Auto 2009-00431 de abril 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 1100103240002009 00431 00

Consejera Ponente (E):

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Jesús María Sánchez Bedoya y Otros

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez .

Se decide sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

Antecedentes

El día 27 de julio de 2009 los ciudadanos Jesús María Sánchez Bedoya, Mario Ortega Giraldo y Andrés Higuita Salgado, actuando por conducto de apoderado, interpusieron demanda para que se declare la nulidad de la Resolución 4659 del 10 de noviembre de 2008, proferida por el Ministro de Transporte, por medio de la cual se desarrolló el artículo 13 del Decreto 1660 del 16 de junio de 2003.

El texto de la Resolución 4659 de 2008 del Ministerio de Transporte, cuya nulidad se depreca es el siguiente:

“Resolución 4659 de 2008

(Noviembre 10)

“Por la cual se adoptan unas medidas en materia de accesibilidad a los sistemas de transporte público masivo municipal, distrital y metropolitano de pasajeros”.

El Ministro de Transporte,

en uso de las facultades legales y en especial las conferidas en las leyes 336 de 1996 y 361 de 1997 y los decretos 1660 y 2053 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 361 de 1997 estableció mecanismos de integración social de las personas con discapacidad y dictó disposiciones relacionadas con el acceso al servicio de transporte y su infraestructura;

Que mediante Decreto 1660 de 2003, se reglamentó la accesibilidad a los modos de transporte de la población general y en especial de las personas con discapacidad;

Que la seguridad ha sido definida por la ley como una prioridad en el sitema y en el sector transporte y como tal se hace necesario expedir una reglamentación que garantice que las personas con discapacidad no encuentren obstáculos que impidan la libre circulación a través de la infraestructura vial y de los vehículos accesibles;

Que mediante Resolución 2306 de 2008 se adoptó la Norma Técnica Colombiana NTC-4901-3 vehículos para transporte urbano masivo de pasajeros parte 3. Autobuses Convencionales y NTC-4901-2 métodos de ensayo, como requisitos que deben cumplir los vehículos para el transporte urbano masivo de pasajeros con capacidad de 80 a 120 pasajeros;

Que el Ministerio de Transporte en coordinación con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec y la participación de entidades del nivel distrital y municipal y los particulares interesados, desarrollaron las especificaciones normativas disponibles END-0045 y END-0046, que indican los requisitos y características técnicas de "vehículos accesibles con características para el transporte urbano de personas, incluidas aquellas con movilidad y/o comunicación reducida. Capacidad mínima de nueve (9) pasajeros más el conductor y los vehículos accesibles para el transporte de personas, incluidas aquellas con movilidad y/o comunicación reducida. Capacidad igual o menor a ocho (8) pasajeros más el conductor", respectivamente;

Que en su carácter de servicio público, el transporte debe entenderse como un sistema que mediante la utilización y coordinación de uno o varios modos, satisface las necesidades de movilización de personas o cosas, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad para los usuarios;

Que el Ministerio de Transporte como autoridad de Transporte para la Administración de los Sistemas de Transporte Masivo del país y dentro a coordinación institucional que le corresponde en el sector transporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 336 de 1996, a continuación determina las siguientes orientaciones para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo de Pasajeros del país;

Que teniendo en cuenta que son autoridades de transporte en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Transporte en la jurisdicción distrital y municipal; los alcaldes municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución;

Que en mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Accesibilidad a los sistemas integrados de transporte masivo. Para garantizar los derechos a la libertad de locomoción y a la igualdad de las personas con discapacidad para acceder a los sistemas de transporte masivo, el ente gestor del respectivo sistema de transporte masivo bajo consideraciones de eficiencia técnica y económica, deberá implementar servicios especializados de transporte accesible o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza, integrados operacional y tarifariamente con el servicio de transporte masivo, que permitan atender las necesidades de este sector de la población, de acuerdo con los estudios de demanda de equipo de la respectiva ciudad.

PAR.—En todo caso las autoridades competentes de los sistemas integrados de transporte masivo deberán garantizar el acceso al transporte público de la población y en especial de las personas con discapacidad, sin limitaciones que supongan cargas excesivas. La utilización de los servicios especializados de transporte y la excepción que esta permite sobre las exigencias a los equipos no deberá implicar, en ningún caso, una disminución en la accesibilidad exigida en el transporte masivo.

