor: “Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

Por lo tanto, se destacó que el respeto al régimen de competencias consagrado en la Constitución Política constituye un presupuesto indispensable para asegurar el correcto y adecuado ejercicio del poder público por parte de todas las autoridades del Estado, presupuesto insustituible en cualquier Estado democrático de derecho como el que corresponde a las definiciones adoptadas para Colombia por el Constituyente en el año de 1991.

Empero, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, según lo evidencia el texto de la Sentencia T-511 de 2011, expuso como razón para tratar de justificar y darle apariencia de legalidad a su decisión de autoatribuirse, sin contar con facultades ni competencia para ello, el rol del juez natural del recurso de extraordinario de anulación, reservado por la ley en forma privativa y en única instancia a la Sección Tercera del Consejo de Estado, que hipotéticamente existirían “antecedentes que demuestran la negativa del Consejo de Estado para atender lo dispuesto por la Corte Constitucional cuando se trata de tutela contra providencias emanadas de esa corporación, lo que hace necesario explorar nuevas alternativas para proteger sin más traumatismos los derechos fundamentales de los ciudadanos”, pero sin invocar de manera clara, precisa, seria y fundada, un solo caso que pudiere servir de respaldo a tan retórica manifestación.

Por su parte, el Consejo de Estado, al solicitar la declaratoria de nulidad de la varias veces mencionada Sentencia T-511 de 2011 puso de presente que esa clase de manifestaciones, carentes por completo del más elemental respaldo probatorio, sorprendentemente contrastan con la pluralidad de actuaciones que se relacionaron y se adjuntaron en copia íntegra y debidamente autenticada para efectos de evidenciar que, contrario a lo que de manera genérica, especulativa e infundada sostuvo la Corte Constitucional, lo cierto es que existen múltiples pronunciamientos a través de los cuales el Consejo de Estado ha dado oportuno y cabal cumplimiento a decisiones de tutela proferidas por la Corte Constitucional(7).

(ii) Adicionalmente, en el escrito mediante el cual se deprecó la anulación de la Sentencia T-511 de 2011 se explicó por qué razón la mencionada providencia comportó tanto un desconocimiento absoluto del régimen probatorio como la adopción de una decisión sin soporte probatorio alguno, transgresión de relevancia constitucional puesto que como parte esencial del derecho fundamental al debido proceso emergen, con toda fuerza, tanto la necesidad de que el juez de cualquier causa edifique sus decisiones sobre pruebas oportuna, debida y válidamente recaudadas, cuanto el principio de contradicción que en materia probatoria se encuentra encaminado a tener por válidas únicamente aquellas pruebas que las partes del proceso hubieren tenido ocasión de conocer y de controvertir, postulados que sintetiza la ley en el mandato que imparte el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, en cuya virtud “[T]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

Sin embargo, en la solicitud de declaratoria de nulidad de la Sentencia T-511 de 2011 se explicó que dicha decisión careció por completo del más elemental fundamento probatorio, al contrario de lo que aconteció con las valoraciones, las consideraciones, las argumentaciones y las conclusiones a las cuales arribó la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo de marzo 17 de 2010, las cuales además de ser razonables y plausibles, se realizaron y tomaron con base en el material probatorio debida y oportunamente recaudado, el cual se integró por la totalidad del expediente arbitral que el Consejo de Estado siempre tuvo a su disposición, cosa que no hizo la Sala Quinta de Revisión de tutelas de la honorable Corte Constitucional, pues la simple revisión del expediente conformado a partir de la acción de tutela, integrado únicamente por dos (2) cuadernos con un total de trescientos trece (313) folios (cdno. 1: 119 fls. y cdno. 2: 194 fls.), permite constatar que a él nunca se arrimó el expediente arbitral que sirvió de soporte para que la Sección Tercera del Consejo de Estado estudiara y desatara el recurso de anulación interpuesto contra el laudo fechado en febrero 16 de 2009.

Dicho expediente arbitral estuvo integrado por trece (13) cuadernos con un total de seiscientos ochenta y ocho (688) folios, tal como lo evidencia el Oficio 10-0857-D de agosto 4 de 2010, enviado por la Secretaría de la Sección Tercera con destino a la secretaría del respectivo tribunal de arbitramento, oficio cuyo texto obra en el folio 15 del cuaderno 2 del expediente de la acción de tutela; agréguese a lo anterior que en el expediente de la acción de tutela no obra actuación, diligencia y menos orden alguna encaminada a obtener del que fue el tribunal de arbitramento, la copia del respectivo expediente arbitral, por manera que resulta evidente —y por ello mismo sorprendente— que la Corte constitucional surtió su actuación, profirió el fallo T-511 de 2011 y lo que es peor realizó “valoraciones probatorias” a partir de piezas que integran el expediente arbitral —incluido la pieza que en su momento se tuvo como “laudo”— sin que lo hubiere tenido a su disposición y sin que al expediente de la acción de tutela se hubiere incorporado el correspondiente expediente arbitral.

De otra parte, ocurre que las muy pocas piezas que a su disposición tuvo la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional para tratar de fundamentar sobre ellas la Sentencia T-511 de 2011, son piezas que carecen por completo de todo valor probatorio, pues según lo evidencia el más simple examen del expediente de la acción de tutela, se tiene que dentro de ese encuadernamiento se encuentran incluidos, entre los folios 18 a 127, diversos documentos que no fueron decretados como pruebas por parte de la referida Sala Quinta de Revisión y ni siquiera por el magistrado ponente; acerca de los documentos obrantes entre los aludidos folios 18 a 127 cabe señalar que no es posible saber cómo llegaron al expediente de tutela; no es posible saber quién los aportó; no es posible saber o establecer en qué oportunidad procesal exactamente se incorporaron al expediente; esos documentos no fueron puestos en conocimiento de las partes puesto que de ellos no se corrió traslado alguno y, por tanto, no se garantizó y no se respetó el principio constitucional de contradicción de las pruebas.

Por si tales irregularidades fueren pocas —que naturalmente no lo son— y ello permite concluir, de manera ineludible, acerca de la imposibilidad de atribuirles alguna clase de valor probatorio, como de manera abiertamente equivocada lo hizo la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, sucede que los documentos que se encuentran entre los referidos folios 18 a 127, son documentos que no cuentan con firma alguna y, por ello, mal puede tenérselos como si realmente correspondieren a los documentos que hubieren tenido existencia tangible.

De lo que acaba de exponerse, con fundamento y apoyo real en el examen del expediente de la acción de tutela, es posible concluir entonces —como lo indicaron los magistrados solicitantes de la declaratoria de nulidad de la Sentencia T-511 de 2011 en la correspondiente petición— que la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional determinó dejar sin efectos la sentencia que en marzo 17 de 2010 profirió la Sección Tercera del Consejo de Estado sin siquiera haber tenido a su disposición una copia de dicha sentencia, susceptible de valoración probatoria; a ello se agregó que mal podría considerarse jurídicamente posible, responsable y serio que la Corte Constitucional —aunque sin competencia para el efecto, según ya se dejó expuesto— hubiere decidido examinar el laudo arbitral y resolver el recurso de anulación que contra él se impetró sin siquiera haberse tomado el trabajo de conocer o examinar el texto de dicho laudo puesto que nunca tuvo a su disposición una copia fiel, auténtica, válida, cierta, probatoriamente valorable, de dicho laudo arbitral.

Por si lo anterior fuere poco —que en modo alguno lo es—, en la petición de nulidad de la sentencia de marras se explicó que las pruebas que la Corte Constitucional, a través de la Sala Quinta de Revisión, dijo valorar y tener en cuenta para resolver como finalmente decidió despachar y resolver de fondo el correspondiente recurso extraordinario de anulación que se impetró contra el laudo arbitral que nunca tuvo a su disposición, son pruebas imaginarias puesto que jamás se arrimaron al expediente de la acción de tutela de manera válida, oportuna, en original o en copia auténtica; y lo que resulta aún peor es que en el expediente de la acción de tutela no existe —ni en original, ni en copia autenticada, ni en copia simple, ni en forma alguna— el recurso extraordinario de anulación que se ocupó de “examinar”, “valorar”, “considerar” y “resolver de fondo” la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-511 de 2011 proferida por la Sala Quinta de Revisión en junio 30 de 2011.

B. De otra parte, el Consejo de Estado, solicitante de la declaratoria de nulidad de la Sentencia T-511 de 2011, expresó en el documento mediante el cual se elevó dicho pedimento a la Sala Plena de la Corte Constitucional, que con la mencionada providencia este tribunal constitucional desconoció la cosa juzgada constitucional derivada de lo dispuesto en la Sentencia C-543 de 1992; además, se sostuvo que con la plurimencionada Sentencia T-511 de 2011 resultaron inobservados incluso los requisitos que para la cuestionable procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ha fijado y desarrollado la propia Corte Constitucional, pues esa corporación ha sido enfática al sostener que en materia de interpretación jurídica, la mera divergencia de criterio con la decisión judicial cuestionada no configura un defecto sustantivo y que “solo aquellas rupturas flagrantes, ostensibles y graves de la normativa constitucional o legal aplicable resultan en un yerro de esta naturaleza. Así las cosas, siempre y cuando se apliquen las disposiciones pertinentes con un sentido mínimo de razonabilidad y coherencia, el acto jurisdiccional bajo escrutinio permanecerá incólume”(8).

Y ello por cuanto el aludido “defecto sustantivo” no se configuró de manera alguna en la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del presente asunto, puesto que dicho pronunciamiento no puede ser catalogado como “una actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho”; muy por el contrario, dicho pronunciamiento sustentó de manera clara, pormenorizada, con una secuencia lógica coherente y argumentativamente construida de manera correcta, las conclusiones a las cuales arribó en punto de la inexistencia jurídica del pacto arbitral en el caso sub examine.

1.5. La providencia que denegó la petición de nulidad de la Sentencia T-511 de 2011.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto A-097 de 16 de mayo de 2013, negó la solicitud de nulidad que elevó el Consejo de Estado respecto de la Sentencia T-511 de 2011, con fundamento, en síntesis, en lo siguiente:

“4.2. Estudio de los presupuestos materiales.

Ahora la Sala abordará el estudio de las causales, una por una, tal y como las proponen quienes solicitan la nulidad.

A. No hay una ‘violación grave y trascendental del derecho fundamental al debido proceso’.

i) Falta de ‘conculcación del principio/derecho constitucional al juez natural’.

Los peticionarios consideran violado su derecho fundamental al debido proceso porque la Sala Quinta de Revisión desbordó sus competencias como juez de tutela, toda vez impuso su criterio respecto de cuál había de ser la interpretación de las normas legales aplicables al caso, desconociendo que la facultad de resolver recursos de anulación de laudos arbitrales es prerrogativa legal exclusiva de la Sección Tercera del Consejo de Estado e ignorando el inciso 2º del artículo 86 de la Carta, que señala que la protección impartida por el juez de amparo debe consistir en una orden para que quien amenaza o viola el derecho actué o se abstenga de hacerlo.

Adicionalmente, consideran espurios los argumentos que empleó la Sala de Revisión para justificar la necesidad de resolver de fondo lo relativo al recurso de anulación, ya que observan que el Consejo de Estado no ha dado a esta corporación ningún indicio en el sentido de no acatar los fallos dictados en sede de revisión de tutelas.

Es pertinente recordar aquí que, si bien el Consejo de Estado es, de acuerdo con lo previsto en el artículo 236 constitucional, el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa y, en ese espectro, autónomo en sus decisiones, se encuentra sometido al orden constitucional y al respeto de las garantías contempladas en la carta.

Así, para despachar esta causal de nulidad, la Corte debe anotar que, en principio, para restablecer el goce del derecho al debido proceso mediante acción de tutela lo que hace este tribunal es dejar sin efectos la sentencia incursa en una causal de procedencia específica y ordenar que la autoridad infractora dicte un nuevo fallo. Sin embargo, desde hace más de diez años, en situaciones puntuales y específicas —ante la renuencia de ciertos funcionarios judiciales a entender la dimensión propia de la justicia constitucional— se ha visto en la necesidad de tomar medidas extraordinarias para hacer efectivo el goce del derecho fundamental al debido proceso.

Atendiendo a los postulados esenciales del Estado social y democrático de derecho(9), que se desarrollan —entre otros— en el preámbulo y los artículos 1º y 2º de la Carta, y que ponen de presente el mandato imperativo de la protección de los derechos fundamentales, así como del artículo 5º ibídem, que señala en forma clara y expresa la prevalencia de tales derechos, en algunos casos en los que ciertas autoridades judiciales han alegado principios de diversa índole y de menor relevancia constitucional para negar justicia a las personas, la Corte ha optado por decidir directamente y de fondo asuntos que en principio correspondería a otras autoridades judiciales(10).

Hace casi una década, con ocasión de las decisiones contenidas en la Sentencia SU-120 de 2003(11), ante la renuencia del juez ordinario de aceptar las consecuencias constitucionales de sus providencias, la Corte decidió proferir el auto A-141B de 2004, en el que declaró ejecutoriadas las sentencias de instancia de la justicia ordinaria que habían accedido a las pretensiones de los demandantes(12), como mecanismo para proteger sus derechos fundamentales.

Con posterioridad, en un caso relacionado también con indexación de la primera mesada pensional, en la Sentencia T-098 de 2005, a sabiendas de que el destino de la protección del derecho fundamental violado iba a ser el mismo que el de los interesados en la SU-120 de 2003, considerando que en aquella oportunidad no existían providencias de instancia que resultaban favorables al afectado, la Corte decidió dictar sentencia sustitutiva (...).

“(...).

Es de resaltar que, en el marco de esa situación, la Sala Plena y varias salas de revisión de esta corporación han optado por proferir decisiones mediante las cuales otorgan garantías adicionales en sede de revisión, ante la negativa a acatar las sentencias de carácter constitucional proferidas por esta Corte. (...).

“(...).

Para la Sala, al igual que en la decisión anteriormente citada, es necesario proferir un fallo que ponga fin a la controversia. Ello se explica por varias razones: (i) existen antecedentes que demuestran la negativa del Consejo de Estado para atender lo dispuesto por la Corte Constitucional cuando se trata de tutela contra providencias emanadas de esa corporación, ‘lo que hace necesario explorar nuevas alternativas para proteger sin más traumatismos los derechos fundamentales de los ciudadanos’; (ii) es la forma más efectiva de garantizar la protección oportuna de los derechos fundamentales prevista en el artículo 86 de la Constitución, en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en estos excepcionales casos; (iii) se hace en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al cumplimiento de sentencias de tutela; y (iv) es la decisión menos lesiva para la responsabilidad del Estado colombiano y más garantista para quienes han visto afectados sus derecho.

Es necesario señalar que el Consejo de Estado en algunas ocasiones ha mostrado antecedentes que hablan de la inobservancia de las determinaciones de este tribunal constitucional. Es paradójico que, de los tres casos que traen a colación quienes solicitan la nulidad para intentar demostrar que el Consejo de Estado sí da aplicación a la Constitución y a lo que dispone la jurisdicción de los derechos fundamentales, uno de ellos —resuelto mediante la decisión T-902 de 2005— sea precisamente de aquellos que resultan emblemáticos para ilustrar las situaciones en las que la Corte se ha visto compelida a dictar directamente varias órdenes para la protección efectiva del derecho conculcado.

Visto lo anterior, no está llamada a prosperar la solicitud de nulidad por este concepto, teniendo en cuenta que la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, al dictar sentencia de reemplazo o sustitución en el fallo T-511 de 2011, lo hizo: a) lejos de apartarse del precedente que en esta materia existe en la jurisprudencia de la Corte y, por el contrario, aplicándolo de manera expresa y directa; b) contando con elementos razonables para hacerlo; y c) con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales que evidenció vulnerados por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado

ii) No se configura “desconocimiento absoluto del régimen probatorio, por proferir las decisiones que aquí se cuestionan sin soporte probatorio alguno”.

En este punto los peticionarios reclaman la nulidad de la Sentencia T-511 de 2011 por considerar que la Sala de Revisión tramitó el proceso con absoluta omisión de los principios del derecho probatorio. Señalan que la decisión fue tomada con fundamento en un laudo y una sentencia cuyas copias obrantes en el expediente de trámite de la tutela no estaban autenticadas ni firmadas y no fueron aportadas regularmente por las partes, mientras que las demás pruebas no surtieron traslado formal. Adicionalmente manifiestan que la Sala falló sin tener el expediente del recurso de anulación y que no tenía siquiera una copia simple de la demanda presentada por el distrito, elemento que consideran indispensable para que pudiera dictarse la sentencia de reemplazo.

En cuanto al reclamo de los peticionarios en este punto, debe anotarse en primer término que lo pretendido con ello es abrir debates que se dieron en el trámite del proceso de tutela. Aunque el hecho de referirse al fondo del asunto tramitado en el proceso de tutela bastaría para descartar la procedencia de esta causal de anulación, la Sala hará algunas precisiones al respecto.

En materia de procedimiento constitucional, los peticionarios no consideran que la acción de tutela es un mecanismo informal, concebido para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo que “no exige técnicas procesales ni requisitos formales propios de especialistas, ya que su función no puede asimilarse a la que cumplen las acciones privadas dentro de los esquemas ordinarios previstos por el sistema jurídico, sino que corresponde a la defensa inmediata de los derechos fundamentales”(13).

Por lo anterior la tutela se basa en un régimen probatorio específico establecido por los artículos 18(14), 19(15), 20(16), 21(17) y 22(18) del Decreto-Ley 2591 de 1991 (...). 

(...).

Adicionalmente, debe señalarse que el régimen probatorio de los procesos de tutela se encuentra condicionado por el principio de buena fe (...).

(...).

Así las cosas, las reclamaciones de los peticionarios en esta materia —reitera la Sala— soslayan la existencia del régimen probatorio específico establecido por los artículos y reclaman el desobedecimiento del principio de informalidad que estructura el procedimiento del amparo constitucional. Por el contrario, demandan como garantía que en el trámite de tutela toda prueba deba ser “autenticada”, “firmada”, “trasladada” y en general sometida a las formalidades de otro tipo de instancias.

Atendiendo a esa lógica, la acción que por mandato constitucional está concebida para la protección inmediata de intereses superiores perdería su carácter sumario y expondría a las personas —so pretexto de la aplicación de ritualidades— a la violación de los derechos fundamentales.

