Auto 2009-00636 de mayo 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 25000233100020090063601 (39900)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Telefónica Móviles Colombia S.A

Demandado: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

Proceso: Proceso ejecutivo

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de 2013.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Petición elevada por Telefónica Móviles de Colombia S.A., respecto de la procedencia de la interpretación prejudicial en el presente asunto.

La Sala procederá a resolver la petición planteada por Telefónica Móviles de Colombia S.A., en cuanto estima que en el marco del presente proceso ejecutivo debe solicitarse al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 30 inciso final de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 32 y 34 de la Resolución 432 del 2000, proferida por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Sea lo primero decir que la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene como propósito lograr la aplicación uniforme en todo el territorio comunitario de la normativa andina, figura que se encuentra regulada en los artículos 32 y 33 del tratado de creación de dicha corporación judicial internacional(9) , cuyo texto se trascribe a continuación:

“ART. 32.—Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.

ART. 33.—Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal”(10).

Por su parte, el estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina —Decisión 500 de 2001— consagra dos tipos de interpretaciones prejudiciales: la consulta facultativa y la consulta obligatoria, en los siguientes términos:

“De la interpretación prejudicial

(...).

ART. 122.—Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

ART. 123.—Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de los normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del tribunal”.

De conformidad con lo preceptuado por las normas transcritas, las autoridades jurisdiccionales de los países miembros de la Comunidad Andina que son de única o de última instancia y fallan en derecho, tienen la obligación, con el propósito de garantizar la eficacia y la aplicación uniforme del derecho comunitario andino, de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso que se hubiere sometido a su conocimiento.

Así mismo, cuando la consulta de interpretación prejudicial resulte obligatoria, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso, toda vez que no puede decidirse hasta tanto se hubiere obtenido la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al asunto.

De cara al caso concreto, encuentra la Sala que Telefónica Móviles de Colombia S.A. solicitó, en el marco del presente proceso ejecutivo(11), la interpretación prejudicial obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del artículo 30 inciso final de la Decisión 462 de 1999 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 32 y 34 de la Resolución 432 de 2000, proferida por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Luego de revisar la demanda ejecutiva, la Sala observa que la parte actora solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de la ETB S.A. ESP, con fundamento en las resoluciones 1269 y 1303 de 2005 proferidas por la CRT, mediante los cuales se dirimió el conflicto que surgió respecto de las obligaciones derivadas de dos contratos de acceso, uso e interconexión de redes celebrados el 11 de noviembre de 1997 entre la entidad ejecutada y Comcel S.A. - Celcaribe S.A., hoy Telefónica S.A.

En ese contexto, es claro que el proceso ejecutivo sometido a consideración de la corporación, encuentra su origen en un conflicto contractual derivado de dos contratos de acceso, uso e interconexión de redes celebrados entre los dos operadores en mención.

Ahora bien, retomando la petición de Telefónica Móviles de Colombia S.A., en punto a la procedencia de la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de aquellos litigios que, como este, dicen relación con temas de interconexión en materia de telecomunicaciones, el referido Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 03-AL-2010, se pronunció en los siguientes términos:

“La demandante, la ETB ha alegado que el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (normas comunes sobre interconexión) como ‘norma procesal andina’ vulnerada, la misma que señala lo siguiente: ‘Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las partes. En el caso que estas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la misma deberá ser sometida a consideración de la autoridad de telecomunicaciones competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La autoridad de telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la recepción de la consulta.

Al respecto y, en efecto, el tribunal señala, que de la revisión de los tres (3) laudos arbitrales y de los escritos de la demandante ETB, se desprende que eran aplicables normas andinas al fondo del asunto, como la Decisión 462 (normas que regulan el proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones en la Comunidad Andina).

En este orden de ideas, este tribunal debe señalar que en relación con estos temas de interconexión y del proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones, se encuentran reglados dentro del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y constituyen normas supranacionales, de efecto directo y de aplicación inmediata que prevalecen sobre cualquier normativa nacional, razón por la cual dichas normas debieron aplicarse por el tribunal arbitral para la resolución de fondo del proceso interno, solicitando la interpretación prejudicial al tribunal comunitario, conforme se aclara y se explica en líneas seguidas” (destacado de la Sala).