ART. 2º—Servicio especializado de transporte accesible. Adoptar como normas para la homologación de vehículos para el servicio especializado de transporte accesible las especificaciones normativas disponibles END-0045 y END-0046 del Icontec.

PAR.—El porcentaje de vehículos especializados de transporte accesible, que determine el ente gestor de cada sistema de transporte masivo, deberá cumplir las especificaciones establecidas en la especificación normativa disponible END-0045. El ente gestor deberá determinar, exigir e implementar mecanismos de información sobre las rutas, frecuencias, horarios y demás características del servicio, dirigida a los usuarios con discapacidad.

ART. 3º—Los vehículos con capacidad de 80 a 120 pasajeros, destinados al transporte terrestre masivo de pasajeros, que no hagan parte del porcentaje de vehículos especializados de transporte accesibles, deberán cumplir para la homologación, las especificaciones establecidas en la norma técnica colombiana NTC-4901-3 vehículos para transporte urbano masivo de pasajeros - parte 3, excepto las previstas en el numeral 5.13.

ART. 4º—Para homologar los chasises, carrocerías o vehículos carrozados, de que trata la presente resolución, el fabricante, ensamblador o importador deberá presentar la solicitud al Ministerio de Transporte, anexando los siguientes documentos:

1. Ficha técnica anexa a la presente resolución debidamente diligenciada.

2. Certificados de cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la especificación normativa disponible correspondiente o en norma técnica colombiana NTC-4901-3, según corresponda, expedidos por los fabricantes de las partes.

3. Pago de los derechos que se causen.

Para la homologación de carrocería y vehículo carrozado se deberá anexar, además, un plano de diseño de la carrocería a escala.

PAR. 1º—Para la homologación del vehículo, el Ministerio de Transporte confrontará los datos consignados en la ficha técnica de homologación con los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana correspondiente.

ART. 5º—Vigencia. La presente resolución a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 2306 de 2008.

Normas violadas y concepto de la violación

Señalan que el día 7 de febrero de 1997 entró en vigencia la Ley 361 del mismo año, la cual estableció mecanismos de integración social de las personas con limitación.

Aseveran que los artículos 59 y 65 de la citada ley prevén, respectivamente, que las empresas de transporte están obligadas a facilitar a las personas con limitación, el transporte de equipos de ayuda, tales como sillas de ruedas o similares y los perros guías y que es deber del Gobierno Nacional compilar en un solo estatuto orgánico todas las normas relativas a lo regulado en el capítulo III de la Ley 361 de 1997.

Aducen el Decreto 1660 de 2003 que reglamentó la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y de las personas con discapacidad, el cual debe aplicarse a todos los modos de transporte según lo dispuesto en el artículo 2° de dicho decreto y a la manera prevista en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 361 de 1997, en concordancia con las leyes 762 y 769 de 2002.

Agregan que el artículo 13 del citado Decreto 1660 de 2003 obliga al Ministerio de Transporte a expedir un acto administrativo que establezca los parámetros técnicos para que un vehículo de transporte público terrestre sea considerado como accesible y que el artículo 14 ibídem prevé que ello debe lograrse de manera paulatina  hasta alcanzar el 100% de los vehículos que ingresen por primera vez al servicio a partir del 1° de julio de 2005.

Dicen que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte profirió la Resolución 3636 del 24 de noviembre de 2005, por medio de la cual se reglamentó el artículo 13 del Decreto al que se ha hecho mención; sin embargo, esta resolución fue suspendida mediante la Resolución 5515 del 14 de diciembre de 2006, proferida por la misma autoridad.

Informan que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 2306 por medio de la cual reglamentó la norma técnica colombiana NTC 4901-3, que establece las especificaciones técnicas que permiten considerar como accesibles a todos los buses del sistema de transporte masivo.

Estiman que los vehículos de transporte masivo no articulados, con capacidad para 80 ó 120 pasajeros, deberían contar con un ascensor, pues ello es viable a la luz de los artículos 9º y 19 del Decreto 1660 de 2003.