Es de resaltar que los argumentos de los peticionarios en cuanto a un supuesto desconocimiento absoluto del régimen probatorio y haber la Sala dictado su sentencia sin pruebas, tienen el marcado carácter de reprochar a esta Corte la ausencia de solemnidades, pero en ningún momento señalan que las pruebas sean total o parcialmente falsas o que se hubiesen fundado en argumentos contrarios a la realidad. Así, con respecto al laudo arbitral y a la sentencia de anulación, echan de menos el sello que las dieran por auténticas y las firmas en el final. Sin embargo, los libelistas en ningún momento aducen que no se trate efectivamente del laudo proferido por el tribunal de arbitramento y de la sentencia dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Mal haría la Corte en revestir el trámite de tutela de solemnidades y peor haría anulando una sentencia de revisión bajo el entendido de que una o varias de las pruebas con fundamento en las cuales tomó la decisión, aunque verdaderas en su contenido y alcance, no deben ser tenidas en cuenta porque falta el mentado sello de autenticación. Ello supondría avalar una suerte de “exceso ritual manifiesto”, que la jurisprudencia constitucional ha rechazado, también en sede de tutela(19).

En el mismo tenor, quienes reclaman la nulidad se lamentan porque no se “corrió traslado” de ciertas pruebas, o porque no se arrimó al proceso un medio probatorio que consideran imprescindible. No obstante, desconocen el carácter público de la acción de tutela —lo que significa que el proceso no se tramita a las espaldas de nadie, menos aún de quien formalmente fue vinculado a él y tuvo la oportunidad de presentar argumentos y pruebas—, la informalidad que estructura el trámite del proceso y, un mandato legal, expreso y claro —que es aquel contenido en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991— que impone al juez a decidir el asunto cuando considera, aplicando la sana crítica que debe orientar sus decisiones, que cuenta con elementos de juicio suficientes para dictar fallo. La Sala Plena entiende que no fue otra la conducta de la Sala Quinta de Revisión y de los magistrados que la integran. Así, el laudo y la sentencia —que por demás son de conocimiento público y libre acceso—fueron valorados por la Sala de la Corte, que así mismo consideró que, ante la imposibilidad de que le fuera remitido el expediente completo que da cuenta del trámite del recurso de anulación(20), contaba en todo caso con los elementos de juicio suficientes para concluir la violación del derecho al debido proceso por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En este orden de ideas, la Sala Plena constata que no debe prosperar la nulidad por la causal invocada dado que: a) mediante ella pretenden reabrir debates que se ventilaron durante el proceso de tutela; b) los argumentos en materia probatoria desconocen la unicidad del trámite de estos procesos públicos y constitucionales en cuanto a la aplicación de los principios de buena fe e informalidad que caracterizan la acción de tutela; c) y en todo caso las objeciones son de carácter puramente formal y no apuntan a que, por ejemplo, los medios probatorios fundamento de la decisión contenida en la Sentencia T-511 de 2011 fueran falsos y, por ende, se hubiese forzado a la Sala a un error.

B. No existe “desconocimiento de la cosa juzgada constitucional”:

i) No hay “inobservancia de los efectos del fallo C-543 de 1992”.

Señalan los peticionarios de la nulidad que la Sala Quinta de Revisión, al proferir la Sentencia T-511 de 2011, ignoró que, de acuerdo con la providencia C-543 de 1992, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, la acción de tutela —sin excepción alguna— no procede contra providencias judiciales. Lo anterior porque el primero (1º) de octubre de 1992 la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 - que reglamentaban la caducidad de la acción de tutela, considerando que el juez de tutela no puede entrar a revisar procesos y/o decisiones instruidos y/o adoptadas por otras instancias dentro de la rama judicial”(21).

Ahora bien, quienes piden la nulidad de la citada T-511 de 2011 pretenden, mediante este argumento, reabrir debates que atañen al fondo del fallo. El tema de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias —lo que ponen de presente los interesados en la anulación amparados detrás de la figura de la cosa juzgada en relación con la Sentencia C-543 de 1992— fue objeto de estudio en la T-511 de 2011 y es un asunto claramente decantado en la jurisprudencia de esta corporación(22), que ha repetido, una y otra vez, a través de varios fallos, acudiendo primero a la tesis de la vía de hecho en sede judicial y luego a las causales generales y específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que en un Estado social y democrático de derecho no existen autoridades públicas que se encuentren exentas de la obligación de dar garantía a los derechos fundamentales y, entre estos, también al derecho al debido proceso.

Debe observarse que los desarrollos doctrinales en materia constitucional no se quedaron en las consideraciones de la C-543 de 1992, toda vez que se dieron nuevas sentencias(23). El presente asunto es un ejemplo claro de ello ya que, si se observa con atención, la jurisprudencia que explica el carácter propio del procedimiento de tutela data de los mismos años iniciales de esta corporación(24).

Es pertinente señalar que el fallo cuya nulidad se solicita recogió en extenso la doctrina ya señalada, refiriéndose a las normas internacionales y constitucionales que la soportan(25), así como a su desarrollo jurisprudencial, considerando incluso la sentencia que los peticionarios esgrimen como justificación para la nulidad. Es paradójico que esta última, sirva a quienes solicitan la anulación para afirmar de manera categórica que la Corte no puede “entrar a revisar procesos y/o decisiones instruidos y/o adoptadas por otras instancias dentro de la rama judicial”, mientras que las citas textuales de la C-543 de 1992 vertidas en la T-511 de 2011 indican todo lo contrario, señalándola como uno de los hitos jurisprudenciales en la materia (...).

(...).

De esta manera, aquellas hipótesis en donde las autoridades judiciales profieren determinaciones carentes de cualquier mínimo de razonabilidad jurídica y son fruto de un actuar caprichoso y arbitrario fueron denominadas en una primera etapa de la jurisprudencia constitucional como vías de hecho’. A partir de lo anterior, la Corte categorizó los distintos supuestos de hecho de tal fenómeno, agrupándolos en los denominados defectos (i) sustantivo; (ii) probatorio o fáctico; (iii) orgánico y (iv) procedimental”(26).

En conclusión esta alegada causal de nulidad debe ser desestimada porque: a) pretende reabrir debates en cuanto al fondo de la Sentencia T-511 de 2011; y b) parte de una interpretación equivocada de los efectos de la Sentencia C-543 de 1992.

ii) No existe inobservancia de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que ha fijado y desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a partir del Fallo C-590 de 2005.

Los interesados en la solicitud de nulidad de la sentencia aseguran, que si en gracia de discusión —que de ninguna manera nos lleva a admitir como válido el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional que, en los términos mandatarios y vinculantes del artículo 243 constitucional, generó la Sentencia 543 de 1992— se llegare a admitir como hipotéticamente aceptable la posición que sorprendentemente ha venido pregonando la Corte Constitucional en el sentido de que la acción de tutela sería procedente..., aún así la T-511 de 2011 habría desconocido los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales recogidos en la Decisión C-590 de 2005.

Nuevamente los peticionarios entran a controvertir argumentos resueltos, razonados y fundamentados en la Sentencia T-511 de 2011, desconociendo el objeto de la solicitud de nulidad. Al afirmar que el fallo proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado “NO(27) puede ser catalogado como una actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho, pretenden reabrir debates que son ajenos a la solicitud de nulidad que —como se ha dicho ya con suficiencia— no está constituida para dilucidar este tipo de controversias.

Vale la pena reiterar que la Sala Quinta, en la T-511 de 2011, analizó en extenso las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela. Dicho fallo recoge como fundamento precisamente la Sentencia C-590 de 2005, de la que los peticionarios señalan que se desconoció la cosa juzgada (...).

(...) la Sala de Revisión empleó los criterios de análisis, tanto generales como específicos, para la procedencia de la acción de tutela previstos, entre otras, en la Sentencia C-590 de 2005. En resumen, es contradictorio lo expuesto por quienes piden la anulación, al exponer como causal de nulidad de la Sentencia T-511 de 2011 el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional referida al Fallo C-590 de 2005, cuando este sirvió de fundamento a aquella.

Por ende, tampoco procederá la anulación por este cargo, considerando que: a) los peticionarios buscan, mediante esta causal, controvertir argumentos resueltos, razonados y fundamentados en la T-511 de 2011; y b) adicionalmente la providencia cuya nulidad se pide se fundamentó precisamente en la doctrina contenida en la Sentencia C-590 de 2005.

5. Conclusión.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que no existe motivo alguno para declarar la nulidad de la Sentencia T-511 de 2011”.

Respecto del argumento (A.) de violación grave y trascendental del derecho fundamental al debido proceso, por la supuesta conculcación del principio/derecho constitucional al juez natural, se concluye que la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, al dictar sentencia de reemplazo o sustitución en el Fallo T-511 de 2011, lo hizo:

Lejos de apartarse del precedente que en esta materia existe en la jurisprudencia de la Corte y, por el contrario, aplicándolo de manera expresa y directa.

Contando con elementos razonables para hacerlo

Con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales que evidenció violados por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En relación con el punto (A.) de violación grave y trascendental del derecho fundamental al debido proceso por el supuesto desconocimiento absoluto del régimen probatorio, por proferir la Sentencia T-511 de 2011 sin soporte probatorio alguno, concluye la Corte:

a) Que mediante ella los peticionarios pretenden reabrir debates que se ventilaron durante el trámite del proceso de tutela.

b) Que los argumentos presentados por los interesados, en este ítem, desconocen el carácter único del trámite de los procesos públicos y constitucionales de tutela en cuanto a la aplicación de los principios de buena fe e informalidad que caracterizan dicha acción.

c) Que en todo caso las objeciones son de carácter puramente formal y no apuntan a que, por ejemplo, los medios probatorios fundamento de la decisión contenida en la Sentencia T-511 de 2011 fueran falsos y, por ende, se hubiese forzado a la Sala de Revisión a un error.

En cuanto al presunto (B) desconocimiento de la cosa juzgada constitucional derivado de la inobservancia de los efectos del Fallo C-543 de 1992, concluye la Corte que no procede la declaratoria de nulidad, porque:

a) La solicitud presentada pretende reabrir debates en cuanto al fondo de la Sentencia T-511 de 2011.

b) La petición de anulación parte de una interpretación absolutamente errónea de los efectos de la C-543 de 1992.

En materia del supuesto (B), desconocimiento de la cosa juzgada constitucional derivado de la inobservancia de los requisitos que para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ha fijado y desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a partir del Fallo C-590 de 2005, la Corte considera que la falta de prosperidad del argumento se configura, porque:

a) Los peticionarios buscan, mediante esta causal, controvertir argumentos resueltos, razonados y fundamentados en la Sentencia T-511 de 2011.

b) La providencia cuya nulidad se pide se fundamentó precisamente en la doctrina contenida en la C-590 de 2005” (destacado del original).

1.6. La asignación de la ponencia respecto del presente pronunciamiento.

Esta misma Sala, mediante decisión de 18 de junio de 2013, determinó lo siguiente:

“Definir que la ponencia de las decisiones o los pronunciamientos que dentro del asunto citado en la referencia hayan de proferirse por parte del Consejo de Estado, con ocasión de la Sentencia T-511 de 2011 y del Auto 097 de mayo 16 de 2013, proferidos por la Corte Constitucional, se mantengan en cabeza del mismo magistrado que actuó como ponente de la sentencia que dictó la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el día 17 de marzo de 2010”.

Lo anterior con base en lo siguiente:

“Pues bien, en todos los casos que se dejan reseñados, correspondientes a las decisiones que profirió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en las mencionadas fechas de 29 de junio de 2004, noviembre 6 de 2004 y septiembre 20 de 2006, se evidencia con claridad que —sin reparar acerca de eventuales o hipotéticos impedimentos por haber actuado como demandados en la acción de tutela o por haber conocido del asunto en instancia anterior, por la sencilla razón de que se trataba de decisiones sustancialmente distintas a las proferidas de manera previa en condición de juez natural de cada asunto concreto y sin necesidad de nuevo reparto, a pesar de tratarse de procesos judiciales finiquitados definitivamente a través de sentencias ejecutoriadas dictadas por el Consejo de Estado como instancia suprema de la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo— los mismos magistrados que en su momento actuaron como ponentes de las providencias que dictó el Consejo de Estado en su condición de juez competente respecto de las causas que fueron sometidas a su conocimiento, fueron los mismos consejeros de Estado a quienes les correspondió fungir como ponentes de las decisiones que finalmente debió proferir la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en defensa de la Constitución Política y del orden jurídico que la misma impone, así como en defensa de las instituciones democráticas del Estado social y de derecho que rige en Colombia, en defensa de la separación efectiva de funciones entre las corporaciones que integran la rama jurisdiccional del poder público y, por ello mismo, en defensa de las atribuciones y competencias que le han conferido expresamente la Carta Política y las leyes de la República.

Consistente con los referidos precedentes jurisprudenciales, comoquiera que no encuentra razón válida alguna para modificarlos o desconocerlos, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo reafirma en esta ocasión que el magistrado a quien le correspondió actuar como ponente de la sentencia que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales profirió la Sección Tercera del Consejo de Estado el día 17 de marzo de 2010 y dado que el asunto concreto que en esa ocasión se decidió es aquel sobre el cual recayeron los pronunciamientos y las decisiones que la Corte Constitucional plasmó en su denominada Sentencia T-511 de 2011 y en su anunciado Auto A-097 de 2013, la Sala reafirma —se repite— que dicho magistrado es el mismo consejero de Estado a quien le corresponde proyectar entonces, en condición de ponente, los pronunciamientos que en esta oportunidad también deba efectuar la corporación en defensa de la vigencia del orden jurídico colombiano, de la integridad de la Constitución Política, de las instituciones democráticas y de las competencias judiciales del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo”.

1.7. La notificación de la anterior decisión.

La decisión que adoptó en forma mayoritaria la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 18 de junio de 2013, además de darse a conocer por estado el día 4 de julio de 2013 (fl. 9 vto), se notificó a las personas y/o autoridades que a continuación se relacionan de la siguiente forma:

1.7.1. Al señor apoderado de la Unión Temporal Mavig - Deprocon, al señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C., al señor alcalde local de San Cristóbal, al señor director de desarrollo local de San Cristóbal, a quienes integraron el tribunal de arbitramento que profirió el laudo arbitral fechado el día 16 de febrero de 2009, a quienes conformaron la Unión Temporal Mavig - Deprocon, al señor Presidente de la Corte Constitucional y a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.

1.7.2. Para efectos de notificar personalmente a las autoridades y/o personas antes descritas, la Secretaría General del Consejo de Estado libró con destino a ellas los oficios 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938 y 942 respectivamente, por medio de los cuales se les solicitó acudir a dicha secretaría para notificarlos de manera personal la decisión que adoptó dentro de este asunto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación el día 18 de junio de 2013, con la advertencia de que ante su no comparecencia se procedería a notificarles de tal decisión mediante aviso, según lo dispuesto en los artículos 315, numeral 3º, y 320 del Código de Procedimiento Civil (fls. 15-21).

1.7.3. A folios 23 y 26 del expediente obran, respectivamente, la diligencia de notificación personal al señor Presidente de la Corte Constitucional y la consiguiente constancia, suscrita por el funcionario de la Secretaría General del Consejo de Estado encargado de surtir dicha notificación.

1.7.4. Mediante diligencia de notificación personal, la aludida decisión de junio 18 de 2013 le fue notificada a la jefe de la oficina asesora jurídica de la Secretaría de Educación Distrital (fl. 24).

1.7.5. De igual manera, el día 8 de julio de 2013 se notificó personalmente al apoderado de la Unión Temporal Mavig - Deprocon del contenido de la decisión que adoptó esta Sala el día 18 de junio del año en curso (fl. 25).

1.7.6. Asimismo, el día 10 de julio de 2013, el señor Procurador 1º Delegado ante el Consejo de Estado se notificó, en forma personal, del proveído de junio 18 del mismo año (fl. 27).

1.7.7. Por su parte, a folio 28 del encuadernamiento obra constancia de la notificación personal que se surtió en relación con la dirección ejecutiva de administración judicial.

1.7.8. También se notificaron personalmente el señor Osvaldo Angulo Calero —el día 15 de julio de 2013— (fl. 39) y el representante legal de la sociedad Mavig S.A., ambos integrantes de la Unión Temporal Mavig - Deprocon (fls. 90, 91 y 114).

En relación con el representante legal de la sociedad Mavig S.A., bueno es precisarlo, la notificación personal del auto de junio 18 de 2013 se llevó a cabo el día 6 de agosto siguiente, a través del despacho comisorio 49, el cual lo tramitó el Tribunal Administrativo del Atlántico (fls. 79-114).

1.7.9. Comoquiera que en relación con las demás personas no se logró la notificación personal del auto de 18 de junio de 2013, la Secretaría General del Consejo de Estado surtió dicha actuación por aviso, esto es en relación con: i) el señor Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.; ii) el señor alcalde local de San Cristóbal; iii) el señor director del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal; iv) quienes en su condición de árbitros integraron el tribunal de arbitramento que profirió el laudo arbitral fechado el día 16 de febrero de 2009 y v) el señor Herbert Geithner Calderón, también integrante de la Unión Temporal Mavig - Deprocon, para cuyo efecto se emitieron, en su orden, los avisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de julio 15 de 2013 (fls. 30-35) y el aviso Nº 7 de 23 de julio del mismo año (fl. 70).

1.7.10. Mediante sendos oficios, identificados con los números 943, 944 y 945 de 2013 (fls. 72, 78 y 124, respectivamente), la Secretaría General del Consejo de Estado requirió a la compañía encargada de entregar tales avisos a sus destinatarios, mediante correo certificado, con el propósito de que corroborara dicha entrega.

1.7.11. Mediante oficios 2998 de 2013 y 3618 de 2013, la compañía requerida certificó la entrega de cada aviso a su correspondiente receptor, según las relaciones que obran a folios 115, 116, 117 y 202 del encuadernamiento.

1.8. Las manifestaciones de impedimento provenientes de los señores consejeros de Estado Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Martha Teresa Briceño de Valencia, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y Danilo Rojas Betancourth.

Los mencionados Magistrados del Consejo de Estado manifestaron su impedimento para conocer de la actuación citada en la referencia, tema que quedó definido a través del proveído de 14 de agosto de 2013 (fls. 128-165), en el sentido de declarar infundadas las respectivas manifestaciones de impedimento, cuyo fundamento se dejó expuesto dentro del aludido pronunciamiento.

1.9. La incorporación formal al expediente del proveído que denegó la petición de nulidad de la Sentencia T-511 de 2011.

El 14 de agosto de 2013 se dispuso incorporar al encuadernamiento la decisión que profirió la Corte Constitucional el día 16 de mayo de 2013, en cuya virtud se negó la solicitud de nulidad que formuló el Consejo de Estado contra el Fallo de Tutela 511 de 2011, habida consideración que corresponde a la decisión que dio lugar a que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado iniciara esta actuación judicial.

