Auto 2009-00309 de mayo 3 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 37888

Rad. 20001-23-31-000-2009-00309-01

Consejero Ponente (e):

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Departamento del Cesar

Demandado: Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.

Naturaleza: Acción ejecutiva - apelación de auto

Bogotá, D.C., tres mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia para conocer de los procesos ejecutivos contractuales.

Esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido de conformidad con Io dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que los procesos ejecutivos contractuales de que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo se regulan en su trámite por las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que dentro del Código Contencioso Administrativo no existe una regulación especial para los asuntos de esta naturaleza.

No obstante, en relación con el tema de la cuantía del proceso, cuando esta constituye un factor determinante para fijar la competencia funcional del operador judicial, no se aplican los montos que en tal sentido (CPC, art. 19), determina el Código de Procedimiento Civil, comoquiera que tratándose de las competencias para conocer de los procesos que se adelanten ante esta jurisdicción sí existe regulación expresa dentro del Código Contencioso Administrativo(1).

Así pues, si bien es cierto que el trámite de los procesos ejecutivos contractuales cuya competencia esté asignada a la jurisdicción contencioso administrativa se regula por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que el tema de la cuantía en estos procesos (cuando esta constituye un factor determinante para fijar la competencia funcional), cuenta con regulación expresa en las disposiciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, concretamente en el artículo 132, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, disposiciones que son aplicables al presente asunto, toda vez que el auto apelado se dictó el 22 de octubre de 2009, esto es cuando ya habían entrado en funcionamiento los juzgados administrativos, hecho que dio plena aplicación a las normas que, sobre competencia, introdujo la Ley 446(2).

Ahora bien, una vez establecida la normatividad aplicable al presente asunto, conviene determinar cuál es la cuantía necesaria para que un proceso de esta naturaleza acceda a la segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Al respecto, si bien el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, únicamente se refiere a la cuantía respecto de los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, para advertir que los tribunales administrativos son los competentes en primera instancia respecto de aquellos cuya cuantía supere los 1500 SMLMV, no es menos cierto que la Sala, en virtud de las nuevas competencias introducidas en la Ley 446 y en la integración que debe existir en el ordenamiento jurídico, según lo establece la Ley 153 de 1887, ha sostenido que para determinar si un proceso ejecutivo accede, o no, a la segunda instancia, resulta necesario acudir a la cuantía prevista para los procesos ejecutivos derivados de sentencias  de condena y no a aquella cuantía establecida para los procesos iniciados en ejercicio de la acción contractual, cuantía que era la que se aplicaba antes de las modificaciones previstas en la Ley 446(3).

En este sentido la Sala ha puntualizado:

“Antes de la entrada en vigencia  de la Ley 954 de 2005, consideraba la Sala que por no existir norma que señalara la cuantía para que un proceso ejecutivo se le diera el trámite de doble instancia se debía acudir a la cuantía establecida para los procesos iniciados en ejercicio de la acción contractual, por cuanto no era posible acudir a la regulación que del tema consagra el Código de Procedimiento Civil habida cuenta que esa normatividad establece procesos ejecutivos de mínima, menor y mayor cuantía, cuyo conocimiento atribuye a los jueces municipales y a los jueces del circuito (CPC, arts. 15 y 16). En esta jurisdicción ante la inexistencia de jueces municipales mal pude concebirse el trámite de única instancia del proceso ejecutivo de mínima cuantía.

La Ley 954 de 2005 habilitó la vigencia  de las normas que sobre competencia estableció la Ley 446 de 1998, en los siguientes términos:

(...).

Esta norma determinó la vigencia  de las modificaciones que en materia de competencias en razón de la cuantía introdujo la Ley 446 de 1998 al Código Contencioso Administrativo y que en el tema de procesos ejecutivos consistió en distribuir entre jueces administrativos, tribunales administrativos y Consejo de Estado la competencia para conocer de estos juicios según que la cuantía de las pretensiones sea igual o superior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, si corresponde a esta cuantía la primera instancia será ante los tribunales administrativos y la segunda ante el Consejo de Estado y si no la alcanza, entonces la primera instancia será ante los jueces administrativos y la segunda ante los tribunales, esto para procesos que se inicien después de cuando entraron a operar los juzgados administrativos.

Con fundamento en estas nuevas competencias y en virtud de la integración que debe existir dentro del ordenamiento jurídico, aplicando lo establecido en la Ley 153 de 1887(4), entiende la Sala que para establecer si un proceso ejecutivo es o no de doble instancia, es necesario acudir a la cuantía establecida para los procesos ejecutivos derivados de sentencias  de condena, y no propiamente a la cuantía establecida para los procesos iniciados en ejercicio de la acción de controversias contractuales.

Por lo tanto, como en el caso concreto el recurso de apelación que se tramita en este instancia, se interpuso en vigencia  de la Ley 954 de 2005 —19 de mayo de 2005(5)—, deberán aplicarse las normas previstas en la Ley 446 de 1998, para establecer la competencia en los procesos ejecutivos derivados de sentencias  de condena, con el fin de determinar si el proceso es o no de doble instancia”.

De esta manera, para que un proceso ejecutivo puede acceder a la doble instancia ante esta corporación, la cuantía del mismo debe superar los 1500 SMLMV, los cuales al momento de presentación de la demanda (año 2009) eran equivalentes a $ 745’350.000, dado que el salario mínimo para ese entonces era de $ 496.900.

2. El caso en concreto.

Establecido lo anterior, el despacho considera que en el presente asunto se configuró una nulidad insaneable de conformidad con la causal 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

“Cuando el juez carece de competencia”.