Argumentan que mediante la Resolución 4659 del 10 de noviembre de 2008, el Ministerio de Transporte derogó la número 2306 y reglamentó nuevamente el artículo 13 del Decreto 1660 de 2003, lo cual evidencia un desbordamiento de facultades y atribuciones por parte del ministro del ramo, pues contradice los artículos 13 y 14 del decreto reglamentado.

Dicen que la contradicción entre el acto acusado y el Decreto 1660 de 2003 consiste en que mientras éste prevé alcanzar de manera gradual la accesibilidad en un 100% de todos los vehículos de transporte colectivo terrestre, la resolución demandada establece que no son todos los buses con rutas alimentadoras sino un número mínimo de automotores que deben cumplir con las especificaciones técnicas.

Sostienen que el acto administrativo acusado vulnera los artículos 13, 24 y 47 de la Constitución Política, el numeral 1° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993, el artículo 32 de la Ley 336 de 1996, los artículos 1º, 2º, 3º, 59, 61 y 65 de la Ley 361 de 1997 y los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003, pues a su juicio, este último promueve la integración social de los grupos especialmente protegidos por la Constitución Política –las personas con discapacidad- mientras que el acto acusado promueve la marginación y acentúa las diferencias de las personas que padecen algún grado de discapacidad con la expresión “un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”.

Consideran que tal disposición limita a las personas con discapacidad al uso de unas pocas rutas, de tal suerte que se generaría en el imaginario social la idea de “un transporte de los discapacitados” y la del “transporte para todos”.

La solicitud de suspensión provisional

Los demandantes solicitan la suspensión provisional del acto acusado y la sustentan en los hechos y omisiones antes narrados y en el concepto de la violación de las normas constitucionales y legales arriba indicadas.

Consideraciones de la Sala

La demanda reúne la totalidad de los requisitos formales para ser admitida y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152, literal b, del Código Contencioso Administrativo, en los casos en que se demande la nulidad de un acto administrativo procede la medida de suspensión provisional frente a la infracción manifiesta de las normas en que se funda la demanda. La transgresión señalada debe aparecer evidente, de manera que sólo por confrontación directa o mediante documentos públicos se evidencie la incongruencia entre las normas aducidas como violadas y el acto acusado.

En el presente asunto, los demandantes estiman que la Resolución 004659 de 2008 proferida por el Ministerio de Transporte vulnera abiertamente los artículos13, 24 y 47 de la Constitución Política, el numeral 1° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993, el artículo 32  de la Ley 336 de 1996, los artículos 1º, 2º, 3º, 59, 61 y 65 de la Ley 361 de 1997 y los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003, los cuales se transcriben a continuación:

De la Constitución Política: 

ART.13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

ART. 24.—Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

ART. 47.—El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

De la Ley 105 de 1993:

ART. 3º—Principios del transporte público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:

I. Del acceso al transporte:

El cual implica:

a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad.

b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos y las formas de su utilización.

c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos.

De la Ley 336 de 1996: 

ART. 32.—Dentro del señalamiento de las condiciones técnicas requeridas para la homologación de los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte, se le otorgará prelación a los factores de verificación en cuanto al alto rendimiento de los mecanismos seguridad en la operación de los mismos, a las opciones de control ambiental y a las condiciones de facilidad para la movilización de los discapacitados físicos.

De la Ley 361 de 1997:

ART. 1º— Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias.

ART. 2º—El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales.

ART. 3º—El Estado colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y la total integración de las personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983.

ART. 4º—Las ramas del poder público pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 1º de la presente ley, siendo obligación ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales.

Para estos efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización, la administración central, el sector descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país.

ART. 59.—Las empresas de carácter público, privado o mixto cuyo objeto sea el transporte aéreo, terrestre, marítimo, ferroviario o fluvial, deberán facilitar sin costo adicional alguno para la personas con limitación, el transporte de los equipos de ayuda biomecánica, sillas de ruedas u otros implementos directamente relacionados con la limitación, así como los perros guías que acompañen las personas con limitación visual.

Así mismo se deberán reservar las sillas de la primera fila para las personas con limitación, en el evento de que en el respectivo viaje se encuentre como pasajero alguna persona limitada.