1.10. Asimismo, en la misma decisión de 14 de agosto de 2013 se dispuso lo siguiente:

“2. De otro lado, teniendo en cuenta que la mencionada decisión de la Corte Constitucional se profirió dentro de la acción de tutela que promovió la Unión Temporal Mavig - Deprocon para controvertir la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de marzo 17 de 2010, se considera pertinente establecer si el expediente contentivo de la mencionada acción de tutela ya fue devuelto a la Secretaría General del Consejo de Estado por parte de la Corte Constitucional y qué trámite se le ha impartido a tal encuadernamiento”.

1.11. En relación con lo anterior, la Secretaría General del Consejo de Estado rindió el siguiente informe:

“8. Mediante Oficio 1693 de 2 de marzo de 2012 se remite el expediente a la Corte Constitucional para resolver la solicitud de nulidad.

9. Mediante Oficio 458 de 2013 recibido en esta corporación el 11 de julio de 2013 la Corte Constitucional devuelve el expediente de tutela sin la providencia que resolvió la solicitud de nulidad.

10. Mediante Oficio 943 de 19 de julio de 2013 se solicitó a la Secretaria General de la Corte Constitucional, Doctora Martha Sáchica, que se sirva enviar el original del Auto 097 de 16 de mayo de 2013, que resolvió la solicitud de nulidad, para efectos de notificarlo.

11. Mediante Oficio 478 de 2013 de 23 de julio la Secretaría General de la Corte Constitucional informa que el original del Auto 097 se encuentra junto con el incidente de nulidad en el archivo de esa corporación.

En la fecha el expediente de tutela reposa en esta secretaría en 3 cuadernos con 176, 123 y 136 folios” (fls. 194 y 195) - (destacado y subrayado adicionales).

1.12. Una nueva manifestación de impedimentos.

Mediante escrito fechado en septiembre 24 de 2013, los señores consejeros de Estado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y Enrique Gil Botero manifestaron, de manera conjunta, su impedimento para conocer del asunto de la referencia porque en sus condiciones de magistrados del Consejo de Estado solicitaron, junto con el magistrado ponente de esta decisión, la nulidad de la Sentencia T-511 de 2011, respecto de la cual recae este proveído, cuestión que necesariamente condujo a que el ponente de la presente providencia también adhiriera a la mencionada manifestación de impedimento (fls. 213-216).

1.13. La decisión que resolvió los impedimentos antes descritos.

Mediante providencia de fecha 30 de septiembre de 2013, la señora Magistrada María Elizabeth García González, a quien le correspondió pronunciarse en relación con los impedimentos que manifestaron los doctores Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Enrique Gil Botero y el ponente de este pronunciamiento, declaró infundados los impedimentos manifestados (fls. 218-223).

II. Consideraciones

1. La Corte Constitucional, al proferir la Sentencia T-511 de 2011 y el Auto 097 de 2013, desconoció la Constitución Política.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado advierte que la Corte Constitucional —primero por conducto de su Sala Quinta de Revisión de Tutelas al proferir la Sentencia T-511 de 2011 y posteriormente a través de su Sala Plena al negar la solicitud de nulidad de la sentencia mencionada, mediante el Auto 097 de 2013—, desconoció de manera abierta, evidente y flagrante la Constitución Política, como directa e inmediata consecuencia de las razones y precisiones que, entre otras, se enuncian a continuación:

1.1. La Corte Constitucional no dio cumplimiento a los procedimientos establecidos de manera mandatoria en su propio reglamento para el caso de la decisión de las sentencias de tutela que se seleccionen para revisión en relación con fallos del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto tiene que ver con la asignación de competencias para conocer de la revisión de tutelas contra providencias judiciales, resulta menester advertir que si bien en principio podría admitirse que a la Sala de Decisión de la Corte Constitucional le podría corresponder la emisión de la decisión respectiva, no es menos cierto que cuando se trata de pronunciamientos emanados del Consejo de Estado, la selección de los respectivos fallos de tutela, necesaria e imperativamente debe ser sometida al conocimiento de la Sala Plena, por parte del magistrado ponente, para que aquella disponga si asume, o no, el conocimiento de la revisión eventual en los términos regulados de manera precisa por el mencionado reglamento, cuyo artículo 54A dispone lo siguiente:

“ART. 54 A.—Revisión por la Sala Plena.

(...).

Adicionalmente, para los fines establecidos en las normas vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe mensual que le sea presentado a partir de la Sala de Selección de marzo de 2009” (Subrayado fuera de texto).

Pues bien, aún sin adentrarse en cuestionamiento alguno acerca del alcance de la norma reglamentaria transcrita, resulta indispensable en el caso concreto al que alude el presente pronunciamiento, destacar que la propia Corte Constitucional pretermitió y violó de manera directa y palmaria el procedimiento consagrado en su reglamento, puesto que del examen detallado del expediente de la acción de tutela se desprende de manera evidente que la Sala Plena de esa corporación no expidió decisión alguna en el sentido de avocar o no su conocimiento, como presupuesto insoslayable para que la Sala de Decisión pudiera acometer entonces el análisis del mismo; la cronología de las actuaciones desarrolladas en el presente asunto al igual que la información que emana del expediente así como las piezas mismas que lo integran, permiten confirmar de manera categórica que la exigencia procedimental descrita no se satisfizo.

Así las cosas, en cuanto el caso concreto no se remitió a la Sala Plena de la Corte Constitucional, por parte del magistrado ponente, resulta claro que este le otorgó a la revisión en comento un trámite por completo diferente a las previsiones que de manera expresa y obligatoria ordena el Reglamento Interno de la Corte Constitucional respecto de los expedientes que versen sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de las altas cortes, con lo cual se incurrió en una gravísima irregularidad constitutiva de vía de hecho, habida cuenta de que además de que se pretermitió por completo el procedimiento normativamente establecido por la propia Corte Constitucional, en su propio reglamento, para definir cuál sería la Sala competente para efectuar la respectiva revisión, la Sala Quinta de Decisión de Tutelas de esa corporación procedió entonces sin competencia a decidir sobre la revisión de una tutela de otra Alta Corte, cual es el Consejo de Estado.

De este modo, la Sala Quinta de Decisión de Tutelas profirió la que en apariencia sería la Sentencia T-511 de 2011, sin contar con la previa decisión de la Sala Plena de esa misma Corte, cuestión que a manera de presupuesto procesal debía agotarse en forma inexorable para que pudiera expedirse entonces la decisión de fondo en el asunto seleccionado para revisión.

Al respecto cabe anotar que la normativa del Reglamento de la Corte Constitucional en punto al procedimiento que se debe aplicar y respetar para la asunción de la revisión de las tutelas procedentes de pronunciamientos de las altas cortes, no es de facultativa observancia por parte de los magistrados a los cuales corresponde darle cumplimiento, pues la misma pretende precisamente verificar si dada la relevancia del asunto su conocimiento debe permanecer en el seno de su Sala Plena; se trata, por lo demás, de una exigencia contenida en disposiciones de naturaleza procesal, las cuales, por ser de orden público, resultan indisponibles tanto para el juez como para los restantes sujetos procesales, quienes se encuentran en el deber insoslayable de acatarlas so pena de afectar de invalidez las actuaciones judiciales respectivas, así ellos pertenezcan a la mismísima Corte Constitucional.

La Sala enfatiza en que dentro del asunto sub examine no se cumplió y, por ende, no se respetó el trámite previsto de manera clara y expresa en el mencionado artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992, contentivo del Reglamento de la Corte Constitucional, pues en el expediente correspondiente no obra actuación ni mucho menos decisión alguna encaminada a poner a consideración de la Sala Plena de ese alto tribunal el asunto para efectos de que la misma decidiera si avocaba, o no, su conocimiento, como tampoco obra al respecto decisión alguna que hubiere emanado de dicha Sala Plena y que, por tanto, pudiere tenerse como autorización o satisfacción del requisito de procedibilidad establecido para que la Sala Quinta de Revisión de Tutelas hubiere podido asumir el conocimiento del asunto, todo ello en contravía de lo dispuesto en forma mandatoria en el propio Reglamento de la Corte Constitucional.

Y es que si se hubiere cumplido con el trámite previsto en el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992, obviamente la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la decisión formal(28) respectiva, habría adoptado la determinación correspondiente en el sentido de avocar o de no asumir el conocimiento del asunto para que, solo en este último evento, pudiera quedar en manos de la Sala Quinta de Revisión de Tutelas, lo cual, se insiste, no ocurrió por la sencilla pero potísima e irregular razón de que en el presente caso no se dio cumplimiento a los mandatos del Reglamento Interno de la Corte Constitucional.

1.2. La irregular inobservancia del procedimiento obligatoriamente establecido en el artículo 54A del Reglamento de la Corte Constitucional comporta el desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por esa Corte en nombre del Estado colombiano y acerca de cuyas exigibilidad y cumplimiento al Consejo de Estado le cabe la responsabilidad de actuar como juez de convencionalidad.

No sobra agregar que la aludida exigencia procedimental del transcrito artículo 54A del Reglamento Interno de la Corte Constitucional resulta ineludible para dicha corporación y para sus integrantes, si se tiene presente que la inclusión del referido precepto en el reglamento en cuestión constituyó una de las medidas que el Estado colombiano hubo de adoptar para atender a las recomendaciones que, con el fin de acatar lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, le formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe de Fondo 44 de 2008, rendido dentro del caso Nº 12.448 —Sergio Emilio Cadena Antolínez vs. Colombia—, del 23 de julio de 2008.

En aquella ocasión, los peticionarios de la intervención de los organismos interamericanos instituidos para procurar la protección y eficacia de las garantías reconocidas en la Convención Americana de Derechos Humanos adujeron —entre otras circunstancias— que el Estado colombiano había incumplido su obligación de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, en perjuicio del señor Cadena Antolínez, al no garantizar la efectividad y el cumplimiento de las decisiones internas que le definían al señor Cadena los derechos laborales cuyo reconocimiento reclamaba, dentro de un plazo razonable; pues bien, en vista de dicha alegación, la Comisión se ocupó de determinar si la actividad judicial emprendida por los órganos del Estado para efectos de proteger los derechos del señor Cadena Antolínez satisfizo, o no, los estándares establecidos por la Convención Americana en materia de garantías judiciales y de protección judicial, en especial en cuanto su artículo 25 preceptúa:

“1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

Al respecto la aludida Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó, en el informe en cita, que la norma referida “consagra la obligación del Estado de asegurar el goce de las garantías judiciales de manera rápida y sencilla, así como la obligación general de proporcionar un recurso judicial eficaz frente a la violación de los derechos fundamentales, incorporando el principio de la eficacia de los instrumentos o mecanismos procesales”, para lo cual se apoyó en lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que

“... el artículo 25 con relación al artículo 1(1) obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr que los responsables de las violaciones de derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación del daño sufrido.Como ha dicho esta Corte, ‘el artículo 25 constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la convención’”(29).

Dentro de este marco y ya en relación con el asunto estudiado en el mencionado Informe 44 de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó lo siguiente:

“52. La Comisión nota que desde el inicio del proceso en 1997 hasta la debida ejecución de la prestación, transcurrieron aproximadamente ocho años y que la tutela instaurada el 19 de julio de 2000 solo fue debidamente ejecutada casi cuatro años después. Asimismo, la Sentencia de Unificación SU-1185 de 2001 dictada por la Corte Constitucional el 13 de noviembre de 2001 fue ejecutada finalmente el 26 de abril de 2004, dos años y cinco meses más tarde. Dicha demora es atribuible al conflicto de competencias o de prevalencia entre las decisiones adoptadas por los altos tribunales, conocido en Colombia como “choque de trenes”.

53. El presente caso refleja que el efecto del llamado “choque de trenes” es el de generar y perpetuar una situación de indefinición de los derechos ya sea reconocidos o negados por los tribunales de instancia superior: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.El conflicto entre estas instancias judiciales superiores deja a los usuarios del sistema judicial en la incertidumbre sobre el curso de acción a seguir en los casos en los que las sentencias judiciales violan derechos protegidos por la Convención Americana. En los casos en los que acuden a la acción de tutela con éxito, la materialización de sus derechos se ve sujeta a incumplimientos y trámites adicionales.

54. Cabe recordar que la obligación prevista en el artículo 1.1 es una obligación que involucra el deber de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

(...).

67. La Comisión observa que en el presente caso el conflicto entre las altas cortes, generado por el llamado “choque de trenes”, causó incertidumbre sobre la materialización de los derechos del señor Cadena Antolínez, por causa de incumplimientos y trámites adicionales.Esta incertidumbre se prolongó por un lapso que resulta incompatible con la obligación de los Estados partes de proporcionar acceso a recursos sencillos, rápidos y efectivos, tales como la tutela en Colombia.

(...).

V. Actuaciones posteriores a la aprobación del informe Nº 57 de 2007 conforme al artículo 50 de la convención

69. El 25 de julio de 2007, la Comisión aprobó el informe 57 de 2007 conforme al artículo 50 de la Convención Americana, en el que concluyó que: (1) el Estado de Colombia es responsable por la violación del derecho a la protección judicial de Sergio Emilio Cadena Antolínez, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos protegidos en el artículo 1.1 de dicho tratado; (...) Por consiguiente, recomendó al Estado:

1. Adoptar las medidas necesarias para evitar la vulneración futura del derecho a la protección judicial consagrado en la Convención Americana, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.

VI. Conclusiones

74. En vista de los antecedentes de hecho y de derecho analizados supra, la comisión reitera sus conclusiones en el sentido de que el Estado de Colombia es responsable por la violación del derecho a la protección judicial de Sergio Emilio Cadena Antolínez, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos protegidos en el artículo 1.1 de dicho tratado.

(...).

76. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado colombiano:

1. Adoptar las medidas necesarias para evitar la vulneración futura del derecho a la protección judicial consagrado en la Convención Americana, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.

(...).

79. En virtud de las anteriores consideraciones y de conformidad con los artículos 51(3) de la Convención Americana y 45 de su reglamento, la comisión decide reiterar la recomendación establecida supra.

80. Finalmente, la comisión decide hacer público este informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas tomadas por el Estado colombiano con relación a las recomendaciones mencionadas, hasta que hayan sido totalmente cumplidas”(30) (destacado adicional).

Ahora bien, del cumplimiento del Estado colombiano a las recomendaciones contenidas en el Informe citado en precedencia se dio cuenta en el “Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” correspondiente al año 2009, documento cuyo capítulo III lleva por título El sistema de peticiones y casos individuales, en el cual se incluyó un apartado, distinguido con la letra “D”, relativo al “Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y en relación con las recomendaciones efectuadas en el precitado Informe 44 de 2008, en el aludido documento de 2009 se dejó consignada la siguiente información:

“Caso 12.448, Informe 44 de 2008 Sergio Emilio Cadena Antolínez (Colombia)

274. En el Informe 44 de 2008 de fecha 23 de julio de 2008, la comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a la protección judicial de Sergio Emilio Cadena Antolínez, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos protegidos en el artículo 1º (1) de dicho tratado. Asimismo, concluyó que habiéndose resarcido el daño material ocasionado al señor Cadena Antolínez durante el curso del trámite de su Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se verificaba la violación del artículo 21 y que tampoco se verificaban violaciones a los artículos 2º y 8º de la Convención Americana. El presente Caso versa sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la privación del acceso a un recurso judicial efectivo para la determinación de los derechos de Sergio Emilio Cadena Antolínez por causa del desacato de la Sentencia Nº SU-1185/2001 de la Corte Constitucional, dictada el 13 de noviembre de 2001 por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (situación conocida como “choque de trenes”).

275. La Comisión formuló al Estado las siguientes recomendaciones:

1. Adoptar las medidas necesarias para evitar la vulneración futura del derecho a la protección judicial consagrado en la Convención Americana, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana.

2. En cuanto al daño inmaterial ocasionado al señor Cadena Antolínez, como resultado de la vulneración del derecho a la protección judicial, la comisión considera que el presente informe constituye una reparación en sí misma.

276. El 4 de diciembre de 2009, el Estado informó que la Corte Constitucional informó acerca del Auto 100 de 2008 proferido por su Sala Plena en el cual estableció que frente al “choque de trenes” los afectados tienen dos posibilidades: (i) acudir ante cualquier juez de la República para que se tramite y se decida, o (ii) con el cumplimiento de los requisitos indicados, solicitar a la Secretaría General de la Corte Constitucional que se radique la acción de tutela y se surta el trámite de la revisión eventual.Asimismo, informó que la Corte Suprema de Justicia en sus Salas de Casación Laboral y Penal, recientemente resolvió autónomamente tramitar y resolver mediante fallo las acciones de tutelas instauradas contra providencias judiciales de esa corporación, así como remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de las decisiones proferidas.

277. Informó también que la Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión de 3 de diciembre de 2008 aprobó una adición a su reglamento interno e incluyó un inciso segundo al artículo 54 A, en virtud del cual una vez sean seleccionadas acciones de tutelas en contra de providencias judiciales adoptadas por la Corte Suprema y el Consejo de Estado, estas deben ser puestas en conocimiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional, para que esta determine si asume la revisión con base en el informe mensual que se le sea presentado a partir de marzo de 2009. Por otra parte señaló que mediante el auto 124 de 25 de marzo de 2009, la Corte Constitucional adoptó medidas tendientes a solucionar los conflictos de competencia que se presentaban en los despachos judiciales.

(...).

280. Por lo expuesto, la comisión concluye que se ha dado cumplimiento total a las recomendaciones”(31).

Así pues, la inclusión del citado artículo 54A en el Reglamento Interno de la Corte Constitucional respondió a la necesidad, para el Estado de Colombia, de atender las recomendaciones impartidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de suerte que, a su turno, se respetara lo normado en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por manera que la Corte Constitucional, en el asunto al que refiere el presente pronunciamiento, en cuanto desconoció los preceptos contenidos en dicho artículo 54A de su propio reglamento, no solo transgredió normas procesales de orden público, de derecho público y, por ende, de obligatorio cumplimiento (CPC, art. 6º), sino que con ello infringió, sin justificación alguna, principios constitucionales como los de igualdad, seguridad jurídica, legalidad, buena fe y publicidad de las decisiones de las autoridades públicas, amén de que con tal infracción se burló abiertamente de los compromisos internacionales asumidos por Colombia tanto con la firma y ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, como con las actuaciones que las autoridades colombianas —incluida la propia Corte Constitucional— desarrollaron para acoger y dar satisfacción a las recomendaciones de la comisión en su varias veces referido informe 44 de 2008.

