Sentencia 2009-00356 de abril 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Exp. 180012331000200900356-01 (40.224)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Marlio Alberto Palencia González

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional y otros.

Asunto: Acción de reparación directa apelación auto

Bogotá, D.C., veintisiete de abril de dos mil once.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 4 de noviembre de 2010, el cual será revocado.

Mediante el auto recurrido se rechazó la demanda por no haberse subsanado los defectos formales observados en el momento de su inadmisión.

I. Antecedentes

1. En escrito presentado ante el Juez Administrativo del Circuito de Florencia el 14 de diciembre de 2006, los señores Marlio Alberto Palencia González, quien actúa en nombre propio en y representación de sus hijos menores Diana María Palencia Lasso y David Palencia Céspedes, formularon demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, para que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales que se les causaron, con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Marlio Alberto Palencia González.

2. Mediante Oficio DP-02-049 de 23 de octubre de 2008 del Presidente del Tribunal Administrativo del Caquetá, se solicitó remitir a dicha corporación por competencia funcional los procesos ordinarios de reparación directa que se hubieran instaurado contra el Estado por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuosos funcionamiento de la administración de justicia, lo cual dio lugar a que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Florencia Caquetá remitiera el expediente al tribunal y esa corporación, a través de auto de 22 de febrero de 2010 declarara la nulidad de todo lo actuado por el juzgado, por incompetencia funcional.

3. Mediante providencia de 21 de mayo de 2010, el a quo inadmitió la demanda para que se allegara el registro civil de nacimiento de la menor Diana María Palencia Lasso, toda vez que no se encontraba acreditado en dicho registro quiénes son sus padres (fl. 170, cdno. 1) y mediante auto de 4 de noviembre de 2010, rechazó la demanda presentada a nombre de esa menor, toda vez que no se dio cumplimiento al requerimiento que se hizo cuando se inadmitió la demanda.

4. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación para que sea revocada y en su lugar se admita la demanda presentada a nombre de la menor Diana María Palencia. Para fundamentar la inconformidad se señaló de un todo que la demostración del parentesco de esta menor con el afectado con la detención es un presupuesto para obtener sentencia favorable y de otro, que en el acápite de pruebas, una de las solicitadas fue precisamente la obtención del registro civil de nacimiento de esa menor.

II. Consideraciones de la Sala

1. Sea lo primero señalar que la competencia de la Sala para adoptar la decisión deviene de que la normativa que se aplica en relación con el recurso de apelación interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(1) es la vigente al momento de su interposición(2), esto es, el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, antes de su modificación por cuenta de la Ley 1395, y no esta última, vigente desde el 12 de julio de este año.

Por otra parte, se advierte que para cuando se adopta esta decisión, la norma vigente también establece como colegiada la providencia que rechaza la demanda, cuando deba ser proferida por un tribunal administrativo o por el Consejo de Estado (L. 1395, art. 61, que introdujo el art. 146A del CCA, en armonía con lo dispuesto en el art. 181 ib.).

2. Igualmente como cuestión previa para determinar la competencia de la Sala, se precisa que de conformidad con el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil la apelación del auto que rechaza la demanda por incumplimiento de la orden de corrección que se da en el auto inadmisorio de la demanda, comprende también la de éste.

3. El Código Contencioso Administrativo, en sus artículos 137, 138 y 139, consagra una serie de requisitos que debe cumplir la demanda para que pueda ser admitida por el juez competente, quien debe revisarla y confirmar el cumplimiento de la totalidad de los mismos y de no reunirlos cuenta con la facultad de inadmitirla.

Por su parte, el artículo 143 ibídem, permite que la parte demandante corrija los defectos que el juez le señale a la demanda, en un término de cinco (5) días, que se cuentan a partir del día siguiente a la notificación por estado del auto que así lo ordena, con la finalidad de evitar futuras nulidades y lograr el saneamiento del proceso. Si el actor no hace uso de esta oportunidad de corrección, dentro del plazo establecido, o simplemente no cumple con todo lo ordenado en el auto de inadmisión, el juez debe rechazar la demanda.

4. De igual manera, el señalamiento de tales requisitos por los artículos 137, 138 y 139 del Código Contencioso Administrativo, es taxativo, de manera que al juez, como se indicará, solo le es dable estudiar la demanda para efectos de determinar si se cumplieron tales requisitos, sin que pueda solicitar el cumplimiento de otros no previstos en dichas disposiciones, so pena de afectar los derechos de acción y de acceso a la administración de justicia.

Así se pronunció esta Sala, mediante auto de 3 de septiembre de 2008:

“Para cumplir con la exigencia que se le hizo en el auto de 26 de marzo de 2008, la parte actora informó que no existía acto posterior que resolviera recursos en vía gubernativa dado que no había sustentado el recurso de reposición, afirmación que entiende la Sala es suficiente para tener por satisfecho el requerimiento realizado en la inadmisión, sin que sea necesario traer certificación que la acredite, por cuanto tal certificación no está incorporada por la norma como uno de los requisitos que determinan la admisión de la demanda, como quiera que el requerimiento que hace la ley para el efecto, es el de la aportación de los actos que se produzcan con ocasión del agotamiento de la vía gubernativa, y como no se produjeron tales actos, no puede exigirse al demandante que aporte certificación en tal sentido, sin perjuicio de que este corra el riesgo de enfrentarse a una sentencia inhibitoria, en caso de que se hubiesen proferido”(3).

