Auto 2009-000126 de marzo 3 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00126-01(37398)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Maria Magdalena Beltrán Franco

Demandado: Nación-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Referencia: Apelación auto. Reparación directa

Bogotá, D. C., tres de marzo de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 30 de abril de 2009, mediante el cual se rechazó la demanda por caducidad de la acción.

I. Antecedentes

1. La demanda.

1.1. El día 9 de diciembre de 2008, ante el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, la señora María Magdalena Beltrán Franco, por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios sufridos como consecuencia de “[l]a cancelación indebida de la medida de embargo decretada y practicada sobre el inmueble de matrícula 350-0029878 de la Oficina de Registro de Ibagué, el cual le había sido adjudicado a la señora Beltrán Franco, por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá mediante diligencia de remate realizada el 11 de septiembre de 2002”.

1.2. Como hechos relevantes, se narró en la demanda que el 26 de marzo de 1993, dentro de un proceso ejecutivo adelantado por la hoy demandante, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá decretó el embargo y secuestro de un inmueble ubicado en la ciudad de Ibagué, decisión que fue comunicada al Registrador de Instrumentos Públicos de esa ciudad mediante oficio del 2 de abril de 1993.

El 11 de septiembre de 2002 se realizó la correspondiente diligencia de remate, en la cual se adjudicó el referido inmueble a la señora María Magdalena Beltrán Franco; a través de auto proferido el 7 de octubre de 2003, el mencionado Despacho Judicial aprobó dicho remate y ordenó la cancelación del embargo sobre el bien rematado.

Señaló que el 30 de octubre de 2003, se libró la correspondiente comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué; sin embargo, el referido oficio fue retirado de forma fraudulenta por el anterior propietario del inmueble, señor Luis Carlos Sarmiento Garay, demandado en dicho proceso ejecutivo.

El día 5 de diciembre de 2004, el señor Sarmiento Garay presentó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué solicitud de desembargo respecto del bien inmueble que había sido rematado y adjudicado a la señora Beltrán Franco; el 31 de diciembre de 2004 el referido señor Sarmiento Garay registró la escritura pública 2753 de 2 de diciembre de 2004, mediante la cual se realizó la división material del lote inicial en tres nuevos lotes, los cuales fueron enajenados a diferentes personas.

Finalmente, señaló que el 9 de febrero de 2006, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá compulsó copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que dicho ente adelantare las correspondientes investigaciones respecto de las irregularidades advertidas (fls. 4 a 5, cdno. 1).

1.3. Encontrándose la demanda pendiente del estudio de admisibilidad, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante providencia de fecha 17 de febrero de 2009, dispuso remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que de conformidad con las pretensiones contenidas en la demanda, la mayor de ellas supera la cantidad de 500 SMLMV establecida en la ley para que el proceso iniciara en primera instancia ante el referido Tribunal Administrativo (fl. 11, cdno. 1).

2. El auto apelado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto del 30 de abril de 2009, decidió rechazar la demanda interpuesta con fundamento en los argumentos que a continuación se transcriben:

“Para la Sala es claro que debe tenerse como fecha de ocurrencia de los hechos, la fecha de denuncia penal instaurada por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá por el punible de fraude procesal, esto es el 9 de febrero de 2006 y teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 9 de diciembre de 2008, resulta claro que la demanda fue instaurada cuando ya había vencido el término consagrado en la ley, es decir, que para la fecha de presentada la demanda, la acción se encontraba caducada de conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En el presente asunto y de acuerdo con el libelo, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, dispuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para efectos de que se adelantara investigación contra los presuntos responsables de la conducta de fraude procesal, denuncia que fue instaurada por el Secretario del Despacho el día 9 de febrero de 2006, fecha a partir de la cual según el actor, debía empezar a contabilizarse el término de caducidad de la acción, que en su sentir, se ven interrumpidos por los efectos de la solicitud de conciliación prejudicial adelantada ante la Procuraduría General de la Nación.

Ahora, si bien es cierto que el trámite de conciliación interrumpe el término de caducidad, la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 26 de febrero de 2006, fecha para la cual ya había transcurrido el término de 2 años consagrados por la ley para interponer la acción de reparación directa, teniendo en cuenta que para interponer la acción el actor tenía hasta el 10 de febrero de 2008, razón por la cual no hay lugar a la interrupción del término de caducidad, pues a la presentación de la solicitud de conciliación la acción de reparación directa ya se encontraba caducada” (fls. 15 a 17, cdno. ppal.).

3. El recurso de apelación.

Mediante escrito presentado oportunamente el 11 de mayo de 2009, la parte demandante presentó recurso de apelación; como fundamento de su inconformidad señaló, básicamente, que contrario a lo sostenido por el Tribunal, la denuncia instaurada por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá no es el hecho que debe ser tenido en cuenta para contabilizar el término de caducidad respecto de la presente acción, pues el mismo debe empezar su cómputo desde aquel momento en el cual sea proferida la correspondiente resolución de acusación dentro del proceso penal o desde el momento en que cese o termine la obligación del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, esto es desde que se realice la correspondiente diligencia de entrega del inmueble rematado, circunstancias que aún no han ocurrido (fls. 27 a 28, cdno. ppal.).