Por lo demás, no puede perderse de vista que la eficacia, aplicación y primacía de los mandatos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos constituye deber y responsabilidad tanto de los ya mencionados organismos supranacionales —Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos—, como también de los jueces nacionales en desarrollo del denominado “control de convencionalidad”(32), por virtud del cual los órganos jurisdiccionales internos “procuran conformar la actividad del poder público —y, eventualmente, de otros agentes sociales—, al orden que entraña el Estado de derecho en una sociedad democrática”(33), del mismo modo que “el tribunal interamericano, por su parte, pretende conformar esa actividad al orden internacional acogido en la Convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados partes en ejercicio de su soberanía”(34).

De allí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera concluido a este respecto que así como “los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico”, de igual forma, cuando los Estados han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, los jueces internos están sometidos a ella y eso “los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”(35); por tal razón, en criterio de la Corte Interamericana “el poder judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos”(36), por manera que, en esa labor, “el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”(37).

1.3. La imposibilidad jurídica de que el juez de la acción de tutela pueda desplazar al juez natural de la causa y la inconstitucionalidad que entraña el que la Corte Constitucional usurpe funciones atribuidas por la Carta Política al Consejo de Estado como Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Además de la irregularidad mayúscula que se ha puesto de presente, es del caso destacar que el hecho de haber sustituido la decisión proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010), como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, además de implicar una clara usurpación de competencias por parte de la Corte Constitucional, también configuró una palmaria extralimitación de funciones que no encuentra soporte o respaldo en la normativa referente al contenido y a los efectos de las decisiones que pueda proferir esa corporación como consecuencia de la revisión de una sentencia de tutela. Ello se evidencia al considerar que el contenido de los fallos de revisión se encuentra expresamente regulado por los artículos 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991, así:

“ART. 35.—Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas.

La revisión se concederá en el efecto devolutivo pero la Corte podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 7º de este decreto.

ART. 36.—Efectos de la revisión. Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por esta”.

Obsérvese que el fallo al cual hacen referencia las normas transcritas es necesariamente el de tutela objeto de revisión, en los términos del inciso 2º del artículo 32 ibídem(38), y no el proferido por el juez natural frente al caso concreto del que se trate, comoquiera que entender que las disposiciones citadas facultan al juez de tutela para sustituir las providencias emitidas por el juez natural conduciría al absurdo de sostener que todos los pronunciamientos judiciales realizados tanto por la jurisdicción de lo contencioso administrativo como por la jurisdicción ordinaria, podrían ser proferidos, como tribunal de última instancia, por el juez constitucional so pretexto del desempeño de la función de revisión eventual atribuida a este, cuestión que evidentemente resquebrajaría la distribución de competencias constitucional y legalmente efectuada al interior de la rama judicial del poder público, con evidente menoscabo de la seguridad jurídica y del debido proceso, pues la decisión final del pleito sería adoptada por un juez que, se recalca, no es el natural de la causa litigiosa.

De otro lado, ha de tenerse en cuenta que el mecanismo de revisión eventual de decisiones adoptadas en sede de tutela no tiene por objeto permitir que la Corte Constitucional mantenga su competencia para conocer del proceso hasta el momento en el cual el derecho fundamental conculcado sea restablecido o reconocido, comoquiera que con el preciso propósito de constatar y asegurar la eficacia del fallo de tutela, el ordenamiento procesal instituyó el procedimiento de desacato en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991(39), al cual en modo alguno se acudió en el presente caso, porque precisamente la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, al suplantar de manera irregular, a la Sección Tercera del Consejo de Estado para dictar la sentencia de reemplazo, ni siquiera permitió que esta corporación pudiera determinar los alcances y efectos de la sentencia de revisión de tutela para efectos de acatar lo allí resuelto y, en esa medida, abrirle paso al mecanismo del desacato instituido en la ley para los casos de inobservancia del Consejo de Estado respecto de dicho fallo de tutela.

Dicho procedimiento de desacato tiene al menos dos indispensables presupuestos para abrirse paso, cuales son: (i) que el juez de tutela haya impartido, en su sentencia, una orden susceptible de ser obedecida por la autoridad demandada con el fin de que se restablezca el derecho que el juez constitucional consideró vulnerado o de que se haga cesar la amenaza que respecto de él se cierne y (ii) la consiguiente inobservancia de dicha orden por parte del(los) obligado(s) a acatarla; empero, dicha orden, en el presente caso, nunca se produjo, pues la Corte Constitucional, lejos de impartir una orden específica que pudiera y/o debiera ser atendida por el Consejo de Estado, se arrogó directa e inconstitucionalmente la facultad de proferir una sentencia de reemplazo, usurpando con ello la competencia funcional atribuida al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.

Con ese proceder, adicionalmente, la Corte Constitucional vulneró —por evidente extralimitación de sus atribuciones— lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, norma que al establecer cuál es el contenido que debe incorporar el fallo mediante el cual se pone fin al proceso iniciado en ejercicio de la acción de tutela, concomitantemente define la competencia del juez constitucional en esta materia y la circunscribe a impartir las órdenes necesarias para garantizar la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado, sin que ello incluya ni pueda incluir la potestad de adoptar directamente decisiones del resorte exclusivo de otras autoridades judiciales, con evidente desconocimiento de los principios de legalidad y del juez natural, según se ha expresado en precedencia:

“ART. 29.—Contenido del fallo. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener:

1. La identificación del solicitante.

2. La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o vulneración.

3. La determinación del derecho tutelado.

4. La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela.

5. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de 48 horas.

6. Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una norma incompatible con los derechos fundamentales, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá además ordenar la inaplicación de la norma impugnada en el caso concreto.

PAR.—El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio” (destacado adicional).

En ese orden de ideas, resulta indiscutible en el caso que ocupa la atención de la Sala Plena en el presente pronunciamiento, que jamás existió un fallo de tutela que contuviese orden alguna respecto de la cual hubiere sido posible siquiera predicar un posible desacato por parte del Consejo de Estado, pues la Sentencia T-511 de 2011 no constituye una decisión ejecutable por parte del Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos previstos por las referidas disposiciones del Decreto 2591 de 1991 que regulan el procedimiento de la acción de tutela, así como el trámite y los alcances de las decisiones proferidas en sede de revisión eventual por parte de la Corte Constitucional, en la medida en que este tribunal, se reitera, inconstitucional e irregularmente decidió pretermitir el procedimiento de desacato que habría tenido que agotar y, por consiguiente, sin competencia para obrar de esa manera, optó por dictar anticipadamente la sentencia que, en caso de haber resultado necesario —lo cual en el presente asunto no aconteció—, hubiere correspondido reelaborar al Consejo de Estado como Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo resulta claro que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Política, en el fallo en el cual se acceda a las solicitudes elevadas por el peticionario del amparo constitucional, “la protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”, atribución que de ninguna manera autoriza al juez de tutela para usurpar las competencias de otra jurisdicción, sin perjuicio de la facultad que le asiste de procurar la eficacia de las órdenes que con el anotado propósito imparta, previo agotamiento del procedimiento de desacato normativamente previsto con dicho fin, pues incluso la muy discutible “competencia preferente” de la Corte Constitucional en esta materia —de acuerdo con la autodenominación que a la misma ha asignado ese mismo tribunal(40)— se contrae exclusivamente al despliegue de las actividades o a la adopción de las decisiones necesarias para obtener el cumplimiento de sus órdenes, sin que, por las razones antes explicadas, esta atribución sea la que ejerció ni pudo o debió ejercer la Corte Constitucional en el presente caso comoquiera que en la Sentencia T-511 de 2011 la Corte no impartió orden alguna a la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Así las cosas, al dictar la Sentencia T-511 de 2011 y arrogarse la competencia para fallar de fondo el aludido recurso extraordinario de anulación impetrado contra el también mencionado laudo arbitral, asumiendo la condición de juez del recurso de anulación pero sin contar con facultades constitucionales ni legales que le pudieran servir de fundamento, la Corte Constitucional invadió abiertamente las competencias que tanto la Constitución Política como las leyes vigentes le atribuyen exclusivamente al Consejo de Estado para conocer de dichos recursos de manera privativa y en única instancia y, por esa vía, desconoció por completo tanto el principio del juez natural, como también el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, según cuyos mandatos imperativos “[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (se destaca).

Por su parte, también se tiene que en no pocos pronunciamientos(41) la jurisprudencia de la mismísima Corte Constitucional ha reconocido que “el derecho al juez natural es una garantía de carácter fundamental y un elemento inescindible del concepto del debido proceso. Solo la Constitución y la ley pueden constituir su estructura y asignarle competencias para conocer de determinados asuntos”(42), del mismo modo que ha puesto de presente la relación existente entre el derecho al juez natural y los principios de autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces, así como con los derechos de las personas a ser juzgadas en condiciones de igualdad, con sujeción a las leyes preexistentes al acto del que se trate —artículos 13, 29, 228 y 230 constitucionales—.

En ese orden de ideas, resulta incontestable que se produce una flagrante violación al debido proceso, por desconocimiento del derecho/principio al juez natural, cuando el juez de tutela se arroga competencias que no le son propias y se ocupa de adoptar decisiones del resorte exclusivo de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como con rotunda claridad y acierto lo ha indicado la propia Corte Constitucional al sostener que:

“Esa situación indica que la acción de tutela resulta improcedente en el caso en estudio, porque el juez de tutela no puede desplazar la competencia del juez natural, para tomar decisiones que no le corresponden...”(43) (se deja destacado).

La premisa que se acaba de dejar expuesta impone como corolario que la intervención del juez de tutela en el manejo dado por el juez natural a los casos y a los procesos que son de su competencia, es y debe ser de carácter completamente excepcional y extremadamente reducido, pues de lo contrario resultarían menoscabados tanto el anotado principio de juez natural como el de autonomía judicial, los cuales, por consiguiente, impiden que el sentenciador en sede de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio o de la aplicación normativa llevada a cabo por el juez ordinario o por el de lo contencioso administrativo, habida consideración de que el proceso de amparo constitucional no puede ni debe convertirse en una instancia de revisión de la actividad de valoración probatoria o de hermenéutica normativa que está llamado a desplegar a plenitud el juez que ordinariamente conoce de un determinado asunto. Así lo ha indicado, de forma clara y prolija, la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional:

“1.1.1. A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en Sentencia T-055 de 1997(44), determinó que, en tratándose del análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra gran importancia y trascendencia.

(...).

1.1.3. En tercer lugar, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, no constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez natural, en su labor, no solo es autónomo, sino que sus actuaciones se presumen de buena fe(45). En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural.

(...).

1.1.4. Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto(46) (destacado fuera del original).

(...).

Por último, es importante tener en cuenta que en análisis al que se acaba de hacer referencia, no le corresponde al juez de tutela establecer cuál debía haber sido la conclusión del juez después de un pormenorizado análisis de todos los anteriores elementos, “pero si es su obligación señalar que sin dicho análisis la providencia atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal”(47)(48) (destacado y subrayas adicionales).

Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 72 de la Ley 80, expedida en el año de 1993, vigente para el momento en que se profirió la sentencia correspondiente por parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, disponía(49):

“ART. 72.—Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

Norma legal transcrita que, por lo demás, no hizo sino precisar y reiterar el mandato que el legislador, con base en las facultades constitucionales consagradas tanto en el inciso final del artículo 116(50) de la Carta Política, como en los numerales 1º y 2º(51) del artículo 150 constitucional, estableció previamente a través del artículo 36 de la Ley 446 de 1998, al reformar el texto del artículo 128(52) del Código Contencioso Administrativo, disposición cuyo texto fue incorporado y compilado en el artículo 162 del Decreto 1818 de 1998, la cual atribuyó como competencia del Consejo de Estado, de manera privativa y en única instancia, la siguiente función:

“ART. 162.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

5. Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia solo procederá el recurso de revisión(53).

A su turno el Código Contencioso Administrativo, en el numeral 12 de su artículo 128, modificado por el artículo 20 del Decreto-Ley 2304 de 1989 y, en todo caso, antes de la reforma que le introdujo el aludido artículo 36 de la Ley 446 de 1998, estableció:

Titulo XIV

Determinación de competencias

Capítulo I

Competencia del Consejo de Estado

ART. 128.—En única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

(...).

12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, por las causales y dentro del término prescritos en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia no procede ningún recurso”.

Por su parte, el Decreto-Ley 01 de 1984, al adoptar el texto original del Código Contencioso Administrativo, en el numeral 12 de su artículo 128, ya había dispuesto:

“Titulo XIV

Determinación de competencias

Capítulo I

Competencia del Consejo de Estado

ART. 128.—En única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

(...).

12. De los de nulidad de los laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos administrativos, o de derecho privado de la administración en que se haya incluido la cláusula de caducidad, en los términos y por las causales previstas en el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil, pero ni la sentencia que decida la anulación, ni el laudo arbitral, serán objeto de recurso”.

Todas esas normas legales que a lo largo de los años, de manera consistente y uniforme, han regulado y atribuido competencia al Consejo de Estado para que, en única instancia y de manera privativa, sea la única corporación judicial que pueda conocer válidamente de los recursos extraordinarios de anulación que se promuevan o impetren contra los laudos arbitrales dictados en procesos arbitrales originados en conflictos en los cuales hubiere sido parte una entidad pública o estatal, como es natural, encuentran suficiente fundamento constitucional en el canon que erige al Consejo de Estado en el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, sin que sus funciones judiciales puedan ser desplazadas, desconocidas o invadidas por otra autoridad pública —incluida la Corte Constitucional— y sin que, por su carácter constitucional de Tribunal Supremo, pueda encontrarse funcional y menos jerárquicamente subordinado o sometido a otras corporaciones judiciales en torno a los asuntos de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así lo determina con toda contundencia y claridad el numeral 1º del artículo 237 de la Constitución Política:

“ART. 237.—Son atribuciones del Consejo de Estado:

1. Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley” (se destaca).

La anotada atribución que la Carta Política puso en manos del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, determina que es el Consejo de Estado, en este ramo de la jurisdicción, el órgano constitucionalmente llamado a unificar la jurisprudencia nacional en las materias que le han sido asignadas por la Constitución Política o por la ley con sujeción a dichos mandatos soberanos y, por tanto, es el único responsable de garantizar que tanto los jueces y tribunales que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al igual que los órganos y entidades que ejercen funciones administrativas, así como sus respectivos usuarios, cuenten con una jurisprudencia uniforme —que no inmutable— y constante, respetuosa de los principios de igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima, buena fe y publicidad de la actividad judicial, que sirva de manera efectiva y eficaz tanto como fuente auxiliar de la administración de justicia, cuanto como parámetro de actuación de una actividad administrativa que encuentre en los pronunciamientos judiciales los límites no rebasables al momento de adoptar decisiones y los criterios orientadores acerca del sentido en el cual las mismas pueden y/o deben producirse para resultar conformes con el ordenamiento jurídico.

La condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo asignada por la Carta Política al Consejo de Estado lo constituye en tribunal de cierre en este ámbito de la jurisdicción, por manera que los argumentos en los cuales se sustentan sus pronunciamientos están llamados a ser, por voluntad explícita del propio Constituyente, aquellos que orienten, de manera última y definitiva —al no existir instancia superior alguna constitucionalmente habilitada para el efecto—, la actividad de impartir justicia, encomendada a todos los jueces y tribunales que integran la especializada jurisdicción de lo contencioso administrativo(54).

En esa misma dirección resulta de la mayor importancia tener presente que en punto del cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas constitucionalmente al Consejo de Estado, resultan perfectamente aplicables aquellas puntualizaciones que la mismísima Corte Constitucional plasmó en su Sentencia C-037 de 1996, oportunidad en la cual, sin matices ni rodeos, concluyó —ratio decidendi— que resultaba abiertamente contrario a la Constitución Política que en el proyecto que finalmente se convirtió en la Ley Estatutaria 270 de 1996, se hubiera previsto que la Corte Suprema de Justicia pudiera conocer de recursos extraordinarios de revisión impetrados contra sentencias expedidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en asuntos de pérdida de investidura de congresistas, por manera que resulta inaceptable que ahora, en el caso concreto a que se refiere este pronunciamiento, la Corte Constitucional haya decidido desconocer por completo su propia jurisprudencia constitucional, sin motivación alguna que pueda servirle de explicación y menos de justificación.

Así se pronunció la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia C-037 de 1996, acerca de la soberanía y la autonomía que cabe predicar respecto de las funciones atribuidas directamente por la Carta Política al Consejo de Estado:

“... sin ningún asomo de duda, que la decisión respecto de la pérdida de la investidura le compete en forma exclusiva y autónoma al Consejo de Estado y más exactamente a la Sala Contencioso Administrativa. En consecuencia, ningún otro órgano perteneciente a cualquiera otra rama del poder puede entrar a revisar las determinaciones que sobre el particular adopte la citada Sala de esa corporación, pues con ello no solo se estaría desconociendo flagrantemente lo dispuesto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución, sino también se estaría atentando contra los artículos 113 y 228 superiores, que consagran la independencia del juez cuando la Carta le ha otorgado, como en el presente caso, una atribución exclusiva y autónoma para fallar” (énfasis agregado).

Así pues, acudiendo a las expresiones de la propia Corte Constitucional, hay lugar a precisar entonces que en la medida en que por mandato de la Constitución Política (art. 237-1) y de las leyes de la República (L. 80, art. 72, CCA, art. 128-5; D. 1818/98, art. 162; L. 1437, 149-7 y L. 1563/2012, art. 46) al Consejo de Estado le ha sido atribuida, de manera expresa, exclusiva y excluyente, la competencia para conocer, en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y juez natural, de los recursos extraordinarios de anulación que se promuevan contra laudos arbitrales resultantes de procesos en los cuales hubieren intervenido entidades estatales, “... ningún otro órgano perteneciente a cualquiera otra rama del poder puede entrar a revisar las determinaciones que sobre el particular adopte la citada Sala de esa corporación, pues con ello no solo se estaría desconociendo flagrantemente lo dispuesto en ... la Constitución, sino también se estaría atentando contra los artículos 113 y 228 superiores, que consagran la independencia del juez cuando la Carta le ha otorgado, como en el presente caso, una atribución exclusiva y autónoma para fallar”.

1.4. Los límites materiales a los cuales se encuentra sujeto el juez de tutela, aun en el discutible caso de la procedencia de esa acción contra providencias judiciales. La falta de relevancia constitucional en el asunto concreto.

De la misma manera resulta evidente y claro que el legislador cuenta con suficientes facultades constitucionales para regular todos los aspectos relacionados con la denominada justicia arbitral (composición, funcionamiento, procedimiento, efectos, alcances, facultades, etc.), incluyendo la consagración de recursos contra los laudos arbitrales —como el extraordinario de anulación— y la definición de las autoridades judiciales competentes para conocer de dichos recursos, puesto que al autorizar a los particulares para que, de manera transitoria, puedan administrar justicia en su condición de árbitros debidamente habilitados por las partes, la Constitución Política defirió a exclusivamente a la ley la determinación de todos los aspectos propios de la materia arbitral, de conformidad con el inciso final de su artículo 116, a cuyo tenor:

“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condiciónde jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley” (destacado y subrayado adicionales).