En materia de nulidades, el artículo 165 del Código Contencioso Administrativo remite expresamente a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Esta última codificación señala, en su artículo 140, las causales por medio de las cuales se puede determinar la nulidad total o parcial de un proceso.

En este sentido se observa que en la demanda se introdujeron las siguientes pretensiones:

“Pretensiones.

“Solicito señor juez librar mandamiento de pago en contra de la Compañía Suramericana de Seguros S.A, identificada con el Nit. 824002538-9, con domicilio principal en la ciudad de Medellín y a favor del departamento del Cesar, en las siguientes sumas:

a) Trescientos noventa y cinco millones ciento veinte siete mil pesos ($ 395'127.000), por concepto de anticipo, ordenado en la Resolución 005104 del 17 de octubre de 2008, que declaró la ocurrencia del siniestro del buen manejo y de la correcta inversión del anticipo amparado en la póliza 1538042-3 tomada por la fundación de profesionales por el Cesar para el desarrollo social y comunitario “proceso”, para amparar el Convenio Estatal 497 del 19 de diciembre de 2007.

b) Más los intereses corrientes y moratorios como lo indica la ley, desde que se hizo exigible la obligación 17 de octubre de 2008.

c) Las costas y agencias en derecho en el proceso ejecutivo contractual con titulo ejecutivo complejo.

Además, se observa que respecto de la cuantía del proceso, la parte actora señaló:

“Es competente el Tribunal Contencioso Administrativo para conocer de este asunto, toda vez que se trate de un proceso ejecutivo con título complejo, derivado de contrato estatal, cuyo procedimiento se regula conforme al artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, y la Ley 446 de 1998, siguiendo la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía, contenida en el Código de Procedimiento Civil, por remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y además por la cuantía del mismo según lo establecido en el articulo 132 num. 5 y el artículo 134D literal “D” del Código Contencioso Administrativo”.

Así las cosas, es importante anotar que el señalamiento de la cuantía tiene por objeto determinar la competencia del juez y el procedimiento a seguir, aspectos que han de quedar definidos desde el comienzo de la controversia, los cuales no pueden variar por apreciaciones posteriores del juez o de las partes.

En este orden de ideas, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“Determinación de la cuantía. La cuantía se determinara así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demandas se acumulen varias pretensiones” (se resalta).

De esta manera, con la finalidad de establecer la cuantía del proceso, el juez debe tener en cuenta las pretensiones contenidas en la demanda, así como la estimación razonada de su cuantía(6).

Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Por consiguiente, no resulta procedente la sumatoria de diferentes clases de perjuicios con el fin de determinar la cuantía del proceso, dado que las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización, por ejemplo, de perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral o grave alteración a las condiciones de existencia), entre otras, o, tratándose de los procesos ejecutivos, respecto de la cantidad correspondiente al capital y a los intereses, frente a cada actor, son pretensiones autónomas que devienen de una fuente distinta y que, por lo tanto, su sumatoria, con el fin de establecer la cuantía, es inadecuada.

De conformidad con lo anterior, se impone concluir que la cuantía del presente proceso corresponde al capital para el cual se pretende ejecutar a la compañía Suramericana de Seguros S.A., esto es la suma de $ 395'127.000.00, que al año en que se presentó la demanda —año 2009— equivalía a 795 SMLMV.

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación contra el auto impugnado se interpuso el 28 de octubre de 2009, es decir con posterioridad a la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, nos (sic) debe concluirse que para ese momento tenía plena aplicación la Ley 446 de 1998, mediante la cual —se reitera—, se modificó la competencia de los tribunales administrativos para conocer de los diferentes asuntos, en única y en primera instancia, tal como se dejó indicado anteriormente.

Así las cosas, en aplicación de la Ley 446, el presente asunto para poder acceder a la doble instancia ante el Consejo de Estado necesariamente debía tener una cuantía superior a los 1.500 SMLMV, al momento de presentación de la demanda, es decir, exceder la suma de $ 745'350.000.

En este sentido, comoquiera que la pretensión mayor se calculó en $ 395'127.000, se impone concluir que este proceso no tiene vocación de doble instancia ante esta corporación.

En consecuencia, el despacho declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto del 9 de abril de 2010 —inclusive—, mediante el cual se decidió admitir el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Seguros Generales Suramericana S.A., contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar el 22 de octubre de 2009, habida cuenta que esta corporación carece de competencia para conocer del presente asunto en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 9 de abril de 2010 —inclusive—, por haberse configurado la nulidad insaneable contemplada en el numeral 3 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

2. Ejecutoriada la presente providencia, envíese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 22 de marzo de 2007, C.P. Alier Hernández Enríquez, Expediente: 08001-23-31-000-2001-02978-01(32964).

(2) Respecto de los cambios introducidos por la Ley 954 de 2005 y la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, ver entre otros: auto del 12 de diciembre de 2007, Expediente 33742, auto del 30 de enero de 2008, Expediente 34033.

(3) Sección Tercera, auto del 28 de septiembre de 2006, Expediente: 31968, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) “ART. 8º—Cuando no haya ley exactamente al caso controvertido, se aplicarán la leyes que reglen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho”.

(5) La Ley 954 de 2005 comenzó a regir el 28 de abril de 2005, fecha de su promulgación, en conformidad con lo dispuesto en su artículo 7º.

(6) Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, autos proferidos el 2 de febrero de 2002, dentro de los expedientes números 18252 y 18786.