Auto 2009-00047 de noviembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 44001-23-31-000-2009-00047-01 (44101)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Julio César Fragozo y otros

Demandado: La Nación - Fiscalía General de la Nación

Acción: Reparación directa

Asunto: Agencias en derecho - fijación de las mismas - en la acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., catorce de noviembre de dos mil diecisiete.

Corresponde al despacho fijar las agencias en derecho, en cumplimiento de la sentencia del 24 de agosto de 2017 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación.

Antecedentes

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia el 24 de agosto de 2017 a través de la cual revocó la decisión de primera instancia, denegando las pretensiones de la demanda. De igual forma consideró condenar en costas a la parte actora (fl. 635, cdno. 1).

Consideraciones

1. El despacho es competente para fijar las agencias en derecho de conformidad con lo dispuesto en la ley procesal vigente.

La normatividad señala que para determinar la cuantía de las agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y que si aquellas establecen solamente un mínimo o un máximo, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado que litigó, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder al máximo de dichas tarifas.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, el cual fue modificado por el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, estableció las tarifas y los factores que debían tenerse en cuenta al momento de fijar las agencias en derecho, tales como la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía de la pretensión, la idoneidad de la actuación, la capacidad económica del interesado, la importancia de la gestión encomendada, entre otros (art. 3º).

En los procesos tramitados en segunda instancia ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo Superior de la Judicatura fijó la tarifa de la siguiente manera:

“3.1.3. Segunda instancia. (...).

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

Ahora bien, los anteriores no son los únicos parámetros a los cuales se debe sujetar el juez para la imposición de las agencias en derecho, dado que estos sólo atañen a valoraciones precisas de la actuación adelantada por las partes en el proceso, pues, no debe perderse de vista que en cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la Constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad(1); y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.

En tratándose de la condena en costas la propia jurisprudencia constitucional ha reconocido la aplicación de criterios de razonabilidad a efectos de determinar si es procedente su imposición:

“la Corte acoge los criterios sentados por esa corporación, según los cuales el concepto jurídico indeterminado utilizado por el legislador en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo no concede al juez una facultad absolutamente potestativa de decidir cuándo procede o no la condena en costas, sino que otorga una facultad discrecional que le permite hacer una evaluación razonable de la conducta procesal de la parte vencida, dentro de cierto margen de apreciación personal. Esta aplicación razonable de la norma implica que solamente resulta posible condenar en costas a dicha parte cuando ha procedido con notorio abuso del derecho de acceso a la justicia, por el ejercicio del derecho de acción o de defensa, de la facultad de solicitar o presentar pruebas, de interponer recursos o de promover incidentes, en forma claramente irrazonable, temeraria, infundada, dilatoria o desleal.

Ahora bien, en cuanto a la interposición de recursos, la Corte observa que esta facultad forma parte del derecho que tienen las partes de defender sus derechos por medio de sus apoderados. Desde luego, en la interposición de recursos se debe actuar dentro de las normas que impiden actos temerarios o de mala fe”(2).

Todo lo anterior lleva al despacho a proponer un test de proporcionalidad para la fijación de las agencias en derecho, el cual tiene una división tripartita a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Para los efectos de esta providencia se trata de un test de razonamiento judicial que comporta la conjugación de estos tres escenarios a fin de tasar una condena, de manera que cuando la conducta motivadora de la imposición de las agencias en derecho constituya una vulneración de mayor entidad a la administración de justicia se aplicará la sanción pecuniaria más estricta posible. Así:

 IdoneidadNecesidadProporcionalidad en estricto sentido
Exigencias fácticasSe refiere a la existencia fáctica de una afectación a un interés legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico, que para el caso de las agencias en derecho lo constituye la afectación que se causó al acceso a la administración de justicia.
Debe advertirse que la satisfacción del primer supuesto del test se encuentra en la respectiva sentencia que desató la controversia pues, el legislador previó que es en dicha oportunidad en que el juez puede pronunciarse sobre la imposición o no de la condena en costas.
El criterio jurídico de la necesidad en el test de proporcionalidad comporta una valoración de grado o intensidad. Comoquiera que al abordar este escenario se parte del supuesto de que existe una afectación, el ejercicio valorativo en esta instancia se contrae a precisar el grado de intensidad de esa afectación, en donde cabe distinguir tres supuestos de intensidad:
a) Afectación leve a la administración de justicia. Se configura cuando el fundamento de la afectación supone un simple desconocimiento de aspectos elementales de la formación jurídica. b) Afectación grave a la administración de justicia. Se constituye por la realización de reiteradas conductas dilatorias del proceso y que obstruyen el transcurrir del proceso judicial y las diligencias respectivas.
c) Afectación gravísima a la administración de justicia, en donde, además del anterior supuesto, se presentan perjuicios a terceros.
El último supuesto del escenario del test de proporcionalidad es el correspondiente a la tasación que se le debe asignar a cada uno de los niveles de afectación a la administración de justicia, esto es, en los niveles leve, grave y gravísima a la administración de justicia.
a) Afectación leve. Esta tasación va hasta el 1,66% del valor de las pretensiones de la demanda.
b) Afectación grave. A este escenario corresponderá una condena entre 1,67% y 3,32%.
c) Por último la configuración del tercer supuesto de intensidad, el gravísimo, comportará una tasación que oscilará entre el 3,33% y el 5%.