El entendimiento de que la propia Constitución Política defirió en forma expresa a la ley la regulación de los asuntos propios de la materia arbitral, ha sido reafirmado de manera precisa, clara y reiterada por la jurisprudencia de la mismísima Corte Constitucional, en los siguientes términos:

“6. En materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y concretamente en el arbitraje, el Constituyente otorgó al legislador un amplio margen de configuración, pues el artículo 116 de la Constitución es claro en autorizar su existencia en los términos que determine la ley. Así lo ha reconocido insistentemente esta corporación. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha advertido que “laintervencióndel legislador en esta materia, pese a ser discrecional, no puede convertir en inane la opción que el Constituyente otorgó a los sujetos involucrados en un conflicto de acceder a mecanismos alternos de administración de justicia”(55) (destacado y subrayas).

En idéntica dirección a la de los planteamientos que se han traído a colación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que los conflictos derivados de las discrepancias interpretativas respecto del sentido y de los alcances de disposiciones legales o reglamentarias —lo cual se encuentra a la orden del día en la actividad de los operadores jurídicos debido, entre otras razones, a la textura abierta del lenguaje normativo, así como a la frecuente tensión entre derechos, principios o intereses jurídicamente protegidos en cada caso concreto y a la posibilidad siempre latente de resolver de más de un modo jurídicamente razonable tales colisiones— no hacen parte de los asuntos que deban ser resueltos por el juez de tutela, al cual le está vedado —salvo casos de grosera y manifiesta arbitrariedad en los cuales, además, pueda identificarse una sola interpretación como la única constitucionalmente viable— entrar a terciar en tales debates y a imponer su particular interpretación del ordenamiento infraconstitucional como la única válida o admisible; cuestión que la ha plasmado en los siguientes términos:

“4. Esta corporación ha considerado que los conflictos que surgen en torno a la interpretación de normas de carácter legal o reglamentario, son, en principio, asuntos de orden legal que compete resolver a los jueces ordinarios o contencioso administrativos y escapan, por consiguiente, de la competencia del juez de tutela(56)(57).

Agréguese a lo anterior que en cuanto la Corte Constitucional se arrogó competencias que la Constitución Política y la ley le atribuyen exclusivamente al Consejo de Estado en su condición de Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ese tribunal también desconoció su propia y reiterada jurisprudencia acerca de las limitaciones a las cuales se encuentra sometido el juez de tutela, tal como lo evidencian, entre otros, los siguientes pronunciamientos:

En la Sentencia T-724 del 24 de agosto de 2006, se puntualizó(58):

“‘De manera pues que, el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en la órbita de competencia de la jurisdicción ordinaria, para entrar a decidir sobre el derecho a la libertad del acusado, porque es claro que quien debe examinar si la restricción de la libertad cumple con las garantías constitucionales y con los supuestos legales que la permiten es el juez del proceso, en la medida en que es ante él ante quien se ejercen los recursos procesales dispuestos para tal fin, así como también lo es que la Constitución Política dispuso que el recurso dehabeas corpusse utilice para la misma finalidad’.

(...).

Esa situación indica que la acción de tutela resulta improcedente en el caso en estudio, porque el juez de tutela no puede desplazar la competencia del juez natural, para tomar decisiones que no le corresponden” (subrayas y destacado fuera del texto original).

En la Sentencia T-087 del 8 de febrero de 2007, se precisó:

“5.3.2.3. Ahora bien, el Consejo de Estado, conforme al querer del Constituyente y a las disposiciones constitucionales correspondientes (C.P. art. 184), es el juez natural del proceso de pérdida de investidura y el competente para interpretar, aplicar y desarrolla los conceptos relacionados con las causales consagradas en la Carta para que proceda la figura. Por consiguiente, mientras su margen de interpretación sea razonable y se ajuste a los principios constitucionales y a aquellos propios de la actividad contencioso administrativa, no es posible en sede de tutela, imponer una interpretación diversa. Al juez de tutela le corresponde verificar, si la jurisdicción contencioso administrativa incurrió claramente en una interpretación arbitraria que comprometa al ordenamiento jurídico, caso en el cual se habrá presentado una vía de hecho”(59) (se destaca).

Lo expuesto pone de presente que en la que en apariencia sería la Sentencia T-511 de 2011, la Corte Constitucional se ocupó de dirimir un litigio carente en absoluto de relevancia constitucional por tratarse de una controversia derivada exclusivamente de la aplicación de normas de alcance legal y reglamentario, en una materia que, como el arbitramento —entre otros mecanismos alternativos de solución de conflictos—, fue deferida para su regulación por la Constitución de manera ilimitada y por completo a la ley, de suerte que es al juez natural de este tipo de litigios, para el presente caso la Sección Tercera del Consejo de Estado, al único que concierne aplicar en último término, a través de pronunciamientos que están llamados a hacer tránsito a cosa juzgada, las correspondientes previsiones normativas —legales y reglamentarias—, como en efecto lo hizo la Sección Tercera de esta corporación en la sentencia de 17 de marzo de 2010, dentro del proceso con Radicación 11001-03-26-000-2009-00032-00 (36.537), a través de una argumentación sólida y razonable que se pretendió dejar irregular y arbitrariamente sin efectos mediante el pronunciamiento T-511 de 2011 de la Corte Constitucional, que por consiguiente constituye una flagrante vía de hecho.

1.5. La Corte Constitucional no dio cumplimiento a lo previsto de manera expresa y precisa tanto en el Decreto 2591 de 1991, como en su propio reglamento para efectos de rectificar su propia jurisprudencia o apartarse de la misma, lo cual determinó la falta de competencia para producir un cambio jurisprudencial.

Según se dejó expuesto con amplitud en precedencia, la Corte Constitucional desconoció e inaplicó su propia jurisprudencia, puesto que se apartó por completo de aquellos precedentes jurisprudenciales —descritos con suficiencia anteriormente— que dicha corporación, de manera reiterada y consolidada, ha edificado y aplicado a lo largo de los años en relación con los siguientes aspectos: i) improcedencia de la acción de tutela frente a discrepancias interpretativas respecto de las decisiones que se ocupan de interpretar el sentido y los alcances de disposiciones legales o reglamentarias; ii) el juez de la acción de tutela no puede desplazar al juez natural de la causa y, por ende, no puede adoptar decisiones que no le corresponden y iii) la improcedencia de usurpar funciones atribuidas en forma directa y expresa por la Carta Política al Consejo de Estado como Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según los precisos términos de la Sentencia C-037 de 1996, antes descrita.

En ese sentido, además de las violaciones ya anotadas, para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado no existe el menor asomo de duda que mediante las consideraciones y determinaciones contenidas en la Sentencia T-511 de 2011, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas desconoció de manera palmaria la jurisprudencia de esa misma Corte Constitucional, en relación con cuyas rectificación o modificación, bueno es señalarlo, el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 05 de 1992 —contentivo del Reglamento Interno de la Corte Constitucional— prevén de manera clara y mandatoria que ello es de competencia exclusiva de la Sala Plena de dicha corporación judicial, previo el procedimiento previsto en forma precisa en los artículos 34 y 53 de los mencionados cuerpos normativos, los cuales, respectivamente, disponen:

“ART. 34.—Decisión en Sala. La Corte Constitucional designará los tres magistrados de su seno que conformarán la Sala que habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los tribunales del distrito judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo registro del proyecto de fallo correspondiente” (destacado y subrayas adicionales).

“(...).

ART. 53.—Cambio de jurisprudencia. En caso de cambio de jurisprudencia, la Sala de Revisión tomará las medidas necesarias para que la Sala Plena disponga de un término razonable para tomar su decisión.

Los estudios y propuestas que sobre el tema realice un magistrado, deberán ser sometidos junto con las ponencias respectivas, a consideración y análisis de la Sala Plena,si así lo solicita, para lo cual registrará en la secretaría oportunamente, el correspondiente escrito sustentatorio. En este caso, el magistrado comunicará al presidente su propósito de intervenir de la manera indicada, con el fin de que se prepare el debate.

A solicitud de cualquier magistrado, para los efectos de cambio de jurisprudencia, la Sala Plena podrá decretar la celebración de una audiencia pública, con participación de personas y entidades nacionales y extranjeras convocadas para tal fin.

Mientras la Sala Plena adopta la decisión sobre cambio de jurisprudencia, se suspenderán los términos de los respectivos procesos” (destacado y subrayas).

Así las cosas, resulta libre de cualquier de duda que la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-511 de 2011, también inobservó las disposiciones reglamentarias que de manera imperativa determinan que la Sala Plena de la Corte Constitucional, a través del trámite previsto en las normas antes transcritas, es la única competente para introducir cambios en su jurisprudencia, todo lo cual fue claramente inobservado dentro del caso sub examine por parte de la aludida Sala de Revisión de la Corte Constitucional, erigiéndose ello en una irregularidad adicional, constitutiva de vía de hecho.

Corolario: la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, por medio del fallo de Tutela 511 de 2011 y sin competencia para el efecto, dejó de lado en puntos sustanciales la jurisprudencia constitucional, cuando ello, según quedó expuesto, solo puede efectuarlo la Sala Plena de ese Alto Tribunal, previo el agotamiento y la observancia del procedimiento previsto en los artículos 34 del Decreto 2591 de 1991 y 53 del Acuerdo 05 de 1992.

1.6. Una irregularidad más: la ausencia total de pruebas en el expediente de la acción de tutela evidencian la carencia absoluta de soporte respecto de las decisiones de la Corte Constitucional. La anticipada e infundada presunción de mala fe que esa corporación predicó respecto de una supuesta pero inexistente conducta de desacato.

Al dictar la Sentencia T-511 de 2011, la Corte Constitucional efectuó consideraciones y valoraciones sin prueba alguna que le pudiera servir de sustento y decidió dejar sin efectos una Sentencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo sin siquiera haberla tenido a su disposición, comoquiera que la misma no fue formalmente incorporada en el expediente que la Corte Constitucional tuvo para surtir su actuación como juez de tutela y, por tanto, sin haber podido realizar un examen completo, responsable y serio de su contenido.

Pero además, vulnerando el mandato contenido en el artículo 83 de la Constitución Política(60), la Corte Constitucional, en la Sentencia T-511 de 2011, presumió la mala fe del Consejo de Estado para, con base en una sospecha carente por completo de asidero y de fundamento, concluir en una especie de —también— presunción anticipada de incumplimiento de la hipotética orden que se habría podido impartir al Consejo de Estado pero que nunca se produjo, pues, apoyada en la antedicha inconstitucional presunción de mala fe, eligió no impartir orden alguna con destino al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo para, con usurpación del lugar que constitucionalmente concierne a este, dictar una sentencia de reemplazo sin siquiera encontrarse en el escenario del trámite del imperativo procedimiento de desacato que sería el de ineludible observancia ante este tipo de circunstancias.

Por el contrario, tanto el Decreto 2591 de 1991 como la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional requieren que para aplicar la que dicho alto tribunal ha llamado “competencia preferente” para velar por el cumplimiento de los fallos de tutela, se haya incumplido realmente una orden de la Corte Constitucional, por manera que esa competencia preferente solo podría ejercerse una vez se hubiere demostrado el desacato y no con base en una simple y temeraria sospecha de desobediencia, del modo en que se procedió con la aparente Sentencia T-511 de 2011.

Por otra parte, la imparcialidad del juez constituye uno de los principios más caros al Estado de derecho e implica que el juez no tiene ni puede tener opiniones preconcebidas ni prejuicios al abordar el examen de el caso sometido a su consideración; en ese orden de ideas, al presumir el hipotético desacato por parte de la autoridad llamada a actuar o a abstenerse de hacerlo, como lo hizo la Corte en la Sentencia T-511 de 2011, lo que se puso en juego fue la confianza que las personas deben tener en los tribunales como instrumento necesario para asegurar la paz social y la vigencia de un orden justo en el marco de una sociedad democrática.

Como directa consecuencia de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado considera un grave atentado al Estado de derecho que la Corte Constitucional haya decidido arrogarse las competencias constitucional y legalmente reservadas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo sin que previamente se hubiere constatado la ocurrencia de un desacato, dando lugar así a la configuración de una verdadera vía de hecho, figura que en el ordenamiento colombiano cabe predicar, incluso siguiendo la propia jurisprudencia constitucional, respecto de “... aquellas ‘decisiones’ que formal y materialmente contrarían, de manera evidente y grave el ordenamiento constitucional, de modo que no pueden en realidad reputarse como verdaderas providencias judiciales”(61), cuestión que en esencia resulta coincidente con la tesis de la inexistencia de las decisiones judiciales de cuyo desarrollo se han ocupado tanto la jurisprudencia como la doctrina francesas(62).

1.7. Otras irregularidades en el caso de la referencia, a cargo de la Corte Constitucional: la resolución de fondo de un recurso extraordinario de anulación sin competencia y sin tenerlo siquiera a su disposición, dentro del respectivo expediente.

Al dictar la Sentencia T-511 de 2011, la Corte Constitucional resolvió, de fondo, sobre un recurso extraordinario de anulación impetrado contra una laudo arbitral sin que dicho recurso hubiere estado jamás en el expediente que tuvo a su disposición y, por tanto, sin haber podido conocer jamás —no al menos por los conductos formales y regulares que para las actuaciones judiciales establecen la Constitución Política y las leyes de la República— el texto del correspondiente recurso extraordinario, su contenido o su alcance, como tampoco nunca conoció ni tuvo a su disposición el pronunciamiento que, en relación con dicho recurso extraordinario y su correspondiente sustentación realizó la respectiva contraparte para efectos de oponerse a la prosperidad del aludido medio de impugnación, en ejercicio de su derecho fundamental a la defensa, derecho fundamental que, por tanto, también le fue desconocido y violado por la Corte Constitucional al proferir —sin competencia alguna para el efecto— decisión de fondo sobre el recurso respectivo sin haberse detenido a valorar o a considerar siquiera —sencillamente porque el escrito correspondiente nunca lo tuvo a disposición— los argumentos y las razones que en su momento esgrimió el Consorcio Mavig - Deprocon, vicio grave que en modo alguno puede considerarse superado por el solo hecho de que al finalizar tan irregular actuación se hubiera adoptado una decisión —en todo caso constitutiva de una evidente vía de hecho— que curiosa y sorprendentemente resultó coincidente con los intereses millonariamente pecuniarios del referido consorcio.

1.8. Otra irregularidad en la actuación de la Corte Constitucional: arrogarse inconstitucionalmente la competencia para resolver un recurso extraordinario formulado contra un laudo arbitral sin que el laudo impugnado se hubiere incorporado formalmente al expediente de la acción de tutela.

Al dictar la Sentencia T-511 de 2011, la Corte Constitucional decidió resolver de fondo el recurso extraordinario de anulación que, contra el correspondiente laudo arbitral, impetró la entidad pública convocada, pero sin que el Tribunal Constitucional hubiera incorporado nunca, en debida forma al expediente que tuvo a su alcance, el laudo arbitral impugnado.

1.9. Otra falencia constitutiva de vía de hecho: respecto de los documentos que se incorporaron al expediente de la acción de tutela de manera irregular y sorpresiva, jamás se brindó la oportunidad, a los interesados y/o las partes en esa actuación, para ejercer sus derechos fundamentales de contradicción o de defensa.

Al dictar la Sentencia T-511 de 2011, la Corte Constitucional efectuó valoraciones probatorias y adoptó decisiones judiciales con base en piezas y pruebas documentales que nunca se arrimaron en debida forma a su expediente; que nunca fueron decretadas como tales en el curso de la acción de tutela y respecto de las cuales nunca se permitió el ejercicio de los derechos de contradicción y de defensa a la parte demandada en la acción de tutela, puesto que de tales documentos nunca se corrió traslado alguno, amén de que —bueno es reiterarlo— los supuestos y aludidos medios de prueba nunca se decretaron como tales.

Con ese proceder, sin duda, al dictar la Sentencia T-511 de 2011, la Corte Constitucional incurrió en protuberantes yerros, claramente catalogables como auténticas vías de hecho; además, la Corte Constitucional no solo no quiso aprovechar la oportunidad que le brindó la interposición de la correspondiente solicitud de anulación de la referida sentencia de tutela para enmendar los protuberantes yerros a los cuales se aludió en precedencia, sino que insistió en ellos al proferir el Auto A-097 de 2013.

No sobra adicionar que en la Sentencia T-511 de 2011 se desconoció abiertamente, sin realizar siquiera una mínima alusión a dicha circunstancia, que en el fallo que dictó la Sección Tercera del Consejo de Estado el 17 de marzo de 2010 con ocasión del presente asunto, además de la nutrida y coherente interpretación que se dio a las normas legales que regulan las formalidades y elementos esenciales del negocio jurídico arbitral, fundamentó su decisión en un elemento probatorio presente en el expediente, cual fue la interposición del recurso de reposición por parte de la entidad pública convocada en contra de la providencia mediante la cual el tribunal de arbitramento decidió en su momento asumir la competencia para dirimir la controversia y que el fundamento de dicho recurso lo constituyó, precisamente, la circunstancia consistente en que el Distrito Capital manifestó no haber dado su consentimiento para que el litigio en cuestión pudiera ser zanjado válidamente por la justicia arbitral.

Finalmente, la corporación no puede dejar de adicionar a las ya anotadas y múltiples irregularidades, la contradicción insalvable y evidente en que incurrió la aludida Sentencia T-511 de 2001, puesto que, de una parte, después de efectuar el estudio del alegado “defecto orgánico” que se imputó al fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la correspondiente demanda de tutela, el Tribunal Constitucional consideró —tal como también lo hizo en su momento la Sección Tercera en su sentencia de 17 de marzo de 2010— que aunque los aspectos relacionados con la existencia del pacto arbitral no hubieren sido expresamente cuestionados en el correspondiente recurso extraordinario de anulación, examinarlos resultaba indispensable para verificar el cumplimiento del presupuesto que el artículo 116 de la Carta Política establece para que los particulares puedan administrar justicia de manera transitoria en condición de árbitros, presupuesto consistente en la habilitación que al respecto deben impartir las partes interesadas, dado que la existencia jurídica de la cláusula compromisoria constituye nada menos que tal habilitación y, por lo tanto, la Corte Constitucional concluyó entonces que no había irregularidad alguna en esa materia puesto que evidentemente le corresponde al juez de la anulación —es decir a la Sección Tercera del Consejo de Estado— pronunciarse de manera oficiosa sobre dicho tema, esto es —se repite— sobre la existencia de la cláusula compromisoria.

