Auto 2009-00196 de julio 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 790012331000200900196 01 (49707)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Jonathan Armilla Henao y otros

Demandado: la Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de julio de dos mil catorce.

Pasa a despacho el asunto de lo referencia para considerar lo admisión del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 30 de septiembre de 2013, mediante el cual se aprobó lo conciliación judicial celebrado entre las partes.

I. Antecedentes

1. Los señores Jonathan Armilla Henao, Jenny Alexandra Barbosa Nieto —quién actúo en nombre propio y en representación de su hijo menor Moría Alejandra Chavarro Mendoza— y Moría del Carmen Henao Castrillón, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa enderezada contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, solicitaron se la declarara responsable por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el primero de los nombrados.

2. Cumplido el trámite legal correspondiente el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia proferida el 31 de enero de 2013, declaró administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Jonathan Armilla Henao, providencia que fue recurrida por las partes.

3. Mediante auto de 18 de junio de 2013, el Tribunal de primera instancia en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 70 de lo Ley 1395 de 2010, fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, oportunidad en la que las partes llegaron a acuerdo conciliatorio que fue avalado por el Ministerio Público en los siguientes términos:

“... Teniendo en cuenta lo manifestado por los apoderados de las partes y compartiendo plenamente lo determinado por los mismos, de manera respetuosa solicito a la honorable magistrada se apruebe la presente conciliación, es todo”(1).

4. EI acuerdo conciliatorio logrado entre las partes fue aprobada el 30 de septiembre de 2013, providencia que fue impugnada por el Ministerio Público en los siguientes términos:

“Considera esta agencia del Ministerio Público que el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes no contienen los requisitos exigidos por el artículo 1º de la Ley 640 de 2001, específicamente en sus numerales 4º y 5º.

El mencionado acuerdo no establece obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al monto o conciliar, en él señaló que será el 70% de las sumas ordenadas en la parte resolutiva de la sentencia, sin precisar la cuantía, de igual manera tampoco se señala el tiempo en que la convocada —Fiscalía General de la Nación— realizaría el pago; y finalmente el acto de conciliación carece de relación sucinta de las pretensiones motivo de lo conciliación.

Aunado a lo anterior, el Decreto 1716 de 2009, en el parágrafo 3º, numeral 3º del artículo 9º dispone que:

‘El acta será firmada por quienes intervinieron en la diligencia y por el agente del Ministerio Público y a ella se anexará original o copia auténtica de la respectiva acta del comité de conciliación o se aportará un certificado suscrito por el representante legal que contenga la determinación tomada por la entidad’ (subrayado y negrilla fuera de texto).

Obro en el expediente la decisión expedida por el Comité de Conciliación de la Fiscalía General de la Nación, el cual se aportó en copio simple, careciendo del requisito o que se hace referencia en la norma anteriormente citada”.

II. Consideraciones

De los antecedentes antes referidos resulta que el Ministerio Público durante la audiencia de conciliación compartió en un todo el acuerdo a que llegaron las partes y luego dentro del término de ejecutorio del auto aprobatorio del mismo interpuso recurso de apelación por encontrarse inconforme con este planteamiento que hace necesario entrar a estudiar si le asiste o no interés jurídico a los agentes judiciales del Ministerio Público para impugnar los decisiones judiciales proferidos en los procesos contencioso administrativos.

Esta sección en providencia de unificación tuvo lo oportunidad de pronunciarse sobre el punto que se ha dejado planteado y lo hizo en los siguientes términos(2).

“Como se aprecia, en el pronunciamiento que se viene de citar se reconoció la posibilidad de que el Ministerio Público interpusiera los recursos legales contra las providencias judiciales proferidas o adoptadas en el proceso, siempre que se estuviera frente a cualquiera de las siguientes situaciones: i) un eventual o posible detrimento al patrimonio público, ii) la posible vulneración de los derechos fundamentales de una de las partes o terceros en el proceso, y iii) la transgresión del ordenamiento jurídico, es decir, para la defensa del principio de legalidad material.

De forma que, bajo esta óptica, se limitaba el interés del Ministerio Público en los eventos en que el ejercicio de los medios de impugnación se circunscribía a la defensa de un interés de contenido económico propio de las partes, salvo la protección del patrimonio público(3).

4.7. Como corolario de lo anterior, el Ministerio Público refleja el ejercicio de una función constitucional, autónoma, independiente, cuyo objetivo ha sido el control de la actuación pública. Por consiguiente, su participación en los procesos judiciales y, concretamente en los de naturaleza contencioso administrativa, tiene como objetivo el ser garante de la legalidad en sentido material, la protección del patrimonio público en respeto del principio de primacía del interés general y la concreción o materialización de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos como partes o sujetos procesales.

De modo que, lejos de ser considerada su participación como una coadyuvancia respecto de las partes, su intervención desborda la simple presentación o emisión del concepto al interior del proceso y, por lo tanto, supone una activa dinámica en la que el Procurador General de la Nación o sus delegados en una permanente dialéctica con el juez, las partes y los intervinientes sea el encargado de velar por el respeto de los cánones constitucionales y legales, de la protección del erario, y de los derechos que son inherentes y esenciales a la persona.