4. A través de proveído fechado en noviembre 5 de 2009, el magistrado sustanciador del proceso, doctor Enrique Gil Botero admitió para ante esta Corporación el recurso de apelación interpuesto; posteriormente, mediante auto de fecha 16 de diciembre de 2009 dispuso remitir el expediente al Despacho del Consejero que ahora elabora la presente ponencia, en compensación de aquel radicado con el número 37.377, dado que la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado, mediante auto del 21 de octubre de 2009, aceptó el impedimento que formulé para conocer de dicho proceso (fls. 32 a 35, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

2.1. La caducidad de la acción impetrada.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

El Código Contencioso Administrativo, en el artículo 136, numeral 8º, dispone sobre el término para intentar la acción de reparación directa, lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” (negrillas adicionales).

La ley consagra entonces un término de dos (2) años, contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción.

Sobre el momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad, la Sala, en reiterada jurisprudencia(1), se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

“Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen”(2).

“Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos(3).”(4) (Negrillas fuera de texto).

En cuanto a la caducidad de la acción de reparación directa, cuando ésta se fundamenta en el daño producido por una omisión de la administración, esta Sección del Consejo de Estado ha precisado:

“En relación con las omisiones, el término de caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

“Aunque la omisión se mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada porque la misma ley ha previsto que el término de caducidad es de dos años contados a partir de la omisión”(5) (negrillas adicionales).

2.2. El caso concreto.

Comoquiera que la pretensión del actor está dirigida a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados como consecuencia de una omisión en que habría incurrido la Administración de Justicia, la cual concluyó con el despojo de un inmueble rematado y adjudicado a favor de la demandante, resulta claro que el término de caducidad debería empezar su cómputo, en principio, desde el día siguiente a la configuración de dicha omisión —la cual se consolidó a partir del día siguiente a aquel en el cual el señor Luis Carlos Sarmiento Garay retiró fraudulentamente el Oficio contentivo de la orden de desembargo del inmueble adjudicado a la hoy demandante—; sin embargo, el conocimiento del hecho dañoso por parte de la demandante, de conformidad con la demanda, sólo se hizo efectivo a partir del día 9 de febrero de 2006, día en el cual el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá puso en conocimiento tanto de la Fiscalía General de la Nación, como de la señora Beltrán Franco las irregularidades presentadas durante el trámite del proceso ejecutivo; lo anterior en virtud de que tal como se señaló anteriormente, cuando se pretende derivar responsabilidad al Estado por daños producidos por omisiones, el término de caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se incumpla la obligación legal y, además, se tenga conocimiento efectivo de tal circunstancia por parte del afectado(6).

De modo que mal haría en sostenerse que por el hecho de que aún no se hubiere proferido resolución de acusación o no se hubiere practicado efectivamente la diligencia de entrega del bien rematado y adjudicado, se hubiere ampliado el término de caducidad, dado que el cómputo del término de la caducidad de la acción no puede estar sujeto a aspectos subjetivos de las partes, ni tampoco puede permanecer indefinido en el tiempo, sino que el mismo obedece a aspectos determinados previamente en el ordenamiento jurídico.

Así las cosas y aplicando la directriz jurisprudencial contenida en las providencias antes citadas, debe concluirse que la acción impetrada debió ejercerse a partir del día 10 de febrero de 2006, hasta el 10 de febrero de 2008; teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 9 de diciembre de 2008, resulta evidente que fue interpuesta cuando el término previsto en la ley para ello había fenecido; pues —reitera la Sala—, el conocimiento efectivo del hecho dañoso que dio origen a la demanda de reparación directa se manifestó desde el día siguiente a la formulación de denuncia por parte del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá ante la Fiscalía General de la Nación, conclusión que se acompasa, además, con la afirmación que en ese mismo sentido el actor consagró en la demanda, pues como el propio demandante sostiene “… la denuncia fue instaurada por el Secretario del Despacho el 9 de febrero del año 2006, fecha a partir de la cual, se debe empezar a contabilizar los términos de caducidad de la acción interrumpida por efectos de la diligencia de conciliación agotada como requisito de procedibilidad”.

Ahora, si bien es cierto que de conformidad con los documentos allegados con la demanda se tiene que la parte demandante formuló solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Primera Judicial Administrativa de Bogotá el 26 de febrero de 2008 (fls. 13 a 15, cdno. ppal.), no lo es menos que dicha solicitud se presentó cuando la acción de reparación directa se encontraba caducada, toda vez que —reitera la Sala—, la misma caducó el 10 de febrero de ese mismo año, razón por la cual mal podría entonces sostenerse que el término de caducidad se vio interrumpido, cuando el mismo ya había caducado.

Finalmente, la Sala advierte que los términos procesales deben ser cumplidos de manera oportuna por parte de quienes acceden a la administración de justicia y que una de las responsabilidades de los apoderados judiciales para con sus clientes y para con la propia administración de justicia radica en la necesidad de actuar de manera oportuna, lo cual implica conocer y ajustar su actuación a la normatividad aplicable a cada proceso y acatar los términos allí consagrados(2).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto apelado, esto es el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el día 30 de abril de 2009.

2. En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ruth Stella Correa PalacioMauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero Myriam Guerrero de Escobar.

(1) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de julio del 2005 Exp. 14.691 y del 5 de septiembre del 2006, Exp. 14228, ambas con ponencia del Consejero, doctor Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente 13.126.

(3) Expediente 3393. actor: Bernardo Herrera Camargo.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radiación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano.

(5)Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2004, Exp. 25.854, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(6) Al respecto, esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe interpretarse de manera racional y, por ende, que su cómputo en algunos eventos se efectúe a partir del momento en que la parte actora conoció la existencia del hecho dañoso. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000. Exp. 12.200 y Auto de 12 de diciembre de 2007, Exp. 33.532, entre otros.

(2)(sic) Al respecto, ver por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias C - 012 de 2002, y T - 546 de 1995, entre otras.