Auto 2009-00408/53618 de noviembre 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Rad.: 25000-23-26-000-2009-00408-03(53618)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Referencia: Acción de controversias contractuales (apelación auto)

Actor: Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A.

Demandado: Seguros Colpatria

Bogotá D.C., veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Resuelve el despacho el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto de 4 de febrero de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, por medio del cual se declaró la nulidad de todo lo actuado y se ordenó enviar el expediente a la jurisdicción ordinaria.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 15 de julio de 2009, la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., por intermedio de apoderado judicial instauró demanda en ejercicio de la acción contractual(1) en contra de Seguros Colpatria, con el fin de que se declarara que entre las partes “existió un contrato de seguros regulado por la póliza 8001000151, donde La Previsora fungió como tomador, asegurado y beneficiario”.

Mediante providencia de 23 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el proceso a la Jurisdicción Ordinaria, decisión que fue revocada al resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte actora.

En providencia del 14 de marzo de 2012, el a quo declaró nuevamente la falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la Jurisdicción Ordinaria, con fundamento en una decisión de conflicto de competencia dirimido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Contra la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación, que fue rechazado por auto de 23 de mayo de 2012. Inconforme con esa decisión la parte demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, solicitó la expedición de copias para surtir el recurso queja.

Encontrándose el proceso en esta Corporación para resolver el recurso de queja, mediante providencia del 27 de septiembre de 2013, se ordenó devolver el expediente al tribunal de origen para:

“…se tiene que el tribunal de primera instancia al advertir el vicio procesal consistente en su falta de jurisdicción para conocer del presente asunto debió, previo a ordenar la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria, declarar de oficio la nulidad procesal generada a partir de la configuración del mencionado defecto procesal, por ser ese uno de sus deberes legales, conforme se dejó anotado previamente” (Subraya el despacho).

El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 14 de marzo de 2012. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual se rechazó. Inconforme con la decisión a la que se acaba de hacer referencia, la actora interpuso recurso de queja.

En providencia de 3 de octubre de 2014 esta Corporación resolvió el recurso de queja y ordenó conceder el recurso de apelación contra el auto de 4 de febrero de 2014.

2. Providencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, mediante auto de 4 de febrero de 2014(2), resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado desde la providencia del 14 de marzo de 2012, inclusive, y ordenó remitir el proceso a la Jurisdicción Ordinaria.

3. El recurso interpuesto.

Inconforme con lo resuelto, la parte actora presentó oportunamente recurso de apelación(3), en el cual sostuvo:

“Sea lo primero anotar que no se comprende cómo después de transcurrir más de dos años de haberse admitido la demanda y de haberse desarrollado el proceso en su etapa probatoria se decida ahora remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria por una aparente (y a todas luces, inexistente) falta de jurisdicción.

(…).

Vale anotar que la providencia ahora recurrida no trae consigo un análisis de la situación fáctica que da base a la declaración de nulidad, conforme al numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se hace imperativo anotar que la demanda con que dio inicio el trámite de la referencia se refiere a una acción contractual, cuyas pretensiones, en suma, apuntan a que se declare que la aseguradora demandada deberá responder por los dineros que debió pagar la fiduciaria con ocasión de un siniestro cubierto bajo los amparos de la póliza a la que se hizo alusión en los hechos de la demanda.

(…).

De acuerdo con lo anterior, el a quo cometió un error manifiesto al momento de proferir la decisión ahora recurrida, pues, se evidencia de la lectura de los autos proferidos dentro del presente proceso, ya se había discutido el tema referente a la falta de jurisdicción, situación que se consideró al momento de admitir la demanda y frente al que, de manera acertada, y con fundamento en las decisiones que ya ha realizado este tribunal en casos similares determinó que contaba con la competencia y con la jurisdicción para conocer del presente caso.

(…).

