Auto 2009-00235 de noviembre 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 050012331000200900235 01 (17800)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Compañía Colombiana de Tejidos - Coltejer S.A. contra la DIAN

Auto

Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2009.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 2 de abril de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que rechazó la demanda.

Antecedentes

La demanda

Coltejer S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 513 de 22 de enero de 2007 y 12, código 684, del 29 de agosto de 2008, relacionadas con la devolución del saldo a favor correspondiente a la retención en la fuente del año 2007-2.

A título de restablecimiento del derecho, la demandante pidió que se ordenara al demandado la "reimputación de las sumas indebidamente compensadas con base en una tasa de interés diferente a la que corresponde legalmente y la devolución de que trata el artículo 863 del estatuto tributario".

Auto apelado

Mediante auto del 2 de abril de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda por no acreditar el agotamiento de la conciliación prejudicial antes de la presentación de la acción.

En síntesis, en el auto apelado se consideró que:

— De conformidad con los artículos 35 de la Ley 640 de 2001 y 13 de la Ley 1285 de 2009, en las acciones de que tratan los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, la conciliación extrajudicial es un requisito de procedibilidad que debe agotarse, so pena de rechazo, antes de la presentación de la demanda.

— En el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda (feb. 2/2009), ya estaba vigente la citada Ley 1285 y, por tanto, como no se acreditó el agotamiento de dicho requisito procedía el rechazo de la demanda.

Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la demandante presentó recurso de apelación. La actora pidió revocar el auto de rechazo y, en concreto, manifestó que la conciliación prejudicial no es un requisito de procedibilidad aplicable a asuntos tributarios.

Precisó que la conciliación en materia tributaria solo ha sido prevista de forma excepcional para periodos determinados, pero que no es aplicable por expresa prohibición legal.

Consideraciones

La Sala revocará el auto apelado por las razones que pasan a exponerse.

Para ilustrar el sentido de la decisión que adoptará la Sala, se hace necesario pronunciarse sobre la procedibilidad de la conciliación prejudicial en los asuntos que conoce la jurisdicción del lo contencioso administrativo, en particular para los conflictos de carácter tributario.

El artículo 37 de la Ley 640 de 2001 consagra la conciliación en materia administrativa, así:

"ART. 37.—Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones.

PAR. 1º—Este requisito no se exigirá para el ejercicio de la acción de repetición.

PAR. 2º—Cuando se exija cumplir el requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente".

El texto trascrito corresponde a la corrección efectuada mediante el artículo 2º del Decreto 131 de 2001, pues el texto original incluía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De modo que, dicha norma solo estableció un requisito previo y obligatorio para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en las acciones de reparación directa y contractual. Empero, eso no significa que se hubiere prohibido expresamente la conciliación para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el artículo 70 de la Ley 446 de 1998 consagró que pueden ser objeto de conciliación los conflictos de carácter de contenido económico que, por lo general, también son objeto de discusión en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho: El artículo 70 citado es del siguiente tenor:

"ART. 70.—Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así:

"ART. 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

PAR. 1º—En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito.

PAR. 2º—No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario" (se destaca).

Es decir que los artículos 37 de la Ley 640 de 2001 y 70 de la Ley 446 de 1998 deben ser interpretados bajo el entendido que el primero consagra la obligación de celebrar la conciliación como requisito de procedibilidad para demandar. Mientras tanto el artículo 70 prevé la posibilidad de acudir a la conciliación para evitar un conflicto futuro, pero no como requisito previo. Dicha conclusión está fundada en el hecho de que la Ley 640 de 2001, no derogó expresamente el artículo 59 de la Ley 23 de 1991 ni el 70 de la Ley 446 que lo modificó, que permiten la conciliación en asuntos susceptibles de desistimiento y para los casos de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, excepto para los asuntos que versen sobre asuntos tributarios(1).

Ahora bien, el artículo 13 la Ley 1285 de 2009 (que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) consagró de manera expresa el requisito previo de la conciliación prejudicial para los casos de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. El artículo mencionado es del siguiente tenor:

"ART. 13.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

"ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial".

El mencionado artículo 13 fue reglamentado por medio del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009, que en el artículo 2º dispuso:

"ART. 2º—Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.

PAR. 1º—No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

— Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.

— Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

— Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

PAR. 2º—El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

PAR. 3º—Cuando la acción que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial solo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

(…)" (se destaca).

De los artículos citados se desprende que para el caso de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho son conciliables los aspectos económicos que suelen contener los actos administrativos. Quedan excluidos expresamente de la conciliación prejudicial los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario, lo que significa que para la presentación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en que se discutan actos sobre impuestos, no hay que agotar dicha conciliación.

En el caso particular, la sociedad actora demandó los actos administrativos con los que la administración resolvió la solicitud de compensación presentada por la demandante respecto del saldo a favor determinado en la retención en la fuente del año gravable 2007, periodo 2. Es decir, se trata de un asunto tributario frente al que no se ha previsto el agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito previo para demandar en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden, la demanda no podía rechazarse de plano por no haberse acreditado el agotamiento de la conciliación, pues por disposición legal la conciliación extrajudicial está prohibida para asuntos tributarios.

En consecuencia, como se anunció, se revocará el auto apelado y, en su lugar, el a quo deberá decidir sobre la admisión de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE

1. Revócase el auto del 2 de abril de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas.

2. Devuélvase al tribunal de origen para que decida sobre la admisión de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

(1) En este sentido se pronunció la Sala en auto del 7 de abril de 2005. C.P. María Inés Barbosa. Expediente 14963.