Sentencia 2009-00103 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200900103 01

Ref.: 18515

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E)

Actor: Ultracoop CTA

Demandado: UAE DIAN

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Previo a analizar el incidente de nulidad interpuesto, se debe tener en cuenta que la posibilidad de alegar las causales de nulidad, se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales.

El trámite de los incidentes de nulidad está previsto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo(1). Esa norma es del siguiente tenor:

“ART. 142.—Oportunidad y trámite. Modificado por el artículo 1º, numeral 82 del Decreto 2282 de 1989. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a esta si ocurrieron en ella.

La nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave, deberá alegarse dentro de los cinco días siguientes al que haya cesado la incapacidad.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad solo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal.

La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando el juez considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario se tramitará incidente.

La nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3º” (negrillas fuera del texto).

De conformidad con el inciso primero de la norma transcrita, las nulidades pueden alegarse 1) en cualquiera de las instancias, esto es, en primera, segunda o única, antes de que se dicte sentencia, o 2) durante la actuación posterior a esta si se originaron en esa sentencia.

Ahora, el último inciso del mismo artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, prevé la posibilidad de alegar una nulidad originada en la sentencia, en los siguientes términos:

“1. Que se trate de sentencias que le pongan fin al proceso contra las cuales no proceda recurso alguno.

2. Que se alegue en la oportunidad y forma consagrada en el inciso 3º del mismo artículo, esto es, i) durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339 del Código de Procedimiento Civil; ii) como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia; y iii) mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades”.

El doctrinante Hernán Fabio López Blanco, en su libro “Procedimiento civil”,(2) tomo 1, respecto del trámite de nulidad, por petición de parte, de sentencias de segunda instancia señaló:

“Si no se interpuso recurso, o si la sentencia no lo admite y no existe consulta, queda ejecutoriada y solo se podrá alegar la nulidad dentro de algunas de las oportunidades que el mismo artículo 142 prevé o mediante el empleo del recurso de revisión, lo cual es igualmente predicable para las hipótesis en las que se quiera alegar la nulidad luego de la sentencia de segunda instancia donde, además, existe otra posibilidad adicional y es la de pedir la nulidad a través del recurso de casación en los procesos donde está permitido tal medio de impugnación” (negrillas fuera del texto).

Lo anterior guarda concordancia con lo establecido en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que establece como causal del recurso extraordinario de revisión, la de existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procedía recurso de apelación.

Criterio similar sostuvo la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de la expresión “antes de dictar sentencia”, contenida en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil:

“La oportunidad señalada en el inciso primero del artículo 142 no clausura la posibilidad que tienen las partes de alegar la nulidad. En efecto, veamos.

Según el inciso tercero del mismo artículo 142 “la nulidad por indebida representación o falta de notificación y emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión...” E igual ocurre, según el inciso final, con la nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso alguno.

En relación con el recurso de revisión, el artículo 380, al establecer sus causales, repite lo previsto por el artículo 142.

No hay que olvidar que el recurso extraordinario de revisión procede contra todas las sentencias ejecutoriadas, con excepción de las dictadas por los jueces municipales en única instancia.

De otra parte, la nulidad también puede alegarse en casación, según el numeral quinto del artículo 368 del Código, que consagra como causal de este recurso el “haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”.

Hay, pues, diversidad de oportunidades para alegar la nulidad. Pero lo que no podría permitirse, porque sería contrario a la seguridad jurídica, sería el dejar abierta la puerta para que en cualquier tiempo el juez que hubiera conocido de un proceso declarara oficiosamente su nulidad. Ello implicaría la destrucción de la cosa juzgada.

En síntesis, la manera como el legislador reglamente los procesos, corresponde al ejercicio de sus facultades, y no tiene límite constitucional diferente al respeto, en términos generales, del derecho de defensa. De este son manifestaciones las normas relativas a las notificaciones, los recursos, las nulidades, la contradicción de las pruebas, etc.”(3).

La doctrina judicial(4) ha señalado que artículo 142 del Código de Procedimiento Civil restringe el alcance de la expresión “actuación posterior”, a las tres posibilidades enunciadas en el inciso tercero de esta norma, y cualquier otra interpretación atentaría contra el principio de taxatividad que caracteriza el instituto de las nulidades procesales.

Además, conocer del incidente de nulidad que afecta a una sentencia, riñe con la regla general, según la cual, los incidentes no interrumpen el curso del proceso, consagrada en el numeral 4º del artículo 137 del Código de Procedimiento Civil(5).

De conformidad con lo expuesto, no es procedente que en esta etapa procesal la parte demandante alegue la nulidad del proceso con fundamento en hechos acaecidos el 9 de enero y el 18 de septiembre de 2012, que, según ella, han sido “una situación ampliamente ventilada ante la opinión pública”, y presente la solicitud de nulidad el 26 de febrero de 2013, esto es, con posterioridad a la expedición de la sentencia de segunda instancia.

Si bien la accionante también fundamentó la solicitud en situaciones(6) que según ella ocurrieron con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, resulta improcedente el incidente de nulidad, en tanto no se enmarca en la oportunidad prevista en el inciso tercero del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, es importante precisar que, el 21 de febrero de 2013, el Secretario general del Consejo de Estado, certificó:

“Que el doctor William Giraldo Giraldo, identificado con cédula de ciudadanía 10.211.043 de Manizales, laboró en la jurisdicción contenciosa administrativa y ocupó los siguientes cargos:

1. Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en propiedad, entre el 16 de febrero de 1996 y el 3 de mayo de 2009.

2. Consejero de Estado de la Sección Cuarta en propiedad, entre el 4 de mayo de 2009 y el 20 de febrero de 2013, fecha en la cual se retiró definitivamente del servicio.

Se expide en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil trece (2013)”.

Conforme con lo anterior, es claro que para la fecha en que se expidió la sentencia de segunda instancia (nov. 29/2012) el Dr. William Giraldo Giraldo fungía como consejero ponente del presente asunto.

Por las razones expuestas, resulta improcedente la solicitud de nulidad presentada por la parte demandante.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. NIÉGASE la solicitud de nulidad presentada por la parte demandante.

2. En firme esta providencia regrese el expediente al despacho ponente para decidir la solicitud de aclaración de la sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) En este caso no es aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), toda vez que el artículo 308 del mismo, establece que solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Por tanto, los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

(2) Sic.

(3) Sentencia C-449 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.

(4) Consejo de Estado, sentencia del 3 de diciembre de 2009. C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Expediente 85001-23-31-000-2003-01199-01(0097-07).

(5) Ibídem.

(6) Firma y notificación del auto del 18 de septiembre de 2012 de la Corte Constitucional.