Ocurre, señoría, que en este caso no admite discusión que la ley es clara al respecto: el tenor literal del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo es preciso en demasía en señalar que “La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de la personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”.

4. Trámite de la apelación.

En providencia del 3 de octubre de 2014 que resolvió el recurso de queja interpuesto, esta Corporación declaró mal denegado el recurso de apelación incoado por la parte actora(4) y lo concedió, impugnación que fue admitida mediante proveído de 23 de abril de 2015(5).

II. Consideraciones

En el presente asunto la demanda fue presentada el 15 de julio de 2009, por lo que al proceso le resultan aplicables los preceptos del Código Contencioso Administrativo(6).

1. Procedencia del recurso de apelación.

El despacho es competente funcionalmente para conocer del presente asunto, comoquiera que se trata de un auto interlocutorio proferido en primera instancia por un Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante el cual se declaró la nulidad de todo lo actuado.

2. El caso concreto.

En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, declaró de manera oficiosa la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción desde el auto de 14 de marzo de 2012, inclusive, y ordenó remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria.

Revisado el expediente encuentra el despacho que la parte actora hizo las siguientes declaraciones (Se transcribe tal cual está en el texto original, incluso con errores):

“1. Que se DECLARE que entre la compañía de Seguros Colpatria S.A. y Fiduciaria La Previsora S.A existió un contrato de seguro regulado por la póliza 8001000151, donde Fiduciaria La Previsora S.A fungió como tomador, asegurado y beneficiario.

2. Que se DECLARE que el reclamo y la eventual condena que pudiere llegar a proferirse dentro del proceso iniciado por Salud Total S.A E.P.S.- A.R.S. en contra de la NACIÓN – Ministerio de la Protección Social y de las entidades que conforman el consorcio Fidusyga, del que hace parte, entre otras, la fiduciaria La Previsroa (sic) S.A., radicado a la partida 2007-00065, y que cursa hoy en trámite de segunda instancia ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, constituye un riesgo amparado bajo la póliza mencionada, afectado el amparo de indemnización profesional, contenido en el amparo de manejo global bancario – infidelidad y riesgos financieros, afectado al anexo NMA 3000.

3. Que se DECLARE que Seguros Colpatria S.A. está obligada a pagar la suma que llegare a corresponder a la eventual condena que pudiere proferirse en contra de la fiduciaria La Previsroa (sic) S.A. en el proceso indicado en la pretensión segunda, junto con las correspondientes actualizaciones, indexaciones e intereses de mora que pudieran así mismo llegar a ordenarse en la misma eventual decisión.

4. Que se CONDENE a Seguros Colpatria S.A. al pago de la suma que llegare a corresponder a la eventual condena que pudiera proferirse en contra de Fiduciaria La Previsora S.A. en el proceso indicado en la pretensión segunda, junto con las correspondientes actualizaciones, indexaciones e intereses de mora que pudieran así mismo llegar a ordenarse en la misma eventual decisión”.

El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, señala que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, la norma reza:

“ART. 82.—Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

Respecto al alcance de la norma transcrita, se pronunció la Sala mediante auto de 8 de febrero de 2007(7), en el cual, a propósito de los asuntos que interesan al caso que aquí se examina, señaló:

“A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera:

“i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto del mismo”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 se ocupó de definir qué entidades y organismos integrarían la rama ejecutiva del poder público, así:

“ART. 38.—Integración de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. La rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del sector central:

a. La Presidencia de la República;

b. La Vicepresidencia de la República;

c. Los consejos superiores de la administración;

d. Los ministerios y departamentos administrativos;

e. Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.

2. Del sector descentralizado por servicios:

a. Los establecimientos públicos;

b. Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;

e. Los institutos científicos y tecnológicos;

f. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público” (Destaca el despacho).

De otro lado, la Ley 80 de 1993 en su artículo segundo establece:

“Se denominan entidades estatales:

La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles” (Destaca el despacho).