Así las cosas, la intervención del Ministerio Público en el proceso contencioso administrativo es principal y relevante, sin que sea posible limitar sus facultades por parte del juez de lo contencioso administrativo, en razón a que este último lo que deberá verificar es que exista el interés en la respectiva actuación desplegada por el agente o el procurador respectivo, esto es, que el derecho o instrumento procesal que se esté ejerciendo —sin importar su naturaleza— sea procedente según la ley adjetivo y, de otro lado, que le asista interés en el mismo, lo cual se verificará a partir del análisis del contenido del acto procesal, pues tendrá que estar encaminado materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, independiente de la forma que lo rodee.

4.8. Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones y precisiones, resulta pertinente señalar que no empece ()sic a las amplias facultades del Ministerio Público, sí le está vedado desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal. Por manera que, se torna necesario que el juez verifique —al momento de definir la admisión o decidir de fondo los recursos interpuestos por los agentes o delegados del Procurador— si el fundamento de la impugnación está relacionado materialmente con alguno de los objetivos o fines constitucionales de intervención, esto es, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales.

Es decir, existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público que consiste en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. En otros términos, es preciso que el Procurador General de la Nación o sus delegados determinen el escenario constitucional que sirve de fundamento para la impugnación (v.gr. la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o las garantías fundamentales) y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la protección de alguno de esos fines, varios de ellos o todos”.

De conformidad con la posición jurisprudencial asumida en forma unánime por la Sala, el Ministerio Público está llamado a participar en forma activa —como sujeto procesal especial— en los procesos contencioso administrativos, pero siempre circunscrita su actuación a la materialización de los objetivos indicados en el texto constitucional, esto es: i) la defesa del orden jurídico, ii) la protección del patrimonio público o iii) la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los asociados.

Es decir, el Ministerio Público debe argumentar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de los cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura, pues su función es la de velar por el respeto de los cánones constitucionales y legales, la protección del erario y de los derechos inherentes y esenciales a la persona, pero de ninguna forma su intervención puede favorecer a cualquiera de las partes del proceso, esto último con el fin de garantizar la ecuanimidad y el principio de igualdad que debe distinguir la actuación procesal.

En el asunto sub examine, una vez estudiado de fondo el documento que contiene el recurso de apelación, no se advierte en tal sentido la justificación argumentativa de la impugnación, por lo que se torna imperativo inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto del 30 de septiembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Por lo expuesto se, RESUELVE:

1. INADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra del auto de 30 de septiembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo parte motiva de esta providencia.

2. Por secretaría, NOTIFICAR personalmente el contenido de este proveído al señor agente del Ministerio Público.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Hernán Andrade Rincón.

(1) Folios 289 a 290 del cuaderno 2.

(2) Auto de unificación proferido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 27 de septiembre de 2012. Proceso 44541, actor: Robert Enrique Zamora Zapata y otros, demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

(3) Postura que se limitaba a reiterar la posición contenida en la providencia del 14 de mayo de 1993, Expediente 6995. M.P. Carlos Betancur Jaramillo, en lo cual se puntualizó: “Tanto para accionar como para recurrir se requiere interés. Al no existir este no habrá acción y durante el trámite, lo desfavorable que contengan las distintas providencias justificará la interposición de recursos. Si esa desfavorabilidad no se da no procederá el recurso correspondiente.

“Aplicando esta idea al caso sub judice se observa: la sociedad demandante, interesada en obtener una indemnización, formuló la demanda, su interés exclusivo, era de sentido meramente económico y, por ende, renunciable.

“Para confirmar este aserto, se observa:

“La intervención del Ministerio Público en acciones resarcitorias instauradas por los terceros interesados se entiende mientras subsista dicho interés; subsistencia que se presume durante todo el trámite del proceso. Pero cuando por voluntad del demandante se produce un acto o hecho que inequívocamente demuestre la cesación de ese interés, no podrá el Ministerio Público insistir en la culminación del proceso, por carecer de interés económico en las resultas del mismo; y porque no está legitimado para defender los intereses económicos de la parte actora.

“En el caso sub judice, la misma defensa del patrimonio público que compete constitucionalmente al señor fiscal apelar, porque la entidad pública habrá sido absuelta de la pretensión indemnizatoria formulada por la parte demandante.

“Se entienden las ideas precedentes en los contenciosos de resarcimiento, porque en los de simple nulidad la parte actora no tendrá la libre disposición del proceso (el interés de legalidad no es privado ni negociable) y este deberá culminar siempre en la forma normal u ordinario, o sea mediante la sentencia. Interés que le permitirá al agente del Ministerio Público su intervención en todas las etapas del proceso, en forma independiente y no condicionada por la conducta procesal de la parte demandante...”. Consejo de Estado, Sección Tercera.