En este mismo sentido, señaló la Sección que no era procedente el rechazo de la demanda, cuando no se allegaran al proceso copias auténticas de un contrato de arrendamiento, con fundamento en que tal circunstancia, tampoco está contemplada como una carga que le corresponda cumplir al demandante para efectos de presentar la demanda en forma(4).

5. La legitimación material en la causa, en sus dos sentidos, es por activa cuando la identidad del demandante concuerda con la de aquella persona a quién la ley o un acto jurídico le otorga la titularidad de un derecho y la posibilidad de reclamarlo; por pasiva cuando la identidad del demandado es la misma con la de aquel a quién se le puede exigir el cumplimiento de la obligación o la satisfacción del derecho correlativos que tiene con el primero.

En relación con este presupuesto procesal, la Sala ha señalado lo siguiente:

“La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo no el procesal; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante. Lo anterior permite inferir, a contrario del tribunal, que la ilegitimación en la causa de hecho o material no configura excepción de fondo”(5).

De manera que la legitimación material en la causa deberá analizarse en la sentencia, con la finalidad de determinar si prosperan las pretensiones de la demanda o si por el contrario las mismas deben ser denegadas. En este sentido la legitimación en la causa es un presupuesto material para dictar sentencia favorable, el cual supone determinar si en realidad el demandado es quién está en el deber de proveer la satisfacción del derecho reclamado o si el actor es el titular del mismo. En caso de que tal situación no se demuestre, las pretensiones de la demandada deben negarse, no porque no exista el derecho, sino porque el demandante no estaba capacitado para reclamarlo o el demandado no estaba realmente obligado a su cumplimiento.

De conformidad con lo anterior, es importante señalar que el registro civil que se allega al proceso, constituye la prueba de parentesco para efectos de determinar, junto con otras pruebas, la viabilidad de reconocer el derecho reclamado con la interposición de la demanda, esto es que tal demandante se encuentra legitimado materialmente por activa para recibir el resarcimiento del perjuicio que con la conducta del Estado se le ha causado.

Con todo, el no haberse aportado el registro civil de nacimiento de la menor Diana María Palencia Lasso, no constituye causal de inadmisión de la demandada, toda vez que tal registro se debe aportar para probar si los integrantes de la parte actora tienen derecho a la indemnización de los perjuicios que reclaman con ocasión del daño antijurídico que se imputa al Estado, aspectos éstos que deben ser valorados por el juez al momento de dictar sentencia y que son objeto precisamente del debate judicial, en un proceso indemnizatorio.

6. Por otra parte, el Código Contencioso Administrativo, al regular el procedimiento ordinario, establece en sus artículos 207 y 208, que la oportunidad para pedir pruebas durante el trámite de primera instancia es con la demanda y su contestación, y hasta el término de fijación en lista, caso en el cual se podría incluir la solicitud de nuevas pruebas a través de la modificación o adición del escrito de postulación(6).

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, no resulta ajustado a los derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia, que dentro de una demanda a un integrante que conforme la parte demandante le sea rechazada con fundamento en que no se aportaron las pruebas que permitan acreditar el perjuicio que en ella se reclama, sobre todo si se tiene en cuenta que el mismo trámite del proceso establece una serie de instancias para la práctica de las pruebas pedidas por las partes, e incluso, faculta al juez para que, en aras de garantizar la verdad material, de oficio solicite las que considere pertinentes, para luego valorarlas y resolver sobre las pretensiones y excepciones formuladas por las partes.

En otras palabras no era procedente la inadmisión para efectos de que fuera aportada la prueba del parentesco de una de las demandantes con la víctima directa del daño, por cuanto ello atañe a la demostración de uno de los elementos de la responsabilidad, lo cual es propio del debate probatorio.

Por lo anterior, se revocará la decisión apelada, junto con la providencia que inadmitió la demanda, según lo establecido en el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil y, en su lugar, se admitirá la demanda a nombre de la menor Diana María Palencia Lasso, esta decisión se notificará personalmente a la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCANSE los autos de 21 de mayo y 4 de noviembre de 2010, proferidos por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en cuanto inadmitió la demanda presentada a nombre de la menor Diana María Palencia Lasso, y en su lugar se dispone:

“Por reunir los requisitos establecidos en los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, SE ADMITE la demanda presentada por la menor Diana María Palencia Lasso en contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y otros, en ejercicio de la acción de reparación directa”.

SEGUNDO: En firme esta providencia regrese el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—Danilo Rojas Betancourth.

(1) El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

(2) El recurso fue interpuesto el 16 de noviembre de 2010.

(3) Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 34982. Providencia de 3 de septiembre de 2008.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 28290. Providencia de 20 de abril de 2005.

(5) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2003, M.P. María Elena Giraldo Gómez. Expediente 73001-23-31-000-1995-04431-01(14431).

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 30.512, auto de 28 de septiembre de 2006, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.