ART. 61.—El Gobierno Nacional dictará las medidas necesarias para garantizar la adaptación progresiva del transporte público, así como los transportes escolares y laborales, cualquiera que sea la naturaleza de las personas o entidades que presten dichos servicios.

En todo caso, el plazo para cumplir con lo dispuesto en este artículo, no podrá ser superior a cinco años contados a partir de la vigencia de la presente ley.

ART. 65.—El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, en coordinación con las alcaldías municipales y las distritales incluído el Distrito Capital, serán los encargados de dictar y hacer cumplir las normas del presente capítulo, en especial las destinadas a facilitar el transporte y el desplazamiento de todas las personas a quienes se les aplica la presente ley. Para estos efectos, el Gobierno compilará en un sólo estatuto orgánico, todas las normas existentes relativas a lo regulado por este capítulo, y así mismo establecerá un régimen especial de sanciones por su incumplimiento.

Del Decreto 1660 de 2003: 

ART. 13.—Vehículos accesibles. El Ministerio de Transporte, dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto, mediante acto administrativo, establecerá los parámetros mínimos que deberá poseer un vehículo de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros, para ser considerado como accesible.

ART. 14.—Accesibilidad del parque automotor nuevo. - A partir del 1º de Julio del año 2005, el veinte por ciento (20%) del parque automotor de cada empresa, que ingrese por primera vez al servicio, por registro inicial o reposición, deberá ser accesible de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.

PAR. 1º—Las fracciones resultantes de aplicar este porcentaje, iguales o superiores a 0.5 se aproximarán a la unidad inmediatamente superior y las fracciones inferiores a 0.5 se aproximarán a la unidad inmediatamente inferior.  En todo caso, el número de vehículos accesibles resultante no puede ser menos a uno (1) por empresa.

PAR. 2º—El porcentaje establecido en el presente artículo será incrementado en un veinte por ciento (20%), cada año, hasta llegar al cien por ciento (100%) de accesibilidad en los vehículos que ingresen por primera vez al servicio.

A juicio de la parte actora, el acto administrativo acusado vulnera abiertamente las normas superiores de la Constitución y la Ley porque es contrario al principio de igualdad y promueve la discriminación, además desconoce lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003 que, según lo afirman, garantizan la accesibilidad total o al 100% de las personas con discapacidad a los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros.

Sostienen que la transgresión es evidente porque la resolución que se acusa prescribe que no todos los buses de las de las rutas alimentadoras deben cumplir con los parámetros específicos para ser considerados como accesibles, sino “sólo un número mínimo de automotores” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Ahora bien, al abordar el estudio de la solicitud de suspensión provisional, la Sala advierte que los demandantes no establecen frente a los artículos 1º, 4º y 24 de la Carta Política, 3º numeral 1º de la Ley 105 de 1993, 32 de la Ley 336 de 1996 y 1º, 3º, 4º, 59, 61 y 61 de la Ley 361 de 1997, un motivo de infracción manifiesta.

En efecto, dichas disposiciones establecen, en su orden: los principios en que se funda el Estado Colombiano, la supremacía de la Constitución Política como norma de normas, el derecho fundamental a la libre circulación en el territorio nacional, el principio de accesibilidad al transporte público, las condiciones de facilidad para la movilización de los discapacitados físicos como condición técnica requerida para la homologación de los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte e integración social de las personas con limitaciones, a cuyo respecto, los actores se limitan a aseverar que el acto acusado fomenta la discriminación de las personas con discapacidad, sin indicar en forma concreta cuál es el motivo de infracción, razón por la cual no se advierte una violación flagrante de tales disposiciones que de lugar a la suspensión provisional.

Agregan los demandantes que el acto acusado vulnera el principio de igualdad y que sus disposiciones son contrarias a los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003. Por ello, la Sala restringirá el estudio de la medida precautoria a la presunta violación manifiesta del citado principio Constitucional de la igualdad, del artículo 2º de la Ley 361 de 1997 y de los artículos 13 y 14 ibídem.