2. En cuanto a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la parte demandante, esta corporación observa que, en la sentencia se puso de presente que en efecto actuó con temeridad, tal y como se expresó en el acápite de condena en costas en la sentencia de segunda instancia, la cual señaló lo siguiente:

“En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, si exonera patrimonialmente a la entidad demandada.

En este sentido también se dijo que si el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad si lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada”(3).

Empero lo anterior no resulta suficiente para determinar la tasación de la condena a imponer, pues, el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, concede un margen de movilidad dentro del cual el juez debe fijar la condena por concepto de agencias en derecho, y que en el caso de procesos en segunda instancia corresponde “Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

En este orden de ideas, este despacho pone de presente que siendo la promoción al acceso a la administración de justicia uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el fortalecimiento del estado de derecho(4), en tanto supone que la resolución de conflictos se discutirán por la vía de los cauces oficiales, además del afianzamiento del ordenamiento jurídico y el poder judicial como criterio decisorio y autoridad competente para desatar tales controversias(5); es deber de las autoridades judiciales dosificar con suma prudencia las medidas sancionatorias que se apliquen a las partes, pues, aunque de cierta manera constituyen un medio pertinente para corregir conductas consideradas por el legislador como atentatorias de la recta y adecuada administración de justicia, no puede el juez, so pretexto de su aplicación, desincentivar el acceso a la justicia.

Por lo tanto, el despacho indica que previamente en la sentencia proferida en sede de segunda instancia, el pasado 24 de agosto de 2017, se señaló lo siguiente:

“Ahora bien, en el caso de autos la Sala evidenció que la situación que dio lugar a la investigación penal adelantada en contra de Julio César Fragozo, tuvo lugar como consecuencia de la culpa grave y exclusiva de la víctima, quien además pretende un reconocimiento económico del Estado, lo que hace que la actuación del impugnante resulte temeraria al no existir un fundamento razonable para interponer su recurso de apelación.

En consecuencia, la Sala condenará en costas a la parte actora, las cuales se liquidarán en el 1% sobre el total de las pretensiones de la demanda”(6).

Ahora bien, fijando las agencias en derecho en un 1% respecto del monto de las pretensiones de la demanda las cuales se establecieron en los siguientes términos en la demanda: i) por perjuicios materiales la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000); ii) como perjuicios morales se solicitó el equivalente a 600 smlmv, los cuales actualizados a la fecha de proferimiento de la sentencia(7) ascienden a cuatrocientos cuarenta y dos millones seiscientos treinta y dos mil pesos ($ 442.630.200) (fl. 152, cdno. 1). Es decir que la suma de las dos pretensiones asciende a cuatrocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta y dos mil pesos ($ 444.630.200).

Entonces, el 1% del valor total de las pretensiones ($ 444.630.200) equivale a cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos dos pesos ($ 4.446.302).

Por lo expuesto,

RESUELVE:

1. FIJAR las agencias en derecho en el 1% del valor de las pretensiones de la demanda, equivalentes a cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos dos pesos ($ 4.446.302).

2. ENVIAR el expediente a la secretaría de la Sección, para que se proceda a elaborar la liquidación de costas.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 “3. Una decisión jurídica es razonable en sentido estricto sí y sólo si: 1) Se toma en situaciones en que no sería aceptable, o no se podría, aceptar una decisión estrictamente racional; 2) logra un equilibrio entre exigencias contrapuestas, pero que necesariamente hay que considerar en la decisión; y 3) es aceptable por la comunidad”. Pág. 193. ATIENZA, Manuel. Para una razonable definición de “razonable”. DOXA 4. 1987. Consultado en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10909/1/Doxa4_13.pdf el 20 de septiembre de 2012.

2 Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

3 Folio 635, cuaderno 1.

4 Constitución Política, artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

5 Al respecto es valioso traer a colación una consideración esbozada por la Corte Constitucional en torno a la administración de justicia como un derecho: “El Constituyente de 1991 elevó a derecho constitucional el acceso de todas las personas a la administración de justicia (C.P., art. 229), garantía que permite a los individuos contar con un instrumento esencial de convivencia armónica, en tanto otorga la oportunidad de resolver las controversias y conflictos mediante la intermediación de un juez que actuando de manera independiente resolverá la controversia de que se trate en una decisión motivada, proferida con sujeción al procedimiento y a las garantías previstas en la Constitución y en la ley”. Sentencia T-1222 de 2004.

Y en el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 25 establece el derecho a un recurso judicial efectivo por parte de los Estados partes; de donde ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “El artículo 25.1 de la convención establece, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley(5). La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la convención.

El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la misma, que atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, así como la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales”(5). Caso Reverán vs Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009.

6 Folio 635, cuaderno 1.

7 Año 2017 salario mínimo legal mensual vigente: $ 737.717.00.