No obstante que los anteriores fueron los razonamientos que llevaron a la Corte Constitucional a tomar la decisión de desestimar el invocado “defecto orgánico”, de otra parte y en abierta contradicción para con tales planteamientos y para con su respectiva conclusión, esa misma corporación también concluyó que se habría configurado una vía de hecho en el fallo del Consejo de Estado por razón y con ocasión de los análisis y las conclusiones a los cuales arribó la Sección Tercera en cuanto, en su condición de juez natural, concluyó que en el caso concreto sometido a su examen no existía realmente una cláusula compromisoria puesto que la estipulación que en apariencia tenía la condición de tal, en realidad carecía de los elementos indispensables y esenciales para generar los efectos jurídicos propios de un pacto arbitral.

Así pues, si la procedencia del estudio sobre la existencia de la cláusula compromisoria como presupuesto insustituible para el funcionamiento de la justicia arbitral, fue avalada por la propia Corte Constitucional en cuanto encontró que el examen oficioso de ese aspecto forma parte de las funciones y responsabilidades que le corresponde adelantar al juez natural del recurso extraordinario de anulación, mal podía sostener entonces la misma Corte Constitucional, como finalmente lo hizo a través de su Sentencia T-511 de 2011, que el fallo del Consejo de Estado habría sido constitutivo de una vía de hecho por razón de las conclusiones que adoptó como resultado de dicho estudio.

Conclusiones que, aunque en la Sentencia T-511 de 2011 abusiva e infundadamente calificó como una “interpretación manifiestamente irrazonable de las disposiciones normativas aplicables”, encuentran apoyo amplio en la jurisprudencia que consistente y reiteradamente han desarrollado tanto el Consejo de Estado como la propia Corte Constitucional al referirse a la necesidad imperativa de que la habilitación que las partes impartan a los árbitros para que, en los términos del artículo constitucional 116, puedan impartir justicia de manera transitoria en el caso concreto, debe provenir de un acuerdo expreso y claro, puesto que solo de esa forma es posible tener por configurado el efecto procesal consistente en la renuncia que las partes realizan respecto de la jurisdicción institucional o permanente.

Ciertamente, acerca de la necesidad de que el pacto arbitral —sea a través de la cláusula compromisoria o de compromiso—, deba ser expreso, sin que haya lugar a aceptar la habilitación de los árbitros por vía implícita o tácita, entre muchos otros, se registra el pronunciamiento que la Corte Constitucional plasmó en su Sentencia C-060 de enero 24 de 2001, según la cual:

“Sobre este particular, no puede perderse de vista el hecho de que, tanto la cláusula compromisoria —que se incluye en los contratos con el propósito de hacer posible los arreglos arbitrales—, como el compromiso, son entidades jurídicas que surgen del acuerdo explícito de las partes y, como tal, son el resultado del análisis de circunstancias concretas que desde el punto de vista jurídico —incluso económico—, hacen recomendable recurrir a un tribunal de arbitramento (...)”(63). (destacado y subrayas).

Posteriormente, la Corte Constitucional sostuvo:

“Así, las funciones judiciales que se atribuyen a particulares deben ser conferidas de manera expresa, pues su carácter excepcional así lo exige (...)”(64) (se deja destacado).

En línea con lo anterior, a través de la Sentencia C-242 de mayo 20 de 1997, la Corte Constitucional indicó:

“... lo que indica que para que sea procedente la utilización de este mecanismo en la misión esencial de administrar justicia por particulares investidos transitoriamente de dicha facultad, se requiere indefectiblemente del consentimiento o la habilitación por parte de aquellos que han optado por someter sus conflictos a la decisión arbitral.

Lo antes expresado significa que, la mencionada habilitación a particulares para que ejerzan la función pública de impartir justicia, debe darse a través de un acuerdo interpartes de escoger el mecanismo del arbitramento como el instrumento adecuado y competente para resolver sus diferencias, a causa de la espontánea y libre voluntad de someterse al proceso arbitral, a cambio del conocimiento de las mismas por la jurisdicción ordinaria”(65) (se destaca).

A su turno, en providencia de mayo 9 de 2012, ese tribunal consideró:

“... El artículo 116 de la Constitución Política define el arbitramento con base en el acuerdo de las partes, que proporciona su punto de partida y la habilitación para que los árbitros puedan impartir justicia en relación con un conflictoconcreto. En tal medida, la autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes enfrentadas, en el sentido de sustraer la resolución de sus disputas del sistema estatal de administración de justicia y atribuirla a particulares.

En otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus disputas, la habilitación voluntaria de los árbitros es, por lo tanto, un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia de este mecanismo de resolución de controversias”(66).

Por su parte, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, con la misma orientación que las providencias antes descritas, ha precisado:

“Del contenido de las normas legales antes mencionadas puede concluirse que el pacto arbitral requiere de la expresa voluntad de las partes de someter a la decisión de un tribunal arbitral los conflictos que puedan surgir del contrato que celebraron”(67) (se destaca).

En ese mismo entendimiento, se ha considerado:

“En este orden de ideas, al existir una manifestación expresa e inequívoca de las partes, como la contenida en la condición décima cuarta de la póliza de manejo Global Bancario Nº 1999, es claro que esta jurisdicción pierde competencia para pronunciarse sobre la eventual responsabilidad surgida con fundamento en la póliza de seguro, más aún cuando las partes libremente no han renunciado a la jurisdicción arbitral”(68). [Énfasis añadido].

En providencia de 13 de febrero de 2006(69), se destacó:

“Así las cosas, es evidente que son las partes las que desde un primer momento, fijan el objeto del arbitraje, estableciendo, en el pacto arbitral, cuál o cuáles son las controversias que someten al conocimiento del tribunal que se ha de constituir, las que seguidamente, se deben reflejar de manera posterior en la demanda o convocatoria del tribunal, en la respectiva contestación y, si a ello hay lugar, en la demanda de reconvención y en la contestación a esta, pues todas ellas deben quedar enmarcadas dentro de lo convenido en el pacto arbitral, so pena de que no puedan ser objeto de pronunciamiento por el laudo”.

Y de manera reciente, se señaló:

“En cuanto a los elementos esenciales atinentes al fondo o al contenido del pacto arbitral —en especial en la modalidad de cláusula compromisoria—, la Sala, mediante el análisis de la regulación legal del arbitramento aplicable a este caso, ha considerado que ellos se encuentran integrados por: i) la identificación de los sujetos contratantes que dan su consentimiento; ii) la determinación del contrato fuente de las obligaciones del litigio eventual o presente y iii) la mutua e inequívoca decisión de someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal de arbitramento”(70) (se destaca).

1.10. La Corte Constitucional, al usurpar las competencias del Consejo de Estado y, por ende, al asumir —aunque en forma inconstitucional— la condición de juez natural respecto del recurso extraordinario de anulación, quedó sujeta a las normas procesales de orden público, de derecho público y de obligatorio cumplimiento aplicables al trámite y decisión de esos recursos extraordinarios, las cuales definen el debido proceso y el régimen probatorio, respectivamente.

Ocurre que la Sala Plena de la Corte Constitucional, al desestimar la petición de nulidad que elevó el Consejo de Estado respecto de la Sentencia T-511 de 2011, excusó la actuación —claramente irregular por todo lo que se expone a lo largo de esta decisión— de la Sala Quinta de Revisión de Tutelas en el carácter público de la acción de tutela, en la “informalidad” que estructura el trámite de esa clase de procesos y en lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, según el cual el juez constitucional, con base en su sana crítica, puede considerar que cuenta con elementos de juicio suficientes para dictar fallo(71).

Pues bien, si aún en gracia de discusión se aceptara que el juez de tutela, so pretexto de “... la unicidad del trámite de estos procesos públicos y constitucionales en cuanto a la aplicación de los principios de buena fe e informalidad que caracterizan la acción de tutela ...”(72), pudiera estar relevado o excluido del deber de aplicar los principios y las reglas procesales que orientan e inspiran el ordenamiento jurídico colombiano en materia probatoria, al punto entonces de permitirle al mencionado juez constitucional la posibilidad de que dicte fallos en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada, aún así lo cierto es que esa situación, extraña por completo al ordenamiento colombiano y solo aceptable en gracia de discusión como una hipótesis absolutamente excepcionalísima, de ninguna manera podría trasladarse al juez natural de la controversia, toda vez que por formar parte de la esencia misma del sistema jurídico colombiano —en cuanto se encuentra organizado como un Estado democrático y social de derecho— las decisiones de todos los jueces de la República deben y tienen que encontrar apoyo en las normas y en las pruebas que se alleguen en debida forma a cada caso, para evitar así que las decisiones judiciales puedan obedecer al simple capricho del operador judicial de turno.

Comoquiera que la Corte Constitucional, al arrogarse de manera indebida competencias que no le correspondían y, por consiguiente, al asumir en forma ilegítima la condición de juez natural del recurso extraordinario de anulación —competencia que, como ya se expuso con amplitud anteriormente, solo está deferida por la ley a la Sección Tercera del Consejo de Estado en forma privativa, excluyente y en única instancia—, al finalizar su tarea como juez constitucional y asumir el carácter de juez del recurso de anulación contra laudos arbitrales, quedó claramente supeditada a los preceptos normativos que inspiran y garantizan el debido proceso dentro de esa clase de asuntos, cuya observancia, desde luego, permiten que el juez de esa causa profiera de manera válida la sentencia correspondiente.

En ese sentido, no obstante que la Corte Constitucional en forma arbitraria e irregular usurpó la competencia del Consejo de Estado y a través de ello, basada en una simple sospecha y presumiendo de entrada la mala fe de esta corporación, procedió a dictar el fallo de reemplazó de la sentencia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el día 17 de marzo de 2010, resulta claro que en esa condición usurpada de juez “natural” de la causa, la Corte Constitucional tenía que respetar y garantizar el debido proceso de las partes que intervinieron en sede del recurso extraordinario de anulación, para cuyo efecto se encontraba en la obligación de adoptar el “fallo de reemplazo” con sujeción a lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, disposición que en los términos del artículo 6º de ese mismo estatuto procesal, por ser una norma procesal, es “... de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento...”, también obliga a los magistrados de la mismísima Corte Constitucional y de cuyo contenido se desprende, con total claridad y de manera imperativa, la importancia y la necesidad de la prueba, así:

“ART. 174.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso” (se destaca).

Ese mismo mandato lo reprodujo la Ley 1564, contentiva del código general de proceso, en su artículo 164, según los siguientes términos:

“ART. 164.—Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de plena derecho” (destacado del original).

Pero no, la Corte Constitucional, sin el menor respeto por el debido proceso de los intervinientes en el trámite del aludido recurso de anulación, sin competencia para ello, prescindiendo de la aplicación de las normas procedimentales que gobiernan el régimen probatorio en el sistema jurídico colombiano y amparada en la ausencia de formalismos y ritualidades que según dicha corporación inspiran la naturaleza pública de la acción de tutela pero que de ninguna manera se aplican al estudio y decisión de los recursos de anulación de laudos arbitrales, profirió nada menos que una sentencia para resolver el fondo de dicho recurso extraordinario de anulación pero sin que en su expediente hubiese tenido a disposición, siquiera, el escrito contentivo del recurso que decidió conocer y desatar de fondo.

Y como si fuese poco, que desde ningún punto de vista puede serlo, en esa misma e irregular condición de juez del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales —que ya no como juez de la acción de tutela— la Corte Constitucional profirió un fallo mediante el cual desató un recurso interpuesto contra una decisión arbitral que tampoco fue incorporada formalmente al respectivo expediente.

A lo anterior se añade que la Corte Constitucional, como supuesto juez natural de la controversia suscitada por vía del recurso extraordinario de anulación interpuesto por la entidad pública convocada, nunca conoció —porque se reitera que jamás tuvo a su disposición, siquiera, el expediente contentivo del laudo arbitral y del consiguiente recurso extraordinario de anulación contra él propuesto—, la oposición que frente a esa impugnación extraordinaria realizó la respectiva contraparte para efectos de oponerse a la prosperidad del referido medio de impugnación.

De conformidad con lo expuesto, es claro que una vez la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional dejó de fungir como juez de la acción de tutela y, por lo tanto, asumió —aunque de manera ilegítima— la condición de juez del recurso de anulación de laudos arbitrales, quedó sujeta a la aplicación y a la observancia de las disposiciones normativas que regulan el régimen probatorio, amén de que debía entonces garantizar la efectividad del debido proceso, pero por el contrario procedió a proferir una decisión de fondo, nada menos que una sentencia, incurriendo en las evidentes, inexcusables e insalvables deficiencias procedimentales ya anotadas.

2. Precedentes jurisprudenciales que consolidan la firme postura del Consejo de Estado en defensa de sus competencias.

En el marco del panorama descrito, con el fin de sustentar aún más los pronunciamientos que serán adoptados en la parte resolutiva de la presente providencia, esta Sala estima necesario, conveniente y oportuno reiterar los argumentos que en precedente ocasión formuló esta misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de manera unánime al constatar que la Corte Constitucional, de forma análoga a como lo hizo en el presente caso, irrumpió inconstitucional e ilegalmente en la órbita competencial del Consejo de Estado, con flagrante transgresión de los principios constitucionales del debido proceso, del juez natural, de contradicción y de defensa, además de introducir, con ese proceder, gravísimos ingredientes de incertidumbre jurídica y de inestabilidad en el orden jurídico, con la afectación que ello comporta para el cabal funcionamiento de la administración de justicia, para la supremacía de la Constitución Política y, lo que es más importante, para la convivencia armónica y pacífica de los habitantes del territorio colombiano.

En la oportunidad referida y en el sentido que se ha dejado señalado, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado expuso las consideraciones que se transcriben a continuación y que, por su pertinencia y claridad, ahora se reiteran y reafirman para el caso concreto que ocupa la atención de esta misma corporación:

“No obstante, la Corte Constitucional, usurpando el papel del juez de conocimiento en última instancia, y desconociendo por vía de jurisprudencia, —contenida en un comunicado de prensa—, las funciones que el ordenamiento jurídico asigna al Consejo de Estado, pretendía que la valoración de una prueba, a la que de forma errónea considera prueba reina, concluyera en las consecuencias favorables que la demandante reclama.

Ello atenta contra el ordenamiento jurídico y desconoce además los derechos procesales de audiencia y de defensa (...).

(...).

3. Conforme al artículo 121 de la Constitución Política: ‘Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la ley’, de lo cual se deduce que si algún juez, —y la Corte Constitucional lo es—, asume competencias ajenas, desborda el principio de legalidad y debe ser investigado por tal actuación.

En el ilegal auto, la Corte Constitucional desbordó su función de intérprete autorizado de las normas jurídicas, para llegar al extremo de indicarle al juez natural la forma como debe valorar una prueba. Con desconocimiento de la razón de ser de los órganos de cierre de las otras jurisdicciones y con grave quebrantamiento del principio de la autonomía del juez en la valoración de la prueba en conjunto con la comunidad probatoria del proceso.

Pero además la Corte Constitucional distorsionando la función de ser el guardián de la Carta, termina desconociendo su contenido y, por el contrario, arrogándose la facultad para violarla, puesto que se atribuye funciones que no le están dadas ni por la Constitución ni por la ley. Ello afecta sin duda alguna un aspecto esencial del Estado de derecho, el atinente a la división de las funciones que cumplen los órganos que integran una rama del poder público, y lesiona gravemente la integridad de las instituciones, introduciendo con ello la dictadura de un órgano del poder público que considera que no tiene límites, ni siquiera en la Constitución que dice salvaguardar.

Ante tan grave situación, es deber del Consejo de Estado reivindicar la vigencia del artículo 4º de la Constitución Política que establece que la Carta es la norma de normas y que es deber de todos los ciudadanos, incluso los miembros de la Corte Constitucional, acatar sus disposiciones”(73).

También se invoca en esta oportunidad como apoyo y antecedente en relación con el pronunciamiento que aquí habrá de adoptarse, la providencia que profirió la misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en junio 29 de 2004, mediante la cual se abordó el examen de la Sentencia T-1232 de 2003, emanada de la Corte Constitucional, en cuanto se concluyó que dicha sentencia de tutela se produjo “en contravía de los mandatos de la Carta Política, sin competencia constitucional alguna, suplantando al Consejo de Estado en el ejercicio de su función como único juez en materia de pérdida de investidura de congresistas...”(74).

En el mismo sentido, a través de providencia de 2 de noviembre de 2004, esta Sala Plena también se refirió a la sentencia de tutela que profirió el día 1º de septiembre de 2004 la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional “... por haberse producido en contravía de los mandatos de la Carta Política, sin competencia constitucional alguna, suplantando al Consejo de Estado y a los demás órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en el ejercicio de su función como jueces naturales en materia de acciones contencioso administrativas y con desconocimiento de la cosa juzgada constitucional ...”(75).

En línea con los reiterados pronunciamientos que se dejan relacionados, la Sala estima pertinente traer a colación otras decisiones importantes de la corporación, mediante las cuales, en su condición de Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ha determinado igualmente la imperiosa necesidad de defender su jurisprudencia así como la autonomía y las competencias que le han sido atribuidas directamente por la Constitución Política, ante los desbordamientos que en contra de ellas ha efectuado la Corte Constitucional a través de algunas de sus providencias, incluso distintas de las que ha proferido en sede de tutela.

Así, el Consejo de Estado a través de providencia de 4 de marzo de 2003 defendió su jurisprudencia en punto al ejercicio y a las finalidades de las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, con ocasión de una fallo de constitucionalidad de la Corte Constitucional que pretendió “rectificar” y con ello desconocer la jurisprudencia de esta corporación en relación con dichos temas; al respecto puntualizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

“Por cuanto la Corte Constitucional ha expuesto un criterio diferente que incide en la procedibilidad de las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, se hace necesario reexaminar el asunto, con el fin de que la corporación ratifique su doctrina en la materia o la modifique, teniendo o no en cuenta las opiniones de la Corte Constitucional (...).

(...).

Las consideraciones que se acaban de citar de la decisión de la Corte muestran con claridad que dicha corporación judicial juzgó la jurisprudencia del Consejo de Estado contraria a la Constitución, pues en su opinión contrariaba los principios de libre acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, del debido proceso.

(...).

VI. El Consejo de Estado es autónomo en la producción de su jurisprudencia

Establecido así el hecho de que en el ordenamiento jurídico colombiano existe un control difuso de constitucionalidad, cuyos titulares son la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, forzoso es concluir que ambos son órganos límites en el ejercicio de sus propias competencias, a menos que uno de ellos no respete los estrictos y precisos términos que le impone la Constitución en el cumplimiento de su función de control, caso en el cual su decisión se torna ilegítima.