A continuación se confrontan en cuadro comparativo el texto normativo del artículo 14, inciso 1º, del Decreto 1660 de 2003 y el artículo 1º del acto acusado:

Artículo 14, inc. 1º, del Decreto 1660 de 2003
Artículo 1° de la Resolución 4559 de 2008

ART. 13.—Vehículos accesibles. El Ministerio de Transporte, dentro del año siguiente a la publicación del presente decreto, mediante acto administrativo, establecerá los parámetros mínimos que deberá poseer un vehículo de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros, para ser considerado como accesible.

ART. 14—Accesibilidad del parque automotor nuevo. A partir del 1º de julio del año 2005, el veinte por ciento (20%) del parque automotor de cada empresa, que ingrese por primera vez al servicio, por registro inicial o reposición, deberá ser accesible de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.

ART. 1º—Accesibilidad a los sistemas integrados de transporte masivo.Para garantizar los derechos a la libertad de locomoción y a la igualdad de las personas con discapacidad para acceder a los sistemas de transporte masivo, el Ente gestor del respectivo sistema de transporte masivo bajo consideraciones de eficiencia técnica y económica, deberá implementar servicios especializados de transporte accesible o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza, integrados operacional y tarifariamente con el servicio de transporte masivo, que permitan atender las necesidades de este sector de la población, de acuerdo con los estudios de demanda de equipo de la respectiva ciudad.

Obsérvese que los artículos 13 y 14 del Decreto 1660 de 2003, arriba transcritos, señalan para el Ministerio de Transporte, la obligación de proferir un acto administrativo que establezca “los parámetros mínimos que deberá poseer un vehículo de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros, para ser considerado como accesible” y para las empresas prestadoras del servicio de transporte, el deber de garantizar la accesibilidad al 20% de su parque automotor nuevo, a partir del 1° de julio de 2005 “de acuerdo a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte”.

Contrario a lo anterior, el artículo 1º de la Resolución 4659 de 2008, consagra la frase “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”, para referirse a la obligación que tiene el ente gestor del respectivo sistema de transporte masivo, de implementar servicios especializados de transporte.

Dicha frase desconoce el porcentaje (20%) establecido expresamente por el artículo 14 del Decreto 1660 de 2003, dejando al arbitrio de la empresa de transporte masivo fijar el mínimo de vehículos con condiciones de accesibilidad, lo cual evidencia la contradicción que se presenta entre la norma superior y el acto acusado.

Adicionalmente, el citado artículo 14 del Decreto 1660 de 2003 establece que cada empresa transportadora debe cumplir con el citado porcentaje a partir del 1º de julio de 2005, término legal que también resulta contrariado con la Resolución 4659 de 2008.

Por lo tanto, la medida precautoria solicitada será decretada en forma parcial, esto es, en cuanto a la expresión: “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza”, del artículo 1º del acto acusado, cuyos efectos quedarán suspendidos provisionalmente hasta tanto se decida en la sentencia sobre su legalidad.

Por lo expuesto se,

RESUELVE:

1. ADMÍTESE LA DEMANDA presentada en ejercicio de la acción de nulidad por los ciudadanos Jesús María Sánchez Bedoya, Mario Ortega Giraldo y Andrés Higuita Salgado.

2. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la admisión de la demanda al representante legal del Ministerio de Transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.

3. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al señor agente del Ministerio Público.

4. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días, para los efectos previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.

5. Solicítese al representante legal del Ministerio de Transporte, por intermedio de su secretaría general, el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado, dentro del término de quince (15) días siguientes al de la recepción del correspondiente oficio.

6. En orden a cubrir los gastos ordinarios del proceso, la parte demandante deberá consignar la suma de trece mil pesos ($ 13.000) M/cte en la cuenta 4-0070-000664-4 del Banco Agrario de Colombia, nombre “depósitos judiciales por gastos del proceso – Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, dentro de los diez (10) días siguientes al de regreso del expediente a la secretaría de la sección.

7. DECRÉTASE en forma parcial la suspensión provisional del acto administrativo acusado, vale decir, de la expresión: “o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta naturaleza” consagrada en el artículo 1º de la Resolución 4659 de 2008 del Ministerio de Transporte.

8. RECONÓCESE personería al abogado Xoiuk Jader Caldas Rondón en los términos y para los efectos previstos en el poder visible a folio 2.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la presente providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont PianetaMaría Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno.