Auto 2009-00436 de mayo 13 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-22-03-000-2009-00436-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil nueve.

Discutida y aprobada en sesión de trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009).

Adopta la Sala la decisión que corresponde en derecho en torno de la impugnación interpuesta contra el fallo proferido el 26 de marzo de 2009 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por Martín Garzón Urrego contra los Juzgados Catorce Civil del Circuito y Cuarenta y Nueve Civil Municipal de la misma ciudad.

Antecedentes

1. Reclamando la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el actor solicita ordenar a las accionadas “la suspensión de entrega del inmueble programada para el día 16 de marzo del corriente año”, con el fin de “proteger mi patrimonio y acordar el pago de mis acreencias”, por cuanto considera que el despacho municipal accionado “[adjudicó] el inmueble, al señor Héctor Alfonso López Bernal, a pesar de tener conocimiento del trámite concursal número 2006-541 que se adelantaba en el Juzgado 14 Civil del Circuito” (fl. 4, cdno. 1).

2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con sentencia de 26 de marzo de 2009 denegó el amparo constitucional y, en su contra, se interpuso recurso de impugnación.

Consideraciones

De toda la tramitación cumplida en este asunto, surge con caracteres incontestables que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá conoció del asunto que da origen a esta vía constitucional, toda vez que mediante auto de 1º de agosto de 2008 (fls. 5 a 10, cdno. Corte), confirmó la decisión de primer grado, que “ordenó la entrega del inmueble adjudicado al señor [Héctor Alfonso López Bernal]” (fl. 3, cdno. Corte).

Subsecuentemente, la presente acción que en principio involucró a los Juzgados Cuarenta y Nueve Civil Municipal y Catorce Civil del Circuito de esta capital, alcanza a comprender a su superior jerárquico, por haberse pronunciado en un juicio donde se censura, entre otras cosas, haber ratificado la entrega de un bien rematado por un juez que carecía de competencia en razón a la apertura de un trámite concordatario.

Ahora bien, no obstante que según la literalidad del libelo el amparo se dirige únicamente contra la precitada autoridad, menester es indicar que el pronunciamiento que el ad quem hace al confirmar la decisión del a quo, se integra con el de primera instancia para estructurar una unidad inescindible, pues no pueden coexistir en forma separada e independiente. Es visible, entonces, que el ataque planteado por este camino tenía que considerarse extensivo al tribunal, más aún cuando se alegó la violación del derecho consagrado en el artículo 29 de la carta política.

Desde esa perspectiva, la citada colegiatura no era competente para conocer en primera instancia de la protección ahora invocada y, por supuesto, esta corporación tampoco lo es para su alzada.

Por tanto, la actuación cumplida hasta acá será anulada, y se enviará el expediente a la presidencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para el reparto correspondiente, ya que es la entidad competente para conocer en primera instancia, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 por ser el superior funcional del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, a quien se debió hacer extensivo el amparo.

En cuanto a esta particular cuestión, es conveniente precisar que, la Sala hace suya la preocupación de la honorable Corte Constitucional expresada en el Auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C. 1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.

Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces “no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000” el cual “... en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto”.

En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes.

Pero también, dispone directrices concretas para el conocimiento; ad exemplum, “[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”, siendo inadmisible su conocimiento por otro juez, por supuesto, en las hipótesis en que eventual y teóricamente procediere el amparo contra estas altas corporaciones de justicia, que serían las mismas en las cuales procederían frente a la Corte Constitucional, naturalmente ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades.

Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (C.N., art. 29), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, “según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (...) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 A de 2007), “el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” ( C. Const., Auto 72 A de 2006).

Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el legislador a los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación.

En idéntico sentido, razones transcendentales inherentes a la autonomía e independencia de los jueces sean ordinarios, sean constitucionales (C.N., arts. 228 y 230) y su sujeción al imperio de la ley, estarían seriamente comprometidas, de limitarse sus facultades y deberes.

En consecuencia, la Sala respetuosa del ordenamiento jurídico y con el mayor comedimiento hacia el máximo tribunal constitucional del país, estima que la competencia para conocer la petición de amparo en primera instancia corresponde a esta corporación y no a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Decisión

En virtud de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela arriba referida, a partir del auto que ordenó su trámite, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

2. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la presidencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se efectúe el reparto y se tramite y decida la tutela, con sujeción a las reglas correspondientes.

3. Comuníquese lo aquí resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes.

Magistrados: William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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