De otra parte, el Consejo de Estado, por disposición del constituyente, tiene la calidad de ‘tribunal supremo de lo contencioso administrativo’, según mandato vinculante del numeral 1º del artículo 237 de la Constitución Política. En esa condición de tribunal supremo, no tiene superior que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones en la administración de justicia, por la elemental razón de que dejaría de ser supremo, si sus fallos pudieran ser determinados por otra autoridad judicial o política. Solamente en el evento de que se reforme la Constitución en dicha materia, ello sería posible.

(...).

Habida cuenta, entonces, de su calidad constitucional de ‘Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo’, sus decisiones no son susceptibles de cuestionamiento posterior por órgano alguno. Sería necesario una reforma constitucional para que ello fuera posible y como esta no ha tenido lugar, cualquier pretensión de interferencia en la autonomía que debe caracterizar el cumplimiento de su función jurisdiccional, es inaceptable y le es inoponible en la toma de sus decisiones. Es principio incontrovertible que en la producción de su jurisprudencia el Consejo de Estado es autónomo”(76) (se destaca y subraya).

En dirección similar, esta misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de manera muy reciente, se apartó de aquello que según un comunicado de prensa decidió la Corte Constitucional en su Sentencia C-400 de 2013, al sostener que las sentencias que profiera el Consejo de Estado dentro de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad supuestamente no harían tránsito a cosa juzgada constitucional; en dicho pronunciamiento la Sala precisó:

“Las normas y la jurisprudencia citada son concluyentes en cuanto a la competencia constitucional del Consejo de Estado, como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, para decidir sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, mediante una confrontación directa entre la norma atacada y la disposición constitucional que se considera violada.

Respecto de los efectos de una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad, cabe recordar que la Carta Política, en el artículo 237 numeral 2º, le atribuye al Consejo de Estado, como se dijo antes, la competencia para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, lo que definitivamente le otorga sobre ellos, sin lugar a dudas, la potestad de dictar sentencias con fuerza de cosa juzgada constitucional, por varias razones: (i) porque es deber de todas las autoridades respetar la Constitución y ejercer sus funciones a la luz de ella; (ii) porque dentro del sistema de control constitucional adoptado en Colombia, el Consejo de Estado forma parte de lo que se denomina la jurisdicción constitucional; (iii) porque al otorgarle la Carta la facultad de conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, el mismo constituyente le está asignando al fallo que en tal virtud se expida, el efecto de cosa juzgada, y (iv) dado que la acción cuya competencia se atribuye al Consejo de Estado por el artículo 237 numeral 2º es la de nulidad por inconstitucionalidad, el efecto necesariamente debe ser el de cosa juzgada constitucional, sin que ello implique que se esté invadiendo la competencia de la Corte Constitucional.

Una interpretación diferente sobre el control de constitucionalidad que ejerce el Consejo de Estado, como la que según el comunicado de prensa hizo la Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 2013, al declarar la nulidad (sic) de la expresión ‘constitucional’ contenida en el inciso 3º del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, cuyo tenor es: ‘Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes’, resulta abiertamente inconstitucional y quiebra la coherencia que el constituyente imprimió al control de constitucionalidad.

En efecto, con tal interpretación la Corte no solo hace nugatorio el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política y con ello lo borra de un plumazo, sin competencia para ello, sino que parece evidenciar una confusión, inaceptable tratándose del Tribunal Constitucional, entre la acción de nulidad por inconstitucionalidad cuya competencia asignó el citado artículo al Consejo de Estado, de una parte, y la llamada ‘excepción de inconstitucionalidad’ (C.P. art. 4º), que si bien pueden aplicar los jueces, también puede ser invocada por cualquier funcionario público, y tiene solo efectos interpartes, de manera que con la interpretación de la Corte la acción de nulidad por inconstitucionalidad perdería todo su valor.

Adicionalmente, por vía de esa interpretación no solo se llega al absurdo de concluir que el Consejo de Estado quebranta la Carta Política al ejercer con fuerza de cosa juzgada constitucional una competencia que, con tales efectos, la misma Constitución le ha dado, sino que se desconocen principios caros al derecho como: (i) el de cosa juzgada constitucional que, en la calidad de juez constitucional la Carta atribuye al Consejo de Estado en el artículo 237-2 y (ii) el de la seguridad jurídica que ello implica y a la cual tienen derecho los ciudadanos.

Esa tendencia se evidencia una vez más en la interpretación expuesta en el comunicado de prensa de la Sentencia C-400 de 2013, donde la Corte Constitucional, como ocurrió con la expedición del Auto 249 de 2006, y así, como lo hace ahora, se lo reprochó entonces esta Sala, traiciona el querer del constituyente, distorsiona la función de guardián de la Carta que le ha sido encomendada, termina desconociendo su contenido y se arroga la facultad para violarla, al desconocer el alcance del numeral 2º del artículo 237 del Ordenamiento Superior”(77).

De esta manera y con apoyo en la argumentación que se acaba de transcribir, aunque ello no quedó expresamente consignado en el fallo que acaba de transcribirse parcialmente, el Consejo de Estado concluyó acerca de la necesidad de dejar de lado y, por ende, no aplicar la Sentencia C-400 de 2013 por encontrarla contraria a la Constitución Política, toda vez que si bien la Corte Constitucional, en su decisión, dispuso declarar inexequible la expresión “constitucional”(78) que la ley previó en relación con las sentencias proferidas por el Consejo de Estado y con ello pretendía expulsar del mundo jurídico la existencia de los efectos de cosa juzgada constitucional respecto de los fallos que en ejercicio de sus funciones constitucionales llegue a proferir el Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que esta misma Sala, en la referida sentencia de 30 de julio de 2013, no vaciló en decidir lo siguiente:

“Estese a lo resuelto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en providencia de 4 de diciembre de 2001, con ponencia de la consejera Olga Inés Navarrete Barrero, en el proceso radicado con el número 11001-03-24-000 2000-6454-01(AI-2-6454), que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional (...)” (se destaca y subraya).

Así pues, de conformidad con todo lo expuesto y con fundamento en los reiterados y consolidados pronunciamientos que se dejan descritos, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declarará que la Sentencia T-511 de 2011 y el Auto A-097 de 2013, ambas decisiones proferidas por la Corte Constitucional, son constitutivas de vías de hecho, exigirá el respeto de las competencias y funciones que la Constitución Política y las leyes de la República le han atribuido en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y exhortará enérgicamente a la Corte Constitucional a respetar las competencias y funciones que constitucional y legalmente corresponden a otras corporaciones, órganos y ramas del poder público en Colombia y a cumplir las que a esa Corte le han sido asignadas, tal como la propia Constitución Política lo ordena y dispone, en sus “estrictos y precisos términos”, dentro de los límites de sus específicas atribuciones.

3. Recapitulación acerca de las diversas circunstancias que en el caso concreto configuran vías de hecho.

Tal como se ha desarrollado con detalle a lo largo del presente pronunciamiento, en el asunto concreto que dio lugar a la expedición de las que en apariencia serían decisiones adoptadas en sede de revisión de las sentencias de tutela, la Corte Constitucional incurrió en tantas, tan groseras y tan protuberantes irregularidades, entre muchas otras razones i) por violación a disposiciones y principios de orden constitucional; ii) por vulneración a compromisos y mandatos de índole internacional, exigibles en el ordenamiento jurídico colombiano; iii) por vulneración de mandatos imperativos consagrados en leyes vigentes y iv) por desconocimiento inexcusable de procedimientos consagrados como obligatorios en el reglamento de la mismísima Corte Constitucional, que de manera natural y obvia se impone concluir que esas decisiones resultan constitutivas de flagrantes vías de hecho.

A manera de síntesis conviene recapitular entonces cuáles fueron aquellas evidentes irregularidades en que, en este caso, incurrió la Corte Constitucional, cada una de las cuales, por sí misma, resulta suficiente para evidenciar la configuración de una vía de hecho, todo sobre la base de entender que incluso dentro del temperamento de la jurisprudencia de ese mismo Tribunal Constitucional, deben tenerse como constitutivas de tales:

“... aquellas actuaciones arbitrarias que el funcionario judicial desarrolla dentro de la dirección y sustanciación de un proceso. Por consiguiente, suceden estas circunstancias cuando el juez se aparta de la ley, con lo cual vulnera derechos constitucionales fundamentales”(79).

Cuestión que en otra ocasión —según ya se refirió anteriormente—, la misma Corte Constitucional conceptualizó al sostener que la vía de hecho se configura cuando se trata de

“... aquellas ‘decisiones’ que formal y materialmente contrarían, de manera evidente y grave el ordenamiento constitucional, de modo que no pueden en realidad reputarse como verdaderas providencias judiciales, pues solo son arbitrariedades con apariencia de tales”(80) (se destaca).

Así pues, del análisis pormenorizado de la actuación que dio lugar al presente proveído, indefectiblemente cabe concluir que:

3.1. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional violó el artículo 54A de su propio reglamento, comoquiera que antes de que la Sala Quinta de Revisión resolviera de fondo la acción de tutela interpuesta contra una sentencia del Consejo de Estado, no se profirió decisión alguna de la Sala Plena de esa corporación en cuya virtud se hubiere definido si avocaba, o no, el conocimiento de ese asunto;

3.2. Hubo vía de hecho en cuanto la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional procedió, sin competencia para ello —en cuanto no hubo el pronunciamiento previo que expresamente exige el artículo 54A del reglamento de esa corporación—, a fallar de fondo la selección que hizo de la sentencia de tutela proferida en relación con la acción promovida en contra de la sentencia con la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió, con sujeción a sus competencias constitucionales y legales, el correspondiente recurso extraordinario de anulación;

3.3. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional incumplió los compromisos que generó en nombre del Estado colombiano para con el sistema interamericano de derechos humanos al adoptar los procedimientos establecidos en el artículo 54A de su reglamento interno para la decisión de fondo de las sentencias de tutela seleccionadas para revisión en relación con fallos del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia;

3.4. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, sin competencia alguna para ello, en su supuesta condición de juez de la revisión de los fallos de tutela, se arrogó arbitrariamente la facultad de desplazar al Consejo de Estado como juez natural de la causa, constitucional y legal instituido para el efecto, en la decisión de fondo del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales;

3.5. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, sin competencia alguna para ello y abierta violación de los artículos 121 y 237-1 de la Carta Política, se autoatribuyó la condición de juez del recurso extraordinario de anulación y de esa manera usurpó las funciones constitucional y legalmente atribuidas, de manera exclusiva y excluyente, al Consejo de Estado como tribunal supremo que es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo;

3.6. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, desnaturalizando el alcance de la acción de tutela y los poderes atribuidos al juez constitucional para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, así como desconociendo de manera infundada e incluso sin motivación su propia jurisprudencia, al resolver la acción de tutela promovida contra la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió imponer, sin más, su único y muy discutible criterio para la solución de la controversia jurídica en examen, desconociendo por completo las potestades de valoración, razonamiento y apreciación que la Constitución Política y las leyes de la República le atribuyen a los jueces de la República en general y al Consejo de Estado en especial, en su mencionada condición de Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;

3.7. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-511 de 2011, inobservó las disposiciones normativas que definen e imponen el trámite que imperativamente debe respetarse para que la Sala Plena de la Corte Constitucional pueda rectificar o modificar su propia jurisprudencia, lo cual incluye la opción de desatender o apartarse de la misma;

3.8. Hubo vía de hecho en cuanto la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-511 de 2011 y sin competencia para el efecto, modificó y desatendió de manera palmaria la jurisprudencia de dicha corporación, facultad que solo le asiste a la Sala Plena de la Corte Constitucional, según los precisos términos de los artículos 34 del Decreto 2591 de 1991 y 53 del Acuerdo 05 de 1992;

3.9. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional decidió, sin justificación y sin motivación alguna al respecto, seleccionar para revisión, examinar de fondo e incluso decidir como si estuviese autorizada normativamente para actuar como juez del recurso extraordinario de anulación, el fallo que en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo expidió en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales la Sección Tercera del Consejo de Estado, a pesar de que los asuntos en él debatidos, todos ellos circunscritos al trámite y procedencia del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales y en particular los requisitos establecidos por el ordenamiento vigente para la eficacia de las cláusulas compromisorias, son materias reguladas en su integridad por la ley y los reglamentos, en cuanto así lo defirió por completo el artículo 116 de la Constitución Política y, por tanto, son cuestiones que carecen por completo de relevancia, de importancia y de significado de índole constitucional;

3.10. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional decidió de fondo el caso concreto, en supuesta sede de revisión de los fallos de tutela, sin contar con soporte probatorio alguno acopiado e incorporado de manera regular, oportuna y debida dentro del correspondiente expediente de tutela.

3.11. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, además de arrogarse inconstitucionalmente la función de resolver de fondo el recurso extraordinario de anulación, procedió a ello sin siquiera haber incorporado o dispuesto del recurso correspondiente dentro de su respectivo expediente;

3.12. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, además de arrogarse de manera abusiva y arbitraria la función de resolver de fondo el recurso extraordinario de anulación, procedió a ello sin siquiera haber tenido a su disposición y menos haber incorporado en su expediente, la oposición que frente a dicho recurso extraordinario expuso en su debida oportunidad —ante el Consejo de Estado— la contraparte a quien, en ejercicio de su derecho fundamental de defensa, le asiste la garantía de expresar sus opiniones, criterios y argumentos en relación con la aludida impugnación extraordinaria;

3.13. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional decidió pronunciarse de fondo, tanto como juez constitucional de tutela como al actuar como juez del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales, a pesar de que todas las manifestaciones formuladas en la demanda de tutela giraron alrededor de un laudo arbitral, de las actuaciones que se cumplieron durante el proceso arbitral e incluso acerca de lo que aconteció durante el trámite del recurso extraordinario de anulación, pero sin que esa Corte contara siquiera, dentro de su expediente, con el respectivo expediente arbitral;

3.14. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, para darle aluna apariencia de legalidad a sus pronunciamientos incluyó en su expediente, de manera irregular y extemporánea, documentos que por expreso mandato del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil carecen de valor probatorio y no pueden ser apreciados por los jueces en el país, en cuanto carecen de firma de sus supuestos autores.

3.15. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, con el afán de brindarle una apariencia de soporte fáctico a su irregular actuación, incorporó, también de manera indebida, algunos documentos a su expediente pero en relación con ellos jamás le brindó a las partes e interesados en la acción de tutela oportunidad alguna de ejercer respecto de los mismos sus correspondientes derechos fundamentales de contradicción y de defensa;

3.16. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, sin soporte probatorio o fáctico alguno, en contra de claros principios constitucionales como los que recoge el artículo 83 de la Carta Política, decidió presumir la mala fe con la cual en el futuro procedería el Consejo de Estado al no acatar las órdenes que pudiera impartirle el juez de la acción de tutela y sobre esa premisa falsa quiso legitimar la inconstitucional decisión de arrebatarle al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo las competencias que, de manera exclusiva y excluyente, le han sido asignadas por la Constitución y por las leyes para conocer de los recursos extraordinarios de anulación de laudos arbitrales proferidos en procesos generados en contratos estatales;

3.17. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional decidió desconocer, sin más, todas las normas que consagran y regulan la figura del desacato en materia de las sentencias proferidas en virtud de las acciones de tutela, con lo cual impartió un trámite irregular a su actuación; asumió y dio por sentado de manera anticipada e infundada que en este caso se iría a configurar un desacato; desconoció por completo los derechos fundamentales que asisten a la autoridad que se le acusa de desacatar una orden emanada del juez constitucional de la acción de tutela; sin fundamento alguno resolvió anticipada e irregularmente que ya se había producido un desacato;

3.18. Hubo vía de hecho en cuanto la Corte Constitucional, una vez dejó de fungir como juez de tutela y decidió de manera indebida asumir la condición de supuesto juez natural de la causa, debió observar y aplicar las disposiciones normativas que regulan el régimen probatorio en el ordenamiento colombiano, amén de que debía garantizar la efectividad del debido proceso, pero por el contrario procedió a proferir una sentencia precedida por completo de irregularidades y vicios procedimentales inexcusables.

En fin, hubo vía de hecho, como resulta apenas natural y obvio, por la suma y concurrencia, en un mismo y único caso, de todas las irregularidades y arbitrariedades que han quedado reseñadas y que empañan la actuación que impulsó en este caso una corporación que, lejos de estar llamada a maltratar —como sorprendente y desafortunadamente aquí lo hizo— el ordenamiento jurídico vigente, así como los valores y principios que lo inspiran, fundamentan y orientan, tiene el supremo deber de dar ejemplo de respeto y cumplimiento por las directrices, los mandatos y las disposiciones consagradas en la Constitución Política y en las leyes de la República en todos los órdenes, empezando por aquella que constituye fundamento insustituible de un Estado democrático y constitucional de derecho: la separación de funciones, la asignación de competencias y la existencia de límites en el ejercicio del poder público.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

1. DECLARA que tanto la Sentencia T-511 de 2011 proferida por la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, como el Auto A-097 de 2013 emanado de la Sala Plena de la Corte Constitucional, constituyen sendas vías de hecho por haberse proferido en contra de los mandatos de la Carta Política, sin competencia constitucional ni legal alguna para el efecto, suplantando al Consejo de Estado tanto en el ejercicio de su función de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, como en su condición de juez natural de la causa, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

2. EXIGE, de parte de la Corte Constitucional, respeto por las competencias y las funciones que la Constitución Política y las leyes de la República han atribuido, de manera precisa y privativa, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en general y al Consejo de Estado en particular, en su condición de tribunal supremo de aquella.

3. EXHORTA a la Corte Constitucional para que, en cumplimiento de los mandatos constitucionales cuya guarda le corresponde; en defensa del ordenamiento constitucional y legal vigente en el país; en defensa de la institucionalidad, del sistema democrático y del Estado social y de derecho, así como en garantía, entre muchos otros, de los principios constitucionales del debido proceso, del juez natural, de seguridad jurídica, de legalidad y de separación de funciones, ejerza sus competencias únicamente dentro de los “estrictos y precisos términos” que, de manera imperativa, le señala la misma Constitución Política.

Con este propósito, por secretaría, se remitirá a la Corte Constitucional y a cada uno de los magistrados que la integran, copia íntegra y auténtica de la presente providencia.