De otra parte, la Sección Tercera de esta corporación ha precisado que, en virtud del criterio orgánico, en cualquier clase de contrato en el que sea parte una entidad estatal será la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la que ejerza competencia para conocer de los litigios que se susciten en virtud de tales asuntos. Al respecto ha manifestado que:

“De conformidad con el numeral 2º, las controversias o litigios relacionados con cualquier clase de contrato, regido por el derecho administrativo o por cualquier otro derecho, donde sea parte una entidad estatal —criterio orgánico—, de aquellas a que se refiere el parágrafo del artículo 104, quedan bajo la jurisdicción de lo contencioso administrativo; salvo las instituciones financieras públicas, cuando contraten objetos que hacen parte del giro ordinario de su negocio. En otras palabras, en este supuesto quedan comprendidas casi todas las entidades estatales excluidas de la Ley 80 de 1993, que actualmente aplican como régimen jurídico una mezcla de derecho privado con principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, además del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que cada entidad pública traduce en un reglamento o manual de contratación, cuya naturaleza de derecho administrativo queda así insinuada, porque el reglamento interno produce normas de contratación especial —distintas al derecho privado— para cada entidad. Por tanto, en este numeral quedan comprendidas las todas entidades estatales que prestan SPD, por el sólo hecho de ser públicas: i) municipios, ii) empresas oficiales y iii) empresas mixtas con capital del Estado igual o superior al 50%, iv) prestadores marginales, independientes o para uso particular, cuando tengan naturaleza pública, v) entidades estatales del régimen de transición de la Ley 142 —arts. 180 y 182—, vi) empresas industriales y comerciales del Estado regidas por la Ley 489 de 1998 que prestan SPD, vii) empresas de naturaleza estatal que ejecuten actuaciones urbanísticas y deban aplicar la Ley 142 de 1994 —art. 36—, viii) las entidades de naturaleza estatal que actúen como operadores de SPD en el marco de los Planes Departamentales de Agua o Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y ix) las demás entidades que en los términos de la Ley 142 tengan naturaleza pública. En sentido contrario, las empresas privadas, las empresas privadas con participación pública —en los términos que las definió la Sentencia C-736 de 2007, es decir, aquellas donde existe participación estatal inferior al 50%— y las demás que en los términos de la Ley 142 tengan esa naturaleza, no quedan incluidas en este numeral”(8) (Se destaca).

Ahora bien, resulta necesario estudiar la naturaleza jurídica de la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., a efectos de definir si la jurisdicción Contenciosa Administrativa es competente para conocer el presente proceso.

La Sociedad Fiduciaria la Previsora S.A., “es una Sociedad de Economía Mixta de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y con control fiscal reglamentado por la Contraloría General de la República”(9), cuyo capital público asciende al 90%.

Las Sociedades de Economía Mixta como integrantes de la rama ejecutiva del poder público, salvo disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A. es una sociedad de economía mixta de carácter indirecto y de orden nacional cuyo capital público asciende al 90%, es claro que la jurisdicción competente para conocer de las controversias y litigios derivados de su actividad es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En atención a lo expuesto, se revocará la decisión impugnada.

RESUELVE:

1. REVOCAR el proveído de 4 de febrero de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, mediante el cual se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 14 de marzo 2012 y ordenó remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria.

2. En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Hernán Andrade Rincón.

 

1 Folios 7 a 16 del cuaderno principal.

2 Folio 404 a 406 del cuaderno de segunda instancia.

3 Folios 407 a 413 del cuaderno de segunda instancia.

4 Folio 436 a 438 del cuaderno de segunda instancia.

5 Folio 451 y 452 del cuaderno de segunda instancia.

6 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

7 Radicado: 30903, M.P Enrique Gil Botero.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de noviembre de 2013, expediente (46027), M.P.: Enrique Gil Botero.

9 www.fiduprevisora.com.co/seccion/nosotros/nuestra-empresa/quienes-somos.