Auto 2009-00147 de septiembre 1º de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Ref.: 170012331000200900147 01

Núm. interno: 2570-2012

Actor: Jorge Eduardo Bonet Calle

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., primero de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera

De acuerdo con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, señala que:

La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

(…).

Mediante sentencia del 22 de agosto de 2013 esta subsección revocó parcialmente la sentencia de 12 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y declaró infundada la excepción de falta de legitimación por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por considerar lo siguiente:

“…Ahora bien, el acto mediante el cual se suprimió y liquidó la ESE Rita Arango Álvarez del Pino fue el Decreto 452 de 2008 proferido por el Ministerio de la Protección Social, norma que obliga a que dentro del inventario realizado por el liquidador se debe incluir la relación de contingencias existentes, incluyendo los procesos o actuaciones administrativas que se adelanten y la estimación de su valor (art. 7º num. 4). Sin embargo, este acto no mencionó qué entidad asumiría los pasivos laborales con posterioridad a la liquidación de la ESE.

Según el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006 que modificó el Decreto-Ley 254 de 2000, cuando se termina el plazo de liquidación de la entidad, se puede celebrar un contrato de fiducia mercantil que comprenda los activos de la liquidación, y el producto de éstos se destina al pago de los pasivos y contingencias de la entidad, pero si al terminar la liquidación todavía hay procesos pendientes contra aquélla, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo que administra la fiducia, esto sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley.

En el presente asunto, el contrato de fiducia se celebró con Fiduprevisora como consta en el acta final del proceso liquidatorio, quien al ser la administradora del patrimonio autónomo entraría a responder exclusivamente, sin embargo, el Decreto 3751 de 2009 por el cual se asumen unas obligaciones y se dictan otras disposiciones establece que el Ministerio de Hacienda asume el valor de las obligaciones laborales reconocidas e insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación.

En este orden de ideas como el liquidador tenía la obligación de incluir los procesos judiciales dentro del inventario de la entidad objeto de la liquidación, el presente proceso debió relacionarse entre las contingencias cuando se suscribió el contrato con Fiduprevisora…”.

La apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público considera que en virtud del Decreto 3751 de 2009 la representación de la Nación no recae en el ministerio, pues su única obligación fue la de girar los recursos a la fiduciaria de las obligaciones reconocidas por el agente liquidador dentro del proceso liquidatorio, sino en el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud).

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

En el presente asunto por medio del Decreto 452 de 2008 proferido por el Ministerio de la Protección Social se suprimió la ESE Rita Arango Álvarez, sin mencionar qué entidad asumiría los pasivos laborales con posterioridad a su liquidación.

Según el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006 que modificó el Decreto-Ley 254 de 2000, cuando se termina el plazo de liquidación de la entidad, se puede celebrar un contrato de fiducia mercantil que comprenda los activos de la liquidación, y el producto de estos se destina al pago de los pasivos y contingencias de la entidad, pero si al terminar la liquidación todavía hay procesos pendientes contra aquélla, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo que administra la fiducia, esto sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley.

La ESE Rita Arango Álvarez constituyó un patrimonio autónomo de remanentes mediante contrato de Fiducia Mercantil 31-11991 de 2009, cuyo objeto fue “la administración por parte de la Fiduciaria la Previsora S.A., del patrimonio autónomo a integrarse con los activos monetarios que se indican, efectuar los pagos establecidos en el contrato con cargo a dichos recursos y administrar procesos judiciales y los contratos que se ceden al patrimonio. Se constituyeron reservas para atender el pago de las sentencias en firme y costas originadas en los procesos instaurados contra el fideicomitente relacionados en un anexo de dicho contrato.

El haber suscrito el contrato de Fiducia Mercantil, implica la no continuidad en la personería jurídica de la ESE Rita Arango Álvarez de Pino en liquidación, por cuanto su proceso de liquidación culminó con la suscripción del acta final y como consecuencia de ello la entidad desapareció de la vida jurídica, dotando al liquidador de autonomía y amplias facultades legales para que desarrollara el proceso liquidatorio, no teniendo el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud), posibilidad de intervenir directa o indirectamente sobre las reclamaciones de cualquier tipo, pues la entidad constituía una persona jurídica diferente a la Nación - Ministerio de la Protección Social.

A través del Decreto 3751 de 2009 la Nación asumió el valor de las obligaciones laborales insolutas de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, incorporadas en el contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, en los siguientes términos:

“Que el agente liquidador de la empresa social del Estado Rita Arango Álvarez de Pino en liquidación, informó a este ministerio que los activos de la empresa en liquidación resultaron insuficientes para pagar el total de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de la empresa, así como para pagar reclamaciones laborales reconocidas oportunas y extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral.”

ART. 1º—En virtud el presente decreto la Nación asume el valor de las obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez de Pino en liquidación, únicamente por concepto del valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las clasificadas como gastos administrativos.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento del artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006. El valor de la normalización pensional asumido es aquel que hace parte del Convenio suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual se surtió dicho mecanismo.

(…).

PAR.—Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor asume la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes.

De lo anterior se colige, que de conformidad con la normativa señalada, al constituirse el patrimonio autónomo con personería jurídica propia y al resultar insuficientes para pagar el total de los gastos administrativos laborales, el pasivo pensional de la empresa, así como para pagar reclamaciones laborales reconocidas oportunas y extemporáneas y el pasivo cierto no reclamado laboral, el Ministerio de la Protección Social no interviene en los asuntos propios de la liquidación.

Así mismo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como ejecutor de la política fiscal del país y gestor de los recursos públicos de la Nación, asumió el pago de las obligaciones reconocidas e insolutas por el liquidador, a partir de la terminación de la existencia legal de la empresa social del Estado de los procesos judiciales incluidos en el inventario cuando se suscribió el contrato con Fiduprevisora.

En las anteriores condiciones le asiste legitimación por pasiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por cuanto al no señalarse en el decreto de supresión la entidad que asumiría el pago después de culminada la liquidación, el Decreto 3751 de 2009 abrogó en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la obligación de girar los dineros a la Fiduciaria para el cumplimiento de las obligaciones.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

NIÉGASE la aclaración y corrección de la sentencia proferida por esta Subsección el 22 de agosto de 2013 mediante la cual revocó parcialmente la sentencia de 12 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y declaró infundada la excepción de falta de legitimación por pasiva del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Ejecutoriada, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen».

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.