4. DECLARA que la violación y el desconocimiento de las competencias, los principios y los valores establecidos en el ordenamiento vigente, los cuales a su vez le sirven de fundamento, desequilibra la institucionalidad jurídica y democrática que caracterizan a Colombia como un Estado social de derecho, al tiempo que constituye una afrenta al principio de legalidad que constituye fundamento de los derechos y garantías de los colombianos y a la vez regla de forzosa obediencia para todas las autoridades estatales, incluida la Corte Constitucional.

5. DECLARA que sin perjuicio de reafirmar su vocación de respeto y sumisión por los principios y valores que inspiran y orientan la Constitución Política, así como por los mandatos que emanan de ella, entre los cuales se encuentran todos los anteriormente enunciados, el Consejo de Estado también se encuentra en el irrenunciable deber de exponer su rechazo, su inconformidad y preocupación por la inestabilidad que para el régimen democrático generan prácticas y decisiones constitutivas de exceso en el ejercicio del poder público por parte de otras corporaciones jurisdiccionales, en particular cuando proceden desplazar del ejercicio de sus facultades al juez natural de la causa.

Alfonso Vargas Rincón, Presidente—Hernán Andrade Rincón—Gerardo Arenas Monsalve, se abstuvo de votar—Hugo F. Bastidas Bárcenas, se abstuvo de votar—Lucy Jeannette Bermúdez B.—Martha Teresa Briceño De Valencia—Susana Buitrago Valencia—Stella Conto Díaz Del Castillo, salva voto—Mauricio Fajardo Gómez, con aclaración de voto—María Elizabeth García González—Enrique Gil Botero— Gustavo E. Gómez Aranguren, con aclaración de voto—Carmen T. Ortiz de rodríguez—Ramiro Pazos Guerrero—Bertha Lucía Ramírez de Páez, salva voto—Jorge Octavio Ramírez Ramírez, se abstuvo de votar— Danilo Rojas Betancourth, se abstuvo de votar—María Claudia Rojas Lasso—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Olga Mélida Valle de De La Hoz— Guillermo Vargas Ayala, salva voto— Marco Antonio Velilla Moreno, salva voto—Alberto Yepes Barreiro, ausente con excusa—Carlos Alberto Zambrano Barrera, ausente con excusa.

(1) En la parte motiva de la referida sentencia se explicó que son tres los elementos esenciales del negocio jurídico que corresponde a un pacto arbitral: i) la identificación de los sujetos contratantes que dan su consentimiento; ii) la determinación del contrato fuente de las obligaciones del litigio eventual o presente y iii) la mutua e inequívoca decisión de someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal de arbitramento.

(2) Nota original de la sentencia citada: “Folio 301, cuaderno principal Nº 1”.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010; C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez; Rad.: 11001-03-26-000-2009-00032-00(36537). Actor: Unión Temporal Mavig - Deprocon. Demandado: Distrito Capital de Bogotá y otros.

(4) Recogidas en el siguiente pronunciamiento: Corte Constitucional, Auto 325 de 2009; M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(5) Corte Constitucional, Sentencia T-724 de 2006; M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(6) Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2008; M.P. Jaime Córdoba Triviño.

En idéntica dirección a la de los planteamientos que se han traído a colación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que los conflictos derivados de las discrepancias interpretativas respecto del sentido y de los alcances de disposiciones legales o reglamentarias, no hacen parte de los asuntos que deban ser resueltos por el juez de tutela, al cual le está vedado —salvo casos de grosera y manifiesta arbitrariedad en los cuales, además, pueda identificarse una sola interpretación como la única constitucionalmente viable— entrar a terciar en tales debates y a imponer su particular y razonable —pero no unívoca y, por tanto, discutible— interpretación del ordenamiento infraconstitucional como la única válida o admisible. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-564 de 1994; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1997; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(7) A. Cuando en Sentencia T-708 de agosto 22 de 2006, la Corte Constitucional ordenó a la Sección Tercera del Consejo de Estado adoptar las medidas pertinentes para darle prelación a la sentencia que debía proferirse en el proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa por la señora Rosario Hernández Hernández contra el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá —IDU—, mediante auto de octubre 25 de 2006 la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cumplimiento de la aludida orden de tutela, ordenó darle prelación de turno al fallo del proceso antes mencionado y en sentencia de marzo 8 de 2007, acatando la prelación ordenada, se dictó la decisión que resolvió de fondo y puso fin al proceso judicial correspondiente.

B. Cuando en la Sentencia T-429 de mayo 19 de 2011, la Corte Constitucional, ordenó a la Sección Tercera del Consejo de Estado adicionar la parte resolutiva del fallo proferido el 5 de junio de 2008 dentro del proceso promovido por el señor Victoriano Márquez Hernández contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en cumplimiento a dicha orden de tutela se dictaron las providencias de junio 21 de 2011 y de julio 27 de 2011.

C.Cuando en Sentencia T-902/2005 de septiembre 1º de 2005, la Corte Constitucional ordenó al Consejo de Estado, por conducto de la Subsección A de la Sección Segunda, proferir nuevo fallo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Rosario Bedoya Becerra en contra de la Empresa Colombiana de Vías Férreas —Ferrovías—, en estricto cumplimiento a dicha orden de tutela, con ponencia de la señora Consejera Ana Margarita Olaya Forero, en noviembre 17 de 2005, la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado dictó nuevamente sentencia, tal como lo evidencia el nuevo fallo en cuya parte inicial se puede leer:

“Vista la sentencia de tutela proferida por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional el 1º de septiembre de 2005, se decide nuevamente la apelación de la sentenciadictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca…” (se destaca y se subraya).

(8) Corte Constitucional, sentencias T-1001 de 2001, T-295 y T-1222 de 2005 y T-757 de 2009, entre otras.

(9) Para entender la primacía de los derechos fundamentales en el sistema jurídico y político de la República de Colombia se puede consultar la Sentencia T-406 de 1992.

(10) En este sentido cabe citar una decisión anterior a la Sentencia T-098 de 2005, que si bien no incorpora en estricto sentido un fallo de sustitución sí tuvo que recurrir a alternativas para la protección del derecho fundamental. Se refiere la Sala al Fallo T-951 de 2003, que al verificar la existencia de una vía de hecho en sede de justicia ordinaria, dejó sin efecto las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenó que las mismas fueran dictadas nuevamente por tales autoridades judiciales y dispuso su inaplicación general e inmediata. Adicionalmente, ordenó al seguro social que le reconociera al actor la pensión de invalidez a que tenía derecho, sin aguardar la decisión que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá debía adoptar en reemplazo de esa en la que la Corte había constatado la presencia de una “vía de hecho”.

(11) En aquella ocasión la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió la situación relacionada con la desfavorable interpretación que hacía la jurisdicción ordinaria para negar la indexación de la primera mesada pensional de quienes habían adquirido el derecho con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

(12) Una orden similar se impartió con posterioridad en el Auto A-085 de 2005.

(13) En la sentencias T-501 de 1992, la Corte Constitucional señaló, en relación con el ejercicio probatorio en materia de tutela “Su papel es ante todo el de materializar las garantías constitucionales y, por tanto, es de su esencia el carácter sustancial de su fundamento jurídico.

La instauración de las acciones de tutela no puede dar lugar al rigor formalista de los procesos ordinarios ni se puede convertir su admisibilidad y trámite en ocasión para definir si se cumplen o no presupuestos procesales o fórmulas sacramentales, ya que con ella no se busca establecer una ‘litis’ sino acudir a la protección oportuna de la autoridad judicial cuando un derecho fundamental es lesionado u objeto de amenaza.

Así se consideró desde el comienzo en la Asamblea Nacional Constituyente, según puede verse en el informe-ponencia presentado a la plenaria para primer debate, en el cual los delegatarios Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero recalcaron: 'Estamos frente a un mecanismo excepcional y sumario para una protección inmediata de los derechos'“.

También señaló la Sentencia T-349 de 1993:

“Debe la Corte reiterar lo afirmado en otros casos acerca del carácter informal de la tutela:

‘... acudiendo a la interpretación teleológica de las normas constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela, al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de los derechos fundamentales (C.P. arts. 1º, 2º y 86 entre otros), que no se obtiene dentro de una concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido expresamente consagradas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de velar por la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo 228 de la Carta Política.

La Constitución ha conferido la acción de tutela a todas las personas, es decir que no limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.

Riñe, entonces, con la naturaleza y los propósitos que la inspiran y también con la letra y el espíritu de la Carta, toda exigencia que pretenda limitar o dificultar su uso, su trámite o su decisión por fuera de las muy simples condiciones determinadas en las normas pertinentes”.

(14) “ART. 18.—Restablecimiento inmediato. El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho.”

(15) “ART. 19.—Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.

El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.

Los informes se considerarán rendidos bajo juramento”.

(16) “ART. 20.—Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”

(17) “ART. 21.—Información adicional. Si del informe resultare que no son ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato información adicional que deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas que sean indispensables. Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria.

En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la tutela”.

(18) El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas.

(19) Ver A-318 de 2010.

(20) Se solicitó la remisión del expediente mediante auto de siete (7) de abril de 2011, notificado el once (11) del mismo mes. La respuesta negativa fue presentada ante esta Corte el día quince (15). Folios 11-17 del cuaderno de revisión.

(21) Folio 58.

(22) En los últimos tres años la tesis de la procedencia de la acción de tutelas contra sentencias judiciales ha sido reiterada, entre muchas otras, en las siguientes decisiones: T-179/2012, T-04/2012, T-973/2011, T-934/2011, T-844/2011, T-733/2011, T-266/2011, T-148/2011, T-018/2011, T-007/2011, T-769/2010, T-707/2010, T-531/2010, T-396/2010, T-395/2010, T-214/2010, T-167/2010, T-1028/2010, T-1015/2010, T-022/2010 y SU- 917/2010.

(23) La misma sentencia cuya nulidad se solicita presenta una reseña histórica amplia de la evolución de la jurisprudencia en esta materia. Ver el numeral 4º de las consideraciones generales del fallo.

(24) La primera sentencia que postula la doctrina de la “vía de hecho” es la T-006 de 1992.

(25) Dice la T-511 de 2011: “La Corte Constitucional, partiendo de lo consagrado en el artículo 86 de la Carta Política, el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) y el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha desarrollado una uniforme y reiterada jurisprudencia respecto de la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a providencias judiciales”.

(26) La Sala Quinta de Revisión retomó, por ende, los argumentos que en esta materia presentó la Corte en la Sentencia C-590 de 2005 (…).

(27) Mayúsculas y destacado en el texto original.

(28) Al respecto, la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, prevé:

“ART. 54.—Quórum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, Sala o sección.

Es obligación de todos los magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta”.

(29) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 63.1). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C 42, párrafo 169.

(30) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 44/08; Caso 12.448; Fondo; Sergio Emilio Cadena Antolínez vs. Colombia; 23 de julio de 2008.

(31) http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.3d3.09.sp.htm

(32) Véase al respecto el voto concurrente razonado del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, respecto de la sentencia dictada por dicho tribunal supranacional en el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, de 25 de noviembre de 2003, Serie C, No. 101.

(33) Ídem

(34) Ibídem.

(35) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 26 de septiembre de 2006, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile.

(36) Ídem.

(37) Ibídem.

(38) Preceptúa lo siguiente la disposición mencionada: “Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.

El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión” (destacado fuera de texto).

(39) La disposición en comento establece lo siguiente: “Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.

(40) De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el juez “mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Esta competencia en principio está radicada en el juez de instancia, pero también es predicable de la Corte Constitucional. Al respecto, en el Auto 149A de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, dicha corporación expresó que “la Corte conserva una competencia preferente, similar a la de la Procuraduría General de la Nación en el campo disciplinario (C.P. art. 277), en punto a la obtención del cumplimiento de sus órdenes”.

Posteriormente la misma Corte, en el Auto 010 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, reafirmó esta aseveración al indicar que “el hecho de haberse radicado en cabeza del juez de primera instancia la competencia para velar por el cumplimiento del fallo y tramitar el desacato no significa, en manera alguna, que la Corte Constitucional no esté en capacidad de hacer cumplir directamente sus órdenes cuando las mismas no han sido acatadas”. Sobre el mismo punto, véase Corte Constitucional, Sentencia T-786 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.

(41) Véase, por vía de ejemplo, las siguientes sentencias: C-208 de 1993; M.P. Hernando Herrera Vergara; C-444 de 1995; M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-111 de 2000; M.P. Álvaro Tafur Galvis y SU-1184 de 2001; M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(42) Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2002; M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(43) Corte Constitucional, Sentencia T-724 de 2006; M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(44) Nota original de la sentencia citada: M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(45) Nota original de la sentencia citada: Cfr. Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(46) Nota original de la sentencia citada: Ibíd.

(47) Nota original de la sentencia citada: Cfr. T-247 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

(48) Nota original de la sentencia citada: Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2008; M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(49) Si bien es cierto que a través del artículo 118 de la Ley 1563, proferida el 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual es expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones”, se derogó de manera expresa el aludido artículo 72 de la Ley 80, no es menos cierto que al ocuparse de regular el recurso extraordinario de anulación para los casos de arbitraje nacional, en el inciso 3º de su artículo 46 se determinó:

“Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.

(50) Así reza el inciso final del artículo 116 de la Constitución Política:

“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley” (se deja subrayado y destacado).

(51) El siguiente es el texto de los citados numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

“1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”.

(52) Si bien es cierto que el artículo 128-5 del Código Contencioso Administrativo, incluyendo las reformas que le fueron introducidas por normas posteriores a su expedición, fue expresamente derogado por el artículo 309 de la Ley 1437, proferida en enero 18 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, no lo es menos que a través del numeral 7º del artículo 149 de la aludida Ley 1437 se dispuso:

“ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

“(…).

“7. Del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso solo procederá el recurso de revisión”.

(53) Aunque la transcrita disposición del Decreto 1818 de 1998 —tomada del artículo 36 de la Ley 446 de 1998, a su turno modificatoria del artículo 128 del CCA—, también fue derogada expresamente por el artículo 118 de la Ley 1563, no es menos cierto, según ya se comentó en la cita a pie de página Nº 10 de este mismo proveído, que el inciso tercero del artículo 46 de la aludida Ley 1563 reafirmó el mandato legal en cuya virtud le compete a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el conocimiento del recurso de anulación de los laudos arbitrales dictados en procesos en los que hubiere intervenido una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas.

(54) Esta labor a cargo del Consejo de Estado quedó reforzada con las previsiones de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se ocuparon de robustecer el alcance de la jurisprudencia y de los precedentes judiciales en el sistema de fuentes del derecho administrativo, al establecer el carácter obligatorio de los mismos tanto para la administración pública —con la fijación de su carácter obligatorio y del deber de aplicarlos uniformemente para las autoridades administrativas (art. 10), al igual que con la creación de la figura de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceras personas (art. 102)— como para los jueces de lo contencioso administrativo, al instaurarse el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia (arts. 256-268) y al regular diversos mecanismos para la extensión de la jurisprudencia del mismo Consejo de Estado (arts. 269-271).

(55) Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-713 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(56) Nota original de la sentencia citada: ST-564/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(57) Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1997; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(58) Corte Constitucional. Sentencia T-724 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(59) Corte Constitucional. Sentencia T-087 de 2007.

(60) A cuyo tenor “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas” (énfasis añadido).

(61) Corte Constitucional, Sentencia T-001 de febrero 18 de 2007, reiterada en Sentencia T- 779 de 25 de septiembre de 2007.

(62) Según lo refiere Sandrini Biagini-Girard —Biagini-Girard Sandrini, “L'inexistence en droit administratif”, París, L'Harmattan, 2010—, la jurisprudencia francesa ha creado la teoría de la inexistencia, aplicable a decisiones judiciales; de acuerdo con la mencionada doctrina, la inexistencia en materia jurisdiccional consistiría en la sanción derivada del desconocimiento, por parte del juez, del procedimiento jurisdiccional que ha debido seguir y la posibilidad de declararla se justifica tanto por consideraciones imperiosas de orden público como por razón del interés en mantener la legalidad y de preservar el derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, explica Biagini-Girard que la inexistencia es entendida como una causal específica de nulidad que sanciona un vicio, particularmente grave, derivado generalmente de la incompetencia como usurpación de funciones o de la violación de la ley, de suerte que la intensidad de la gravedad de la infracción que se precisa para reputar un pronunciamiento de inexistente se deja a la apreciación soberana del juez administrativo. No obstante, añade Biagini-Girard que la inexistencia se usa en muy pocas ocasiones a fin de no alterar su carácter excepcional para corregir decisiones aberrantes de la justicia, cuya juridicidad no puede aceptarse.

(63) Corte Constitucional. Sentencia C-060 de enero 24 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(64) Corte Constitucional. Sentencia C-1038 de 28 de noviembre de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(65) Corte Constitucional. Sentencia C-242 de mayo 20 de 1997, M.P. Hernando Herrara Vergara.

(66) Corte Constitucional. Sentencia C-330 de mayo 9 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(67) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 29 de noviembre de 2012, Exp. 39.332, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(68) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 12 de octubre de 2006, Exp. 27.930, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(69) M.P. Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 29.704.

(70) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 17 de abril de 2013, Exp. 42.532.

(71) Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, dentro del Auto A-097 de 2013, señaló:

“En el mismo tenor, quienes reclaman la nulidad se lamentan porque no se ‘corrió traslado’ de ciertas pruebas, o porque no se arrimó al proceso un medio probatorio que consideran imprescindible. No obstante, desconocen el carácter público de la acción de tutela —lo que significa que el proceso no se tramita a las espaldas de nadie, menos aún de quien formalmente fue vinculado a él y tuvo la oportunidad de presentar argumentos y pruebas—, la informalidad que estructura el trámite del proceso y, un mandato legal, expreso y claro —que es aquel contenido en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991— que impone al juez a decidir el asunto cuando considera, aplicando la sana crítica que debe orientar sus decisiones, que cuenta con elementos de juicio suficientes para dictar fallo”.

(72) Texto tomado del original del Auto A-097 de 2013.

(73) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de septiembre 20 de 2006; Rad. 25000-2325-000-1998-5123-01(4361-02); demandante: Rosario Bedoya Becerra; M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

(74) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia de junio 29 de 2004, Exp. AC-10203, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. Actora: Ana Beatriz Moreno de Morales.

(75) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2004-0270-01 (IJ), M.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

(76) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 4 de marzo de 2003, Exp. 11001-03-24-000-1999-05683-02(IJ-030); M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(77) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de julio de 2013, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Exp. No.1100l0324000-2005-00170-01.

(78) Contenida en el inciso 3º del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.

(79) Sentencia SU-542 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en Sentencia T-472 de 10 de mayo de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(80) Corte Constitucional, Sentencia T-001 de febrero 18 de 2007, reiterada en Sentencia T- 779 de 25 de septiembre de 2007.