En esa oportunidad el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló, entre otros aspectos, que el tribunal de arbitramento, previo a resolver de fondo sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de interconexión de redes, por medio de los cuales la ahora entidad demandante pretende ejecutar las supuestas obligaciones contenidas ya no en los laudos arbitrales sino en las resoluciones 1269 y 1303 de 2005 proferidas por la CRT, tenía la obligación de solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso.

En el presente asunto, encuentra la Sala que si bien lo que se pretende es ejecutar las supuestas obligaciones contenidas en las citadas resoluciones, circunstancia que en principio limitaría la competencia del juez únicamente para verificar la existencia del título ejecutivo, de conformidad con las prescripciones contenidas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, no lo es menos que se trata de obligaciones que se derivan de dos contratos de interconexión, los cuales, de conformidad con la jurisprudencia en cita, se encontrarían sometidos, en principio, a lo previsto en las normas comunitarias que regulan la materia.

Ciertamente, de la lectura de la jurisprudencia antes transcrita puede inferirse que, en tratándose de asuntos que versen sobre temas de interconexión de redes, las normas comunitarias prevalecen sobre las internas; no obstante lo cual, resulta necesario que se precise si en procesos iniciados en virtud de títulos ejecutivos cuyas obligaciones devienen de contratos de interconexión, dicha normatividad comunitaria también resulta aplicable.

Lo anterior comoquiera que el presente asunto tiene su origen en un tema de interconexión de redes y teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Comunidad Andina ha señalado de manera general que esos temas se encuentran regulados por normas comunitarias, la Sala procederá a suspender el proceso y solicitar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita pronunciamiento en relación con la aplicación o no, para este asunto, de los artículos 30 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina; 32 y 34 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como de todas aquellas disposiciones comunitarias que el Tribunal de Justicia Internacional considere que deben interpretarse para efecto de resolver este caso.

Sin perjuicio de lo anterior, no deja de ser importante se procure que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precise su postura jurisprudencial acerca de los eventos en los cuales resulta procedente solicitar que se emita un pronunciamiento de interpretación prejudicial.

2. Acerca del recurso de reposición formulado por ETB S.A. ESP, en contra del auto del 28 de noviembre de 2012.

Ahora bien, comoquiera que la conclusión a la cual arribó la Sala en relación con la necesidad de solicitar un concepto previo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se pronuncie sobre la aplicación o no de normas comunitarias al presente asunto y teniendo en cuenta que el fundamento del recurso de reposición planteado se encuentra íntimamente relacionado con ese tema, la Sala no repondrá la providencia del 28 de noviembre de 2012, a través de la cual se dejó sin efectos el proveído del 21 de las mismas calendas, por considerar que previo a decidir de fondo el presente asunto la Sala debía examinar la procedencia de la interpretación prejudicial.

En consecuencia, se

RESUELVE:

1. NO REPONER el proveído del 28 de noviembre de 2012, por medio del cual se dejó sin efectos el auto del 21 de noviembre de la misma anualidad.

2. SOLICITAR al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por conducto del ponente en el proceso de la referencia, se sirva emitir pronunciamiento en relación con la aplicación o no, dentro del marco del presente proceso ejecutivo, de los artículos 30 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina; 32 y 34 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, así como de todas aquellas disposiciones comunitarias que el Tribunal de Justicia Internacional considere que deben interpretarse para efecto de resolver este caso y, en cuanto resulte pertinente, que precise o aclare su jurisprudencia acerca de la definición de la procedencia de sus pronunciamientos de interpretación prejudicial.

3. SUSPENDER el presente proceso hasta tanto el referido tribunal de justicia internacional se pronuncie en relación con la interpretación prejudicial antes descrita.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(9) Aprobado mediante la Ley 17 de 1980.

(10) Esta misma disposición fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 33 de la Ley 457 de 1998 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo modificatorio del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena’, a cuyo tenor literal:

‘ART. 33.—Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal”.

(11) La demanda ejecutiva incoada ante esta corporación se sustentó en las resoluciones 1269 y 1303 de 2005 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, las cuales resolvieron el conflicto surgido entre ETB S.A. ESP y Telefónica Móviles Colombia S.A. con ocasión de dos contratos de acceso, uso e interconexión de redes celebrados inicialmente el 11 y 18 de noviembre de 1998 entre ETB S.A. ESP, y las empresas Celumóvil S.A. y Cocelco S.A. - hoy en día Telefónica Móviles Colombia S.A.